Camilo Etchevarren, intendente de Dolores, armó una mega fiesta para el bicentenario de la ciudad que incluyó también a Cacho Castaña, Los Huayra y Babasónicos. Ya le había pagado casi $1,5 millones a Abel Pintos.

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, se dio un gustitio un tanto caro. Es que el alcalde gastó casi cinco millones de pesos en la contratación de Luis Fonsi, autor del hit mundial "Despacito", para los festejos del bicentenario de la ciudad.

Fonsi fue la principal figura de un heterogéneo y carísimo festival, que incluyó a Cacho Castaña, Babasónicos y la presencia de celebridades como Carlos Bilardo y el periodista Tití Fernández.

Según información oficial, la contratación del puertorriqueño Fonsi le costó al jefe comunal de Cambiemos la suma de $ 3.861.000 más IVA.

Etchevarren justificó el desembolso porque "empezamos a soñar a Dolores como una ciudad turística". “Para nosotros es primordial resaltar nuestras fiestas, es una decisión política que hemos tomado cuando empezamos a soñar a Dolores como una ciudad turística”, indicó Etchevarren como anticipo de la grilla de participaciones que se completó con el arribo de glorias de River y Boca, integrantes del equipo que ganó la Copa del Mundo en 1986, incluido Bilardo, el DT de ese equipo.

El anuncio derivó en varias presentaciones de la oposición respecto a los gastos de contratación y origen de los pagos, en un distrito que cuenta con un presupuesto anual cercano a los 300 millones de pesos.Tras varias semanas de presión, desde la Municipalidad de Dolores se informaron mediante un parte de prensa las cifras destinadas para contratar a Abel Pintos y Luis Fonsi; aunque no se aclaró si los recursos eran de origen municipal, provincial o nacional.

El detalle indica que por la participación de Pintos la suma ascendió a $ 1.452.000; por Fonsi se pagó $ 3.861.000 más IVA. Teniendo en cuenta que las cifras informadas no incluyen el cachet del resto de los artistas y figuras, ni los gastos de logística, escenario, sonido, seguridad, hoteles, traslados, etc; claramente los valores superan ampliamente estos números.

"Desde hace tres meses que pedimos que se nos informen los contratos y los precontratos que se hicieron con artistas y representantes”, señaló al portal Letra P el concejal del Frente Renovador Ricardo Ghiglione días después que finalmente concluyeran los festejos y agregó que entre sus requerimientos exigen que se informen si los pagos se efectuaron “con recursos de nación, de provincia o del municipio”.

Consultado sobre el informe elevado por el municipio sobre los contratos de Pintos y Fonsi, indicó: “Si esas cifras son reales quiero ver los contratos que existen para que se certifique que esto es así”, indicó y agregó que no están discutiendo el cachet sino los gastos que hace el municipio: “No le queremos poner precio al artista, cada uno sabe cuánto vale su trabajo. A mí no me interesa eso, me interesa cómo se gasta la plata de los dolorenses. Su arte no está comprometido, sino la gestión del intendente”.

“Tenemos la certeza de que la pagó el municipio y que se desembolsaron como mínimo 10 millones, otra hablan de 20 millones, por eso no se quieren informar. Si fueran fondos de nación o provincia lo dicen enseguida”, evaluó el representante massista, quien además denunció que la “falta de transparencia" se traduce en que el municipio no cuenta con Boletín Oficial.

El periodista Horacio Verbitsky denuncia que el presidente Mauricio Macri omitió informar en su declaración jurada un lote de 900 millones que posee en Bella Vista, donde actualmente funciona un barrio privado. Dicho lote no figura en ninguna de las declaraciones de bienes presentada por el presidente.

El diario Página 12 publicó una denuncia escrita por el periodista Horacio Verbitsky donde acusa al presidente de no informar en su declaración jurada un terreno en Bella Vista, San Miguel, que “no baja de mil millones, de acuerdo con los precios que piden inmobiliarias de la zona”. En el lote, “se edificó el barrio cerrado Buenos Aires Village, que según su desarrollador inmobiliario comprende 250 unidades de vivienda, de casi mil metros cuadrados de promedio. Uno de esas fracciones se ofrece por 220.000 dólares, que equivalen a 3,9 millones de pesos”.

