En una multitudinaria conferencia de prensa, el equipo de letrados de la expresidenta expuso las arbitrariedades técnicas de la causa. Detallaron las irregularidades de un proceso viciado de nulidades y confirmaron que la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos busca poner fin al Lawfare en la Argentina.
El equipo legal que representa a Cristina Fernández de Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la que desglosó los aspectos centrales de la presentación radicada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego coincidieron en señalar que la sentencia en la causa Vialidad se sostuvo sobre una “imputación absolutamente falsa”, montada sin pruebas objetivas con el único propósito de lograr la inhabilitación política perpetua de la exmandataria.
Durante la exposición, los letrados explicaron que la condena le atribuyó a la expresidenta responsabilidades sobre actos administrativos que no formaban parte de sus competencias constitucionales. En ese sentido, remarcaron el despropósito jurídico de fundar la acusación en la firma de decretos de reestructuración presupuestaria que fueron aprobados por el Congreso Nacional y que, paradójicamente, continúan vigentes en la actualidad sin que ningún otro funcionario haya sido cuestionado por su aplicación.
La defensa hizo hincapié en la abierta violación a las garantías del debido proceso y al derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Beraldi e los letrados internacionales detallaron la promiscuidad institucional que caracterizó al trámite judicial, donde jueces y fiscales mantuvieron encuentros privados y vínculos de camaradería con los principales operadores del macrismo, configurando un escenario de persecución judicial donde el veredicto estaba escrito de antemano.
La acción impulsada ante los organismos internacionales busca exponer la falta de independencia del Poder Judicial argentino, cuya estructura fue convalidadora y funcional a las políticas de proscripción del mapa político. Al llevar el caso a los estrados de la ONU, la defensa no solo persigue la reparación de las garantías constitucionales vulneradas de Fernández de Kirchner, sino también sienta un precedente internacional contundente frente al avance de la persecución política mediante mecanismos judiciales.