El máximo tribunal revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno mediante el DNU 70/2023. Aunque evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida, cuestionó la legitimidad de los excombatientes que habían llevado el reclamo a la Justicia. La decisión dejó vigente la derogación de la norma que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y generó fuertes críticas.
La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que despertó indignación entre organizaciones vinculadas con la defensa de la soberanía territorial: revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras y, en los hechos, dejó vigente la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
El caso había sido iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que recurrió a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
La normativa establecía límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, además de mecanismos de control a través del Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial. Su objetivo era evitar una extranjerización indiscriminada del territorio y preservar el control nacional sobre un recurso estratégico.
En primera instancia, la Justicia había rechazado el planteo. Sin embargo, en marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata falló a favor de los excombatientes y frenó los efectos de la derogación. El Poder Ejecutivo apeló y el expediente terminó llegando a la Corte Suprema.
El máximo tribunal finalmente revocó aquella decisión, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Los jueces centraron su resolución en la legitimidad de los demandantes y consideraron que los excombatientes no estaban habilitados para promover una acción colectiva en defensa de un supuesto derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo.
“Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvo la Corte.
Sin embargo, aunque formalmente el tribunal evitó resolver el fondo de la cuestión, el efecto concreto de su decisión es significativo: queda vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno de Milei, eliminando el marco legal que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La resolución provocó fuertes cuestionamientos precisamente porque la Corte terminó dejando sin efecto la protección judicial que había suspendido la derogación, mientras el Gobierno avanza con su política de desregulación y apertura a la inversión extranjera.
La polémica adquiere una dimensión todavía mayor por tratarse de tierras rurales, un recurso estratégico directamente relacionado con el territorio y la soberanía nacional. Para los sectores que rechazan la medida, la decisión judicial implica un nuevo retroceso frente a la posibilidad de preservar límites sobre la concentración y extranjerización de tierras.
Qué establecía la Ley de Tierras
La Ley 26.737 establecía un régimen específico para regular la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa fijaba límites, criterios y excepciones para la adquisición de esos terrenos por personas físicas y jurídicas extranjeras.
Además, creó el Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial encargado de intervenir en la aplicación de la normativa.
La ley buscaba evitar una extranjerización desmedida del territorio y establecer mecanismos de control estatal sobre la propiedad rural. Su derogación mediante el DNU 70/2023 y la posterior decisión de la Corte vuelven a colocar en el centro del debate una cuestión sensible: qué límites debe tener la adquisición extranjera de tierras y hasta dónde puede avanzar la desregulación cuando está en juego el control de un recurso estratégico del país.