Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el ajuste del gasto público, la reducción del Estado y la necesidad de transparentar la administración de los recursos, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en un 141% los fondos destinados a gastos flexibles de la Casa Rosada y se niega a revelar cómo se utilizan.
En apenas un año, la caja asignada al Fondo Rotatorio de la dependencia pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, multiplicándose por 2,4. El incremento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que elevó además el límite para gastos individuales a 50 millones de pesos por operación.
La ampliación de recursos contrasta con la falta de información disponible sobre su ejecución. A través de un pedido de acceso a la información pública, se solicitó conocer los consumos realizados mediante tarjetas corporativas, los comercios donde se efectuaron los gastos, las facturas respaldatorias y las rendiciones correspondientes. Sin embargo, la respuesta oficial omitió toda la documentación que permitiría verificar el destino de los fondos.
La Presidencia confirmó que actualmente existen 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma “Corporativa Nación”. También entregó la nómina de funcionarios vinculados al sistema, pero rechazó informar cuánto se gastó, en qué conceptos y con qué justificación administrativa.
Entre los usuarios aparecen Karina Milei, a través de su secretaría privada; la vicepresidenta Victoria Villarruel, asociada a dos tarjetas del Fondo Rotatorio; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, entre otros funcionarios.
La negativa a difundir los consumos resulta particularmente llamativa porque el propio sistema utilizado por la Casa Rosada permite acceder en tiempo real al detalle de las operaciones. Según la documentación entregada por la Presidencia, la plataforma desarrollada junto al Banco Nación posibilita identificar movimientos, comercios, transferencias y generar reportes completos de cada gasto realizado.
A ello se suma que la normativa interna establece estrictos mecanismos de control. Cada operación debe registrarse en un expediente electrónico, acompañada por facturas emitidas a nombre de la dependencia, la justificación correspondiente y las firmas digitales de los responsables. Es decir, la información existe y forma parte de los procedimientos administrativos obligatorios.
La documentación también expone situaciones que plantean interrogantes sobre los controles internos. Algunos responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen simultáneamente como usuarios habilitados para operar tarjetas dentro del mismo sistema. Además, determinados funcionarios concentran múltiples perfiles y niveles de autorización, incluyendo facultades de administración sobre la plataforma.
La falta de transparencia se vuelve aún más relevante si se considera que el propio Gobierno reconoció haber iniciado una investigación interna por presuntas irregularidades vinculadas al uso de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el expediente fue archivado el 6 de abril al no detectar perjuicio económico para el Estado, pero rechazó entregar la documentación del caso. De esta manera, permanece bajo reserva qué operaciones fueron investigadas, qué montos estuvieron involucrados y cuáles fueron las conclusiones concretas que motivaron el cierre de la investigación.
En un contexto en el que el Ejecutivo exige ajustes, controles y sacrificios a distintos sectores de la administración pública, el aumento de fondos discrecionales en una de las áreas más cercanas al Presidente y la negativa a transparentar su utilización vuelven a poner en discusión los criterios con los que se aplica la austeridad estatal y el alcance real de las políticas de rendición de cuentas.