La brecha de ingresos entre los hogares argentinos se amplió durante los primeros tres meses de 2026, según los datos difundidos este miércoles por el Indec en su informe sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El deterioro llevó al indicador de desigualdad a su peor nivel desde comienzos de 2024. Javier Milei lo hizo: Argentina es más desigualdad gracias al modelo libertario.

El dato surge del Coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso per cápita familiar: en el primer trimestre del año trepó a 0,442 puntos, por encima del 0,435 registrado un año atrás, en el mismo período de 2025. Se trata del valor más alto desde el primer trimestre de 2024, cuando había escalado a 0,467, el pico más alto de la serie reciente, en medio de los efectos de la devaluación de diciembre de 2023.

El Gini es una de las herramientas estadísticas más usadas a nivel internacional para medir desigualdad. Su escala va de 0 a 1: los valores cercanos a 0 indican mayor igualdad en la distribución, mientras que los cercanos a 1 reflejan mayor concentración del ingreso. A diferencia de otras mediciones, como las que comparan únicamente los extremos de la distribución (el grupo de mayores ingresos contra el de menores ingresos), el Gini tiene la particularidad de considerar a toda la población, no solo a los sectores extremos. Además, el Indec lo construye con información desagregada, lo que le otorga mayor precisión que los cálculos basados en agrupamientos por deciles.

La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que exige al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en una decisión que golpea las expectativas que manejaba el oficialismo respecto del máximo tribunal.

Según pudo reconstruirse, en los despachos de Martín Menem y Juan Bautista Mahiques circulaba la idea de que, por el vínculo con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el fallo permanecería sin resolución hasta que la discusión se trasladara al debate presupuestario en el Congreso.

Con ese horizonte, a comienzos de junio el Gobierno firmó un acuerdo que estableció un aumento del 24% para las universidades. La apuesta oficial era que ese entendimiento alcanzara para desactivar el conflicto y que los rectores retiraran la demanda ante la Corte. Sin embargo, las autoridades universitarias aceptaron el acuerdo salarial pero no resignaron el reclamo judicial, en lo que ahora se interpreta como una lectura más ajustada del escenario en el tribunal.

El fallo deja en una posición incómoda a Menem y Mahiques y representa un revés para la estrategia económica que conducen el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo. La decisión, además, rompe con la práctica tácita que regía hasta ahora entre la Corte y la Casa Rosada, según la cual el tribunal evitaba pronunciarse sobre cuestiones con impacto directo en la planificación fiscal del Gobierno.

La resolución llega además días después de que el Ministerio de Justicia enviara al Senado el pliego para designar como juez federal a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, quien ya juró como uno de los nuevos magistrados. Si en el equipo de Mahiques se interpretó ese movimiento como un gesto que aseguraba el respaldo del tribunal, el fallo de este jueves mostró un resultado distinto al esperado.

Con el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo convirtió en ley el acuerdo para desembolsar 171 millones de dólares a los holdouts remanentes. La oposición denunció una “entrega de recursos públicos al servicio de la especulación” bajo un fuerte trasfondo geopolítico.

El Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que habilita el pago de 171 millones de dólares a los dos últimos grupos de fondos buitre que mantenían demandas activas contra la Argentina en los tribunales de Estados Unidos. La votación se definió a contrarreloj en vísperas del vencimiento del plazo acordado con los acreedores, fijado para el próximo 30 de junio.

La medida, defendida por La Libertad Avanza como un paso para reducir “riesgos judiciales” y recuperar reputación internacional, fue duramente cruzada por los bloques opositores, quienes señalaron que este desembolso responde estrictamente a un compromiso geopolítico asumido por Javier Milei ante Donald Trump.

Historia de una entrega: del canje del 92,4% de los bonos en default (2005-2010) al pago de Milei por decisión política

Para dimensionar el impacto de la nueva ley, es necesario repasar la historia reciente de la reestructuración de la deuda soberana argentina:

• El desendeudamiento de Néstor Kirchner (El 92,4%): Tras el colapso y default de 2001, el gobierno de Néstor Kirchner inició un histórico proceso de renegociación que se consolidó a través de los canjes de 2005 y 2010. Bajo la premisa de que “los muertos no pagan las deudas”, la Argentina logró una adhesión del 92,4% de los acreedores globales, quienes aceptaron millonarias quitas bajo nuevas reglas de juego. Fue un hito internacional que rescató al país de la parálisis financiera global manteniendo la soberanía económica.
• El negocio del 7.6% restante (Los buitres): Un pequeño remanente de bonistas —el 7.6% restante, liderado por fondos netamente especulativos o “buitre”— rechazó sistemáticamente ingresar a los canjes. Su estrategia nunca fue negociar, sino comprar bonos defaulteados a precio de liquidación para luego litigar en los tribunales norteamericanos del juez Thomas Griesa exigiendo el 100% del valor nominal más intereses punitorios usurarios.
• La decisión política de Milei: El pago actual de 171 millones de dólares no responde a una obligación automática, sino a una decisión política explícita de la gestión de Javier Milei. Mientras que las gestiones del kirchnerismo mantuvieron la pelea soberana en la ONU para poner límites globales a la especulación de estos fondos, y tras el millonario pago que ya les había concedido el macrismo en 2016, Milei optó por validar el negocio del holding especulativo. Desde la oposición denunciaron que la Casa Rosada premia la especulación financiera internacional en detrimento de las arcas públicas del Estado, en un contexto de feroz ajuste interno sobre los jubilados y los trabajadores argentinos.

