La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional acusó ante la Justicia federal a altos funcionarios nacionales y a la conducción de Vialidad por el presunto desvío de más de 400 mil millones de pesos que debían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.
La presentación judicial apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de integrantes de la comisión directiva de Vialidad Nacional. Los delitos denunciados incluyen malversación de fondos públicos, fraude contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, los fondos provenían del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignación específica por ley para infraestructura vial. Sin embargo, el gremio sostiene que el Ministerio de Economía habría retenido esos recursos y los habría destinado a la compra de letras y bonos del Tesoro, dejando sin financiamiento a rutas, obras y tareas de mantenimiento esenciales.
La denuncia advierte que el impacto ya es crítico: Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual y atraviesa una “quiebra técnica” que compromete su capacidad operativa. A esto se suma la paralización de obras con financiamiento internacional, pérdida de créditos externos y el deterioro acelerado de la red vial nacional.
El cuadro es alarmante. Según datos aportados por el gremio, el 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, cuando al inicio de la gestión de Milei ese porcentaje era del 50%. Pozos, banquinas destruidas, deformaciones y falta de señalización ya forman parte del paisaje habitual en corredores estratégicos para la producción y el transporte.
La presentación judicial también denuncia un fuerte vaciamiento interno del organismo. Acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante recortes de personal técnico, manipulación de informes y presiones laborales para justificar el achicamiento del Estado y avanzar en la privatización del sistema vial.
Además, el gremio denunció un “régimen de terror laboral” dentro de Vialidad Nacional, con traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin garantías de defensa para técnicos e inspectores que alertaban sobre el deterioro de las rutas y el desvío de fondos.
“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas. Cada vez tenemos más riesgo de muerte y más accidentes”, advirtió José Raúl Rizzo, secretario adjunto del gremio vial, quien sostuvo que el Estado sigue cobrando impuestos específicos para obras que luego no se realizan.
La polémica crece también por el avance del esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Según denuncian desde Vialidad, el plan contempla entregar unos 9.000 kilómetros de rutas a operadores privados durante 30 años, con más peajes y sin obras de ampliación ni construcción de nuevas autopistas.
La causa quedó abierta y ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si existió un millonario desvío de fondos públicos mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los riesgos para millones de usuarios en todo el país.