El Presidente aseguró que su Gobierno deportó a 20.000 “terroristas” en lo que va de 2026 y a otros 10.000 durante 2025. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Seguridad muestran que hubo 744 expulsiones y 18.947 impedimentos de ingreso, en su mayoría por cuestiones administrativas, migratorias o judiciales.
Javier Milei quedó nuevamente en offside frente a los propios datos oficiales. En una entrevista con LN+, el Presidente afirmó que durante este año su Gobierno había “deportado 20.000 terroristas” y que otros 10.000 habían sido “echados” durante 2025. Según su relato, se trataba de personas que “se infiltraron de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.
El problema es que los registros oficiales no dicen eso.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad contabilizan 744 expulsiones durante 2026 y 18.947 “incidentes de entrada”, es decir, personas a las que se les impidió ingresar al país por diferentes razones legales o administrativas. En esas planillas no existe una categoría que identifique a esos casos como “terroristas”.
La diferencia no es menor. De los 18.947 incidentes registrados entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, 8.008 correspondieron a infracciones migratorias; 6.298 a personas que no contaban con documentación habilitante; 4.566 a impedimentos judiciales, como capturas o condenas; 42 a residencias canceladas y 33 a documentación falsa, adulterada o robada.
Es decir, Milei presentó como “terroristas” a un universo de personas que, según las propias estadísticas oficiales, fueron rechazadas o impedidas de ingresar por motivos migratorios, falta de documentación o decisiones judiciales. De hecho, una explicación posterior del Gobierno habló de “posibles terroristas”, pero las categorías de las planillas oficiales siguen sin identificar esos casos como terrorismo.
La SIDE también dejó al Presidente en evidencia
La afirmación presidencial choca además con lo expuesto pocas semanas antes por el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Según trascendió de aquella reunión, realizada a puertas cerradas, las autoridades de inteligencia negaron que existieran amenazas terroristas concretas provenientes de sectores de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en la Argentina.
Así, el contraste resulta particularmente llamativo: mientras Milei habla de decenas de miles de “terroristas” que habrían ingresado al país con el objetivo de “dinamitar” su modelo económico, la propia estructura de inteligencia del Estado no había identificado una amenaza terrorista concreta de esas características.
Una cifra que tampoco aparece en los registros
La confusión quedó todavía más expuesta cuando se observa que una expulsión no es lo mismo que un rechazo de ingreso. Las 744 expulsiones corresponden a personas que fueron efectivamente expulsadas del país, mientras que los 18.947 “incidentes de entrada” corresponden a personas a las que se les impidió ingresar.
La suma de ambos universos explica de dónde podría surgir el número cercano a 20.000 que comenzó a utilizar el Gobierno, pero no permite convertir automáticamente a esas personas en “terroristas”. Esa categoría no figura en las estadísticas oficiales difundidas.
Incluso el vocero presidencial debió reformular posteriormente el alcance de los dichos de Milei y hablar de “posibles amenazas”, una explicación que tampoco coincide con las categorías utilizadas por el Ministerio de Seguridad.
Pedido de explicaciones en el Congreso
La polémica ya derivó además en un pedido de acceso a la información pública y de informes presentado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien reclamó que el Gobierno precise de dónde surgió la cifra de 30.000 personas y cuántas de ellas fueron efectivamente expulsadas por causales vinculadas con terrorismo.
El legislador también pidió conocer si esas personas fueron incluidas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y qué información concreta sostiene la afirmación presidencial.
La pregunta queda planteada: si realmente fueron deportados 20.000 “terroristas” en 2026 y otros 10.000 durante 2025, ¿dónde están registrados?
Por ahora, los números oficiales muestran otra cosa: 744 expulsiones y 18.947 impedimentos de ingreso por motivos diversos, pero ningún registro que permita llamar “terroristas” a esas personas. Y, mientras Milei agita la existencia de una supuesta infiltración masiva destinada a “dinamitar” su modelo, la propia SIDE había informado que no había detectado una amenaza terrorista concreta contra la Argentina.
El resultado es un nuevo choque entre el discurso presidencial y los datos producidos por los organismos del propio Estado.