El dato del INDEC confirmó el estancamiento de la economía y encendió nuevas alarmas sobre una posible recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad avanzó apenas 0,1% en agosto, muy por debajo de las expectativas del mercado, mientras la industria manufacturera cayó 3,2% interanual. Frente a este panorama, Luis Caputo se limitó a publicar cifras oficiales en redes sociales, sin ofrecer señales concretas de recuperación.

La economía argentina sigue sin encontrar un rumbo de recuperación sostenida. Los últimos datos oficiales volvieron a mostrar la fragilidad de la actividad bajo el gobierno de Javier Milei: después de la fuerte caída de julio, el rebote de agosto fue prácticamente imperceptible y dejó en evidencia las dificultades para revertir el deterioro de los sectores productivos.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de apenas 0,1% mensual en agosto, luego del desplome de julio. El resultado decepcionó a los analistas, que esperaban una recuperación mucho más importante para compensar parte de las pérdidas del mes anterior. Además, el indicador tendencia-ciclo permaneció sin cambios respecto de julio, una señal de estancamiento que contradice el relato oficial de una reactivación generalizada.

La comparación interanual tampoco ofrece motivos para el optimismo: la actividad quedó 1,7% por debajo de agosto de 2025, mientras que el acumulado interanual hasta ese mes registró una baja del 1,2%, según el análisis citado por iProfesional. El panorama es especialmente preocupante porque la debilidad no se limita a una variación mensual aislada, sino que alcanza a sectores fundamentales para el empleo, la producción y el consumo interno.

Industria y finanzas, entre los sectores más golpeados

El detalle del INDEC vuelve a mostrar una economía que avanza a dos velocidades: mientras algunos sectores extractivos mantienen resultados positivos, actividades fundamentales para el entramado productivo registran retrocesos.

Entre los principales datos de agosto se destacan:

• Industria manufacturera: -3,2% interanual, reflejo de las dificultades que atraviesa la producción nacional.
• Intermediación financiera: -3,8% interanual, otro sector que mostró números negativos.
• Administración pública y defensa: -1,6% interanual, en un contexto de ajuste del gasto estatal.
• Explotación de minas y canteras: +11,1% interanual, uno de los sectores que sostuvieron el indicador.
• Hoteles y restaurantes: +3,1% interanual, entre las actividades que lograron crecer.

La fotografía es contundente: el crecimiento de actividades vinculadas con los recursos naturales no alcanza para compensar la debilidad de buena parte de la economía. El modelo puede exhibir resultados positivos en sectores específicos, pero eso no implica una recuperación extendida al conjunto de las empresas, los trabajadores y el mercado interno.

Caputo, sin respuestas frente a un dato decepcionante

La reacción del ministro de Economía, Luis Caputo, también llamó la atención. Lejos del entusiasmo que suele mostrar al difundir indicadores favorables al Gobierno, esta vez se limitó a publicar en su cuenta de X los principales números del EMAE, bajo el título «Evolución del nivel de actividad en agosto».

Caputo destacó que el indicador tendencia-ciclo se encontraba un 6,6% por encima de diciembre de 2023 y enumeró los sectores que crecieron y los que retrocedieron. Sin embargo, ese dato de comparación con el inicio de la gestión no modifica la señal más inmediata: la actividad apenas avanzó frente a julio y quedó por debajo del nivel de un año atrás.

El contraste resulta evidente. Mientras el Gobierno insiste en mostrar determinados indicadores como prueba del éxito de su programa económico, los datos más recientes exponen dificultades para recuperar la producción y sostener una expansión que alcance a la mayoría de las actividades.

La economía, al borde de una recesión técnica

El débil resultado de agosto reavivó las advertencias sobre una posible recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. La economía ya había sufrido una fuerte contracción mensual en julio y el rebote posterior fue insuficiente para recuperar el terreno perdido.

Para confirmar técnicamente una recesión, deberá verificarse una caída del PBI desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos. Por eso, el dato mensual del EMAE no alcanza por sí solo para darla por confirmada: el resultado definitivo dependerá de la evolución de julio, agosto y septiembre y de la comparación entre los promedios trimestrales.

Pero la señal de alerta ya está encendida. Con una industria en retroceso, un mercado interno debilitado y una actividad que no consigue recuperarse con fuerza, el panorama vuelve a poner en cuestión las promesas de reactivación del Gobierno.

El problema es que el estancamiento no se resuelve con publicaciones en redes sociales ni con comparaciones estadísticas favorables. La economía necesita producción, inversión, empleo y consumo. Mientras esos motores no arranquen de manera sostenida, el riesgo de una nueva contracción seguirá pesando sobre el programa de Milei y Caputo.

