El Ejecutivo celebró la concesión como un proceso “transparente”, pero el expediente acumuló cuestionamientos por presunto direccionamiento, pliegos a medida, restricciones a la competencia y un sistema de evaluación que terminó beneficiando al grupo adjudicatario.

El gobierno de Javier Milei oficializó la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, y presentó la adjudicación como el comienzo de una nueva etapa de gestión privada. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la decisión volvió a poner bajo la lupa un proceso licitatorio que durante meses estuvo rodeado de denuncias, advertencias técnicas y fuertes cuestionamientos sobre su transparencia.

La Hidrovía es una de las infraestructuras más estratégicas del país. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y cualquier decisión sobre su administración tiene impacto directo sobre la economía nacional. Precisamente por esa relevancia, distintos sectores vienen señalando que la licitación debió ofrecer las máximas garantías de competencia e igualdad de condiciones.

No obstante, especialistas y empresas participantes denunciaron que el pliego habría sido diseñado con requisitos que favorecían al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, finalmente adjudicatario de la concesión. A esas observaciones se sumaron críticas por los plazos del proceso, considerados insuficientes para permitir una competencia real entre los oferentes.

Otro de los puntos más controvertidos fue el mecanismo previsto para impugnar decisiones durante la licitación. Según trascendió, las empresas debían afrontar un pago de 10 millones de dólares no reembolsables para presentar objeciones, una condición que fue interpretada por distintos actores como una barrera que desalentó cualquier cuestionamiento formal.

Las dudas también alcanzan al sistema de evaluación utilizado para definir al ganador. Diversas denuncias sostienen que la metodología de puntajes terminó favoreciendo al consorcio adjudicatario, mientras que la Comisión Evaluadora quedó bajo observación por presuntos conflictos de interés y por decisiones que ahora podrían ser materia de futuras investigaciones judiciales.

Pese a ese escenario, el Ministerio de Economía insistió en que el proceso fue transparente y destacó que permitirá reducir el costo del peaje y avanzar con nuevas obras sobre la vía navegable. Sin embargo, una de las empresas competidoras aseguró que el esquema elegido por el Gobierno implica un costo logístico superior al que podía alcanzarse con otras propuestas y advirtió que el Estado desestimó alternativas más económicas.

Con el contrato ya firmado, la discusión parece lejos de terminar. Mientras el Gobierno defiende la adjudicación como un éxito de gestión, las denuncias por posibles irregularidades mantienen abierta una polémica que podría trasladarse a los tribunales y volver a poner en debate cómo se administró una de las concesiones más importantes del país.

Dos nuevas noticias confirmaron el deterioro del sector manufacturero, cerró la última planta de Dass que fabricaba zapatillas para Adidas y Nike en el país y Metalfor despidió a decenas de trabajadores mientras se jugaba el partido de la selección.

La crisis que atraviesa la industria argentina sumó este martes dos nuevos capítulos que reflejan el deterioro del aparato productivo nacional. El Grupo Dass confirmó el cierre definitivo de su planta de Eldorado, Misiones, la última que fabricaba zapatillas de Adidas y Nike en el país, mientras que Metalfor despidió a 35 trabajadores en Córdoba, quienes recibieron los telegramas mientras se disputaba el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

El cierre de la fábrica de Dass implica la pérdida de los últimos 150 puestos de trabajo que permanecían en la planta misionera y pone fin a la producción nacional de calzado para dos de las marcas deportivas más importantes del mundo. La empresa informó que paralizará sus operaciones entre el 17 y el 25 de julio y aseguró que abonará la totalidad de las indemnizaciones.

Lejos de responder a problemas financieros, la decisión obedece a un cambio en el modelo de negocios. Con la apertura de las importaciones, el grupo resolvió abastecer el mercado argentino con productos fabricados en sus ocho plantas de Brasil, donde los costos son menores, dejando sin actividad a la fábrica de Eldorado. A partir de ahora, Dass mantendrá únicamente operaciones comerciales y logísticas en Argentina, concentradas en sus centros de Coronel Suárez y Cañuelas.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyeron el cierre a la combinación de apertura importadora, desplome del consumo interno y ausencia de políticas de protección para la producción nacional.

La clausura de la planta representa el desenlace de un proceso de achicamiento que comenzó en 2025, cuando la empresa cerró su establecimiento de Coronel Suárez y despidió a 360 trabajadores. Meses después, la planta de Misiones sufrió nuevas cesantías y el gremio ya advertía que la producción solo estaba garantizada hasta mediados de este año.

