Los boletos de subte, colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos de hasta 17 veces desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, con subas que superaron ampliamente la inflación acumulada y profundizaron el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos históricos desde la asunción de Javier Milei y ya acumulan subas de hasta 17 veces en apenas dos años y medio. El aumento del boleto de subtes, colectivos y trenes avanzó muy por encima de la inflación y profundizó el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque las tarifas del transporte crecieron muy por encima de ese porcentaje a partir de la quita de subsidios nacionales y el aumento de los costos operativos.

El caso más extremo fue el del subte, cuyo boleto pasó de $80 a $1.414, lo que implicó un aumento nominal del 1668% y una suba real del 337% por encima de la inflación. En paralelo, el boleto de colectivo se multiplicó hasta 16 veces desde noviembre de 2023: en la Provincia de Buenos Aires acumuló un alza del 1545% y en las líneas de jurisdicción nacional del 1221%.

Los trenes metropolitanos también registraron fuertes incrementos. El pasaje mínimo pasó de $33,29 a $280 en abril de 2026, con una suba real del 119%, mientras que en mayo volvió a aumentar un 17,9% hasta alcanzar los $330.

El impacto de estos aumentos se trasladó directamente al presupuesto familiar. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de sus ingresos en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

En el mismo período, el salario mínimo pasó de $156.000 a $357.800, una suba nominal del 129% que, según CEPA, significó una pérdida cercana al 43% del poder adquisitivo frente a la inflación. La situación también afecta a estudiantes y jóvenes beneficiarios de la Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025. Con ese monto, hoy pueden cubrir apenas 111 viajes con descuento, cuando en diciembre de 2023 alcanzaba para 839 boletos.

El informe además advirtió sobre la creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y el interior del país tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras el boleto mínimo en el área metropolitana ronda los $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a $2.300 y en Rawson supera los $2.190.

Entre los factores que explican las subas, el estudio destacó el incremento del gasoil, que acumuló un aumento del 536% desde noviembre de 2023, junto con una reducción real del 17,5% en el presupuesto destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte.

La combinación entre tarifazos y caída de la actividad económica ya comenzó a impactar en la cantidad de pasajeros. En febrero de 2026, el uso del sistema de transporte público cayó un 12,9% interanual, con desplomes del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos.

Según concluyó CEPA, la tendencia alcista podría continuar durante el resto de 2026 debido a la fórmula de actualización mensual de tarifas, el aumento sostenido de los costos operativos y la volatilidad de los precios internacionales de la energía.

En una nota al pie del último informe del organismo, el FMI aclaró que si se incorporan los intereses de los bonos cupón cero que el Ejecutivo registra “debajo de la línea”, el resultado financiero de 2025 mostraría un rojo de 0,8% del PBI.

El FMI enterró en una nota al pie de la página 7 de su último documento una advertencia que desmonta uno de los pilares de la comunicación económica del Gobierno: el superávit financiero que la administración de Javier Milei exhibe como logro central no refleja la totalidad del gasto.

El organismo precisó que la medición oficial excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, que el Ministerio de Economía contabiliza por fuera de los agregados fiscales convencionales, una práctica conocida como registro “debajo de la línea”. Y fue contundente: “Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI”.

El hallazgo se suma a otra señal de tensión que el mismo documento envía sobre el Banco Central. El FMI reclamó que su “balance y marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose” e instó a reforzar “la independencia de las instituciones de supervisión”. En la City porteña, algunos operadores leen esas líneas como una advertencia implícita al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La revelación fiscal llega en un momento en que el Gobierno sostiene el relato del equilibrio de las cuentas públicas como garantía de estabilidad macroeconómica y condición para la continuidad del programa con el organismo. La nota al pie del FMI, discreta en su ubicación pero demoledora en su contenido, pone en duda la solidez de ese argumento.

En una decisión de alto impacto político, un fallo judicial ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La CGT y las CTA convocaron a una marcha masiva en repudio a lo que consideran un ataque directo a la autonomía sindical.

El universo sindical argentino se encuentra en estado de conmoción absoluta tras conocerse un polémico fallo judicial que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dispuso el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La medida, que toca a uno de los gremios industriales más potentes e históricos del país, provocó una reacción inmediata y en cadena de todo el arco gremial, que denunció una “persecución judicial y política”.

