El titular del BCRA admitió que el Deutsche Bank intervino en el 10% de las operaciones financieras realizadas con el oro argentino durante 2025. La revelación vuelve a poner bajo la lupa el vínculo de Bausili con la entidad alemana, donde trabajó durante años, y reaviva los cuestionamientos por las operaciones que, según la AGN, provocaron pérdidas por más de US$ 1.023 millones. Además, reconoció que el BIS recibió parte del oro en Inglaterra, aunque negó que exista una cuenta del Banco Central en el Banco de Inglaterra.

El escándalo por el manejo de las reservas de oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo después de que su presidente, Santiago Bausili, reconociera públicamente que Deutsche Bank participó de las operaciones financieras realizadas con el metal argentino durante 2025.

La admisión no es un dato menor. La entidad alemana concentró el 10% de las operaciones de cobertura del oro, en un contexto en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió sobre pérdidas por US$ 1.023 millones vinculadas con estas maniobras.

La participación de Deutsche Bank adquiere especial relevancia por la trayectoria profesional de Bausili, quien trabajó en esa institución hasta enero de 2016. Consultado sobre el vínculo, el funcionario sostuvo que no existía incompatibilidad legal y aseguró que no intervino personalmente en la ejecución de las operaciones.

Incluso justificó la contratación de la entidad al afirmar que había ofrecido condiciones financieras más convenientes y que excluirla habría representado un costo adicional cercano al millón de dólares para el Banco Central.

Sin embargo, la explicación no despeja los interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar las contrapartes, los mecanismos de control y los resultados económicos de una operatoria que involucra activos estratégicos del patrimonio nacional.

El oro argentino llegó a Inglaterra y Bausili tuvo que dar explicaciones

Otro de los puntos más controvertidos de la exposición fue la ubicación física de las reservas.

Bausili aseguró que el Banco Central mantiene 1.984.960 onzas troy de oro y negó que la entidad tenga una cuenta propia en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, reconoció que durante 2024 una parte de los lingotes que estaban depositados en las bóvedas del BCRA fue trasladada al Banco de Pagos Internacionales (BIS), que recibió ese depósito en Inglaterra.

Según su explicación, el Banco Central conserva la titularidad económica del metal y cuenta con certificados electrónicos que acreditan sus tenencias. El BIS, por su parte, administra los activos depositados y puede acordar su entrega en distintas plazas financieras internacionales.

La distinción técnica no elimina la pregunta fundamental: ¿dónde se encuentra físicamente el oro argentino y qué garantías existen sobre su custodia y disponibilidad?

El funcionario justificó la reserva de información alegando que divulgar los detalles de los movimientos podría perjudicar las operaciones financieras del organismo. Sin embargo, la confidencialidad comercial no debería confundirse con la ausencia de controles públicos sobre la administración de las reservas nacionales.

Una pérdida de más de mil millones de dólares bajo la lupa de la AGN

La controversia también gira alrededor del resultado económico de las operaciones de cobertura realizadas sobre el oro.

La AGN informó una pérdida de US$ 1.023 millones asociada a estas operaciones durante 2025 y cuestionó aspectos de la información y documentación disponible para desarrollar sus tareas de auditoría.

Bausili rechazó esa interpretación y sostuvo que evaluar únicamente las pérdidas registradas en determinados instrumentos financieros implica analizar parcialmente una estrategia que, según su versión, permitió capturar parte de la suba internacional del metal. Afirmó que el Banco Central obtuvo beneficios equivalentes a US$ 3.500 millones entre 2024 y 2025 por la valorización y las coberturas.

Pero las explicaciones del titular del Central no cierran la discusión. La cuestión exige conocer integralmente los contratos, las contrapartes, los costos, los riesgos asumidos y los resultados efectivos de cada operación.

No se trata de una discusión contable menor: está en juego la administración de un activo estratégico perteneciente al conjunto de los argentinos.

Deutsche Bank, Bausili y una preocupante ausencia de transparencia

El reconocimiento de la participación de Deutsche Bank vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre los antecedentes profesionales de los funcionarios y las entidades financieras que intervienen en operaciones estatales.

Bausili aseguró que su anterior vínculo laboral no configuraba un conflicto de intereses y que su participación personal en las transacciones fue inexistente. Esa explicación deberá evaluarse junto con la documentación de las operaciones y los controles correspondientes.

Mientras tanto, siguen pendientes respuestas fundamentales sobre la localización física de las reservas, las condiciones de custodia y el resultado de las maniobras financieras.

La discusión también tiene una dimensión patrimonial y estratégica: el oro constituye una parte de las reservas internacionales argentinas y su administración requiere controles rigurosos, información verificable y rendición de cuentas.

La admisión sobre Deutsche Bank y el reconocimiento de que parte del oro fue depositado en Inglaterra agregan información relevante a una controversia que todavía no está completamente esclarecida.

El oro pertenece a todos los argentinos. Por eso, la sociedad tiene derecho a saber dónde está, bajo qué condiciones se encuentra depositado, quiénes intervinieron en las operaciones y qué resultados económicos dejaron las decisiones adoptadas por las autoridades del Banco Central.