Además, la documentación que acompaña la denuncia prueba que en ese lugar, el presidente es dueño de la parcela vecina 209-E, que tampoco declaró.

Por otra parte, el periodista agrega que sumando el lote de 32,5 hectáreas a su patrimonio, “La fortuna del presidente Maurizio Macrì es diez veces lo que declaró bajo juramento y supera con holgura la de todos sus ministros y funcionarios”, superando incluso la fortuna de Gustavo Arribas valuada en $115,6 millones.

En su intervención habitual en el programa de Alejandro Fantino, el analista político pateó el tablero y criticó con dureza a la administración de Cambiemos y la soberbia de sus candidatos a las elecciones legislativas próximas. El periodismo en general y la mesa que antecede a su aparición en América, también fueron blancos predilectos. Mirá el video.

Jorge “Turco” Asís invitado por el programa “Animales Sueltos”, dejó muchas definiciones con respecto a la corrupción del gobierno de Mauricio Macri, la sobervia demostrada por Elisa “Lilita” Carrio.

Con el conducto analizaron el intento fallido del Gobierno para expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados y no le dieron tregua: "Se merecen que la Doctora vuelva triunfal" y luego recomendó: “Que el gobierno se ponga a gobernar y deje de odiar”.

“Algunos que son ‘gatos’ hasta para reprimir: pagan para reprimir y para dar la imagen de que son un Gobierno duro”, comentó el exfuncionario. “Hay dirigentes sociales que cobran alguna moneda y llevan gente para aspirar gases”, denunció Asís, sin insistir en el tema.

Asís deslizó que las proyecciones de Cambiemos, de cara a las PASO de agosto próximo "es un agravio intelectual a la inteligencia del argentino medio. Perdieron, están desorientados, tan desorientados que piensan que ganaron. El desconcierto se percibe, pensar que con ésto tienen una victoria y que toda la sociedad está preocupada por el tema de la corrupción", continuó.

"Los estás arruinando, no parás Turco, le das, le das, le das ¡Llevan dos años!", dijó Fantino y la respuesta fue contundente: ¡Es mucho!

El diputado nacional y referente de La Cámpora participó del lanzamiento de candidatos de Unidad Ciudadana en Quilmes. "Decían que sube el gas porque los argentinos tenían las ventanas abiertas. Vayan a ver acá por Solano con esta temperatura si hay alguna abierta", señaló.

Máximo Kirchner cuestionó, sin nombrarlo, al massismo: "Si todos los que hoy se ofrecen como oposición la hubieran ejercido el año pasado, no hubiéramos entregado todo a los fondos buitres", dijo. "Son la segunda marca del oficialismo", ironizó sobre la alianza que reúne a Sergio Massa y Margarita Stolbizer.

Además, cuestionó a Cambiemos: "Los quieren domesticar. A los políticos se los amenaza, a los sindicatos se los interviene y a la gente se le pega", aseguró. "¿De qué sirve tener la imagen positiva si la gente no come o se queda sin trabajo?", siguió.

Unidad Ciudadana profundizó esta semana la campaña electoral con actos y caminatas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Una nueva encuesta, esta vez del consultor Ricardo Rouvier, volvió a mostrar a Cristina Fernández de Kirchner encabezando la intención de votos.

"No es verdad que a las Pymes les esté yendo mal en la Argentina", dijo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y fundamentó: "La cerveza artesanal tiene el doble de empleados". No aclaró cuántos trabajadores se dedican a esa actividad. Antes, el candidato de Cambiemos en la provincia, Esteba Bullrich, había afirmado que los despedidos de Pepsico se dedicaran a la producción de cerveza.

El gobierno provincial sigue negando el impacto de las políticas económicas. Según el Indec, la desocupación llegó al 9%, el número más alto en 10 años. En Gran Buenos Aires, el desempleo superó los dos dígitos.

En el caso de las pequeñas empresas, durante todo el año las cámaras que agrupan a las PYMES pidieron a la provincia que declare la emergencia del sector. Insisten en que están en crisis más de 5 mil pequeños y medianos empresarios.

