Traspasado por las críticas y escrachado en la Patagonia, el juez supremo macrista se niega a frenar la venta del país a capitales extranjeros y bloquea las decisiones del tribunal. La parálisis institucional obligó a convocar a dos camaristas para resolver una cautelar clave y evitar un estallido político.
La crisis institucional en el Palacio de Tribunales alcanzó niveles de sainete político. La Corte Suprema de Justicia quedó atrapada en una feroz interna entre sus tres únicos integrantes, desencadenada por el masivo repudio social tras el fallo que abrió las puertas a la entrega del territorio nacional y la derogación de la Ley de Tierras promovida por el DNU de Javier Milei. Ante el rechazo generalizado de la sociedad y los intentos de los magistrados por desligarse del costo político, las disputas internas dinamitaron la operatividad del tribunal.
El foco del conflicto tiene como protagonista a Carlos Rosenkrantz, el magistrado alineado con el macrismo, quien quedó profundamente resentido luego de ser increpado y escrachado por manifestantes en San Martín de los Andes, mientras sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti abandonaban sigilosamente el lugar para esquivar la protesta. Furioso por la exposición pública, Rosenkrantz decidió tomarse revancha bloqueando la cautelar presentada por la legisladora Magdalena Odarda para suspender la entrega de tierras, exigiendo sostener el aval al decreto privatizador del Gobierno.
La postura intransigente del juez desnudó la grave anomalía funcional del Máximo Tribunal, que opera con apenas tres de sus cinco miembros. Ante la falta de unanimidad provocada por la negativa de Rosenkrantz de acompañar la postura de Rosatti y Lorenzetti —dispuestos a otorgar la cautelar para enfriar la caldera social—, la Corte debió recurrir de urgencia a la convocatoria de dos conjueces, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para poder constituir la mayoría legal requerida.
El sainete en la cúpula del Poder Judicial no solo evidencia la falta de templanza y la mezquindad de sus integrantes, sino que termina dinamitando los endebles acuerdos políticos que la Casa Rosada intenta tejer en el Congreso. El ruido generado por el salvataje judicial a la entrega inmobiliaria complicó las negociaciones del oficialismo con sus aliados para debatir el Presupuesto 2027, al tiempo que potenció el impulso de la oposición para conseguir el quórum necesario y derogar definitivamente el mega DNU en la Cámara de Diputados.
Este nuevo episodio de la comedia cortesana pone al descubierto la absoluta degradación de la cabeza del Poder Judicial. Atrapados entre rencillas personales, escracher en el interior del país y maniobras para no asumir el costo del ajuste libertario, los jueces de la Corte priorizan sus vendettas de pasillo mientras el país asiste al intento de remate de sus bienes comunes y recursos estratégicos.