El organismo internacional reclamó al Gobierno que la recuperación económica se traduzca en creación de puestos de trabajo, mayores inversiones y beneficios concretos para la población. Detrás del respaldo al ajuste aparece una advertencia incómoda para la Casa Rosada: sin crecimiento, empleo y mejoras sociales, la sostenibilidad del programa económico queda seriamente comprometida.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió una señal de alerta sobre el futuro del programa económico de Javier Milei. Después de respaldar el rumbo del Gobierno y exigir la continuidad del ajuste, el organismo reconoció que la estabilidad macroeconómica por sí sola no alcanza y reclamó resultados concretos en materia de empleo, inversiones y crecimiento.

La advertencia llegó a través de Julie Kozack, directora de Comunicaciones del organismo, quien sostuvo que Argentina necesita ampliar los beneficios del programa económico y convertir la creación de empleo en uno de los pilares de una recuperación sostenible.

El planteo no es menor. El propio Fondo parece reconocer que el esquema económico enfrenta una dificultad central: mientras el Gobierno exhibe como principal logro el ordenamiento de las variables macroeconómicas, buena parte de la economía real continúa sin mostrar la capacidad necesaria para generar trabajo, dinamizar el consumo y mejorar las condiciones de vida de la población.

En otras palabras, el ajuste puede mejorar determinados indicadores financieros, pero si no consigue reactivar la producción y generar empleo genuino, sus costos económicos y sociales terminarán poniendo en cuestión su propia continuidad.

El FMI pide empleo, inversiones y crédito: las deudas del modelo Milei

Entre las prioridades planteadas por el organismo aparecen cuatro ejes: profundizar las reformas laborales, preservar la estabilidad macroeconómica, ampliar la oferta de crédito y acelerar las concesiones de obra pública para desarrollar infraestructura, además de impulsar las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El problema es que buena parte de esas recomendaciones choca con la realidad que atraviesa la Argentina. La recesión, la debilidad del mercado interno, el deterioro del poder adquisitivo y la retracción de numerosas actividades productivas constituyen obstáculos concretos para la generación de nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno apuesta a que las grandes inversiones y la apertura económica funcionen como motores de recuperación. Sin embargo, los anuncios de proyectos no se traducen automáticamente en empleo masivo ni garantizan una reactivación de las pequeñas y medianas empresas, responsables de una porción fundamental del trabajo en el país.

Además, la insistencia del FMI en acelerar las concesiones de infraestructura vuelve a poner sobre la mesa el repliegue del Estado como inversor, en un contexto en el que la paralización de la obra pública también golpea a la construcción, las economías regionales y miles de puestos laborales.

Una advertencia política detrás de las exigencias económicas

La preocupación del Fondo tiene también una dimensión política. El organismo sabe que ningún programa de ajuste puede sostenerse indefinidamente si sus consecuencias recaen sobre trabajadores, jubilados, sectores medios y pequeñas empresas sin que aparezcan mejoras perceptibles en la vida cotidiana.

La falta de empleo, la pérdida de ingresos y el deterioro de las condiciones sociales alimentan el malestar y pueden traducirse en mayores niveles de conflictividad. Por eso, el reclamo de generar trabajo y ampliar los beneficios del programa no constituye simplemente una recomendación técnica: también refleja los riesgos de sostener un esquema económico que no consigue construir una base social de apoyo a partir de resultados concretos.

La advertencia adquiere especial relevancia de cara al escenario electoral de 2027. El propio análisis del organismo da a entender que las debilidades del ritmo económico podrían poner en jaque la continuidad política del ajuste. El Gobierno pretende mantener el rumbo sin modificaciones, pero el desafío es cada vez más evidente: necesita demostrar que el sacrificio impuesto a la sociedad tiene alguna perspectiva de mejora.

Caputo insiste con el ajuste, pero la economía real exige respuestas

Pese a las señales del organismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que Milei no piensa apartarse de su programa y descartó tomar atajos para acelerar la recuperación. La Casa Rosada insiste en sostener el rumbo, profundizar las reformas y apostar al RIGI como una de las principales herramientas para atraer capitales.

Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta: ¿de qué sirve exhibir estabilidad financiera si la economía no genera suficientes puestos de trabajo, las empresas reducen su actividad y las familias continúan perdiendo capacidad de consumo?

El FMI reclama inversiones, pero también empleo y beneficios concretos. Una distinción fundamental que el discurso oficial suele dejar en segundo plano: el crecimiento de determinados sectores o la llegada de capitales no necesariamente se traduce en una recuperación generalizada de la economía.

El mensaje del Fondo deja así una advertencia que el Gobierno no debería subestimar. Si el programa de Milei no consigue pasar de los indicadores macroeconómicos a la producción, el trabajo y la mejora de los ingresos, el costo social del ajuste seguirá acumulándose.

Y cuando una política económica no ofrece perspectivas de futuro para quienes viven de su salario, el problema deja de ser exclusivamente económico: se transforma también en un problema político y social.

El FMI ya puso sobre la mesa la cuestión que el Gobierno intenta postergar: sin empleo, inversiones productivas y una recuperación que llegue a la sociedad, el ajuste corre el riesgo de quedarse sin sustento económico y político.