Un informe técnico incorporado a la causa que investiga al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, detectó inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos realizados y la evolución de su patrimonio, un hallazgo que podría marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.
El peritaje fue elaborado por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de realizar análisis patrimoniales complejos. El estudio reconstruyó año por año la evolución patrimonial de Adorni y contrastó sus declaraciones juradas con información bancaria, registral, tributaria y financiera.
Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos detectaron diferencias que deberán ser justificadas antes de que la fiscalía defina nuevas medidas procesales, entre ellas una posible imputación formal. El informe, considerado una pieza clave del expediente, fue confeccionado siguiendo los lineamientos solicitados por Pollicita.
La causa se originó a partir de investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que no parecían guardar relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario. Además de Adorni, la pesquisa también alcanza a su esposa, Betina Angeletti, quien figura como responsable de parte de los gastos familiares analizados por los investigadores.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, declaraciones de testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y datos aportados por agencias de viajes revelan erogaciones que, a criterio de los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.
Siempre según la investigación, desde su ingreso a la función pública Adorni habría registrado movimientos patrimoniales equivalentes a unos 743.000 dólares, de los cuales alrededor de 408.000 dólares corresponderían a gastos y 335.000 dólares a presuntas deudas contraídas con cinco personas distintas. Esos números son uno de los principales focos del análisis realizado por la DAFI.
La investigación también tomó impulso luego de que el propio Adorni admitiera haber omitido declarar parte de sus ahorros ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario sostuvo que esos fondos provenían de inversiones realizadas antes de asumir un cargo público y aseguró haber regularizado la situación mediante declaraciones rectificativas y presentaciones impositivas.
Con el informe técnico ya incorporado al expediente, en Comodoro Py consideran que la causa ingresó en una etapa decisiva. El próximo paso sería citar a Adorni para que explique las inconsistencias detectadas y aporte documentación que permita justificar el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio.
En paralelo, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reclamó públicamente que el exjefe de Gabinete presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, sostuvo, al recordar que el propio presidente Javier Milei había anunciado esa medida. Aunque el plazo legal vence el 31 de julio, Ritondo consideró que “cuanto antes la presente, mejor”, en medio del creciente avance de la investigación judicial.