La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma nuevas pruebas que comprometen al exfuncionario de máxima confianza de Javier Milei. La fiscalía investiga si empresarios financiaron un viaje a Roma y Tel Aviv, pagaron gastos personales y entregaron dinero en efectivo a cambio de favores políticos. En paralelo, los fiscales pidieron 43 nuevas declaraciones indagatorias y apuntaron contra los dueños de la droguería Suizo Argentina y otros empresarios.
El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo y agrava la situación judicial de Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo y hombre de confianza de Javier Milei. Nuevos audios, mensajes y comprobantes incorporados a la investigación apuntan a una presunta trama de sobornos que habría incluido viajes internacionales, hoteles, pasajes aéreos, seguros médicos y entregas de millones de pesos en efectivo.
Según la reconstrucción fiscal, el empresario Miguel Ángel Calvete habría financiado parte del viaje que Spagnuolo realizó en noviembre de 2024 a Roma y Tel Aviv, cuando todavía estaba al frente de la ANDIS. La investigación busca determinar si esos beneficios personales formaron parte de un sistema de pagos ilegales destinado a garantizar intereses privados dentro del organismo estatal.
Viajes, gastos personales y favores políticos bajo sospecha
Uno de los elementos más comprometedores son los audios que reconstruyen las gestiones para organizar el viaje. En las conversaciones aparecen pedidos para emitir los pasajes con rapidez, conseguir mejores asientos y resolver quién debía pagar los gastos adicionales del entonces funcionario.
En uno de los mensajes, una asistente de Calvete describió el trámite como un «favor político» importante para el empresario. En otra conversación, al discutir quién pagaría una mejora en la categoría del vuelo, surgieron referencias explícitas a los favores políticos y a la resistencia de Spagnuolo a afrontar personalmente determinados gastos.
La fiscalía también reconstruyó transferencias bancarias vinculadas con los pasajes y otros servicios, además de una presunta entrega de $5,3 millones en efectivo gestionada a través de personas del entorno de Calvete. Para los investigadores, estos elementos deben analizarse en conjunto con las contrataciones públicas y los vínculos comerciales bajo sospecha.
El punto central es determinar si los beneficios recibidos por Spagnuolo constituyeron retornos ilegales a cambio de favorecer a empresarios con negocios en la ANDIS. Se trata de una hipótesis de la acusación fiscal que deberá probarse en el proceso judicial.
Suizo Argentina, en el centro de una presunta red de corrupción
La gravedad del caso no se limita a los viajes y los presuntos sobornos. En paralelo, los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, además de directivos y representantes de otras empresas proveedoras. También pidieron ampliar las indagatorias de Spagnuolo y otros imputados.
Según el dictamen fiscal, de más de 300 páginas, Suizo Argentina habría ejercido un control indebido sobre las compras de medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese período, la firma habría obtenido órdenes de compra por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones de la agencia analizadas por los investigadores.
La acusación describe un presunto sistema de direccionamiento de contrataciones, circulación anticipada de información y coordinación entre proveedores para distribuir negocios. Incluso señala que desde ese entramado se habrían impartido indicaciones sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos.
Los fiscales sostienen que los funcionarios habrían respondido a los intereses de empresarios a cambio de retornos. Si estas hipótesis se comprueban, el caso excedería ampliamente las irregularidades administrativas: se trataría de una estructura que habría utilizado recursos públicos destinados a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad en beneficio de intereses privados.
Un escándalo que golpea de lleno al Gobierno
La causa adquiere una dimensión política todavía mayor por el vínculo entre Spagnuolo y el Presidente. El exdirector de la ANDIS fue abogado personal de Milei y formaba parte de su círculo de confianza. Los audios que dieron origen al escándalo ya habían puesto bajo sospecha a otros integrantes del entorno presidencial, mientras la investigación avanzaba sobre funcionarios y empresarios.
Ahora, las nuevas pruebas sobre los viajes al exterior y los presuntos beneficios financiados por empresarios abren más interrogantes sobre cómo funcionaba el organismo durante la gestión libertaria y qué controles existían sobre sus contrataciones.
El contraste es especialmente delicado: mientras la ANDIS debía garantizar prestaciones y acceso a medicamentos para personas con discapacidad, la fiscalía investiga si desde su conducción se favorecía a proveedores privados mediante acuerdos ilegales y presuntos retornos.
La pregunta de fondo es quiénes se beneficiaban realmente de las contrataciones públicas y hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas. La ampliación de las indagatorias y la aparición de nuevas pruebas profundizan una causa que compromete a una red de funcionarios, operadores y empresarios, y que todavía debe establecer judicialmente el alcance de las responsabilidades individuales.