El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país vinculada a los negocios del presidente Santiago Peña, aliado de Milei, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La decisión provocó el cierre de sus operaciones y dejó sin acceso inmediato a sus depósitos a cerca de tres millones de clientes.
La situación tiene características que inevitablemente remiten al corralito argentino de 2001: miles de ahorristas se encontraron de un día para otro sin posibilidad de retirar ni utilizar su propio dinero. Las sucursales cerraron, las tarjetas y la aplicación dejaron de funcionar y comenzaron a multiplicarse las protestas de clientes que reclamaban respuestas sobre el destino de sus ahorros.
La gravedad del episodio se refleja también en los límites de la garantía de depósitos. El sistema paraguayo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a unos 228,3 millones de guaraníes (aproximadamente 38.000 dólares). Para quienes tienen depósitos superiores a ese monto, la recuperación del excedente dependerá del procedimiento de resolución y de la situación patrimonial que se determine. El Banco Central anunció que inicialmente se habilitarán pagos de hasta 10 millones de guaraníes.
Pero detrás del derrumbe de la entidad aparece un entramado de vínculos empresariales y políticos que compromete directamente al gobierno de Santiago Peña, uno de los principales aliados regionales de Milei. Ueno Bank pertenece al Grupo Vázquez, con el que el mandatario paraguayo mantuvo vínculos comerciales hasta marzo de 2025. Además, el titular del Banco Central, Carlos Carvallo, había sido anteriormente directivo de la entidad financiera, una relación que ya había generado cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.
Las investigaciones también pusieron bajo la lupa los préstamos otorgados por el banco a empresas vinculadas con su propio grupo propietario, una operatoria que habría contribuido al deterioro de sus indicadores financieros. Tras la intervención, la Fiscalía ordenó detenciones de directivos y abrió una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
El impacto trasciende ampliamente al sector privado. Ueno administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, mientras que el Instituto de Previsión Social paraguayo mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad. También gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios. Es decir, el problema no afecta únicamente a los ahorristas particulares: también pone bajo presión recursos públicos y fondos previsionales.
La crisis tuvo consecuencias políticas inmediatas. Peña solicitó la renuncia del presidente del Banco Central, suspendió su viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana y anunció gestiones legislativas para acelerar los mecanismos de devolución de los depósitos. Mientras tanto, la intervención y las detenciones de directivos profundizaron el escándalo y abrieron interrogantes sobre los controles que debían garantizar la solvencia de la entidad.
El episodio adquiere una dimensión regional por el lugar que Milei le había asignado a Paraguay y a su presidente como ejemplos de la orientación económica que pretende impulsar en la Argentina. La crisis de Ueno Bank expone, como mínimo, los riesgos de presentar una experiencia económica como modelo sin examinar sus problemas de supervisión financiera, sus vínculos entre poder político y negocios privados y la protección efectiva de los ahorristas.
El caso también deja una advertencia sobre los límites de los discursos de estabilidad y confianza en los mercados: cuando una entidad financiera pierde la solvencia necesaria para operar, quienes primero enfrentan la incertidumbre son los ciudadanos que depositaron allí sus ahorros.
Así, el país que Milei exhibía como referencia para la región atraviesa una de las mayores crisis financieras y políticas de los últimos años. Y mientras los ahorristas paraguayos esperan recuperar su dinero, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el discurso libertario: ¿qué ocurre cuando los modelos económicos celebrados desde el poder no consiguen garantizar ni siquiera el acceso de los ciudadanos a sus propios depósitos?