Celulosa Argentina atraviesa una grave crisis financiera y productiva: su planta de Capitán Bermúdez permanece detenida por falta de liquidez, problemas con el suministro de gas y escasez de materias primas. Los trabajadores cobraron solo el 50% de sus salarios de agosto y todavía no saben cuándo percibirán el resto.

La crisis de la industria argentina vuelve a mostrar una de sus caras más preocupantes. Celulosa Argentina, la principal productora de papel del país, solo pudo pagar la mitad de los salarios correspondientes a agosto, después de haber planteado inicialmente abonar apenas el 30% de los haberes debido a la falta de liquidez.

La situación golpea directamente a los trabajadores de la planta de Capitán Bermúdez, en Santa Fe, donde la actividad permanece paralizada desde hace dos meses. Los empleados aceptaron cobrar el 50% de sus remuneraciones tras una serie de audiencias en el Ministerio de Trabajo provincial, pero todavía no tienen certezas sobre cuándo podrán cobrar el monto adeudado.

El caso expone la profundidad de la crisis que atraviesa una industria que se encuentra cada vez más condicionada por la caída de la actividad, las dificultades financieras y los problemas de abastecimiento. En Celulosa Argentina, el deterioro ya se traduce en fábricas detenidas y salarios que no se pagan en su totalidad.

Una planta paralizada y múltiples problemas

En Capitán Bermúdez, donde se produce papel tissue, la actividad lleva aproximadamente dos meses interrumpida. Entre las dificultades que enfrenta la compañía aparecen los problemas para acceder al gas suministrado por Litoral Gas, la falta de madera y productos químicos y la ausencia de liquidez para sostener el funcionamiento de la planta.

La otra gran fábrica de la empresa, ubicada en Zárate, atravesó una situación similar: después de permanecer cerca de dos meses paralizada, retomó la producción durante el último fin de semana. Sin embargo, la reapertura está lejos de despejar el panorama. Los trabajadores continúan esperando definiciones sobre la continuidad de la actividad y el pago de los salarios que permanecen pendientes.

A las dificultades productivas se suma el deterioro financiero de Celulosa Argentina. La compañía se encuentra en concurso preventivo y avanza en un proceso de reestructuración de sus compromisos, luego de acumular pérdidas por $127.393,6 millones al 31 de mayo, junto con una fuerte caída de sus ventas.

La situación representa un duro revés para una empresa que había intentado recomponerse. Hace aproximadamente un año, el financista Esteban Nofal, a través de Cima Investments, tomó el control del 45,5% de Celulosa Argentina por un valor simbólico de un dólar y asumió deudas financieras superiores a US$128 millones.

El ingreso de nuevos capitales permitió una reactivación inicial: las plantas volvieron a funcionar entre octubre y noviembre de 2025, después de tres meses de inactividad. Pero el repunte duró apenas unos meses. Desde marzo de 2026, los problemas de financiamiento y abastecimiento volvieron a profundizarse y desembocaron en nuevas interrupciones de la producción.

Una crisis que amenaza a toda la cadena

El impacto del conflicto excede ampliamente a los trabajadores de Celulosa Argentina. Según la propia compañía, la empresa representa casi la mitad de la producción de papel del país, por lo que sus dificultades también repercuten sobre proveedores, contratistas y otros sectores vinculados a la cadena productiva.

El cuadro deja así una señal de alarma sobre el estado de la industria nacional: una de las principales empresas manufactureras del país lleva meses con su producción interrumpida y ni siquiera logra garantizar el pago completo de los salarios.

Mientras la crisis financiera se profundiza, los trabajadores quedan atrapados entre fábricas paralizadas, ingresos adeudados y una creciente incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo. El caso de Celulosa Argentina se suma así a un escenario industrial cada vez más delicado, donde la recesión deja de ser una estadística y comienza a sentirse directamente en las plantas, en los salarios y en el empleo.

La CGT decidió no ir a un nuevo paro nacional por ahora pero sí volver a las callas. El 8 de octubre a las 15:30 marchará al centro porteño en defensa de la industria nacional. La consigna: “Las Malvinas son argentinas, la industria también”.

Lo decidieron los principales referentes de la central en una reunión en la UOCRA de la mesa chica ampliada a la participación de alrededor de 40 gremios, donde analizaron la situación económica. También se sumarán a la marcha universitaria del 15 de octubre y ratificaron un nuevo paro nacional antes de fin de año. Todavía no hay definiciones sobre el 17 de octubre.

