Desde la institución advierten que la decisión oficial no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que tensiona al límite la relación con el Ejecutivo y pone en jaque la atención de más de 700 mil pacientes anuales.
El enfrentamiento entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno nacional alcanzó un nuevo punto crítico luego de que la casa de estudios denunciara el corte total en el envío de fondos operativos para su red de hospitales durante los primeros cuatro meses del año. Desde la institución advierten que la decisión oficial no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que tensiona al límite la relación con el Ejecutivo y pone en jaque la atención de más de 700 mil pacientes anuales.
En un contexto de creciente confrontación, las autoridades universitarias calificaron la situación como una “asfixia financiera” y alertaron sobre el impacto inmediato en el sistema de salud. Como señal de la gravedad del conflicto, los directores de los centros médicos convocaron a una conferencia de prensa de urgencia para este martes a las 8:30 en las escalinatas del Hospital de Clínicas.
Según detalló la UBA, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei no giró los fondos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, acumulando una deuda cercana a los 20.000 millones. Esta retención, denuncian, paraliza la compra de insumos, el mantenimiento de infraestructura y el funcionamiento básico de los servicios sanitarios.
El impacto golpea de lleno a toda la red hospitalaria universitaria —incluidos el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Roffo y el Lanari, entre otros— y suma un nuevo frente de conflicto en la disputa más amplia por el financiamiento del sistema público educativo. Sindicatos docentes y no docentes acusan al Ejecutivo de incumplir tanto la Ley de Financiamiento Universitario como el Presupuesto vigente, lo que profundiza la disputa en el plano legal e institucional.
La controversia se da en un escenario ya marcado por fallos judiciales adversos al Gobierno. Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025, la Justicia ratificó su validez y ordenó la ejecución de partidas clave, como salarios y becas. Pese a ello, el oficialismo apeló mediante un recurso extraordinario, lo que mantiene abierto un frente judicial que alimenta la tensión con las universidades.
Con el riesgo de paralización de los hospitales, la comunidad universitaria redobló la presión y se prepara para la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que prevé una convocatoria masiva en todo el país. La protesta se perfila como una nueva demostración de fuerza en un conflicto que ya desbordó lo presupuestario para convertirse en una pulseada política de alto voltaje.
En paralelo, el cruce también se trasladó al plano académico. El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes, exigiendo planes de contingencia para resguardar el derecho a la educación. La respuesta de la UBA fue inmediata y en tono confrontativo: el vicerrector Emiliano Yacobitti ironizó sobre el planteo oficial y sostuvo que el propio Gobierno reconoce, con esa intimación, que no está garantizando ese derecho.
Yacobitti fue más allá y responsabilizó directamente a la Casa Rosada por la profundización de la crisis, al señalar que existe una política deliberada de desfinanciamiento. Así, el conflicto entre la UBA y el Gobierno suma nuevos capítulos y se encamina hacia una escalada mayor, con consecuencias que ya impactan tanto en la educación superior como en el sistema de salud público.