La diputada libertaria Lorena Villaverde, una de las figuras más controvertidas del oficialismo, quedó en el centro de un nuevo escándalo: accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación pese a estar embargada y procesada judicialmente. Según denunció el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, el préstamo fue rechazado primero en la sucursal de Cipolletti por la situación patrimonial de la legisladora, pero terminó aprobándose después de que alguien intervino desde la casa central del banco. El monto del crédito, según distintas versiones, ronda los 225 a 310 millones de pesos y habría sido utilizado para la compra de su vivienda en Cipolletti, Río Negro.
El caso de Villaverde se inscribe en una controversia más amplia que sacudió al gobierno de Milei: la difusión de una nómina de funcionarios, legisladores y allegados al oficialismo que obtuvieron préstamos millonarios del Banco Nación durante la gestión de Daniel Tillard al frente de la entidad.
Entre los beneficiados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, con 367 millones de pesos; el diputado Santiago Santurio, con 340 millones; y el diputado Alejandro Bongiovanni, quien accedió a 255 millones apenas un mes después de pasarse del PRO al bloque libertario. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia judicial para determinar si existieron condiciones preferenciales en el otorgamiento de esos créditos, causa que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.
El escándalo cobra mayor dimensión en el caso particular de Villaverde por el historial judicial que arrastra la legisladora. En marzo de 2026, la Justicia de Río Negro había ordenado un embargo de más de 31 millones de pesos en su contra en una causa por presunta venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas, la misma causa que —según Paulón— habría motivado el rechazo inicial del crédito en la sucursal. A eso se suman sus antecedentes en Estados Unidos: según el diputado, Villaverde fue condenada en 2002 en Florida por intentar vender cocaína a un agente encubierto, llegó a un acuerdo judicial y, como resultado, no puede reingresar a ese país. La propia legisladora niega esos hechos y sostiene que fue sobreseída.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la oposición ya denomina al conjunto de estos préstamos un “festival de créditos”. “Los plazos y condiciones que detectamos no tienen nada que ver con las penurias que pasa cualquier familia que intenta acceder a un crédito hipotecario”, señaló Paulón. El escándalo ocurre en un contexto paradójico: el mismo gobierno que enarboló la “motosierra” contra el gasto público y el privilegio de “la casta” habría facilitado el acceso a financiamiento estatal en condiciones que la oposición califica de excepcionales para sus propios cuadros políticos, mientras millones de argentinos enfrentan requisitos estrictos para obtener un préstamo similar.