El Ejecutivo celebró la concesión como un proceso “transparente”, pero el expediente acumuló cuestionamientos por presunto direccionamiento, pliegos a medida, restricciones a la competencia y un sistema de evaluación que terminó beneficiando al grupo adjudicatario.
El gobierno de Javier Milei oficializó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la adjudicación como el comienzo de una nueva etapa de gestión privada. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión volvió a poner bajo la lupa un proceso licitatorio que durante meses estuvo rodeado de denuncias, advertencias técnicas y fuertes cuestionamientos sobre su transparencia.
La Hidrovía es una de las infraestructuras más estratégicas del país. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y cualquier decisión sobre su administración tiene impacto directo sobre la economía nacional. Precisamente por esa relevancia, distintos sectores vienen señalando que la licitación debió ofrecer las máximas garantías de competencia e igualdad de condiciones.
No obstante, especialistas y empresas participantes denunciaron que el pliego habría sido diseñado con requisitos que favorecían al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, finalmente adjudicatario de la concesión. A esas observaciones se sumaron críticas por los plazos del proceso, considerados insuficientes para permitir una competencia real entre los oferentes.
Otro de los puntos más controvertidos fue el mecanismo previsto para impugnar decisiones durante la licitación. Según trascendió, las empresas debían afrontar un pago de 10 millones de dólares no reembolsables para presentar objeciones, una condición que fue interpretada por distintos actores como una barrera que desalentó cualquier cuestionamiento formal.
Las dudas también alcanzan al sistema de evaluación utilizado para definir al ganador. Diversas denuncias sostienen que la metodología de puntajes terminó favoreciendo al consorcio adjudicatario, mientras que la Comisión Evaluadora quedó bajo observación por presuntos conflictos de interés y por decisiones que ahora podrían ser materia de futuras investigaciones judiciales.
Pese a ese escenario, el Ministerio de Economía insistió en que el proceso fue transparente y destacó que permitirá reducir el costo del peaje y avanzar con nuevas obras sobre la vía navegable. Sin embargo, una de las empresas competidoras aseguró que el esquema elegido por el Gobierno implica un costo logístico superior al que podía alcanzarse con otras propuestas y advirtió que el Estado desestimó alternativas más económicas.
Con el contrato ya firmado, la discusión parece lejos de terminar. Mientras el Gobierno defiende la adjudicación como un éxito de gestión, las denuncias por posibles irregularidades mantienen abierta una polémica que podría trasladarse a los tribunales y volver a poner en debate cómo se administró una de las concesiones más importantes del país.