“Estamos a 17 meses de gobierno y vemos un mercado interno que en un breve lapso de tiempo se ha deprimido sustancialmente, han caído todas las ventas, en prácticamente todos los sectores. Las pymes están a punto de desaparecer, se vienen consumiendo el poco ahorro que han podido generar, pero en este marco de recesión, con costos que se incrementan, se hace imposible ver la luz al final del túnel", reconoció la "mesa productiva" en un comunicado hace unas semanas. La Mesa Productiva compuesta por APYME, CGERA, Asociación PYME, Empresarios Nacionales, Pymes Sur y CEEN.

Preocupados por el impacto del anuncio en plena campaña, Cambiemos ahora sale a enfriar la norma. El que salió a negar la iniciativa fue el diputado nacional de Unión-Pro Daniel Lipovetsky, quién igual pidió "esta atentos" a lo que sucede en Brasil.

"No hay en carpeta una flexibilización de los derechos de los trabajadores más allá de que hay que estar atento a lo que pase en Brasil," declaró el Diputado cambiste en una entrevista con Télam Radio.

Lipovetsky reconoció que de todos modos se debe "pensar si hay una alternativa para no generar distorsiones (con el mercado brasileño) por ejemplo en el tema de atracción de inversiones".

"Hay que aclararle a la gente que muchas de las reformas realizadas en Brasil son cosas que en la Argentina no existen, como la obligatoriedad de la cuota sindical," señaló.

Para el legislador oficialista, la discusión sobre la temática se fundamenta en que "hace cinco años que en la Argentina no crece el empleo en blanco".

"Por lo tanto hay algo que nos indica que tenemos un problema que tiene varias razones, pero una seguramente es la falta de incentivos para que los empleadores tengan a sus empleados en blanco," agregó.

Señaló que "la falta de incentivos tiene que ver con lo caro que sale pagar los impuestos al blanqueo del trabajo" , lo que a su juicio "no tiene que ver con la flexibilización de los derechos de los trabajadores".

"Cuando uno es empleador y contrata a una persona en blanco tiene que pagar, además de la cargas que tienen que ver con los beneficios de los trabajadores, impuestos al Estado de ese empleado en blanco," puntualizó.

Lipovetsky indicó que "esos impuestos son muy altos", por lo que el oficialismo cree que "lo que hay que reformar son esos impuestos" y "ese es el proyecto que está trabajando el gobierno".

La Justicia había dado lugar a un amparo presentado por el frente 1País, que conduce Sergio Massa. De esta manera, el Gobierno nacional debía restituir las 70 mil pensiones por discapacidad que había dejado sin efecto el ministerio de Desarrollo Social.

Ahora, el Ejecutivo apeló el fallo de la jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñeiro. De esta manera, se negó a pagar las pensiones.

"Arrancan la campaña sacándole la pensión a las personas con discapacidad", expresó al respecto Sergio Massa, según reseñó el portal Infocielo. Y advirtió: "El presidente se muestra preocupado en videos en redes sociales, pero poco le preocupa la calidad de vida de 70 mil familias al momento de cortar más pensiones".

"Le van a tocar timbre a los vecinos para decirles que los están dejando en la calle", señaló y afirmó que "ya no es un 'error', es una decisión política, no les interesan las personas con discapacidad, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pobres. Es un gobierno para ricos que quieren ser más ricos", dijo por su parte Malena Galmarini, esposa del diputado nacional y referente en políticas sociales de "1País".

El ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa donde resaltó el trabajo de la Policía Bonaerense y culpó a los obreros por la violencia. Los trabajadores de prensa denunciaron que también fueron golpeados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, defendió tajantemente la represión de la policía contra los trabajadores de Pepsico en la planta de Florida y resaltó que la fuerza de seguridad "actuó como tiene que actuar ante una orden de la Justicia".

"Cuando uno tiene 15 policías heridos, se sabe de dónde viene la violencia", manifestó el funcionario y remarcó que una agente de Infantería sufrió una lesión "muy grave, con fractura expuesta" de una pierna a raíz de una agresión.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, precisó que los detenidos "son tres" y remarcó: "Cualquier exceso que yo vea, va a ser sancionado, pero creo que la Policía actuó como tiene que actuar".

Mientras Mauricio Macri realizaba una actividad con la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich sin brindar declaraciones sobre una nueva represión de su Gobierno, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley tomó la palabra y señaló que "el ministro de Trabajo se está ocupando hace tiempo, está trabajando como en todos los casos cuando sucede esto, está trabajando el Estado para que esto salga de la mejor manera".