“Las Malvinas son argentinas. La industria también”, decía la proyección con estilo mundialista que recibió a los dirigentes cuando entraron a la reunión. Después de un análisis de los últimos números negativos en la caída de la economía y el aumento de la pobreza, decidieron movilizarse frente a la antigua sede del extinto Ministerio de la Producción, hoy degradado a Secretaría, ubicado en avenida Roca 651, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

El Presidente aseguró que su Gobierno deportó a 20.000 “terroristas” en lo que va de 2026 y a otros 10.000 durante 2025. Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Seguridad muestran que hubo 744 expulsiones y 18.947 impedimentos de ingreso, en su mayoría por cuestiones administrativas, migratorias o judiciales.

Javier Milei quedó nuevamente en offside frente a los propios datos oficiales. En una entrevista con LN+, el Presidente afirmó que durante este año su Gobierno había “deportado 20.000 terroristas” y que otros 10.000 habían sido “echados” durante 2025. Según su relato, se trataba de personas que “se infiltraron de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”.

El problema es que los registros oficiales no dicen eso.

Las estadísticas del Ministerio de Seguridad contabilizan 744 expulsiones durante 2026 y 18.947 “incidentes de entrada”, es decir, personas a las que se les impidió ingresar al país por diferentes razones legales o administrativas. En esas planillas no existe una categoría que identifique a esos casos como “terroristas”.

La diferencia no es menor. De los 18.947 incidentes registrados entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, 8.008 correspondieron a infracciones migratorias; 6.298 a personas que no contaban con documentación habilitante; 4.566 a impedimentos judiciales, como capturas o condenas; 42 a residencias canceladas y 33 a documentación falsa, adulterada o robada.

Es decir, Milei presentó como “terroristas” a un universo de personas que, según las propias estadísticas oficiales, fueron rechazadas o impedidas de ingresar por motivos migratorios, falta de documentación o decisiones judiciales. De hecho, una explicación posterior del Gobierno habló de “posibles terroristas”, pero las categorías de las planillas oficiales siguen sin identificar esos casos como terrorismo.

La SIDE también dejó al Presidente en evidencia

La afirmación presidencial choca además con lo expuesto pocas semanas antes por el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Según trascendió de aquella reunión, realizada a puertas cerradas, las autoridades de inteligencia negaron que existieran amenazas terroristas concretas provenientes de sectores de extrema izquierda o de organizaciones islámicas en la Argentina.

Así, el contraste resulta particularmente llamativo: mientras Milei habla de decenas de miles de “terroristas” que habrían ingresado al país con el objetivo de “dinamitar” su modelo económico, la propia estructura de inteligencia del Estado no había identificado una amenaza terrorista concreta de esas características.

Una cifra que tampoco aparece en los registros

La confusión quedó todavía más expuesta cuando se observa que una expulsión no es lo mismo que un rechazo de ingreso. Las 744 expulsiones corresponden a personas que fueron efectivamente expulsadas del país, mientras que los 18.947 “incidentes de entrada” corresponden a personas a las que se les impidió ingresar.

La suma de ambos universos explica de dónde podría surgir el número cercano a 20.000 que comenzó a utilizar el Gobierno, pero no permite convertir automáticamente a esas personas en “terroristas”. Esa categoría no figura en las estadísticas oficiales difundidas.

Incluso el vocero presidencial debió reformular posteriormente el alcance de los dichos de Milei y hablar de “posibles amenazas”, una explicación que tampoco coincide con las categorías utilizadas por el Ministerio de Seguridad.

Pedido de explicaciones en el Congreso

La polémica ya derivó además en un pedido de acceso a la información pública y de informes presentado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien reclamó que el Gobierno precise de dónde surgió la cifra de 30.000 personas y cuántas de ellas fueron efectivamente expulsadas por causales vinculadas con terrorismo.

El legislador también pidió conocer si esas personas fueron incluidas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y qué información concreta sostiene la afirmación presidencial.

La pregunta queda planteada: si realmente fueron deportados 20.000 “terroristas” en 2026 y otros 10.000 durante 2025, ¿dónde están registrados?

Por ahora, los números oficiales muestran otra cosa: 744 expulsiones y 18.947 impedimentos de ingreso por motivos diversos, pero ningún registro que permita llamar “terroristas” a esas personas. Y, mientras Milei agita la existencia de una supuesta infiltración masiva destinada a “dinamitar” su modelo, la propia SIDE había informado que no había detectado una amenaza terrorista concreta contra la Argentina.

