La evolución de los sueldos en la Cámara Alta muestra cómo el desacople de las dietas y el enganche a los módulos legislativos impulsaron un salto nominal del 718,75% entre el fin del mandato de Alberto Fernández y las proyecciones salariales vigentes.

Para comprender la magnitud de las transformaciones salariales en el Congreso Nacional, resulta indispensable fijar la línea de base en el cierre de la gestión previa. Al concluir el mandato de Alberto Fernández en diciembre de 2023, la dieta bruta de un legislador nacional se ubicaba en torno a los $1.600.000 (lo que representaba un ingreso neto cercano a los $1.300.000). Durante aquel período, los haberes de diputados y senadores se mantenían acoplados a la paritaria general del personal del Congreso, acumulando ajustes acordes a la inflación pero dentro de un esquema de actualización uniforme.

El punto de inflexión definitivo ocurrió durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Tras un incremento inicial del 30% otorgado a comienzos de 2024 que elevó los sueldos a $2,5 millones, la Cámara de Senadores resolvió cambiar drásticamente las reglas del juego. En abril de 2024, mediante la aprobación de la Resolución 9/24 votada a mano alzada, la Cámara Alta desenganchó su dieta del criterio tradicional y fijó un nuevo sistema de cálculo compuesto por 4.500 módulos (2.500 de dieta, 1.000 de gastos de representación y 1.000 de desarraigo, sumado a un proporcional de aguinaldo). Esta decisión disparó de manera inmediata la dieta bruta a más de $7.000.000, marcando un incremento directo del 337,5% en cuestión de días.

A partir de esta reestructuración, la dinámica de aumentos pasó a funcionar como un mecanismo automático de actualización. Al estar las dietas expresadas en módulos salariales, cualquier incremento porcentual que se negocie para los empleados del Parlamento nacional (APL) o los trabajadores estatales se traslada de forma directa al valor nominal del módulo de los senadores. De este modo, la dieta dejó de depender de votaciones periódicas y pasó a indexarse al ritmo de las paritarias sectoriales.

El impacto acumulativo de este mecanismo reflejó un salto significativo a lo largo de las paritarias subsecuentes. Con los reajustes pautados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, la remuneración bruta de un integrante de la Cámara Alta superó los $13.100.000 brutos. Al comparar este valor proyectado con la base de $1.600.000 con la que finalizó el ciclo de Alberto Fernández, el incremento nominal acumulado en los haberes de los senadores alcanza un imponente 718,75%.

En contraste, la Cámara de Diputados transitó un camino más atenuado pero de fuerte recomposición, manteniendo congelamientos temporales y fijando acuerdos diferenciados que ubicaron sus ingresos en tramos sensiblemente inferiores a los del Senado. La disparidad en la evolución salarial entre ambas cámaras no solo expone las distintas estrategias políticas ante el impacto en la opinión pública, sino que también deja en evidencia cómo la elección del modelo de cálculo por módulos transformó estructuralmente los ingresos de los representantes en la Cámara Alta.

El diputado nacional destacó el acompañamiento político al documento y luego reconstruyó el clima que atravesaba la expresidenta antes del intento de asesinato. Apuntó contra el hostigamiento mediático y judicial y sostuvo que ese contexto contribuyó a naturalizar la violencia contra su figura.

Máximo Kirchner agradeció a los distintos espacios políticos que acompañaron con su firma el documento y, durante su intervención, realizó un repaso de los días previos al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado recordó que, en aquellos días, la entonces vicepresidenta regresaba desde el Senado hacia su casa luego de mantener distintas actividades vinculadas con la gestión. Entre ellas, mencionó una reunión con representantes de Petronas por el desarrollo de Vaca Muerta y el proyecto de gas natural licuado.

A partir de allí, reconstruyó el escenario que se había generado alrededor del domicilio de Cristina, en Juncal y Uruguay, donde durante varios días se concentraron manifestantes y se produjeron distintos episodios de tensión.

