Militares de Estados Unidos realizan actividades de entrenamiento junto al BIM 4 en Ushuaia y crece la preocupación por la falta de información oficial sobre su despliegue. Martín Pérez reclamó explicaciones y advirtió que el Congreso debe determinar si existe autorización para el ingreso y permanencia de tropas extranjeras.
La presencia de militares estadounidenses en Tierra del Fuego y su participación en ejercicios junto a efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 4 (BIM 4) encendió una fuerte señal de alarma en torno al control político y constitucional sobre el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino.
Imágenes y publicaciones difundidas en las últimas horas expusieron la participación de efectivos vinculados al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en actividades de entrenamiento en Ushuaia. Sin embargo, hasta el momento no se conoció una comunicación oficial de la Armada Argentina que detalle públicamente el alcance, las características y el encuadre legal de estas operaciones.
Según la información difundida por medios especializados, pequeños contingentes de entre 20 y 30 militares estadounidenses estarían realizando rotaciones en Tierra del Fuego, participando junto al BIM 4 de actividades de reconocimiento y entrenamiento en valles, zonas montañosas y glaciares de la provincia.
A esto se suma el supuesto movimiento y recambio periódico de equipamiento y personal militar estadounidense en Ushuaia, un esquema que, de confirmarse, implicaría algo más que una actividad aislada y plantea interrogantes sobre la naturaleza y duración de esta presencia.
La principal preocupación radica precisamente en bajo qué autorización se están desarrollando estas actividades. No se informó públicamente, al menos hasta el momento, la cantidad exacta de efectivos desplegados, las unidades estadounidenses involucradas, la duración de los operativos, el tipo de entrenamiento realizado ni el instrumento legal que habilita su presencia en territorio nacional.
La pregunta que apunta al Congreso
Frente a este escenario, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, reclamó públicamente explicaciones al Gobierno nacional y planteó que sea el Congreso de la Nación el que determine si la presencia de personal militar extranjero cumple con las exigencias establecidas por la Constitución.
“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, cuestionó Pérez.
El intendente también reclamó que el Poder Ejecutivo informe con precisión sobre la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas y pidió que el Congreso ejerza sus facultades de control para determinar si existe un eventual incumplimiento constitucional.
El planteo tiene como eje el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece entre las atribuciones del Congreso la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales. A su vez, la Ley 25.880 establece el marco legal relacionado con el ingreso y egreso de tropas extranjeras.
Por eso, la cuestión central no pasa solamente por la realización de un ejercicio de cooperación militar, sino por determinar qué autorización existe, quién la otorgó, bajo qué condiciones y si fue sometida al control parlamentario correspondiente.
Tierra del Fuego, territorio estratégico
La situación adquiere una dimensión todavía mayor por el lugar donde se desarrolla. Tierra del Fuego y Ushuaia constituyen un área estratégica para la Argentina, tanto por su ubicación geopolítica como por su proximidad a la Antártida, el Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
En ese contexto, la presencia de personal militar de Estados Unidos junto a unidades argentinas genera interrogantes que exceden el entrenamiento operativo y alcanzan directamente a la soberanía, el control territorial y la conducción de la política de Defensa.
Pérez también vinculó el episodio con la decisión del Gobierno nacional de retomar las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El intendente respaldó la importancia estratégica de esa infraestructura, pero advirtió contra cualquier posibilidad de que su recuperación termine asociada a una presencia militar extranjera permanente o a una utilización de instalaciones argentinas por parte de otras potencias.
“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi tres años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.
Y fue todavía más contundente al reclamar que la infraestructura permanezca bajo control nacional:
“Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”.
La discusión, de este modo, queda planteada en términos institucionales: si existen tropas extranjeras realizando ejercicios en Tierra del Fuego, el Gobierno nacional debe explicar públicamente bajo qué marco fueron autorizadas y el Congreso debe determinar si se cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente.
La falta de información oficial sobre un asunto que involucra directamente a personal militar de una potencia extranjera en uno de los territorios más estratégicos del país alimenta, mientras tanto, una preocupación de fondo: que decisiones vinculadas con la defensa y la soberanía nacional puedan avanzar sin el debido control parlamentario.