Bloques de la oposición presentaron una denuncia formal ante la Justicia contra el vocero presidencial. Lo acusan de ocultar bienes, cuentas en el exterior y sociedades activas en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

La oposición unificada presentó una denuncia penal formal contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, bajo la carátula de “omisión maliciosa”. La presentación judicial acusa al funcionario de haber ocultado de manera deliberada un porcentaje significativo de su patrimonio, bienes inmuebles y participaciones societarias en las declaraciones juradas de bienes que presentó de manera obligatoria ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según consta en el escrito presentado ante los tribunales federales, las inconsistencias en el patrimonio del portavoz de la Casa Rosada saltaron a la luz tras un cruce de datos registrales públicos y comerciales. La denuncia apunta a que Adorni omitió declarar cuentas bancarias, ingresos derivados de actividades privadas recientes y la existencia de sociedades comerciales activas que colisionan directamente con su rol en la función pública, configurando no solo una falta administrativa sino un presunto delito federal.

Los puntos centrales de la denuncia contra el vocero:

• Ocultamiento de bienes y sociedades: La presentación judicial detalla que el funcionario no informó participaciones vigentes en firmas comerciales y omitió asentar de manera clara la titularidad de activos financieros, una obligación estricta para todos los miembros del Gabinete según la Ley de Ética Pública.
• Inconsistencias patrimoniales: Los legisladores denunciantes señalan que existe una “asimetría injustificable” entre el nivel de vida, los consumos declarados y los ingresos formales presentados por el vocero antes y después de su desembarco en Balcarce 50.
• El pedido a la Justicia: La oposición solicitó que se ordene un peritaje contable urgente sobre todas las cuentas del vocero, que se levante el secreto bancario y fiscal, y que la Oficina Anticorrupción remita de inmediato la totalidad de los legajos y anexos reservados de sus presentaciones anuales.

El trasfondo político y los cañones contra la “casta”

La denuncia penal contra una de las espadas comunicacionales más importantes del esquema de Javier Milei impacta de lleno en la línea de flotación del discurso oficialista. El vocero, que diariamente utiliza las conferencias de prensa para cuestionar el gasto público y auditar presuntos hechos de corrupción de gestiones anteriores, queda ahora en el centro de un expediente por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Desde los bloques opositores señalaron que la medida busca terminar con la “doble vara moral” del Gobierno, exigiendo que los mismos estándares de transparencia y austeridad que el oficialismo predica en las redes sociales sean aplicados de manera efectiva y penal sobre sus propios funcionarios jerárquicos.

En una entrevista de octubre de 2022, el actual Jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza de Javier y Karina Milei, admitía que no le interesaba realizar inversiones en bitcoin. Se cae la mentira de Manuel Adorni, quien corrigió su declaración jurada y explicó que se había olvidado de que había ganado 500 mil dólares gracias a las criptomonedas.

“No sé si tomarlo como una inversión, el bitcoin es una cripto volátil. Quien quiera verlo como una inversión, está bien. Me gustaría probarlo cuando no hay demanda del otro lado”, aseguraba.

La explicación de Adorni sobre cómo incrementó notablemente su patrimonio es ridícula: ¿Quien puede creer que descubrió un pendrive que tenía inversiones multimillonarias? Pero además, ese relato contradice con lo que dijo durante muchos años, cuando reconoció que ni sabía bien cómo funcionaban las criptomonedas. ¿Invirtió todos sus ahorros en esquemas financieros que desconocía? ¿Por qué vivía de forma tan austera con ahorros tan importantes? ¿Por qué su estilo de vida solo cambió cuando empezó a ser funcionario de Javier Milei?

La abogada y exdirectora de Tierras Rurales durante el último gobierno de Cristina Kirchner Florencia Gómez habló sobre el intento libertario de sacar una nueva ley de Tierras que habilite masivas adquisiciones de tierras por parte de extranjeros. “Quieren permitir enclaves extranjeros por nuestros recursos naturales”, advirtió.

“Hoy la ley permite que el 15% del territorio esté en manos extranjeras. Hoy lo está en un 5%. Es decir, falta un 10% todavía. Por qué quieren derogar la ley. ¿Qué están pensando hacer si necesitan habilitación total para venta de tierras?”, advirtió. “Hay muchos sectores preocupados por lo que está pasando”. Muchos productores agropecuarios de la zona núcleo”, siguió.

