El organismo advirtió graves deficiencias en la administración de un préstamo internacional de u$s 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y reclamó explicaciones al Ministerio de Economía por el destino de u$s 200 millones ya desembolsados para financiar subsidios energéticos.
La auditoría, aprobada recientemente por el pleno de la Auditoria General de la Nación (AGN), detectó que la cartera encabezada por Luis Caputo no presentó documentación clave para acreditar cómo se utilizaron esos fondos ni qué controles se implementaron para garantizar que el dinero llegara efectivamente a los usuarios beneficiarios.
El crédito, ejecutado por la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar el sistema de subsidios eléctricos y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables. Sin embargo, la AGN concluyó que la ejecución del programa presenta importantes falencias administrativas y contables que impiden verificar el uso de los recursos públicos.
Falta de documentación y controles
Uno de los principales cuestionamientos del organismo es que, al cierre del período auditado, ni siquiera estaba aprobado el Manual Operativo del Programa, un requisito previsto en el propio contrato de préstamo con el Banco Mundial.
Además, la AGN advirtió que no se encontraba disponible documentación fundamental para respaldar el desembolso de los u$s 200 millones ingresados a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024. Entre los faltantes mencionó el Manual Operativo con la conformidad del BIRF, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y la documentación vinculada a las cuentas bancarias habilitadas para administrar los recursos.
Pero las observaciones fueron aún más profundas. El informe señala la “falta de documentación donde consten los criterios usados para justificar el desembolso de USD 200 millones”, así como la ausencia de respaldos que acrediten el procesamiento de la información utilizada para determinar los subsidios otorgados a usuarios de EDENOR y EDESUR.
Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Economía buscó desligar responsabilidades y sostuvo que la información estaba en poder de las empresas distribuidoras. La explicación no convenció a la AGN, que insistió en que toda solicitud de desembolso debe estar acompañada por la documentación completa que permita verificar el destino de los fondos.
Dificultades para verificar los subsidios
Otro de los puntos más delicados del informe apunta directamente a la falta de mecanismos de control sobre la aplicación de los subsidios.
La AGN advirtió que la Secretaría de Energía carece de un procedimiento que permita comprobar si los subsidios financiados con el préstamo efectivamente se reflejan en las facturas que reciben los usuarios. Es decir, el organismo concluyó que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para verificar que los recursos públicos cumplan el objetivo para el que fueron asignados.
A esto se suma la detección de problemas en la administración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se constató una deficiente coordinación entre las áreas responsables y la inexistencia de un entorno adecuado para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos vinculados al registro.
Observaciones que ponen en duda la transparencia
La auditoría también señaló que no pudo verificar la existencia de normas, procedimientos ni circuitos administrativos claros para las adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables vinculados al programa. Frente a esa observación, Economía respondió que dichos mecanismos se encontraban “en proceso de ajuste”.
Aunque la AGN aclaró que su trabajo no tuvo como objetivo realizar una auditoría integral sobre todos los controles administrativos, remarcó que las irregularidades detectadas deben ser corregidas para garantizar una administración transparente de un crédito internacional que, además, incrementa el endeudamiento del país.
Con apenas el 41% del préstamo ejecutado, el informe deja abiertas múltiples dudas sobre el manejo de los recursos y vuelve a poner bajo cuestionamiento la capacidad del Gobierno para rendir cuentas sobre fondos públicos destinados a una política tan sensible como los subsidios energéticos.