El director del organismo Nicolás Bronzovich también confirmó que el Gobierno continuará con el desprendimiento de tierras del organismo bajo el argumento de que solo la mitad tiene uso científico, una afirmación cuestionada por especialistas y entidades del sector.
Mientras el Gobierno avanza con el ajuste y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, sorprendió con una insólita defensa de los despidos masivos de personal técnico y científico al afirmar que representan “una oportunidad para redoblar esfuerzos”.
Lejos de manifestar preocupación por la pérdida de casi 900 trabajadores altamente capacitados, Bronzovich sostuvo que la reducción de personal permitirá convertir al INTA en “la plataforma de innovación de la Argentina”, pese a que la salida de investigadores, extensionistas y técnicos implica una fuerte pérdida de capacidades para uno de los principales organismos de ciencia y tecnología del país.
En declaraciones a Clarín Rural, el funcionario confirmó además que el Gobierno continuará avanzando con el plan para desprenderse de tierras del instituto. Según explicó, ya fueron desafectadas unas 15.000 hectáreas, equivalentes al 10% del patrimonio territorial del organismo, y anticipó que podrían venderse muchas más.
La justificación oficial resulta tan polémica como llamativa: Bronzovich aseguró que, de las más de 100.000 hectáreas que posee el INTA, apenas unas 50.000 están destinadas a actividades científicas o tecnológicas y que el resto podría dejar de pertenecer al organismo porque, según su criterio, “los productores producen y los investigadores investigan”.
Con ese argumento, adelantó que continuarán revisando cada campo y que toda superficie que el Gobierno considere innecesaria para la investigación será desafectada para otros destinos.
Sin embargo, esa explicación ya fue cuestionada por especialistas y por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que rechazó la idea de que gran parte de esas tierras carezcan de utilidad. Diversos sectores advierten que numerosos campos cumplen funciones estratégicas para experimentación, conservación, producción de semillas, extensión rural y desarrollo tecnológico.
Las sospechas apuntan además a que detrás del plan de venta de tierras podría existir un importante negocio inmobiliario. Las miradas se concentran sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de administrar esos inmuebles y presidida por Nicolás Pakgojz, un dirigente identificado como hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei.
En paralelo, Bronzovich confirmó que 887 trabajadores aceptaron el programa de retiros voluntarios, reduciendo la planta del INTA a alrededor de 5.000 empleados. Lejos de considerar esa pérdida de recursos humanos como un problema para la investigación pública, insistió en que “lo vemos como una oportunidad para que el INTA redoble sus esfuerzos”, una definición que generó fuertes críticas por naturalizar el vaciamiento de un organismo clave para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.