Furlán, quien además de liderar a los metalúrgicos es una de las voces más críticas del modelo económico oficialista dentro de la CGT, fue apartado de su cargo a raíz de una vieja causa judicial que impugnaba el proceso electoral interno del gremio. Sin embargo, para la conducción de la central obrera y las dos vertientes de la CTA, el timing y la dureza del fallo no son casuales: consideran que la intervención busca disciplinar a los sindicatos combativos y quebrar la resistencia contra las reformas laborales que intenta consolidar el Ejecutivo.

Frente a este escenario, las principales centrales sindicales del país declararon el estado de alerta y movilización permanente. Para las próximas horas se espera una marcha masiva hacia la sede central de la UOM y los tribunales, bajo la consigna de defender la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. Los dirigentes advierten que si el Gobierno avala o ejecuta de forma efectiva esta intervención a través del Ministerio de Trabajo, la respuesta será un esquema de paros y un plan de lucha nacional de alcance impredecible.

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias volverán a movilizarse frente a Tribunales para exigir que Javier Milei deje de bloquear la Ley de Financiamiento Universitario y frene el ajuste que golpea salarios, becas, investigación y el funcionamiento de las facultades.

Las universidades públicas volverán a salir a las calles esta semana para enfrentar el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. En medio del desfinanciamiento educativo, la pérdida salarial docente y el deterioro del sistema científico, docentes, estudiantes y autoridades universitarias encabezarán una nueva jornada de protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se realizará este martes frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en un reclamo directo a la Corte Suprema para que garantice la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial.

La protesta se desarrollará entre las 11 y las 17 con clases públicas, charlas y actividades abiertas encabezadas por docentes e investigadores de distintas universidades nacionales. Desde las organizaciones convocantes advirtieron que el ajuste del Gobierno ya impacta de lleno en salarios, becas, investigación científica y el funcionamiento cotidiano de las facultades.

“Defender la universidad pública es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, investigar y construir un futuro mejor”, señalaron desde los espacios universitarios que impulsan la jornada.

Entre los participantes estarán la abogada y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del secretario general de FEDUBA Pablo Perazzi.

El conflicto universitario escaló luego de las multitudinarias marchas federales realizadas durante las últimas semanas en todo el país. Mientras el Gobierno insiste en priorizar el “equilibrio fiscal”, desde el sistema universitario denuncian que Milei busca vaciar las universidades públicas y avanzar sobre uno de los pilares históricos de la educación argentina.

El Consejo Interuniversitario Nacional también mantiene una presentación judicial ante la Corte Suprema para exigir la implementación efectiva de la ley y alertó que el deterioro presupuestario ya pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio.

Desde las universidades advierten que el ajuste no solo golpea a docentes y estudiantes, sino que compromete el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. “Sin financiamiento no hay universidad pública posible”, remarcaron desde el sector educativo.

A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.

El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.

La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.

Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, se refirió a la decisión judicial que decidió la intervención de la UOM y el desplazamiento de su titular. 

“Las intervenciones a la UOM nunca fueron hechos aislados. Fuimos intervenidos en 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, describió el secretario general que es cuestionado por la justicia.  

“Lo hacen en un contexto particular, en medio de paritarias y mientras el gobierno avanza con políticas anti industriales. Construyeron una crisis institucional para llegar a este fallo de intervención”, explicó Furlán.

“Es claramente un golpe al modelo sindical argentino, disfrazado de supuesta crisis institucional. En todo caso, son los trabajadores los que deben resolver sus propios problemas, no la justicia. Es un antecedente grave para todo el movimiento sindical”, advirtió. 

“Necesitan avanzar sobre los gremios que llaman combativos, yo no usa esa palabra. Somos gremios que defendemos a los trabajadores. Queremos que tengan un salario digno, no que el sueldo alcance para 15 días”, afirmó. 

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional acusó ante la Justicia federal a altos funcionarios nacionales y a la conducción de Vialidad por el presunto desvío de más de 400 mil millones de pesos que debían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.

La presentación judicial apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de integrantes de la comisión directiva de Vialidad Nacional. Los delitos denunciados incluyen malversación de fondos públicos, fraude contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, los fondos provenían del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignación específica por ley para infraestructura vial. Sin embargo, el gremio sostiene que el Ministerio de Economía habría retenido esos recursos y los habría destinado a la compra de letras y bonos del Tesoro, dejando sin financiamiento a rutas, obras y tareas de mantenimiento esenciales.

La denuncia advierte que el impacto ya es crítico: Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual y atraviesa una “quiebra técnica” que compromete su capacidad operativa. A esto se suma la paralización de obras con financiamiento internacional, pérdida de créditos externos y el deterioro acelerado de la red vial nacional.

