El ex jefe de Gabinete mantiene los privilegios por supuestas amenazas. Pagano lo denunció penalmente.

La diputada nacional Marcelo Pagano denunció que Manuel Adorni mantiene la custodia y un vehículo oficial, pese a que ya no es funcionario público.

La presentación -a la que accedió LPO- apunta contra el ex vocero y los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Jefatura de Gabinete y de la Policía Federal que hayan autorizado la continuidad de la custodia y de la asignación de un vehículo oficial.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, sostiene con la salida de Adorni del gobierno “cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública”

“Adorni habría continuado usufructuando, con posterioridad a su renuncia, custodia personal a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales del Estado Nacional para su desplazamiento”, sostiene Pagano, que agrega que la prórroga sería “por tiempo indefinido”.

“La continuidad del beneficio se sustentaría en presuntas amenazas que el nombrado habría recibido; sin embargo, se ha informado que tales amenazas no fueron formalmente denunciadas ni judicializadas, y que la eventual prórroga de la protección se encontraría aún pendiente de oficializarse en el ámbito del Ministerio de Seguridad”, continúa la denuncia.

“La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”, completa.

Las denuncias sobre los abusos de Adorni con la custodia y los vehículos oficiales no son nuevas. Al comienzo del escándalo por el enriquecimiento descontrolado, trascendió que el entonces jefe de gabinete utilizaba autos oficiales para que sus empleadas domésticas vayan de compras o que la custodia acompañaba a su esposa a juntadas con amigas.

La presentación de Pagano -que también es la denunciante en la causa por enriquecimiento ilícito- solicita que se investigue a Adorni por peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Se viene un mes muy complicado para los bolsillos de millones de argentinos que verán otra vez cómo el salario se va antes de fin de mes. Habrá aumentos en transporte, prepagas y servicios como gas y luz. Todos esas subas no serán tenidas en cuenta por el Indec de Javier Milei que sigue sin actualizar su metodología.

Transporte.

CABA.

• El boleto mínimo de hasta 3 km: $820,60
• 3 a 6 km: $911,42
• 6 a 12 km: $981,83
• 12 a 27 km: $1.052,34

Provincia de Buenos Aires. (líneas del 200 en adelante)

• El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $1.059,28
• 3 a 6 km: $1.189,39
• 6 a 12 km: $1.321,55
• 12 a 27 km: $1.585,89
• Más de 27 km: $1.864,45

Subte.

El subte, por su parte, llegará a $1.558.  Quienes no cuenten con la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541 por viaje. 

Trenes.

Desde hoy el boleto de los trenes metropolitanos suben un 8,6%, en el marco del cronograma de aumentos escalonados fijado por la Secretaría de Transporte. Las nuevas tarifas con SUBE registrada quedarán así:

• Primera sección (hasta 12 km): $380
• Segunda sección (12 a 24 km): $530
• Tercera sección (más de 24 km): $660

Luz.

Edenor y Edesur anunciaron un ajuste en torno al 1,5% para los clientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Gas.

El aumento previsto por ENARGAS para julio es de aproximadamente 2,81% en todo el país. No obstante, el Gobierno continuará el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con la bonificación adicional del 25% sobre el consumo subsidiado. 

Agua.

Desde AySA ratificaron una suba del 3% para los usuarios del AMBA. La empresa estatal confirmó que mantendrá vigentes las tarifas sociales y los descuentos para los sectores de menores recursos.

Internet, cable y telefonía.

Las empresas anticiparon que en el séptimo mes del año aplicarán un incremento de aproximadamente 2,5%, según el servicio y la operadora.

Prepagas.

Entre enero y mayo de 2026, las cuotas de medicina prepaga acumularon un incremento del 13,5% en el AMBA y del 13,2% en el promedio del país. 

Para el séptimo mes del año, Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud confirmaron una suba del 2,1%. Omint, por su parte, aumenta 2,9%. 

Peajes.

Las autopistas porteñas aplicarán un ajuste del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. 