Por su parte, los trabajadores de prensa denunciaron que fueron golpeados durante el operativos y que las fuerzas de seguridad no los dejaron transmitir lo que ocurría en la planta durante el violento desalojo.

El fiscal Gabriel De Vedia solicitó que se haga extensiva “a todo el país” la medida cautelar por la que una jueza de la seguridad social ordenó que se le vuelva a pagar una pensión a la madre de una persona con discapacidad.

De Vedia, de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (Ufises), presentó un recurso ante la jueza federal Viviana Patricia Piñeiro, porque la jueza declaró su “incompetencia territorial”, para extender su resolución a todos los casos en la Argentina.

Piñeiro ordenó que, en el plazo de ocho días, se restablezcan las pensiones no contributivas dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, como el caso, correspondan a la jurisdicción de la localidad bonaerense de San Martín, donde dispuso enviar el expediente luego de declarar su incompetencia.

En este expediente, la mujer que efectuó el reclamo lo hizo también en nombre de un colectivo con situaciones similares, pero la jueza advirtió que el domicilio de la demandante era en el partido bonaerense de San Martín.

En ese marco, el fiscal De Vedia pidió que se revoque la “limitación” de la medida cautelar, para que se haga “extensiva a todos los afectados por el marco normativo aquí denunciado, cualesquiera resulte el lugar del territorio argentino en el que se encuentren”.

En este sentido, indicó que el litigio “se da entre el afectado y sus colaboradores, y el Estado demandado”, y sostuvo que, “de la sentencia que los mismos obtengan en este pleito, de ser el resultado favorable, se beneficiarán todos los afectados del país”.

Para fundamentar su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que este tipo de procesos trata sobre “derechos constitucionales, convencionales y leyes de orden público”.

El nuevo trámite, anunciado la semana pasada, costará 800 pesos, contra los 405 que demanda hoy comprar el formulario Tipo 12 y el pago en ventanilla. La nueva planta está cerrada y la web del trámite online, caída. Dale con los aumentos.

Los cambios promovidos por la gobernadora María Eugenia Vidal en la modalidad de verificación policial de los automotores son, por ahora -y como hace un año, cuando los anunció por primera vez-, una cáscara vacía. El nuevo sistema y la flamante planta -ideadas para “combatir a las mafias”- abrirán sus puertas recién el lunes 17, con una novedad: el trámite pasará a costar 800 pesos en lugar de los cerca de 405 que cuesta hoy.

El motivo que esgrimió Vidal para avanzar con los cambios fue quitarle una de las "cajas" de recaudación a la policía bonaerense. El desencadenante de la medida fue la detención del comisario mayor Alberto Miranda, jefe de Plantas Verificadoras de Automotores, acusado de recaudar ilegalmente a partir del cobro de coimas.

El golpe al bolsillo que implica la medida es letal: el nuevo arancel consta en la página habilitada para realizar el trámite en linea -https://vpa.mseg.gba.gov.ar/- e incluye la adquisición del formulario Tipo 12 aunque no el grabado de cristales, que deberá hacerse por separado y cuyo valor se ubica en torno a los 300 pesos, con lo cual verificar un vehículo puede llegar a “doler” más de mil pesos.

Se trata de un aumento encubierto de orden del 100 por ciento, habida cuenta de que el trámite costaba antes de la modificación 405 pesos: 300 del formulario Tipo 12 -que en dependencias “no oficiales” se puede llegar a pagar hasta 400 pesos- y 105 que se abonan “en ventanilla” de la verificación.

En 2016, los aranceles autorizados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la propiedad del Automotor fijaba en 210 pesos el valor del Formulario Tipo 12 para automotores y en 60 para motovehículos. No obstante, el precio al consumidor, que debía conseguirlos en determinados kioscos de la ciudad, llegaba a los 280 pesos.

Hay tiempo hasta el viernes para pagar el valor “viejo” de la verificación policial, en la planta de Ensenada y en las más de 100 habilitadas en toda la Provincia. Luego de esa fecha, el trámite pasará a costar 800 pesos, según consta en la nueva web del Ministerio de Seguridad, con lo que cualquier usuario que haga el trámite pagará más del doble que antes para ayudar a “combatir las mafias”.