En sus redes sociales, la expresidenta se refirió a la contundente derrota que sufrió el presidente estadounidense.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata se impuso por amplia mayoría y le arrebató a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado, y se impuso en estados donde no ganaba hace más de dos décadas.

“Beautiful morning!!!”, escribió la expresidenta a través de la red social X (antes Twitter), una chicana abierta a Trump, pero que además tiene su componente local, dado el abierto y explícito apoyo del presidente Javier Milei al mandatario estadounidense, mientras se profundiza la política de alineamiento extremo a Estados Unidos en la política económica y con la entrega de recursos estratégicos.

El vaticinio de Cristina Kirchner

Días atrás, Cristina aseguró en una entrevista al diario estadounidense The Washington Post que Trump perdería las elecciones. “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, vaticinó.

Se trató de una de sus última apariciones en público, luego de meses en silencio, sólo mostrándose en el balcón de San José 1111, donde cumple la pena de prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión, y mientras busca revertir en la proscripción prevista en la pena —una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— con múltiples presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En la entrevista, la expresidenta admitió errores del peronismo que llevaron a la victoria de Milei.

Dijo que durante el último gobierno del Frente de Todos “se produjo un colapso en la cultura laboral”. “La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”, expuso.

Igualmente, se mostró esperanzada con un regreso del peronismo al poder. “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero el pueblo siempre vuelve”, planteó.

El último encuentro de Cristina

El martes, en tanto, Cristina recibió en San José 1111 al diputado brasileño André Janones, quien lideró la estrategia digital de la campaña del presidente Lula da Silva. En el encuentro, además, estuvo Rafael Marroquim, un estratega de comunicación política brasileño que también formó parte de la campaña lulista.

“Pusimos en marcha una campaña de causas, por ejemplo, con el fin de la jornada laboral de ocho horas, pero siempre con la idea de un futuro cercano, también con el fin de las apuestas y la exención para microemprendedores”, explicó Marroquim en Radio 750.

“Esos componentes fueron decisivos, pero también otras dos cuestiones: la lucha por los derechos y el miedo a lo que podía pasar”. La estrategia del equipo del Partido de los Trabajadores fue la de una campaña “fidigital”, una articulación entre la calle y las redes sociales.

Con foco en la movilización, se articuló con las personas a través de un grupo de WhatsApp que logró alcanzar a 10 millones de personas a las que se les enviaba información para debatir y convencer a modo de “misiones” cotidianas.

La crisis industrial sigue profundizándose y suma un nuevo capítulo de extrema preocupación en Córdoba. Los trabajadores de Pauny, una de las principales fabricantes nacionales de tractores, resolvieron tomar las instalaciones de la planta ubicada en Las Varillas ante la falta de respuestas empresariales por los salarios adeudados.

La escena remite inevitablemente a los momentos más dramáticos de la crisis de 2001: trabajadores que, frente al derrumbe de una empresa y la incertidumbre sobre su futuro laboral, deben organizarse para defender sus fuentes de empleo y reclamar el dinero que les corresponde. La diferencia es que esta vez el conflicto se desarrolla en una fábrica que logró reconstruirse precisamente después de la quiebra de Zanello, hace 25 años.

La medida de fuerza llegó después de dos audiencias infructuosas en la Secretaría de Trabajo de Córdoba. Según denunció la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la empresa no presentó un plan concreto para cancelar la deuda salarial ni ofreció garantías sobre el futuro de la actividad. La situación de los trabajadores es cada vez más angustiante: algunos llevan meses padeciendo irregularidades en el cobro de sus haberes y ahora acumulan tres quincenas impagas.

Pero el conflicto no se limita a los salarios. El gremio también denunció que la compañía retuvo descuentos correspondientes a jubilaciones, obra social, cuota sindical y otras obligaciones laborales sin depositarlos en los organismos correspondientes. Una situación que puede comprometer incluso la cobertura médica y previsional de los empleados.

UNA EMPRESA ASFIXIADA FINANCIERAMENTE Y UNA INDUSTRIA QUE NO ENCUENTRA SALIDA

Los números de Pauny reflejan la profundidad del deterioro. Según los registros del Banco Central, la compañía acumula deudas bancarias superiores a los $30.800 millones y 168 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $1.237,9 millones.

La caída de las ventas y las dificultades para sostener el capital de trabajo golpearon directamente la producción. La fábrica venía funcionando con un esquema reducido de actividad, concentrado entre miércoles y viernes, mientras los trabajadores percibían apenas el 75% de sus salarios. Sin embargo, las dificultades financieras y comerciales terminaron agravando el escenario hasta desembocar en la paralización de la planta.

