El plantel de la Scaloneta pidió repetir el ritual del Mundial de Qatar para el próximo partido clave. Sin embargo, el veto ideológico de la Casa Rosada traba la negociación y desata un inesperado conflicto entre el vestuario y el Presidente.

Un inesperado frente de tormenta combina la mística futbolera con la grieta política más profunda. En las últimas horas trascendió que el plantel de la Selección Argentina de fútbol le solicitó formalmente a la dirigencia de la AFA la convocatoria de Lali Espósito para interpretar el Himno Nacional Argentino en la antesala del próximo cruce trascendental del equipo. El pedido, fundamentado estrictamente en una cuestión de “cábala” tras la recordada final en el Mundial de Qatar, chocó de frente con una feroz resistencia por parte del presidente Javier Milei.

El cortocircuito expone la persistencia del fuerte enfrentamiento público e ideológico que el mandatario mantiene con la artista pop, a quien llegó a apodar despectivamente en reiteradas oportunidades. Mientras que los referentes del vestuario albiceleste priorizan los rituales que consideran protectores y exitosos para el grupo, desde las oficinas de Balcarce 50 bajaron una orden taxativa de no validar ni financiar ninguna centralidad institucional para la cantante en eventos que involucren al Estado o a las marcas oficiales.

Las claves del conflicto entre la Scaloneta y la Casa Rosada:

• El peso de la cábala mundialista: Los jugadores de la Selección son conocidos por respetar a rajatabla sus costumbres y rituales de la suerte. La interpretación de Lali en Qatar es vista por el grupo como un amuleto histórico que quieren repetir en territorio nacional para revalidar la comunión con el público.
• El veto ideológico del Ejecutivo: Desde el entorno presidencial dejaron en claro que la figura de la artista sigue estando “bloqueada” para cualquier tipo de acto oficial, lo que genera una fuerte tensión administrativa con las autoridades de la AFA, atrapadas en el medio del tironeo entre los futbolistas y el poder político.
• Incertidumbre en la organización: La negativa oficial obliga a los armadores del evento a dilatar la confirmación del show previo, buscando alternativas que conformen al plantel sin desatar la furia de las redes libertarias y de la propia jefatura de Estado.

El fútbol vs. la rosca de Gobierno

La disputa vuelve a poner sobre la mesa los límites del control oficial sobre los íconos populares. Para la mesa chica de Javier Milei, ceder ante el pedido de los campeones del mundo significaría una “derrota cultural” en su cruzada contra los artistas que cuestionaron públicamente el rumbo socioeconómico del país.

Por el lado de la Scaloneta, el fastidio empieza a hacerse notar: los futbolistas consideran que el vestuario y sus cábalas están por encima de cualquier interna partidaria y que la Casa Rosada no debería intervenir en las decisiones que hacen a la mística y el folclore del equipo nacional.

El organismo advirtió graves deficiencias en la administración de un préstamo internacional de u$s 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y reclamó explicaciones al Ministerio de Economía por el destino de u$s 200 millones ya desembolsados para financiar subsidios energéticos.

La auditoría, aprobada recientemente por el pleno de la Auditoria General de la Nación (AGN), detectó que la cartera encabezada por Luis Caputo no presentó documentación clave para acreditar cómo se utilizaron esos fondos ni qué controles se implementaron para garantizar que el dinero llegara efectivamente a los usuarios beneficiarios.

El crédito, ejecutado por la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar el sistema de subsidios eléctricos y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables. Sin embargo, la AGN concluyó que la ejecución del programa presenta importantes falencias administrativas y contables que impiden verificar el uso de los recursos públicos.

Falta de documentación y controles

Uno de los principales cuestionamientos del organismo es que, al cierre del período auditado, ni siquiera estaba aprobado el Manual Operativo del Programa, un requisito previsto en el propio contrato de préstamo con el Banco Mundial.

Además, la AGN advirtió que no se encontraba disponible documentación fundamental para respaldar el desembolso de los u$s 200 millones ingresados a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024. Entre los faltantes mencionó el Manual Operativo con la conformidad del BIRF, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y la documentación vinculada a las cuentas bancarias habilitadas para administrar los recursos.

