El cierre de la investigación que benefició a Javier Milei, Karina Milei y al resto de los imputados desató una nueva polémica judicial. La Coalición Cívica, encabezada por Maximiliano Ferraro, anunció que denunciará al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. Las críticas apuntan a las pruebas que quedaron pendientes, la ausencia de declaraciones indagatorias y el apartamiento previo de los damnificados que podían cuestionar la resolución.
El sobreseimiento de Javier Milei en la causa $LIBRA, lejos de despejar las dudas sobre el escándalo de la criptomoneda, abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el desempeño de la Justicia y las condiciones en las que se cerró uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno. La decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a partir del pedido del fiscal Eduardo Taiano, benefició al Presidente, a su hermana Karina Milei y a los demás investigados por el lanzamiento del criptoactivo que el mandatario promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.
La controversia se profundizó este lunes, cuando el diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció que la Coalición Cívica denunciará a ambos funcionarios judiciales por considerar que su actuación habría contribuido a garantizar la impunidad del Presidente y de su entorno. El legislador, que encabezó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre $LIBRA, cuestionó duramente una resolución que, según sostuvo, cerró la causa sin agotar medidas de prueba relevantes.
Un sobreseimiento que deja más dudas que certezas
Uno de los principales cuestionamientos es que los imputados fueron sobreseídos sin haber sido convocados a prestar declaración indagatoria. Para Ferraro, resulta especialmente preocupante que una investigación de esta magnitud haya concluido sin interrogar a los involucrados sobre aspectos centrales de la operatoria.
Las dudas también alcanzan a las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en que el Presidente difundió el token, así como a la ruta del dinero y a los contactos y movimientos previos al lanzamiento. Según Ferraro, la comisión parlamentaria reunió documentación sobre esos puntos y entregó material a la fiscalía, pero todavía quedarían elementos que requieren un examen más profundo.
El fallo sostuvo que los hechos investigados no encuadraban en figuras penales como estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, la conclusión judicial no elimina los interrogantes sobre la secuencia de acontecimientos, la intervención presidencial en la difusión del activo y las pérdidas sufridas por numerosos compradores.
El apartamiento de los damnificados, otro punto crítico
Otro aspecto que alimenta las críticas es la exclusión previa de los inversores damnificados que participaban como querellantes. Ferraro cuestionó que esa decisión haya limitado la posibilidad de que las víctimas impulsaran nuevas medidas de prueba y apelaran el sobreseimiento.
El legislador también objetó que la resolución otorgara relevancia a respuestas escritas de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que —según su interpretación— relativizó otros elementos incorporados al expediente, incluidos materiales vinculados con la investigación parlamentaria.
La situación abre un interrogante institucional de fondo: si el cierre de la causa se produjo después de una investigación suficientemente exhaustiva o si quedaron aspectos sustanciales sin esclarecer antes de desvincular a los imputados.
La actuación de Taiano y Martínez de Giorgi, bajo cuestionamiento
Ferraro calificó la resolución como un fallo vergonzoso y acusó a los funcionarios de impulsar una maniobra orientada a garantizar la impunidad de Milei y su entorno. Se trata de acusaciones formuladas por el legislador y que deberán evaluarse por las vías institucionales correspondientes; no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de encubrimiento.
La atención se concentra ahora también en la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver planteos relacionados con la participación de las querellas. Una eventual restitución de los damnificados podría modificar el escenario procesal y abrir la posibilidad de discutir la resolución.
La polémica trasciende la situación particular del Presidente. Está en juego la confianza pública en la capacidad de la Justicia para investigar hechos que involucran a las más altas autoridades del Estado, sin que el poder político o la posición institucional de los investigados condicionen el esclarecimiento de los hechos.
Por eso, el sobreseimiento no clausura el debate público sobre $LIBRA. Mientras persistan cuestionamientos acerca de las pruebas pendientes, las comunicaciones investigadas y el papel de los damnificados, seguirán vigentes las preguntas sobre si la causa fue esclarecida en profundidad o si se cerró antes de responder todos los interrogantes.