El resultado es un nuevo choque entre el discurso presidencial y los datos producidos por los organismos del propio Estado.

El máximo tribunal revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno mediante el DNU 70/2023. Aunque evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida, cuestionó la legitimidad de los excombatientes que habían llevado el reclamo a la Justicia. La decisión dejó vigente la derogación de la norma que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y generó fuertes críticas.

La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que despertó indignación entre organizaciones vinculadas con la defensa de la soberanía territorial: revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras y, en los hechos, dejó vigente la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

El caso había sido iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que recurrió a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.

La normativa establecía límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, además de mecanismos de control a través del Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial. Su objetivo era evitar una extranjerización indiscriminada del territorio y preservar el control nacional sobre un recurso estratégico.

En primera instancia, la Justicia había rechazado el planteo. Sin embargo, en marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata falló a favor de los excombatientes y frenó los efectos de la derogación. El Poder Ejecutivo apeló y el expediente terminó llegando a la Corte Suprema.

El máximo tribunal finalmente revocó aquella decisión, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Los jueces centraron su resolución en la legitimidad de los demandantes y consideraron que los excombatientes no estaban habilitados para promover una acción colectiva en defensa de un supuesto derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo.

“Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvo la Corte.

Sin embargo, aunque formalmente el tribunal evitó resolver el fondo de la cuestión, el efecto concreto de su decisión es significativo: queda vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno de Milei, eliminando el marco legal que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La resolución provocó fuertes cuestionamientos precisamente porque la Corte terminó dejando sin efecto la protección judicial que había suspendido la derogación, mientras el Gobierno avanza con su política de desregulación y apertura a la inversión extranjera.

La polémica adquiere una dimensión todavía mayor por tratarse de tierras rurales, un recurso estratégico directamente relacionado con el territorio y la soberanía nacional. Para los sectores que rechazan la medida, la decisión judicial implica un nuevo retroceso frente a la posibilidad de preservar límites sobre la concentración y extranjerización de tierras.

Qué establecía la Ley de Tierras

La Ley 26.737 establecía un régimen específico para regular la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa fijaba límites, criterios y excepciones para la adquisición de esos terrenos por personas físicas y jurídicas extranjeras.

Además, creó el Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial encargado de intervenir en la aplicación de la normativa.

La ley buscaba evitar una extranjerización desmedida del territorio y establecer mecanismos de control estatal sobre la propiedad rural. Su derogación mediante el DNU 70/2023 y la posterior decisión de la Corte vuelven a colocar en el centro del debate una cuestión sensible: qué límites debe tener la adquisición extranjera de tierras y hasta dónde puede avanzar la desregulación cuando está en juego el control de un recurso estratégico del país.

Delirante pero real. Daniel Garbellini, uno de los funcionarios mileistas que integraba el esquema de recaudación en la Andis de Diego Spagnuolo, apeló a su participación en un ámbito religioso para que no se interprete la palabra “ofrenda”, presente en los mensajes que intercambiaba con el grupo que se organizó para desviar fondos, como un sinónimo de “coima”. Se sospecha que Garbellini recaudaba para Karina Milei, quien aparece nombrada en los audios con el famoso “el 3% para Karina”.

En un escrito presentado ante el juzgado de Ariel Lijo, Garbellini sostuvo que cuando se refería o trataba a alguno de los miembros de la organización que se montó para delinquir como “hermano”, estaba usando terminología propia del Instituto del Diálogo Interreligioso. “Traigo esta explicación para contextualizar algunas de las conversaciones extraídas por la imputación que, tergiversadas, pueden despertar sospechas”, planteó. El delirio mileista es total.

Garbellini pidió que se interpreten “ciertos giros lingüísticos” como la utilización de la palabra “hermano” para referirse a alguno de sus colegas, bajo el sentido contemplado en las instituciones religiosas. “El uso de ciertos giros lingüísticos, lejos de tratarse de una organización criminal, son los comunes que se prodigan personas que participan de comunidades religiosas”, indicó, y agregó que ese “parentesco ritual” establecido entre quienes no comparten un vínculo biológico “refuerza la cohesión social” y “establece niveles de confianza y respeto”.

No es el primer libertario que busca excusas extravagantes para explicar la corrupción. Ya Manuel Adorni sostuvo que tenía 600 dólares en su casa de ahorros, provenientes de inversiones cripto. Lo gracioso es que tenía esa fortuna en su casa mientras vivía de forma extremadamente austera. Oh, casualidad, cuando llegó a ser funcionario mileista decidió gastar esa plata…