“Ellos quisieron derogar la ley de Tierras pero está judicializado, lo tiene que resolver la Corte Suprema. La ley de Tierras que se aprobó durante el gobierno de Cristina Kirchner solo ponía limitaciones muy razonables, no es extremista ni nada. No miraba para atrás ni revisaba la propiedad ya constituida, aunque puedan existir situaciones discutibles como las de Joe Lewis o Benetton. Es una ley muy razonable que permite la venta de tierras a extranjeros pero estableciendo criterios”, describió en diálogo con AM 530.

La escribana Adriana Nechevenko, quien quedó en el centro de la polémica por su intervención en operaciones inmobiliarias vinculadas a Manuel Adorni, también se incorporó al Régimen de Inocencia Fiscal.

La profesional inició el trámite en mayo y figura entre las personas alcanzadas por el esquema de regularización impulsado por el Gobierno.

Nechevenko es la misma escribana que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Su testimonio fue considerado relevante debido a su participación en distintas compraventas inmobiliarias relacionadas con el funcionario.

La adhesión fue presentada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de esta decisión, la escribana queda comprendida dentro del sistema de declaración jurada simplificada, que reduce los requerimientos de justificación patrimonial y limita la información a ingresos, gastos y deducciones. La incorporación de Nechevenko se produjo apenas un día después de que el propio Adorni se sumara al régimen, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, había realizado el trámite el 31 de mayo.

La normativa, aprobada por el Senado el 26 de diciembre, establece que los contribuyentes que regularicen su situación fiscal y cancelen las deudas correspondientes dejan de estar alcanzados por sanciones penales tributarias vinculadas a la evasión. Sin embargo, la adhesión no afecta el avance de investigaciones judiciales por otros posibles delitos.

Además, la ley elevó los montos mínimos para configurar evasión tributaria: la evasión simple pasó a $100 millones y la agravada a $1.000 millones, mientras que el plazo de prescripción de los delitos fiscales se redujo de cinco a tres años.

La declaración que la puso bajo la lupa

El nombre de Nechevenko cobró especial relevancia el pasado 8 de abril, cuando prestó declaración durante casi tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py. La escribana ingresó al despacho del fiscal Pollicita a las 10 de la mañana y se retiró cerca de las 13, luego de aportar documentación sobre las operaciones inmobiliarias investigadas.

Tras su comparecencia, sostuvo que la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito fue una operación “normal” y negó la existencia de préstamos personales a favor de Adorni. Según explicó, se trató de una compraventa instrumentada mediante una hipoteca por saldo de precio.

La investigación judicial se concentra en la adquisición de un departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en Caballito, y de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con el expediente, el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires fue comprado en noviembre de 2025 por 230.000 dólares mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras.

Tras la difusión de una declaración jurada que despertó fuertes sospechas por el crecimiento de su patrimonio y por la admisión de haber mantenido durante años ahorros no declarados, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue al funcionario por un posible caso de lavado de activos.

La presentación, que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, coloca al jefe de Gabinete y principal vocero político del oficialismo en el centro de un escándalo que amenaza con impactar sobre la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y determinar la trazabilidad de los fondos utilizados en distintas operaciones económicas e inmobiliarias. En caso de detectarse irregularidades, el organismo podría impulsar una denuncia penal.

El CIPCE sostiene que existen elementos suficientes para justificar una investigación profunda. Entre ellos menciona la adquisición de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después, cuando Adorni ya ejercía funciones públicas. También señala la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario con personas cuya capacidad económica genera interrogantes.

Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión provocó fue la propia explicación brindada por Adorni sobre sus finanzas personales. En una entrevista televisiva reconoció que había omitido consignar en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares se encontraban fuera del circuito formal. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó para justificar la existencia de unos 500.000 dólares, una declaración que multiplicó las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos.

Para el CIPCE, esa admisión no sólo abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que pesan sobre cualquier funcionario público, sino que también obliga a verificar el origen de los recursos involucrados y su compatibilidad con los ingresos declarados.

La organización agregó además testimonios incorporados a expedientes judiciales que sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haber sido escriturada por su valor real. De confirmarse, advierte, podría configurarse una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la figura de lavado de activos.

El planteo también recuerda que la reciente adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las facultades de la UIF para investigar inconsistencias patrimoniales ni exime a los funcionarios de los controles reforzados que corresponden a las Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE contextualizó el caso en el marco de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene al país bajo seguimiento reforzado y exige resultados concretos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero asociado a hechos de corrupción.

