En contraste mientras el Gobierno Nacional profundizó el ajuste sobre la educación pública, reduciendo casi a la mitad el presupuesto del sector en apenas dos años, otras áreas del Estado con mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), recibieron importantes incrementos presupuestarios.
Un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que el financiamiento educativo nacional acumuló una caída real del 47,7% entre 2024 y 2025. El trabajo, titulado El futuro del financiamiento educativo en debate, advierte que el ajuste compromete el funcionamiento del sistema educativo y marca un cambio de prioridades en la asignación de recursos públicos.
Según el estudio, durante 2024 la función Educación y Cultura sufrió un recorte real del 43,2% respecto del año anterior, equivalente a una pérdida de 0,6 puntos del Producto Interno Bruto. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios de los docentes provinciales y dejó de financiarse desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La contracción continuó en 2025 con una nueva caída real del 7,9%, esta vez concentrada en las transferencias a las universidades nacionales, los programas de apoyo a estudiantes y las partidas destinadas a las provincias. El financiamiento universitario se redujo 5,4%; las becas estudiantiles cayeron 42,5%; y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió el 49,5% de sus recursos. La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su participación dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación.
De mantenerse las partidas actualmente previstas, los investigadores proyectan una nueva reducción real del 12,7% para 2026, lo que implicaría tres años consecutivos de ajuste y llevaría la inversión educativa nacional a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.
El informe también destaca que la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 eliminó la meta de destinar el 6% del PIB a educación, un objetivo incorporado a la legislación en 2005. Asimismo, advierte sobre el fuerte desfinanciamiento del Fondo de Educación Técnico Profesional: de haberse mantenido el mecanismo de asignación anterior, el crédito para 2026 debería ascender a $322.583 millones, casi el doble de los recursos actualmente previstos.
Los investigadores señalan además que este proceso ocurre en paralelo con el avance del proyecto de Ley de Libertad Educativa, que promueve mecanismos de financiamiento por demanda, como vouchers y becas focalizadas, un esquema que, según el estudio, podría profundizar la segmentación entre la educación pública y la privada.
El fuerte ajuste sobre uno de los principales motores de movilidad social contrasta con la decisión del Gobierno de ampliar recursos para áreas como la SIDE, cuyos fondos reservados y mecanismos de ejecución cuentan con menores niveles de control y transparencia. La comparación deja al descubierto que el recorte no alcanzó por igual a todo el Estado, sino que respondió a una definición política sobre qué áreas preservar y cuáles ajustar.