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma nuevas pruebas que comprometen al exfuncionario de máxima confianza de Javier Milei. La fiscalía investiga si empresarios financiaron un viaje a Roma y Tel Aviv, pagaron gastos personales y entregaron dinero en efectivo a cambio de favores políticos. En paralelo, los fiscales pidieron 43 nuevas declaraciones indagatorias y apuntaron contra los dueños de la droguería Suizo Argentina y otros empresarios.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo y agrava la situación judicial de Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo y hombre de confianza de Javier Milei. Nuevos audios, mensajes y comprobantes incorporados a la investigación apuntan a una presunta trama de sobornos que habría incluido viajes internacionales, hoteles, pasajes aéreos, seguros médicos y entregas de millones de pesos en efectivo.

Según la reconstrucción fiscal, el empresario Miguel Ángel Calvete habría financiado parte del viaje que Spagnuolo realizó en noviembre de 2024 a Roma y Tel Aviv, cuando todavía estaba al frente de la ANDIS. La investigación busca determinar si esos beneficios personales formaron parte de un sistema de pagos ilegales destinado a garantizar intereses privados dentro del organismo estatal.

Viajes, gastos personales y favores políticos bajo sospecha

Uno de los elementos más comprometedores son los audios que reconstruyen las gestiones para organizar el viaje. En las conversaciones aparecen pedidos para emitir los pasajes con rapidez, conseguir mejores asientos y resolver quién debía pagar los gastos adicionales del entonces funcionario.

En uno de los mensajes, una asistente de Calvete describió el trámite como un «favor político» importante para el empresario. En otra conversación, al discutir quién pagaría una mejora en la categoría del vuelo, surgieron referencias explícitas a los favores políticos y a la resistencia de Spagnuolo a afrontar personalmente determinados gastos.

La fiscalía también reconstruyó transferencias bancarias vinculadas con los pasajes y otros servicios, además de una presunta entrega de $5,3 millones en efectivo gestionada a través de personas del entorno de Calvete. Para los investigadores, estos elementos deben analizarse en conjunto con las contrataciones públicas y los vínculos comerciales bajo sospecha.

El punto central es determinar si los beneficios recibidos por Spagnuolo constituyeron retornos ilegales a cambio de favorecer a empresarios con negocios en la ANDIS. Se trata de una hipótesis de la acusación fiscal que deberá probarse en el proceso judicial.

Suizo Argentina, en el centro de una presunta red de corrupción

La gravedad del caso no se limita a los viajes y los presuntos sobornos. En paralelo, los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, además de directivos y representantes de otras empresas proveedoras. También pidieron ampliar las indagatorias de Spagnuolo y otros imputados.

Según el dictamen fiscal, de más de 300 páginas, Suizo Argentina habría ejercido un control indebido sobre las compras de medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese período, la firma habría obtenido órdenes de compra por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones de la agencia analizadas por los investigadores.

La acusación describe un presunto sistema de direccionamiento de contrataciones, circulación anticipada de información y coordinación entre proveedores para distribuir negocios. Incluso señala que desde ese entramado se habrían impartido indicaciones sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos.

Los fiscales sostienen que los funcionarios habrían respondido a los intereses de empresarios a cambio de retornos. Si estas hipótesis se comprueban, el caso excedería ampliamente las irregularidades administrativas: se trataría de una estructura que habría utilizado recursos públicos destinados a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad en beneficio de intereses privados.

Un escándalo que golpea de lleno al Gobierno

La causa adquiere una dimensión política todavía mayor por el vínculo entre Spagnuolo y el Presidente. El exdirector de la ANDIS fue abogado personal de Milei y formaba parte de su círculo de confianza. Los audios que dieron origen al escándalo ya habían puesto bajo sospecha a otros integrantes del entorno presidencial, mientras la investigación avanzaba sobre funcionarios y empresarios.

Ahora, las nuevas pruebas sobre los viajes al exterior y los presuntos beneficios financiados por empresarios abren más interrogantes sobre cómo funcionaba el organismo durante la gestión libertaria y qué controles existían sobre sus contrataciones.

El contraste es especialmente delicado: mientras la ANDIS debía garantizar prestaciones y acceso a medicamentos para personas con discapacidad, la fiscalía investiga si desde su conducción se favorecía a proveedores privados mediante acuerdos ilegales y presuntos retornos.

La pregunta de fondo es quiénes se beneficiaban realmente de las contrataciones públicas y hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas. La ampliación de las indagatorias y la aparición de nuevas pruebas profundizan una causa que compromete a una red de funcionarios, operadores y empresarios, y que todavía debe establecer judicialmente el alcance de las responsabilidades individuales.