Por ello, reclamó una actuación inmediata de la UIF, el cruce de información con organismos como ARCA y el sistema financiero, y una auditoría integral sobre la consistencia patrimonial de Adorni y su entorno familiar. Mientras tanto, el funcionario libertario enfrenta una creciente presión política por un caso que ya dejó de ser un problema individual para convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno nacional.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto redobló este jueves sus críticas contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó que el Congreso de la Nación intervenga para declarar “nulo y viciado” el fallo ratificado por la Corte Suprema.

El jefe del bloque Encuentro Federal sostuvo que la sentencia contra la expresidenta representa un caso de “gravedad institucional” que amenaza el equilibrio de poderes y advirtió que coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad”. Según planteó, el Poder Legislativo cuenta con facultades para analizar y pronunciarse sobre una resolución judicial cuando existen irregularidades que comprometen su legitimidad.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Pichetto enumeró una serie de cuestionamientos al proceso judicial. Entre ellos, mencionó la incorporación de un juez proveniente de otro tribunal, el traslado de un fiscal que tenía como destino Rosario y las limitaciones que, según afirmó, tuvo la defensa para apelar. También cuestionó la participación de los jueces de la Corte Suprema al considerar que debieron excusarse debido a antecedentes de enfrentamiento político con el espacio de la exmandataria.

Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común.

Se alteraron las reglas…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) June 11, 2026

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, sostuvo el legislador.

Durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pichetto profundizó su postura y defendió la idea de que la actuación de un presidente debe ser evaluada mediante mecanismos institucionales específicos y no por la vía ordinaria. En ese marco, argumentó que el Congreso posee atribuciones inherentes para revisar situaciones excepcionales que afecten el funcionamiento de las instituciones republicanas.

El dirigente reconoció que su planteo generará controversias por involucrar el principio de división de poderes, aunque insistió en que el Parlamento tiene herramientas para intervenir cuando considera que existe una alteración del orden institucional.

Las declaraciones de Pichetto también reflejan un nuevo acercamiento político al peronismo y, particularmente, a Cristina Kirchner. Tras años de distanciamiento e incluso de haber integrado la fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019, el diputado volvió a tender puentes con la exjefa de Estado y máxima referente del peronismo. Ese reencuentro tuvo un capítulo significativo en febrero pasado, cuando ambos mantuvieron una reunión privada en el departamento de la expresidenta en el barrio porteño de Constitución.

Con este planteo, Pichetto se convirtió en una de las voces más firmes dentro del ámbito político en defensa de la nulidad de la condena contra Cristina Kirchner, impulsando un debate institucional que promete generar fuertes repercusiones en el Congreso y en el escenario político nacional.

El periodista macrista Baby Etchecopar se refirió al escándalo de corrupción que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ahora aseguró que descubrió 500 mil dólares de supuestas inversiones en bitcoin. Nunca antes había hecho referencia a esa fortuna. ¿Si tenía tantos ahorros por qué compró tantas propiedades como lo hizo?

“Es todo verso, es mentira, dejá de mentir Adorni, eras un laucha cuando trabajabas conmigo, no tenías un peso y tenías que levantar una hipoteca. Y ahora tenés 500 mil dólares en bitcoin”, aseguró.

“Dejá de mentir, tu mujer tenía todos los dientes chuecos. Dejen de mentir por favor, no nos tomen de boludos”, insistió el macrista.

La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La profundización de la crisis industrial argentina volvió a quedar expuesta con la decisión de Acindar de paralizar durante una semana su planta de Villa Constitución debido al derrumbe de las ventas y la acumulación de stock. La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La siderúrgica, controlada por el grupo ArcelorMittal, interrumpirá sus actividades entre el 15 y el 19 de junio, en el marco de un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Parte del personal adelantará vacaciones y otros operarios tomarán francos compensatorios mientras la empresa intenta adecuar su producción a una demanda cada vez más reducida.

Desde el sindicato advirtieron que la situación no es coyuntural, sino la continuidad de un proceso de retracción que se arrastra desde 2023 y que se agravó durante los últimos meses. “El mercado local está cada vez más deprimido”, alertó el secretario general de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, al describir el escenario que enfrenta la actividad metalúrgica.

