La evolución de los sueldos en la Cámara Alta muestra cómo el desacople de las dietas y el enganche a los módulos legislativos impulsaron un salto nominal del 718,75% entre el fin del mandato de Alberto Fernández y las proyecciones salariales vigentes.
Para comprender la magnitud de las transformaciones salariales en el Congreso Nacional, resulta indispensable fijar la línea de base en el cierre de la gestión previa. Al concluir el mandato de Alberto Fernández en diciembre de 2023, la dieta bruta de un legislador nacional se ubicaba en torno a los $1.600.000 (lo que representaba un ingreso neto cercano a los $1.300.000). Durante aquel período, los haberes de diputados y senadores se mantenían acoplados a la paritaria general del personal del Congreso, acumulando ajustes acordes a la inflación pero dentro de un esquema de actualización uniforme.
El punto de inflexión definitivo ocurrió durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Tras un incremento inicial del 30% otorgado a comienzos de 2024 que elevó los sueldos a $2,5 millones, la Cámara de Senadores resolvió cambiar drásticamente las reglas del juego. En abril de 2024, mediante la aprobación de la Resolución 9/24 votada a mano alzada, la Cámara Alta desenganchó su dieta del criterio tradicional y fijó un nuevo sistema de cálculo compuesto por 4.500 módulos (2.500 de dieta, 1.000 de gastos de representación y 1.000 de desarraigo, sumado a un proporcional de aguinaldo). Esta decisión disparó de manera inmediata la dieta bruta a más de $7.000.000, marcando un incremento directo del 337,5% en cuestión de días.
A partir de esta reestructuración, la dinámica de aumentos pasó a funcionar como un mecanismo automático de actualización. Al estar las dietas expresadas en módulos salariales, cualquier incremento porcentual que se negocie para los empleados del Parlamento nacional (APL) o los trabajadores estatales se traslada de forma directa al valor nominal del módulo de los senadores. De este modo, la dieta dejó de depender de votaciones periódicas y pasó a indexarse al ritmo de las paritarias sectoriales.
El impacto acumulativo de este mecanismo reflejó un salto significativo a lo largo de las paritarias subsecuentes. Con los reajustes pautados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, la remuneración bruta de un integrante de la Cámara Alta superó los $13.100.000 brutos. Al comparar este valor proyectado con la base de $1.600.000 con la que finalizó el ciclo de Alberto Fernández, el incremento nominal acumulado en los haberes de los senadores alcanza un imponente 718,75%.
En contraste, la Cámara de Diputados transitó un camino más atenuado pero de fuerte recomposición, manteniendo congelamientos temporales y fijando acuerdos diferenciados que ubicaron sus ingresos en tramos sensiblemente inferiores a los del Senado. La disparidad en la evolución salarial entre ambas cámaras no solo expone las distintas estrategias políticas ante el impacto en la opinión pública, sino que también deja en evidencia cómo la elección del modelo de cálculo por módulos transformó estructuralmente los ingresos de los representantes en la Cámara Alta.