La causa por el manejo de las reservas de oro suma nuevas sospechas y complica al Gobierno de Javier Milei. La Justicia recibió una ampliación de la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili, que apunta a posibles comisiones millonarias, operaciones que dejaron pérdidas por US$ 1.023 millones y la falta de transparencia sobre los contratos. Mientras tanto, el destino de parte del oro argentino trasladado al exterior en 2024 continúa sin una explicación pública clara.
El escándalo por las reservas de oro de la Argentina suma un nuevo capítulo. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal y pidió el allanamiento del Banco Central (BCRA) para secuestrar o realizar copias forenses de sus servidores, correos electrónicos y documentación vinculada con las operaciones financieras realizadas durante 2025. El objetivo es determinar quiénes autorizaron las transacciones, qué entidades participaron y si hubo comisiones u otros beneficios indebidos.
La presentación alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Curutchet, y al funcionario Nicolás Ferro. Además, solicita que sean citados a declaración indagatoria, una medida que deberá resolver la Justicia.
Pérdidas millonarias para el país y sospechas sobre el Deutsche Bank
Uno de los puntos más delicados de la investigación es la posible participación del Deutsche Bank, entidad en la que Caputo y Bausili trabajaron antes de ocupar sus actuales cargos públicos. Según información publicada por Página/12 y citada en la ampliación de la denuncia, el banco alemán habría intervenido como contraparte en las operaciones financieras con el oro argentino.
La coincidencia abre interrogantes sobre la selección de las entidades financieras, los criterios utilizados para negociar los contratos y los controles aplicados por las autoridades. El vínculo laboral previo de los funcionarios con el banco no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero vuelve indispensable esclarecer las condiciones de las operaciones y determinar si existieron conflictos de intereses.
El dato económico es contundente: la Auditoría General de la Nación (AGN) registró un resultado negativo de aproximadamente US$ 1.023 millones en operaciones con derivados vinculados al oro durante 2025. De ese monto, US$ 960,2 millones correspondieron al resultado de las opciones y US$ 62,8 millones al pago de primas.
¿Quién cobró las comisiones y dónde están los contratos?
La denuncia también busca establecer si las entidades financieras involucradas cobraron comisiones, honorarios o márgenes extraordinarios. En la presentación se menciona una cifra superior a los US$ 60 millones en posibles comisiones, aunque ese monto todavía debe ser verificado mediante la documentación correspondiente.
La falta de acceso a los contratos constituye otro foco de preocupación. Según lo expuesto en la denuncia, el Banco Central no habría entregado a la AGN toda la documentación necesaria para reconstruir las operaciones. Por eso, Dalbón pidió preservar los correos institucionales y los registros informáticos para determinar quién tomó las decisiones, cómo se fijaron los precios y qué condiciones se pactaron con las contrapartes.
La investigación deberá establecer si existió un perjuicio para el Estado, si las operaciones respondieron a una estrategia de cobertura razonable y si hubo conductas que puedan configurar delitos. Por ahora, se trata de sospechas que requieren pruebas y una resolución judicial.
El misterio del oro argentino sigue sin resolverse
El nuevo capítulo judicial vuelve a poner bajo la lupa una pregunta que el Gobierno todavía no ha respondido públicamente con el nivel de detalle reclamado: ¿dónde se encuentra el oro argentino trasladado al exterior en 2024 y bajo qué condiciones se administra?
A las dudas sobre el destino de los lingotes se suman ahora las pérdidas millonarias registradas en operaciones financieras, la presunta participación de entidades privadas y las dificultades para acceder a los contratos. Son cuestiones diferentes, pero todas apuntan a la necesidad de conocer cómo se utilizaron y administraron activos estratégicos del país.
El Gobierno y el Banco Central sostuvieron que las operaciones deben evaluarse considerando el resultado global de la posición en oro, que fue positivo por la suba de su cotización. Sin embargo, ese argumento no elimina la necesidad de explicar los contratos, los costos, las contrapartes y los riesgos asumidos con recursos públicos.
La causa entra así en una etapa clave: la Justicia deberá decidir si ordena las medidas de prueba solicitadas y si existen elementos suficientes para avanzar contra los funcionarios denunciados. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin contar con toda la información necesaria para comprender qué ocurrió con una parte de las reservas estratégicas de la Argentina y por qué operaciones realizadas bajo la actual gestión terminaron generando pérdidas de semejante magnitud.