Pero las observaciones fueron aún más profundas. El informe señala la “falta de documentación donde consten los criterios usados para justificar el desembolso de USD 200 millones”, así como la ausencia de respaldos que acrediten el procesamiento de la información utilizada para determinar los subsidios otorgados a usuarios de EDENOR y EDESUR.

Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Economía buscó desligar responsabilidades y sostuvo que la información estaba en poder de las empresas distribuidoras. La explicación no convenció a la AGN, que insistió en que toda solicitud de desembolso debe estar acompañada por la documentación completa que permita verificar el destino de los fondos.

Dificultades para verificar los subsidios

Otro de los puntos más delicados del informe apunta directamente a la falta de mecanismos de control sobre la aplicación de los subsidios.

La AGN advirtió que la Secretaría de Energía carece de un procedimiento que permita comprobar si los subsidios financiados con el préstamo efectivamente se reflejan en las facturas que reciben los usuarios. Es decir, el organismo concluyó que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para verificar que los recursos públicos cumplan el objetivo para el que fueron asignados.

A esto se suma la detección de problemas en la administración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se constató una deficiente coordinación entre las áreas responsables y la inexistencia de un entorno adecuado para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos vinculados al registro.

Observaciones que ponen en duda la transparencia

La auditoría también señaló que no pudo verificar la existencia de normas, procedimientos ni circuitos administrativos claros para las adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables vinculados al programa. Frente a esa observación, Economía respondió que dichos mecanismos se encontraban “en proceso de ajuste”.

Aunque la AGN aclaró que su trabajo no tuvo como objetivo realizar una auditoría integral sobre todos los controles administrativos, remarcó que las irregularidades detectadas deben ser corregidas para garantizar una administración transparente de un crédito internacional que, además, incrementa el endeudamiento del país.

Con apenas el 41% del préstamo ejecutado, el informe deja abiertas múltiples dudas sobre el manejo de los recursos y vuelve a poner bajo cuestionamiento la capacidad del Gobierno para rendir cuentas sobre fondos públicos destinados a una política tan sensible como los subsidios energéticos.

Un informe técnico incorporado a la causa que investiga al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, detectó inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos realizados y la evolución de su patrimonio, un hallazgo que podría marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.

El peritaje fue elaborado por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de realizar análisis patrimoniales complejos. El estudio reconstruyó año por año la evolución patrimonial de Adorni y contrastó sus declaraciones juradas con información bancaria, registral, tributaria y financiera.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos detectaron diferencias que deberán ser justificadas antes de que la fiscalía defina nuevas medidas procesales, entre ellas una posible imputación formal. El informe, considerado una pieza clave del expediente, fue confeccionado siguiendo los lineamientos solicitados por Pollicita.

La causa se originó a partir de investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que no parecían guardar relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario. Además de Adorni, la pesquisa también alcanza a su esposa, Betina Angeletti, quien figura como responsable de parte de los gastos familiares analizados por los investigadores.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, declaraciones de testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y datos aportados por agencias de viajes revelan erogaciones que, a criterio de los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.

Siempre según la investigación, desde su ingreso a la función pública Adorni habría registrado movimientos patrimoniales equivalentes a unos 743.000 dólares, de los cuales alrededor de 408.000 dólares corresponderían a gastos y 335.000 dólares a presuntas deudas contraídas con cinco personas distintas. Esos números son uno de los principales focos del análisis realizado por la DAFI.

La investigación también tomó impulso luego de que el propio Adorni admitiera haber omitido declarar parte de sus ahorros ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario sostuvo que esos fondos provenían de inversiones realizadas antes de asumir un cargo público y aseguró haber regularizado la situación mediante declaraciones rectificativas y presentaciones impositivas.

Con el informe técnico ya incorporado al expediente, en Comodoro Py consideran que la causa ingresó en una etapa decisiva. El próximo paso sería citar a Adorni para que explique las inconsistencias detectadas y aporte documentación que permita justificar el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio.

En paralelo, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reclamó públicamente que el exjefe de Gabinete presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, sostuvo, al recordar que el propio presidente Javier Milei había anunciado esa medida. Aunque el plazo legal vence el 31 de julio, Ritondo consideró que “cuanto antes la presente, mejor”, en medio del creciente avance de la investigación judicial.