Nuevo desaire de Bullrich a Milei: apuntó contra bancos y fintech por el endeudamiento de las familias

La senadora volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó el costo de los créditos. Reclamó que bancos y fintech informen de manera clara cuánto terminará pagando cada persona y exigió que las entidades se hagan cargo de refinanciar las deudas.

Patricia Bullrich volvió a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei y lanzó un nuevo cuestionamiento sobre el rumbo de la economía. Después de reclamar públicamente “más velocidad en los resultados” del programa oficial, la senadora puso ahora el foco en uno de los problemas que golpean cada vez con mayor fuerza a los hogares: el endeudamiento y el aumento de la morosidad.

Durante una sesión en el Senado, Bullrich cuestionó el elevado costo financiero de los préstamos y apuntó directamente contra bancos y fintech. La dirigente reclamó que las entidades informen de manera visible y sencilla cuánto terminará pagando una persona antes de aceptar un crédito.

Cuando uno mira la letra chica, se da cuenta del robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo al referirse al Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos.

La senadora propuso aplicar al sistema financiero una lógica similar a la del etiquetado frontal de los alimentos. Su idea es que quien solicite un crédito pueda conocer, antes de contratarlo, el monto final que deberá devolver.

Tiene que aparecer un cartel gigante, un etiquetado frontal que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000’”, ejemplificó.

Para Bullrich, una información de ese tipo permitiría a los consumidores dimensionar el verdadero costo del financiamiento y pensar dos veces antes de asumir una nueva deuda.

Bullrich exigió que bancos y fintech “se hagan cargo”

El planteo de la senadora se produjo en un contexto de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias. Durante su intervención, Bullrich mencionó una tasa de morosidad del 12,8% y sostuvo que el oficialismo sigue de cerca la evolución de la situación.

Sin embargo, rechazó que el Estado deba utilizar recursos públicos para cubrir las deudas de quienes no pudieron afrontar sus compromisos.

En cambio, reclamó que la responsabilidad recaiga principalmente sobre las entidades que otorgaron los créditos. En ese sentido, exigió que bancos y fintech presenten planes de refinanciación, extiendan plazos y ofrezcan alternativas para que los deudores puedan regularizar su situación.

Los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo”, afirmó.

El planteo constituye un nuevo gesto de diferenciación de Bullrich respecto del discurso económico del Gobierno. Mientras desde el oficialismo se suele remarcar que las deudas surgen de acuerdos entre privados, la senadora puso el foco en las condiciones en las que las entidades ofrecen los préstamos y en el costo final que enfrentan los consumidores.

El Costo Financiero Total, bajo la lupa

El CFT reúne los diferentes costos asociados a un crédito y permite determinar cuánto deberá devolver efectivamente quien toma el préstamo. Bullrich cuestionó que esa información no siempre resulte suficientemente visible para los consumidores y reclamó que el dato aparezca de manera directa antes de aceptar una operación.

Incluso propuso incorporar un aviso o “pop” que muestre de forma inmediata cuánto terminará pagando el usuario. A su entender, conocer el costo real del crédito podría llevar a muchas personas a evaluar con mayor cuidado si están en condiciones de asumir una nueva obligación.

El reclamo adquiere relevancia en medio del debate sobre cómo enfrentar el crecimiento de la morosidad sin que el costo termine trasladándose al conjunto de los contribuyentes.

La oposición prepara una nueva ofensiva

El problema del endeudamiento familiar también comenzó a ganar espacio en la Cámara de Diputados. Los bloques opositores intentaron incorporar proyectos vinculados con la problemática durante la última sesión, aunque no consiguieron reunir la mayoría necesaria. La votación terminó con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La oposición anunció además una sesión especial para el 9 de septiembre, en la que buscará avanzar con iniciativas vinculadas al endeudamiento y la morosidad. Entre ellas se encuentran modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y la creación de un programa de alivio financiero y desendeudamiento familiar.

En ese escenario, Bullrich intenta fijar una posición propia: rechaza que el Estado rescate a los deudores, pero exige que las entidades financieras asuman responsabilidades y faciliten mecanismos para refinanciar las obligaciones.