Las claves del proyecto aprobado:

• El monto del desembolso: El acuerdo establece el pago definitivo de 171 millones de dólares a dos firmas demandantes. El oficialismo argumentó que el entendimiento frena definitivamente el peligro de futuros embargos contra activos de empresas estatales como YPF o el Banco Nación.
• Cláusula de resguardo legal: El articulado incorpora una cláusula de standstill que obliga a los beneficiarios a deponer cualquier acción judicial activa o futura contra la República Argentina una vez que se complete la transferencia de los fondos.
• Alineamiento internacional: En el recinto, los legisladores opositores remarcaron que el apuro por sancionar la ley se debió a un pacto político directo de Milei para congraciarse con el establishment norteamericano y con la administración de Trump, utilizando divisas del Banco Central para cerrar un litigio que llevaba más de dos décadas en Nueva York.

Eduardo Serenellini se despachó contra la gestión de la que fue entusiasta y parte con fuertes conceptos sobre la política económica libertaria que se llevan puesta a la clase media.

Después de su fulgurante paso por la gestión libertaria, Eduardo Serenellini volvió a la actividad privada, particularmente a la televisión y a la radio, donde hizo su carrera como periodista hasta convertirse en secretario de Prensa del gobierno de Javier Milei.

Y como tal, ahora parece haberse desilusionado del gobierno que supo respaldar con armas y bagajes, incluso hasta convertirse en funcionarios, para transformarse en duro crítico de la gestión libertaria porque, afirmó, “estamos viendo una clase media que se va pulverizando” debido a las políticas económicas en curso.

En una de las últimas notas editoriales de su programa radial, cuestionó la veracidad del relato oficial al advertir sobre el deterioro social que sufre el país, sosteniendo que “la gente no llega a fin de mes” y afirmando que “estamos viendo una clase media que se va pulverizando lentamente”.

Para el exfuncionario anarcocapitalista, el relato sostenido especialmente por Milei y el ministro Luis Caputo “es muy difícil de sostener” al observar lo que vive cotidianamente la mayoría de los argentinos.

Eduardo Serenellini.

“No es el indigente que sube de categoría y pasa a pobre, sino que es la clase media que se va empobreciendo día a día: médicos, empleados administrativos, la industria y la gastronomía”, describió haciendo hincapié en la precariedad laboral que sufren muchos argentinos que tienen que sobrevivir haciendo changas.

Calificó como “brutal” la pérdida del poder adquisitivo de la población, que impacta directamente en el consumo popular y por ende afecta directamente a comerciantes y empresarios, recordando que, desde la asunción de Milei, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, se perdieron más de 26.000 empresas con empleados registrados, lo que equivale al 5,2% del total.

También se mostró pesimista con relación al futuro inmediato. “Yo no necesito pasar por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas para darme cuenta que, de acá a un año, esto no va a mejorar. Qué elementos tenés para que mejore…”, se preguntó.

El oficialismo logró destrabar en la Cámara Baja la ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Con apoyo de los bloques aliados, el Gobierno avanza en su estrategia de blindaje fiscal y cambiario para capitales extranjeros.

El oficialismo nacional se anotó un triunfo político clave en el Congreso de la Nación. Tras una extensa jornada de debate y negociaciones a contrarreloj, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto del “Súper RIGI”, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que profundiza y amplía los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios contemplados originalmente en la Ley Bases para las megainversiones corporativas.

La aprobación del proyecto representa un fuerte espaldarazo legislativo para la gestión de Javier Milei en un momento de alta sensibilidad política y tensiones cruzadas con diferentes bloques de la oposición. Con este resultado favorable, el texto pasa ahora al Senado de la Nación, donde el oficialismo deberá reconfigurar su estrategia de alianzas para replicar el quórum y convertir la iniciativa en ley.

Los puntos centrales del “Súper RIGI” aprobado en Diputados:

• Ampliación de los beneficios fiscales: El nuevo esquema reduce aún más las alícuotas del Impuesto a las Ganancias de forma progresiva para los proyectos que superen los pisos de inversión estipulados, y otorga exenciones totales en derechos de importación y exportación por plazos extendidos.
• Estabilidad cambiaria reforzada: El proyecto garantiza el libre acceso al mercado de cambios y la libre disponibilidad de divisas de manera anticipada a las empresas adscritas, blindando los flujos financieros contra futuras regulaciones o restricciones cambiarias.
• Prórroga de plazos de adhesión: Se flexibilizaron los tiempos formales para que los grandes conglomerados internacionales y locales puedan presentar sus carpetas técnicas de inversión, extendiendo la vigencia de la ventana de ingreso al régimen especial.

Oxígeno para el relato oficialista

La obtención de la media sanción le permite al Gobierno exhibir capacidad de articulación parlamentaria y enviar una señal de previsibilidad jurídica hacia los mercados financieros internacionales y los organismos de crédito. Desde el bloque de La Libertad Avanza celebraron el resultado como un paso fundamental para acelerar el ingreso de capitales en sectores estratégicos como la minería, la energía y el agro de gran escala.

Por su parte, los sectores de la oposición que votaron en contra reiteraron sus críticas al articulado, advirtiendo que el régimen configura una “cesión excesiva de soberanía fiscal” que genera una asimetría lesiva en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas nacionales, las cuales quedan excluidas de las exenciones impositivas que ahora beneficiarán a las multinacionales.