El funcionario atribuyó ese deterioro a la fuerte devaluación aplicada al inicio del mandato libertario, en una admisión que contradice el relato oficial sobre una supuesta recuperación sostenida del poder adquisitivo.

Durante una entrevista, el nuevo vocero oficial Adrián Ravier sostuvo que el Gobierno recibió “la peor herencia de la historia” y justificó la brusca devaluación implementada en diciembre de 2023 al afirmar que era necesario “corregir la brecha cambiaria” provocada por la coexistencia de múltiples tipos de cambio.

“Cuando uno inicia un mandato con una devaluación del 118% como le tocó a este gobierno el primer día, los salarios reales caen. Con lo cual caemos en un pozo en el primer trimestre de 2024. De ahí para adelante todo mejora”, afirmó el vocero. Sin embargo, incurrió en un error conceptual al hablar de una “devaluación del 118%”: una moneda no puede devaluarse más del 100% de su valor, por lo que en realidad se refería a un aumento del tipo de cambio oficial.

La admisión más contundente llegó cuando comparó la situación actual con las administraciones anteriores. “Si uno compara los salarios reales hoy con respecto a noviembre de 2023; con respecto a 2017, que fue el año de mayor actividad y salarios reales del gobierno de Macri; o si compara con algún momento en que la Argentina, con estímulos artificiales, logró altos niveles de actividad e ingresos, entonces hoy estamos un poquito abajo”, reconoció.

Las declaraciones de Ravier se producen apenas días después de que asegurara que los salarios reales venían creciendo, una afirmación que fue desmentida por las propias estadísticas oficiales. Según el INDEC, los salarios registrados retrocedieron un 0,3% en mayo y acumulan caídas en ocho de los últimos nueve meses. Además, el economista Nadín Argañaraz señaló que los salarios reales del sector privado registrado se ubican un 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que refuerza el reconocimiento del vocero sobre el deterioro del poder adquisitivo durante la gestión libertaria.

La expareja de Javier Milei también participó de la asunción de Keiko Fujimori. Dice que la conoció en Marbella el año pasado. El antecedente del exvocero.

“La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial”. La desmentida del Gobierno llegó tres horas después de que la expareja de Javier Milei subiera una foto a su cuenta de Instagram con la leyenda “Hola Perú”.

La coincidencia alimentó más que rumores de reconciliación entre Milei y la vedette, quienes mantuvieron un noviazgo en la campaña presidencial de 2023 y en los primeros meses de mandato del libertario. Con el antecedente de la Caja de Pandora que destapó la presencia de la esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, como parte de la comitiva presidencial en Nueva York, la Casa Rosada salió a negar que Florez se haya subido al avión Embraer de la Fuerza Aérea en el que viajó el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

¿Por qué Fátima Florez fue a Perú?

Según contó la propia actriz, fue invitada por la flamante presidenta de Perú. “Con Keiko nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales”, dijo. Según pudo corroborar este medio, efectivamente se siguen en Instagram.

Por otra parte, el periodista cubano contó que conoció a Fujimori, a quien entrevistó hace un mes, en Marbella.

Al cierre de esta nota, Florez no había subido ninguna foto que la mostrara con el Presidente, que se encontraba recibiendo el doctorado honoris causa en la Universidad San Martín de Porres. Tampoco la Casa Rosada difundió imágenes de Milei junto a la actriz.

La ex presidenta afirmó que la inhabilitación perpetua constituye “la pena principal” de la condena, mientras que los seis años de prisión representan “apenas la accesoria”. En ese sentido, aseguró que el objetivo de la decisión judicial es impedir que vuelva a competir electoralmente y privar a una parte de la sociedad del derecho a elegir el proyecto político que representa.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella tras la condena en la amañada y cuestionada causa Vialidad. En una extensa carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia, sostuvo que la verdadera finalidad de la sentencia es impedir su participación política y denunció que es víctima de una maniobra de “proscripción política”.

La exmandataria explicó que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que en Argentina fueron vulneradas garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Además, denunció la existencia de un “machismo estructural” dentro del Poder Judicial y sostuvo que fue juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político.

En su presentación internacional, Cristina estará acompañada por los juristas Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, a quienes convocó para encabezar esta nueva etapa de su estrategia judicial. Según explicó, buscará que el organismo de Naciones Unidas analice las irregularidades denunciadas durante el proceso y someta la actuación de los jueces argentinos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

La expresidenta también vinculó la persecución judicial con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y sostuvo que el fenómeno del lawfare trasciende a la Argentina, al afirmar que en distintos países se utiliza al sistema judicial como una herramienta para excluir de la competencia electoral a dirigentes con respaldo popular.

“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, sostuvo en la carta, donde además ratificó que continuará utilizando todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el reconocimiento de su inocencia y revertir la inhabilitación que le impide volver a presentarse a elecciones.