A este cuadro se suma la creciente competencia de maquinaria agrícola importada, especialmente de origen asiático, que ingresa al mercado con precios difíciles de igualar para los fabricantes nacionales. La combinación de menores ventas, dificultades de financiamiento y pérdida de competitividad amenaza con profundizar el deterioro de una industria estratégica para la producción agropecuaria argentina.

La empresa busca incorporar nuevos inversores que aporten capital para sostener su funcionamiento, pero hasta el momento no existe un acuerdo concreto que permita despejar la incertidumbre. Mientras tanto, los trabajadores siguen esperando una respuesta que les permita cobrar sus salarios y recuperar cierta tranquilidad.

EL FANTASMA DE ZANELLO Y LA HISTORIA QUE VUELVE A REPETIRSE

La gravedad del conflicto tiene un componente histórico particularmente significativo. Pauny nació en 2002, luego de la quiebra de Zanello, cuando sus trabajadores, junto con antiguos directivos y concesionarios, consiguieron recuperar la fábrica y poner nuevamente en marcha la producción mediante un esquema cooperativo y asociativo.

Aquella experiencia se convirtió en un símbolo de recuperación industrial y de defensa del empleo. Ahora, un cuarto de siglo después, la empresa vuelve a atravesar una situación crítica, con cientos de familias pendientes de una solución y una fábrica paralizada por la falta de recursos.

El impacto, además, excede a los 450 trabajadores directos. Pauny constituye una de las principales fuentes de empleo de Las Varillas y sostiene una red de proveedores y pequeñas empresas metalúrgicas de la región. Una eventual paralización prolongada podría multiplicar las consecuencias sociales y económicas sobre toda la comunidad.

La situación vuelve a encender las alarmas sobre el presente de la industria nacional. Detrás de cada fábrica que reduce su producción, acumula deudas o deja de pagar salarios hay trabajadores que pierden ingresos, familias que quedan expuestas y localidades enteras que ven amenazada su actividad económica.

En Las Varillas, los operarios decidieron quedarse dentro de la planta porque ya no tienen margen para seguir esperando. La historia de Pauny, que nació de la resistencia de los trabajadores frente a una quiebra, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿cuántas empresas industriales podrán sobrevivir a este escenario de caída de ventas, endeudamiento y competencia importada antes de que sea demasiado tarde?

El Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país vinculada a los negocios del presidente Santiago Peña, aliado de Milei, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La decisión provocó el cierre de sus operaciones y dejó sin acceso inmediato a sus depósitos a cerca de tres millones de clientes.

La situación tiene características que inevitablemente remiten al corralito argentino de 2001: miles de ahorristas se encontraron de un día para otro sin posibilidad de retirar ni utilizar su propio dinero. Las sucursales cerraron, las tarjetas y la aplicación dejaron de funcionar y comenzaron a multiplicarse las protestas de clientes que reclamaban respuestas sobre el destino de sus ahorros.

La gravedad del episodio se refleja también en los límites de la garantía de depósitos. El sistema paraguayo contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalente a unos 228,3 millones de guaraníes (aproximadamente 38.000 dólares). Para quienes tienen depósitos superiores a ese monto, la recuperación del excedente dependerá del procedimiento de resolución y de la situación patrimonial que se determine. El Banco Central anunció que inicialmente se habilitarán pagos de hasta 10 millones de guaraníes.

Pero detrás del derrumbe de la entidad aparece un entramado de vínculos empresariales y políticos que compromete directamente al gobierno de Santiago Peña, uno de los principales aliados regionales de Milei. Ueno Bank pertenece al Grupo Vázquez, con el que el mandatario paraguayo mantuvo vínculos comerciales hasta marzo de 2025. Además, el titular del Banco Central, Carlos Carvallo, había sido anteriormente directivo de la entidad financiera, una relación que ya había generado cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.

Las investigaciones también pusieron bajo la lupa los préstamos otorgados por el banco a empresas vinculadas con su propio grupo propietario, una operatoria que habría contribuido al deterioro de sus indicadores financieros. Tras la intervención, la Fiscalía ordenó detenciones de directivos y abrió una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

El impacto trasciende ampliamente al sector privado. Ueno administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, mientras que el Instituto de Previsión Social paraguayo mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad. También gestionaba el pago de jubilaciones de unos 32.000 beneficiarios. Es decir, el problema no afecta únicamente a los ahorristas particulares: también pone bajo presión recursos públicos y fondos previsionales.

