Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene su discurso de combate contra “la casta” y la corrupción, una nueva investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes y allegados del núcleo de poder libertario.
El protagonista es Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue citado a declaración indagatoria y sufrió el embargo de sus cuentas en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera).
La investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, apunta a contrataciones por más de 260 millones de pesos realizadas por Osprera con HTECH Innovation, una empresa de consultoría informática propiedad de Aguirre. Según el expediente, la firma fue creada en 2024 y tuvo como primer cliente a la propia obra social, emitiendo las facturas número 0000001 y 0000002 por esos servicios.
Para la Justicia, existen sospechas de que esas contrataciones podrían haber funcionado como una estructura destinada al desvío de fondos públicos. Por ese motivo también fueron llamados a indagatoria los entonces interventores designados por el Gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, este último identificado como un hombre políticamente cercano a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del oficialismo.
Las sospechas adquieren mayor gravedad por los vínculos políticos que surgen de la investigación. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran mensajes de WhatsApp entre Petroni y Aguirre en los que aparecen referencias directas a reuniones y consultas con Martín Menem y Lule Menem. En algunos intercambios se leen frases como “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”, “Avisale a Lule” e incluso “Nosotros somos Lule y Karina”, en aparente alusión a Karina Milei.
Además, trascendió que Aguirre y los interventores mantuvieron encuentros en la Casa Rosada con Lule Menem durante el período investigado, un dato que refuerza los interrogantes sobre el grado de conocimiento y participación política en las decisiones adoptadas durante la intervención.
El caso se inscribe en una disputa más amplia por el control de Osprera. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), conducida por José Voytenco, denunciaron que la intervención impulsada por el Ministerio de Salud buscó desplazar a las autoridades legítimas de la segunda obra social más grande del país para favorecer intereses políticos y económicos vinculados al oficialismo. En esa denuncia también aparecen mencionados el diputado Pablo Ansaloni y el ministro de Salud, Mario Lugones, quien firmó la intervención.
La causa judicial continúa en pleno avance y representa un nuevo foco de tensión para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de terminar con los privilegios y la corrupción. Sin embargo, las investigaciones que hoy alcanzan a empresarios, funcionarios e integrantes del entorno político de los Menem vuelven a abrir interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio del poder y alimentan las críticas hacia una administración que prometía ser distinta, pero que ya enfrenta denuncias que recuerdan prácticas históricamente asociadas a la política que decía venir a reemplazar.