Máximo apuntó contra el clima previo al atentado

Kirchner sostuvo que Cristina atravesaba un período de “hostigamiento permanente” y señaló particularmente las medidas de seguridad instaladas alrededor de su vivienda y el tratamiento que recibía por parte de sectores de los medios de comunicación y del Poder Judicial.

En ese contexto, mencionó el juicio por la obra pública y las acusaciones formuladas contra la expresidenta durante el proceso judicial. Según planteó, ese tratamiento contribuyó a construir un escenario en el que la violencia contra Cristina podía terminar siendo naturalizada.

El diputado también recordó las primeras reacciones posteriores al ataque ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando parte del debate público puso en duda que el agresor hubiera utilizado un arma.

Con el correr de las horas, las imágenes del intento de disparo contra la entonces vicepresidenta permitieron confirmar la gravedad del episodio.

Para Máximo, el atentado representó un hecho de una magnitud excepcional para la democracia argentina y debe ser analizado también en relación con el clima político y social que lo precedió.

El recuerdo del intento de asesinato

El dirigente de La Cámpora sostuvo que el ataque no puede ser considerado como un hecho aislado y vinculó el intento de asesinato con el proceso de deshumanización que, según su mirada, había sufrido la figura de Cristina durante los meses anteriores.

En su intervención, remarcó además que el objetivo debe ser evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a repetirse y reivindicó el acompañamiento de los distintos sectores políticos que suscribieron el documento.

El recuerdo se produjo a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del intento de magnicidio contra Cristina, ocurrido frente a su domicilio mientras saludaba a los militantes que se habían acercado hasta Recoleta.

Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo y director del BICE, obtuvo un crédito de USD 315.000 del Banco Nación a una “tasa amigable” y compró una propiedad de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

El escándalo por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y personas vinculadas al Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista es Felipe Núñez, uno de los principales defensores de Luis “Toto” Caputo en redes sociales y actual director del BICE, quien obtuvo un préstamo de USD 315.000 para adquirir una casa de lujo de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

La información fue revelada por el periodista Ari Lijalad, de El Destape, a partir de la declaración jurada de Núñez. Según ese documento, el 1 de noviembre de 2024 incorporó a su patrimonio un inmueble de 389 metros cuadrados en uno de los distritos más caros del país.

Tras la aparición de la información y el creciente cuestionamiento por los créditos otorgados por el Nación, Núñez salió a defenderse y aseguró: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral”. Según explicó, accedió al préstamo bajo las mismas condiciones que cualquier persona considerada apta para recibirlo y justificó haber elegido el Banco Nación porque allí cobra su salario.

Sin embargo, el caso adquiere otra dimensión cuando se observa quiénes más accedieron a esta línea crediticia. Núñez aparece junto a otros integrantes o dirigentes cercanos al oficialismo, entre ellos Federico Furiase, Sharif Menem y el diputado Santiago Santurio.

El episodio genera especial controversia por el contraste entre el discurso libertario contra el Estado y el uso de una entidad bancaria pública para acceder a créditos destinados a financiar viviendas de alto valor. Los mismos dirigentes que cuestionan sistemáticamente el gasto estatal y presentan a la administración pública como una estructura ineficiente recurren a la banca estatal cuando necesitan financiamiento en condiciones convenientes.

Además, los créditos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, lo que alimentó las sospechas sobre posibles preferencias políticas en el acceso a estas líneas crediticias y abrió nuevos interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

El escándalo también quedó expuesto por la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que había recibido un crédito del Banco Nación por más de $400 millones. Aquella decisión buscó marcar un límite ético dentro del Gobierno, pero ahora también deja bajo presión a otros funcionarios que accedieron a préstamos de la misma entidad.

Así, el caso Núñez vuelve a poner el foco sobre una pregunta incómoda para el oficialismo: si la banca pública es presentada como parte de un Estado que debe reducirse al mínimo, ¿por qué sus funcionarios y dirigentes recurren a ella para obtener créditos millonarios y en condiciones consideradas favorables? La sucesión de casos amenaza con convertir los préstamos del Banco Nación en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Milei.