La caída de la producción refleja la magnitud de la crisis. Actualmente Acindar produce entre 75.000 y 80.000 toneladas mensuales, muy lejos de su capacidad instalada de 140.000 toneladas. Esto implica que la planta opera por debajo del 60% de su potencial, un indicador que revela el nivel de ociosidad que atraviesa uno de los principales complejos siderúrgicos del país.

A la retracción de la demanda interna se suma otro factor que preocupa al sector: el aumento de las importaciones. Desde la UOM señalaron que el ingreso de acero chino y de manufacturas elaboradas con ese insumo está desplazando a la producción nacional en un mercado ya reducido. “El acero chino está inundando el mercado entre lo poco que se vende”, sostuvo González.

Frente a este escenario, la empresa busca incrementar sus exportaciones y avanzar en procesos de modernización para reducir costos y mejorar su competitividad. Sin embargo, desde el gremio advierten que estas transformaciones también implican una menor necesidad de mano de obra y generan incertidumbre sobre el futuro del empleo industrial.

Actualmente la planta cuenta con unos 800 trabajadores propios y cerca de 900 contratistas, aunque años atrás ambas categorías superaban ampliamente el millar de empleados. Además, alrededor de 50 talleres y pequeñas empresas de Villa Constitución dependen de manera directa de la actividad de Acindar, por lo que cada reducción en la producción impacta sobre toda la economía regional.

La nueva paralización de la acería santafesina se suma a una serie de señales que muestran el deterioro del entramado productivo nacional. Con el consumo en retroceso, la construcción estancada y una creciente presión de las importaciones, la industria enfrenta un escenario cada vez más complejo, sin perspectivas claras de recuperación en el corto plazo.

Finalmente, el Jefe de Gabinete y mano derecha de Karina Milei, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada en la que intentó justificar la adquisición de muchas propiedades y gastos descomunales en viajes de lujo. La explicación fue insólita: recordó que tiene inversiones millonarias en bitcoin.

En la última declaración como funcionario reflejaba bienes por solo u$s24.000. Recuerden que Adorni se jactaba de “no ser casta”.

Con la incorporación de los fondos ahora reconocidos, el patrimonio informado para ese mismo período se eleva a más de u$s530.000. Es decir, su patrimonio saltó 22 veces de la noche a la mañana. ¿Adorni no sabía que debía informar esos bitcoins? ¿No recordaba que tenía 500 mil dólares?

La titular del Senado apuntó directamente contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, al calificar como una “vergüenza” las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio.

A través de las redes sociales, Villarruel volvió a diferenciarse del círculo más cercano al Presidente y dejó una de sus críticas más contundentes contra un funcionario clave del Gobierno. Consultada por un usuario sobre una reciente entrevista de Adorni, la vicepresidenta fue tajante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El cruce se produjo luego de que Adorni intentara justificar distintos aspectos de su declaración jurada, un tema que ya había despertado cuestionamientos públicos por parte de Villarruel semanas atrás. En aquella oportunidad, la vicepresidenta había señalado que esperaba que el funcionario presentara la documentación correspondiente para aclarar la situación.

Pero el enfrentamiento no terminó allí. En otra interacción con usuarios, Villarruel apeló a la ironía para redoblar sus críticas. Al responder el mensaje de un seguidor que le pidió una “cascada de éxitos” por su cumpleaños, la vicepresidenta aprovechó para lanzar una indirecta contra el funcionario libertario: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, escribió, en alusión a las versiones que circularon sobre el origen de parte del patrimonio declarado por Adorni.

Las declaraciones vuelven a poner en evidencia el creciente distanciamiento entre Villarruel y el Gobierno nacional. Lo que comenzó como diferencias puntuales se transformó en una disputa cada vez más visible, con cuestionamientos públicos y señales de ruptura política entre los principales socios de la fórmula presidencial.

Durante una reciente visita a Rosario, la vicepresidenta también se había referido a su relación con la Casa Rosada y marcó diferencias de estilo con el oficialismo. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no respondería con faltas de respeto”, afirmó.

Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni, Villarruel volvió a despegarse de las decisiones del Ejecutivo. “Las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, sostuvo.

Con cada nuevo cruce, la relación entre Milei y Villarruel parece alejarse aún más de la convivencia institucional que exhibieron al inicio de la gestión, alimentando una interna que ya se desarrolla a cielo abierto dentro del oficialismo.