En su último informe técnico sobre la economía local, el organismo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “desactualizado” y reclamó una nueva ley que garantice mayor autonomía e independencia para el instituto estadístico.
La observación encendió nuevas alertas sobre la credibilidad de los datos oficiales en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas. Según el Fondo, la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no representa adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos, lo que pone en duda la precisión de las mediciones difundidas por el Estado.
El planteo forma parte del informe elaborado por el staff técnico del FMI en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se remarca que la metodología vigente continúa basada en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005, pese a los profundos cambios registrados en la economía y en el consumo durante las últimas dos décadas.
El nuevo esquema estadístico desarrollado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorpora consumos hoy centrales, como plataformas digitales, servicios de streaming e internet. Sin embargo, aunque el rediseño metodológico ya habría sido finalizado por el organismo que conduce Pedro Lines, su aplicación sigue demorada por decisión política.
Según trascendió, el Gobierno evita introducir cambios en pleno año electoral debido al impacto que una nueva medición podría tener sobre la inflación oficial, las negociaciones salariales y las expectativas económicas. En ese contexto, el cuestionamiento del FMI refuerza las sospechas sobre el retraso en la actualización estadística y vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y consistencia de los indicadores públicos.
Además de revisar el IPC, el Fondo pidió avanzar en una reforma institucional del INDEC para fortalecer su independencia técnica y blindar la calidad de las estadísticas nacionales. El reclamo se suma a otras recomendaciones históricas del organismo vinculadas con la transparencia económica y la credibilidad de los datos oficiales argentinos.