El proyecto busca fortalecer el control democrático, garantizar la transparencia y evitar que el Poder Ejecutivo firme nuevos endeudamientos sin aprobación parlamentaria.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para reforzar el rol del Congreso en las decisiones sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa establece que cada nuevo acuerdo que el Poder Ejecutivo pretenda suscribir con el organismo deberá ser debatido y aprobado previamente por el Parlamento mediante una ley específica.
La presentación coincidió con el anuncio de la visita a la Argentina de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien llegará al país por primera vez en ocho años para desarrollar una agenda de trabajo con el gobierno de Javier Milei.
El proyecto propone reemplazar el esquema vigente por un régimen más amplio que garantice un mayor control institucional sobre los compromisos financieros asumidos por el Estado. En ese sentido, limita la posibilidad de que el Ejecutivo cierre acuerdos sin intervención del Congreso, prohíbe expresamente el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobarlos y descarta la delegación de esas facultades a una comisión bicameral.
La iniciativa, compuesta por 22 artículos, cuenta con el respaldo de otros 15 diputados de Unión por la Patria: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López. Además, propone derogar la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública para establecer un nuevo marco normativo.
Un mayor control democrático
El proyecto dispone que cada operación de crédito con organismos financieros internacionales sea autorizada mediante una ley especial que detalle el monto máximo del préstamo, el plazo de amortización, las condiciones del financiamiento y el destino de los fondos. De esta manera, busca garantizar que decisiones con fuerte impacto sobre la economía nacional cuenten con el debate y el respaldo de los representantes elegidos por la ciudadanía.
Asimismo, declara la nulidad absoluta de los acuerdos que impongan condicionamientos sobre la regulación del movimiento de capitales en el país y establece que los funcionarios que suscriban compromisos por fuera del procedimiento previsto podrán ser responsabilizados por los daños ocasionados al Estado.
El texto también cuestiona el DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —equivalentes a unos 20.000 millones de dólares— sin tratamiento previo en el Congreso. Según la iniciativa, este tipo de decisiones deben quedar sujetas al control parlamentario y, en caso de incumplir la nueva normativa, podrían ser revisadas e incluso declaradas nulas.
Soberanía económica y transparencia
Entre los principios que orientan el proyecto se destacan la soberanía económica, la corresponsabilidad entre acreedor y deudor, la legitimidad de las políticas macroprudenciales, la sostenibilidad de la deuda en función de la capacidad real de pago, la transparencia con control democrático y el fortalecimiento del multilateralismo.
En ese marco, el texto sostiene que el FMI también debe asumir responsabilidades cuando incumple sus propias normas o aprueba programas con motivaciones políticas. Como antecedente, cita una evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del propio organismo sobre el acuerdo firmado con la Argentina en 2018, donde se registraron cuestionamientos internos respecto del cumplimiento de los criterios de acceso excepcional y se calificó la operación como una “zona gris”.
Además, recuerda que, entre mayo de 2018 y el momento de elaboración de ese informe, salieron del país 45.100 millones de dólares por formación de activos externos del sector privado, una cifra superior a los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI durante ese programa, un antecedente que la iniciativa considera necesario tener presente para evitar que vuelvan a repetirse experiencias similares.