Los abogados de la expresidenta convocaron a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Denuncian ocho violaciones graves a las garantías constitucionales e inhabilitación política deliberada.
El equipo jurídico de Cristina Fernández de Kirchner, integrado por Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, dará a conocer novedades de alto impacto respecto a la presentación efectuada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio se centra en los avances del recurso internacional interpuesto para revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y las severas restricciones impuestas a su prisión domiciliaria, las cuales configuran una abierta proscripción política impulsada por el entramado judicial-mediático en articulación con el escenario político actual.
La estrategia defensiva ante el organismo internacional documenta un total de ocho violaciones sistemáticas al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los puntos centrales expuestos en el escrito, los letrados argumentaron que se vulneraron el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el principio de presunción de inocencia y el derecho a un recurso judicial efectivo, en el marco de un proceso viciado de nulidades donde jueces y fiscales mantuvieron inocultables vínculos con dirigentes de la oposición.
Asimismo, la defensa cuestionó la aberración técnica de la condena en la causa Vialidad, donde se le atribuyó a la exmandataria la responsabilidad sobre actos administrativos ajenos a sus facultades constitucionales, fundamentando el fallo en la firma del Decreto 54/2009, que paradójicamente continúa plenamente vigente. La presentación ante las Naciones Unidas enfatiza que el objetivo de fondo del proceso no fue la búsqueda de justicia, sino la exclusión deliberada de la principal referente de la oposición del mapa electoral argentino.
La decisión de acudir a los tribunales internacionales expone internacionalmente la crisis de legitimidad del Poder Judicial argentino y desafía el intento del gobierno libertario por naturalizar la persecución a opositores. Frente a un sistema local cooptado que convalida la proscripción, la revisión por parte de la ONU busca sentar un precedente fundamental para la restitución de las garantías democráticas y el derecho de la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes.