La Justicia declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno de Javier Milei a pagar de “inmediato” a las universidades, pero apelará el fallo.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025. Sin embargo, la gestión libertaria se niega a aceptar el fallo y seguir con el ajuste sobre las universidades.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.
Con la apelación, el gobierno busca dilatar los tiempos para no cumplir con la normativa y no pagar para sostener el superávit fiscal. Sobre el impacto fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto sancionado equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).