El cuadro es alarmante. Según datos aportados por el gremio, el 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, cuando al inicio de la gestión de Milei ese porcentaje era del 50%. Pozos, banquinas destruidas, deformaciones y falta de señalización ya forman parte del paisaje habitual en corredores estratégicos para la producción y el transporte.

La presentación judicial también denuncia un fuerte vaciamiento interno del organismo. Acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante recortes de personal técnico, manipulación de informes y presiones laborales para justificar el achicamiento del Estado y avanzar en la privatización del sistema vial.

Además, el gremio denunció un “régimen de terror laboral” dentro de Vialidad Nacional, con traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin garantías de defensa para técnicos e inspectores que alertaban sobre el deterioro de las rutas y el desvío de fondos.

“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas. Cada vez tenemos más riesgo de muerte y más accidentes”, advirtió José Raúl Rizzo, secretario adjunto del gremio vial, quien sostuvo que el Estado sigue cobrando impuestos específicos para obras que luego no se realizan.

La polémica crece también por el avance del esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Según denuncian desde Vialidad, el plan contempla entregar unos 9.000 kilómetros de rutas a operadores privados durante 30 años, con más peajes y sin obras de ampliación ni construcción de nuevas autopistas.

La causa quedó abierta y ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si existió un millonario desvío de fondos públicos mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los riesgos para millones de usuarios en todo el país.

En su último informe técnico sobre la economía local, el organismo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “desactualizado” y reclamó una nueva ley que garantice mayor autonomía e independencia para el instituto estadístico.

La observación encendió nuevas alertas sobre la credibilidad de los datos oficiales en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas. Según el Fondo, la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no representa adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos, lo que pone en duda la precisión de las mediciones difundidas por el Estado.

El planteo forma parte del informe elaborado por el staff técnico del FMI en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se remarca que la metodología vigente continúa basada en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005, pese a los profundos cambios registrados en la economía y en el consumo durante las últimas dos décadas.

El nuevo esquema estadístico desarrollado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorpora consumos hoy centrales, como plataformas digitales, servicios de streaming e internet. Sin embargo, aunque el rediseño metodológico ya habría sido finalizado por el organismo que conduce Pedro Lines, su aplicación sigue demorada por decisión política.

Según trascendió, el Gobierno evita introducir cambios en pleno año electoral debido al impacto que una nueva medición podría tener sobre la inflación oficial, las negociaciones salariales y las expectativas económicas. En ese contexto, el cuestionamiento del FMI refuerza las sospechas sobre el retraso en la actualización estadística y vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y consistencia de los indicadores públicos.

Además de revisar el IPC, el Fondo pidió avanzar en una reforma institucional del INDEC para fortalecer su independencia técnica y blindar la calidad de las estadísticas nacionales. El reclamo se suma a otras recomendaciones históricas del organismo vinculadas con la transparencia económica y la credibilidad de los datos oficiales argentinos.

La expresidenta salió a saludar este 25 de Mayo a la militancia congregada en las inmediaciones de su domicilio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, en una jornada atravesada por la conmemoración del Día de la Patria y el recuerdo del inicio del ciclo político encabezado por Néstor Kirchner en 2003.

Desde las primeras horas de la tarde, un centenar de militantes y simpatizantes autoconvocados comenzó a concentrarse con carteles, banderas argentinas y consignas como “Liberar a Cristina para liberar la Patria”. En un clima distendido, los presentes entonaron cánticos y aplausos a la espera de la aparición de la exmandataria.

Pasadas las 16.30, Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a la multitud, gesto que desató una ovación y la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de los militantes. La esquina de San José y Humberto Primo volvió a convertirse en el principal punto de encuentro del kirchnerismo, con la presencia de vecinos, familias, dirigentes y referentes políticos.

Cristina Kirchner salió al balcón de San José 1111 a saludar la militancia

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— El Destape (@eldestapeweb) May 25, 2026

Durante toda la tarde hubo música, intervenciones artísticas y reparto de chocolatada caliente, en una actividad que combinó el respaldo político a la expresidenta con la conmemoración del 23° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, considerado el inicio de su proyecto político.

La convocatoria también estuvo marcada por expresiones de rechazo a la condena judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, considerada una burda maniobra de persecución política y judicial.

Por su parte, Máximo Kirchner compartió un mensaje en redes sociales donde recordó la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia como “un rayo” que irrumpió para “desterrar la desesperanza”. “El 25 de mayo de 2003 sembró el alma de aquellas y aquellos que solo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla”, expresó el dirigente.