En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el valor para livianos será de $1.922,15 y $2.718,21, respectivamente. En el Paseo del Bajo, la tarifa para livianos y motos quedará en $10.208,25.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla quedó en el centro de una fuerte polémica internacional luego de publicar una serie de mensajes con contenido racista contra el capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, tras el triunfo de Francia por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de su cuenta en la red social X, Amarilla escribió: “Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”. En otra publicación profundizó sus agravios: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

La legisladora también apuntó contra el arquero paraguayo Orlando Gill, a quien le sugirió que le hiciera un gesto obsceno a Mbappé. “Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, escribió.

La respuesta del delantero del Real Madrid no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Mbappé expresó: “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

En otro tramo de su mensaje, el capitán francés sostuvo: “Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”. Finalmente, concluyó: “Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene su discurso de combate contra “la casta” y la corrupción, una nueva investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes y allegados del núcleo de poder libertario.

El protagonista es Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue citado a declaración indagatoria y sufrió el embargo de sus cuentas en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera).

La investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, apunta a contrataciones por más de 260 millones de pesos realizadas por Osprera con HTECH Innovation, una empresa de consultoría informática propiedad de Aguirre. Según el expediente, la firma fue creada en 2024 y tuvo como primer cliente a la propia obra social, emitiendo las facturas número 0000001 y 0000002 por esos servicios.

Para la Justicia, existen sospechas de que esas contrataciones podrían haber funcionado como una estructura destinada al desvío de fondos públicos. Por ese motivo también fueron llamados a indagatoria los entonces interventores designados por el Gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, este último identificado como un hombre políticamente cercano a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del oficialismo.

Las sospechas adquieren mayor gravedad por los vínculos políticos que surgen de la investigación. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran mensajes de WhatsApp entre Petroni y Aguirre en los que aparecen referencias directas a reuniones y consultas con Martín Menem y Lule Menem. En algunos intercambios se leen frases como “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”, “Avisale a Lule” e incluso “Nosotros somos Lule y Karina”, en aparente alusión a Karina Milei.

Además, trascendió que Aguirre y los interventores mantuvieron encuentros en la Casa Rosada con Lule Menem durante el período investigado, un dato que refuerza los interrogantes sobre el grado de conocimiento y participación política en las decisiones adoptadas durante la intervención.

El caso se inscribe en una disputa más amplia por el control de Osprera. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), conducida por José Voytenco, denunciaron que la intervención impulsada por el Ministerio de Salud buscó desplazar a las autoridades legítimas de la segunda obra social más grande del país para favorecer intereses políticos y económicos vinculados al oficialismo. En esa denuncia también aparecen mencionados el diputado Pablo Ansaloni y el ministro de Salud, Mario Lugones, quien firmó la intervención.

La causa judicial continúa en pleno avance y representa un nuevo foco de tensión para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de terminar con los privilegios y la corrupción. Sin embargo, las investigaciones que hoy alcanzan a empresarios, funcionarios e integrantes del entorno político de los Menem vuelven a abrir interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio del poder y alimentan las críticas hacia una administración que prometía ser distinta, pero que ya enfrenta denuncias que recuerdan prácticas históricamente asociadas a la política que decía venir a reemplazar.

El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal porteña resolvió unificar las investigaciones vinculadas al millonario préstamo de $40.000 millones otorgado a la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), por lo que el expediente quedará bajo la órbita del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González.

La decisión incorpora formalmente a Francisco Adorni, hermano del eyectado vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense, a una investigación por presuntas irregularidades en torno al financiamiento concedido por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que presidía al momento de los hechos investigados.

La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Francisco Adorni responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación del crédito extraordinario concedido al IOSFA, una obra social que atravesaba una profunda crisis financiera y que posteriormente fue disuelta. En la presentación también fue denunciado el entonces ministro de Defensa, Luis Petri.

