El juez federal Ariel Lijo resolvió que el exfuncionario libertario no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y constituye la primera restricción procesal impuesta en la causa.
Si bien no se trata de una prohibición absoluta para viajar al exterior, Adorni deberá informar previamente al tribunal y obtener autorización antes de abandonar el país. La decisión fue adoptada luego de que su defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, comunicara que el exvocero presidencial no tenía previsto realizar viajes internacionales en el corto plazo.
Pollicita sostuvo que, por el momento, no existen elementos que justifiquen una detención ni que permitan presumir un riesgo de fuga o un intento de entorpecer la investigación. Sin embargo, consideró pertinente establecer este mecanismo de control mientras avanza el expediente.
La causa se fortaleció tras la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni habría aportado US$245.000 en efectivo para financiar las refacciones de una vivienda en Indio Cua. Según la investigación, la propiedad fue escriturada por US$120.000 y no figuraba en la declaración jurada patrimonial presentada por el exfuncionario en 2024.
De acuerdo con el expediente, la operación inmobiliaria incluyó un aporte inicial de US$20.000 realizado por Adorni y su esposa, mientras que otros US$100.000 fueron financiados mediante un préstamo en efectivo otorgado por Graciela Molina y su hija, Victoria Cancio. Posteriormente, el exfuncionario habría cancelado US$30.000, quedando pendiente una deuda de US$70.000 más intereses.
La pesquisa también incorporó el testimonio de Gisela Kocsis, exempleada del exfuncionario, quien confirmó haber realizado compras de electrodomésticos para la vivienda por $3,1 millones con su tarjeta de crédito, dinero que luego, según declaró, le fue reintegrado en efectivo por Adorni. Además, los investigadores detectaron gastos vinculados a refacciones y mobiliario por más de US$255.000 en otro inmueble.
Otro de los elementos bajo análisis es un informe financiero que reveló consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $139 millones en apenas dos años y cuatro meses, una cifra que, según la investigación, resulta ampliamente superior a los ingresos declarados por el entonces funcionario, cuyo salario rondaba los $3,5 millones mensuales.
Aunque el fiscal descartó que las conversaciones mantenidas entre Adorni y Tabar constituyeran un intento de obstrucción de la causa, un audio incorporado al expediente, en el que el exvocero le ofrece al contratista “todo el soporte que necesites”, pasó a formar parte de las pruebas que analizan los investigadores.