El caso de Dass no es aislado. Según datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, afectada por la retracción del mercado interno y el creciente ingreso de productos importados. En los últimos meses también cerraron la planta de John Foos en Beccar, que reemplazó la producción local por importaciones asiáticas, y la fábrica de suelas Gomas Gaspar en Córdoba, profundizando el retroceso del sector.

La crisis industrial también golpeó a Metalfor. La fabricante de maquinaria agrícola despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger, Córdoba, en medio del partido de la Selección Argentina. Según denunciaron los operarios, habían acordado retirarse antes para ver el encuentro y, apenas dejaron la fábrica, comenzaron a recibir mensajes para retirar los telegramas de despido en el correo.

Los trabajadores sostienen que la empresa incumplió un acuerdo alcanzado en el marco del procedimiento preventivo de crisis y advierten que podría tratarse solo del inicio de un ajuste mayor. “No esperábamos despidos. Tengo 21 años en la empresa y hoy quedamos en la calle por decisiones de la directiva”, relató uno de los empleados cesanteados.

En un contexto de caída de la actividad, apertura de importaciones y reducción del consumo, el cierre de la última planta de Dass y los nuevos despidos en Metalfor vuelven a exponer el complejo escenario que enfrenta la industria argentina, con cada vez más fábricas que dejan de producir y más trabajadores que pierden su empleo.

El Gobierno confirmó este martes que Manuel Adorni continúa contando con custodia de la Policía Federal, a pesar de que ya no integra el gabinete nacional, una decisión que despertó cuestionamientos por su aparente contradicción con el discurso oficial de austeridad y reducción del gasto público.

Durante su segunda conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre el beneficio otorgado al exfuncionario libertario y respondió que “el ex Jefe de Gabinete conserva esa custodia por motivos de seguridad”, sin brindar mayores precisiones sobre los criterios que justifican la medida.

Ante otra pregunta vinculada con las denuncias judiciales que involucran a Adorni, Ravier sostuvo que el caso “está claramente en la Justicia” y descartó que el Gobierno haya impulsado una investigación o auditoría interna para revisar su situación. De este modo, el Ejecutivo dejó en manos de la Justicia el avance de las causas y ratificó que el exfuncionario seguirá contando con protección oficial.

Tras haber conseguido postergar la indagatoria, el dirigente decidió no responder las preguntas del fiscal y, en cambio, pidió que la investigación vuelva a quedar exclusivamente en manos del juez Lino Mirabelli.

Aunque hizo uso de un derecho previsto por la legislación, la estrategia de Espert consistió en evitar la declaración indagatoria y concentrar sus cuestionamientos en el desarrollo de la investigación. A través de sus abogados, Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, sostuvo que recién dará su versión cuando, a su entender, estén garantizadas las condiciones de un proceso “objetivo e imparcial”.

La causa investiga una transferencia realizada en enero de 2020 desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia una cuenta no declarada en el exterior atribuida a Espert. Según el fiscal Fernando Domínguez, el supuesto contrato de asesoramiento profesional que justificó ese pago habría sido una simulación. La defensa, en cambio, sostiene que el acuerdo existió y presentó una serie de correos electrónicos que, asegura, respaldan esa versión.

En lugar de responder sobre el fondo de la investigación, la defensa apuntó contra el trabajo del fiscal. Argumentó que existe otra causa relacionada con Fred Machado en los tribunales de Comodoro Py y reclamó que el juez Mirabelli retome la conducción del expediente. También cuestionó el alcance de las medidas de prueba, al considerar que la pesquisa avanzó sobre comunicaciones telefónicas y el patrimonio de personas ajenas a la causa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, pese a haber obtenido una prórroga de la indagatoria precisamente para analizar el expediente, la defensa volvió a sostener que no contó con tiempo suficiente para estudiar la reconstrucción realizada por el fiscal. Según el escrito presentado, la imputación fue preparada durante meses bajo secreto y la defensa dispuso de pocos días para responder.

La investigación se inició a partir de una denuncia del diputado Juan Grabois, luego de que en una causa judicial en Estados Unidos contra Fred Machado, posteriormente extraditado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, apareciera registrada la transferencia de fondos hacia una cuenta atribuida a Espert.

Ahora será el juez Mirabelli quien deba resolver si acepta el planteo del economista libertario para reasumir la dirección de la causa y definir cómo continuará una investigación en la que Espert, por el momento, optó por no dar explicaciones ante la Justicia.