La causa iniciada por Pagano había quedado radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero la fiscal Alejandra Mángano advirtió que existía un expediente previo donde ya se investigaban hechos estrechamente vinculados. Esa investigación, a cargo del Juzgado Federal N° 9 —subrogado por Ramos—, analiza un conjunto de presuntas irregularidades en el IOSFA, entre ellas compras directas de armamento y medicamentos por alrededor de $25.000 millones cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios del personal militar al rescate financiero de la obra social y el cuestionado préstamo de $40.000 millones otorgado por el IAF.

Aunque en un primer momento Ramos rechazó absorber el expediente al considerar que Francisco Adorni asumió la conducción del IAF varios meses después de que se gestionara el crédito original, la disputa de competencia llegó hasta la Cámara Federal.

Finalmente, el juez Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I, resolvió que ambos expedientes deben tramitar de manera conjunta al considerar que forman parte de un mismo entramado institucional y administrativo desarrollado durante la misma gestión del Ministerio de Defensa. El tribunal sostuvo que la unificación permitirá evitar decisiones contradictorias y garantizar una investigación más eficiente, aunque dejó abierta la posibilidad de separar nuevamente los casos si el avance de la prueba así lo justificara.

Pero el frente judicial de Francisco Adorni no termina allí. El legislador también está involucrado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 6 y en el que el fiscal Guillermo Marijuán ya solicitó su indagatoria.

Mientras la Justicia profundiza las investigaciones, el apellido Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena. La acumulación de causas y la apertura de nuevas líneas de investigación agregan presión política sobre un Gobierno que prometió hacer de la transparencia una de sus principales banderas, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la gestión de recursos públicos y la actuación de funcionarios y familiares con responsabilidades en áreas sensibles del Estado

En contraste mientras el Gobierno Nacional profundizó el ajuste sobre la educación pública, reduciendo casi a la mitad el presupuesto del sector en apenas dos años, otras áreas del Estado con mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), recibieron importantes incrementos presupuestarios.

Un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que el financiamiento educativo nacional acumuló una caída real del 47,7% entre 2024 y 2025. El trabajo, titulado El futuro del financiamiento educativo en debate, advierte que el ajuste compromete el funcionamiento del sistema educativo y marca un cambio de prioridades en la asignación de recursos públicos.

Según el estudio, durante 2024 la función Educación y Cultura sufrió un recorte real del 43,2% respecto del año anterior, equivalente a una pérdida de 0,6 puntos del Producto Interno Bruto. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios de los docentes provinciales y dejó de financiarse desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La contracción continuó en 2025 con una nueva caída real del 7,9%, esta vez concentrada en las transferencias a las universidades nacionales, los programas de apoyo a estudiantes y las partidas destinadas a las provincias. El financiamiento universitario se redujo 5,4%; las becas estudiantiles cayeron 42,5%; y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió el 49,5% de sus recursos. La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su participación dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación.

De mantenerse las partidas actualmente previstas, los investigadores proyectan una nueva reducción real del 12,7% para 2026, lo que implicaría tres años consecutivos de ajuste y llevaría la inversión educativa nacional a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

El informe también destaca que la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 eliminó la meta de destinar el 6% del PIB a educación, un objetivo incorporado a la legislación en 2005. Asimismo, advierte sobre el fuerte desfinanciamiento del Fondo de Educación Técnico Profesional: de haberse mantenido el mecanismo de asignación anterior, el crédito para 2026 debería ascender a $322.583 millones, casi el doble de los recursos actualmente previstos.

Los investigadores señalan además que este proceso ocurre en paralelo con el avance del proyecto de Ley de Libertad Educativa, que promueve mecanismos de financiamiento por demanda, como vouchers y becas focalizadas, un esquema que, según el estudio, podría profundizar la segmentación entre la educación pública y la privada.

El fuerte ajuste sobre uno de los principales motores de movilidad social contrasta con la decisión del Gobierno de ampliar recursos para áreas como la SIDE, cuyos fondos reservados y mecanismos de ejecución cuentan con menores niveles de control y transparencia. La comparación deja al descubierto que el recorte no alcanzó por igual a todo el Estado, sino que respondió a una definición política sobre qué áreas preservar y cuáles ajustar.