El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal porteña resolvió unificar las investigaciones vinculadas al millonario préstamo de $40.000 millones otorgado a la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), por lo que el expediente quedará bajo la órbita del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González.
La decisión incorpora formalmente a Francisco Adorni, hermano del eyectado vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense, a una investigación por presuntas irregularidades en torno al financiamiento concedido por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que presidía al momento de los hechos investigados.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Francisco Adorni responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación del crédito extraordinario concedido al IOSFA, una obra social que atravesaba una profunda crisis financiera y que posteriormente fue disuelta. En la presentación también fue denunciado el entonces ministro de Defensa, Luis Petri.
La causa iniciada por Pagano había quedado radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero la fiscal Alejandra Mángano advirtió que existía un expediente previo donde ya se investigaban hechos estrechamente vinculados. Esa investigación, a cargo del Juzgado Federal N° 9 —subrogado por Ramos—, analiza un conjunto de presuntas irregularidades en el IOSFA, entre ellas compras directas de armamento y medicamentos por alrededor de $25.000 millones cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios del personal militar al rescate financiero de la obra social y el cuestionado préstamo de $40.000 millones otorgado por el IAF.
Aunque en un primer momento Ramos rechazó absorber el expediente al considerar que Francisco Adorni asumió la conducción del IAF varios meses después de que se gestionara el crédito original, la disputa de competencia llegó hasta la Cámara Federal.
Finalmente, el juez Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I, resolvió que ambos expedientes deben tramitar de manera conjunta al considerar que forman parte de un mismo entramado institucional y administrativo desarrollado durante la misma gestión del Ministerio de Defensa. El tribunal sostuvo que la unificación permitirá evitar decisiones contradictorias y garantizar una investigación más eficiente, aunque dejó abierta la posibilidad de separar nuevamente los casos si el avance de la prueba así lo justificara.
Pero el frente judicial de Francisco Adorni no termina allí. El legislador también está involucrado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 6 y en el que el fiscal Guillermo Marijuán ya solicitó su indagatoria.
Mientras la Justicia profundiza las investigaciones, el apellido Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena. La acumulación de causas y la apertura de nuevas líneas de investigación agregan presión política sobre un Gobierno que prometió hacer de la transparencia una de sus principales banderas, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la gestión de recursos públicos y la actuación de funcionarios y familiares con responsabilidades en áreas sensibles del Estado