La nueva advertencia se suma a sus recientes cuestionamientos al desempeño económico del Gobierno. Primero reclamó “más velocidad en los resultados” para que las mejoras lleguen a la vida cotidiana. Luego puso el foco en el impacto del endeudamiento sobre el consumo.

Ahora, Bullrich vuelve a incomodar al Gobierno de Milei al apuntar contra las condiciones del sistema financiero y exigir que bancos y fintech se hagan cargo de una parte del problema.

El mensaje es claro: antes de seguir endeudando a las familias, la senadora reclama que los consumidores sepan exactamente cuánto deberán pagar y que las entidades financieras asuman un papel activo frente a una morosidad que ya encendió las alarmas.

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Buenos Aires: Kicillof inauguró la primera planta embotelladora de agua y la provincia dejará de comprar a privados

La nueva planta de ABSA, ubicada en Ensenada, producirá 8.400 bidones diarios y permitirá al Estado bonaerense dejar de contratar a empresas privadas para el embotellamiento.

En medio de la disputa política por el rol que debe ocupar el Estado en la economía, el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró en Ensenada la primera planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses (ABSA). La obra representa una apuesta concreta por ampliar las capacidades productivas de una empresa estatal y garantizar desde el sector público la provisión de un recurso esencial.

La instalación cuenta con capacidad para producir 8.400 bidones por día y permitirá que ABSA deje de tercerizar el embotellamiento con proveedores privados. Para ponerla en funcionamiento se construyó un nuevo edificio de acopio, se incorporaron equipos y se acondicionó el circuito de tratamiento de agua.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Durante el acto, Kicillof presentó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia para recuperar y fortalecer las capacidades del Estado provincial. “Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA: recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año”, sostuvo.

El gobernador remarcó además que la recuperación de la empresa pública no implica solamente una cuestión de eficiencia, sino también de derechos. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia”, afirmó.

Una señal política frente al modelo de Milei

La puesta en marcha de la embotelladora tiene, además, una fuerte carga política. Mientras el Gobierno nacional impulsa privatizaciones, reducción del Estado y transferencia de actividades estratégicas al sector privado, la Provincia de Buenos Aires apuesta por ampliar la capacidad de sus empresas públicas.

Kicillof volvió a utilizar la inauguración para cuestionar el rumbo de la administración de Milei y reivindicar un modelo de Estado presente.

“Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, afirmó el mandatario bonaerense.

En esa línea, recordó las experiencias de privatización de décadas anteriores y sostuvo que la Provincia eligió transitar un camino diferente: “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”.

El mensaje de Kicillof busca así instalar una diferencia de fondo: frente a un Gobierno nacional que propone retirar al Estado de distintas áreas de la economía, la administración bonaerense reivindica su capacidad para producir, invertir y gestionar directamente bienes y servicios esenciales.

La discusión adquiere particular relevancia cuando se trata del agua, un recurso indispensable que la Provincia plantea administrar bajo una lógica de servicio público y no exclusivamente bajo criterios de rentabilidad privada.

Más inversión y capacidad operativa para ABSA

La jornada también incluyó la entrega de 60 nuevas camionetas pick up y dos camiones destinados a tareas de limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de ABSA alcanzó las 236 unidades.

Obed destacó que la nueva infraestructura forma parte de la decisión de fortalecer la empresa estatal para mejorar la prestación del servicio. “Esta obra es una muestra más de la decisión de fortalecer ABSA para que pueda cumplir cada vez mejor con su responsabilidad de brindar un servicio esencial”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, profundizó el contraste con la política nacional. “En tiempos donde el Gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar”, afirmó.

La inauguración de la primera embotelladora provincial se convierte así en un símbolo de la disputa entre dos modelos de gestión: uno que propone achicar el Estado y avanzar con privatizaciones, y otro que busca recuperar capacidades públicas y mantener bajo gestión estatal recursos y servicios considerados esenciales.

Para Kicillof, la planta de Ensenada no es solamente una nueva instalación productiva. Es una demostración de que el Estado también puede producir, invertir y gestionar eficientemente; y una respuesta política al proyecto nacional que promueve la privatización y el repliegue del sector público.

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