La crisis tuvo consecuencias políticas inmediatas. Peña solicitó la renuncia del presidente del Banco Central, suspendió su viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana y anunció gestiones legislativas para acelerar los mecanismos de devolución de los depósitos. Mientras tanto, la intervención y las detenciones de directivos profundizaron el escándalo y abrieron interrogantes sobre los controles que debían garantizar la solvencia de la entidad.

El episodio adquiere una dimensión regional por el lugar que Milei le había asignado a Paraguay y a su presidente como ejemplos de la orientación económica que pretende impulsar en la Argentina. La crisis de Ueno Bank expone, como mínimo, los riesgos de presentar una experiencia económica como modelo sin examinar sus problemas de supervisión financiera, sus vínculos entre poder político y negocios privados y la protección efectiva de los ahorristas.

El caso también deja una advertencia sobre los límites de los discursos de estabilidad y confianza en los mercados: cuando una entidad financiera pierde la solvencia necesaria para operar, quienes primero enfrentan la incertidumbre son los ciudadanos que depositaron allí sus ahorros.

Así, el país que Milei exhibía como referencia para la región atraviesa una de las mayores crisis financieras y políticas de los últimos años. Y mientras los ahorristas paraguayos esperan recuperar su dinero, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el discurso libertario: ¿qué ocurre cuando los modelos económicos celebrados desde el poder no consiguen garantizar ni siquiera el acceso de los ciudadanos a sus propios depósitos?

Después de meses de sostener un modelo basado en el ajuste, la apertura indiscriminada de importaciones y la retracción del mercado interno, el ministro de Economía, Luis Caputo, debió reconocer las dificultades que atraviesa el sector y anunciar un paquete de medidas de alivio para las empresas industriales.

El anuncio más significativo fue la suspensión de los embargos de ARCA a las pymes hasta mayo de 2027. La decisión representa un reconocimiento explícito de la delicada situación financiera que atraviesa buena parte del entramado productivo nacional: empresas que no consiguen sostener su actividad, acumulan deudas impositivas y tienen cada vez mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones corrientes.

La gravedad del escenario quedó expuesta durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde Caputo anunció también la ampliación de los planes de facilidades de pago de ARCA a 18 cuotas, incorporando deudas vencidas hasta el 31 de octubre; la posibilidad de utilizar la totalidad de los saldos a favor por exportaciones para cancelar obligaciones aduaneras y nuevas líneas de financiamiento para la industria automotriz.

El propio ministro reconoció que el costo financiero representa un problema enorme para las pequeñas y medianas empresas y admitió que las dificultades no se resolverán en uno o dos meses. Una confesión que contrasta fuertemente con el discurso triunfalista del oficialismo y sus reiteradas promesas de recuperación económica.

Pero los números del sector industrial son todavía más contundentes. Según estimaciones preliminares de la UIA, la producción manufacturera registró una caída interanual del 3,4% en septiembre y acumuló un retroceso del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026. A esto se suma que, según un relevamiento del Observatorio Pyme, el 15% de las pequeñas y medianas industrias enfrenta problemas vinculados con atrasos en sus obligaciones tributarias y la posibilidad de sufrir embargos.

El cuadro es alarmante: caída de la actividad, dificultades para financiar el capital de trabajo, deudas impositivas, menor demanda y empresas cada vez más comprometidas para sostener sus estructuras productivas y sus puestos laborales.

La suspensión de los embargos constituye, además, una evidente marcha atrás frente a las consecuencias de una política económica que termina empujando a las propias empresas a una situación límite. Resulta paradójico que un gobierno que se presenta como defensor del sector privado tenga que intervenir para impedir que el organismo recaudador termine de asfixiar financieramente a las pequeñas y medianas empresas.

Mientras tanto, la interna oficialista también dejó su capítulo político: Patricia Bullrich salió a capitalizar los anuncios y apropiarse de una medida que fue presentada por Caputo ante los empresarios industriales, en medio de las disputas dentro del propio oficialismo.

Sin embargo, más allá de las disputas por el rédito político, el problema de fondo permanece intacto. Postergar embargos, refinanciar deudas o habilitar la utilización de saldos fiscales puede ofrecer algo de oxígeno, pero no resuelve la falta de consumo, la caída de las ventas, los elevados costos financieros ni el deterioro de la producción nacional.

En definitiva, el gobierno que prometía una recuperación económica impulsada por el mercado termina ensayando medidas de emergencia para evitar que las empresas quiebren. Una señal preocupante de que la crisis industrial y pyme está lejos de haber quedado atrás y de que el ajuste, lejos de generar el despegue prometido, está dejando a buena parte del aparato productivo al borde del colapso.