La reforma laboral de Javier Milei no logró frenar la destrucción del empleo formal, a pesar de que esa fue su promesa cuando propuso ese proyecto. Para Milei y toda la derecha argentina que lo apoyó, en Argentina no se generaba empleo porque supuestamente era muy caro contratar en blanco. ¿Qué pasó desde que se aprobó la reforma laboral? Aumentó el desempleo…

Los datos oficiales muestran que la caída del empleo registrado se profundizó desde la sanción de la ley y hasta el pase al monotributo empieza a mostrar signos preocupantes.

De acuerdo a los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 hasta julio del 2026 se perdieron 265.765 puestos de trabajo formal en el sector privado, que mayormente pasaron al monotributo o a la informalidad. Si se comparan los datos de julio contra junio, la caída de los asalariados del sector privado alcanzó los 12.716, que representa una baja del 0,2%. Julio fue el peor mes desde noviembre de 2025 y ya son 14 los meses consecutivos de caída.

“En los primeros 18 meses del gobierno de Milei se perdieron 105.646 empleos privados. En los últimos 15 meses, la destrucción se aceleró: otros 160.119 puestos de trabajo”, explicó el economista Martín Barrionuevo. “Pero también cambió la dinámica territorial: provincias que inicialmente resistieron, como Corrientes y Mendoza, pasaron a registrar fuertes caídas. En total, se destruyeron 265.765 empleos privados y 22 de las 24 jurisdicciones terminaron con pérdidas”, añadió el dirigente peronista correntino. Las únicas excepciones fueron Neuquén y Río Negro por Vaca Muerta.

Un informe reveló que el 56,2% de los argentinos tomó deuda en los últimos seis meses y que el 76,4% de quienes recurrieron al crédito lo hizo para cubrir gastos básicos o pagar servicios. Además, el 67% reclama la intervención del Estado ante el avance de la morosidad.

La crisis económica golpea cada vez con más fuerza los bolsillos y empuja a millones de familias a endeudarse para llegar a fin de mes. Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, el 65,3% de los argentinos se queda sin dinero a más tardar el día 20, mientras apenas el 9,8% logra ahorrar. El endeudamiento dejó de ser una herramienta para financiar compras y se convirtió en un recurso para afrontar necesidades esenciales.

Los números son contundentes: entre quienes tomaron créditos, el 55,1% necesitó cubrir gastos de alimentación y salud, y otro 21,3% recurrió al financiamiento para pagar tarifas y servicios. El panorama es todavía más grave entre los sectores de menores ingresos: el 68,1% se endeudó durante el último semestre y el 83,3% se queda sin dinero antes del día 20.

📊 LA GENERACIÓN DEL DÍA 20: LOS MENORES DE 40 VIVEN UN MES MÁS CORTO ⏳ El 72% de los menores de 40 se queda sin ingresos a más tardar el día 20, y casi 4 de cada 10 (39,6%) ni siquiera pasa de la primera quincena. Solo el 3% logra ahorrar. El mes no les alcanza y no tienen colchón. 💳 Ahí entra la deuda: el 60,9% tomó crédito en los últimos seis meses, y casi 9 de cada 10 lo usó para lo básico: 55% para alimentos y salud y 35,5% para tarifas y servicios. Apenas el 8% compró bienes durables. No es consumo, es subsistencia. 🔎 En la clase baja el cuadro es todavía más duro: el 83,3% no supera el día 20, solo el 0,9% ahorra y el 68,1% se endeudó, el 65,5% para gastos básicos. Una deuda que paga la comida y las tarifas se cancela con el ingreso del mes siguiente, que a su vez se agota antes. 🏛️ Por eso lo que pide la gente no es un perdón sino reglas: el 67% espera que el Estado intervenga frente a la morosidad y el 61,3% prefiere que regule el crédito, mientras que solo el 7,5% pide condonar deudas. Para los jóvenes sin colchón y los hogares de menores ingresos, el problema no es una cuota: es un mes que dura 20 días. 📎 MOP Septiembre, informe público: https://t.co/23JhODQrdL #GeneracionDel20 #MenoresDe40 #Jovenes #Endeudamiento #Morosidad #Deuda #Credito #PoderAdquisitivo #Salarios #Inflacion #CanastaBasica #CostoDeVida #FinDeMes #Ahorro #Tarifas #Ingresos #ClaseBaja #ClaseMedia #EconomiaArgentina #EconomiaFamiliar #Argentina #OpinionPublica #Encuesta #MOP #Zentrix #DatosQueImpulsanDecisiones #ZentrixConsultora #Estadisticas #AnalisisEconomico #Septiembre2026

— Zentrix Consultora (@ZXConsultora) October 18, 2026

La situación enciende una señal de alarma por el riesgo de una espiral de endeudamiento y morosidad. Cuando los salarios no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, las familias recurren al crédito para sobrevivir, pero las cuotas reducen todavía más los ingresos del mes siguiente y multiplican las dificultades para cumplir con los pagos.

Frente a este escenario, el 67% considera necesaria alguna forma de intervención estatal. Entre quienes apoyan una respuesta pública, el 61,3% propone regular las condiciones de otorgamiento de los créditos y el 23,6% plantea refinanciar las deudas a través del Banco Central. Apenas el 7,5% respalda una condonación por ley.

El dato más preocupante es que la deuda crece mientras se deteriora la capacidad de compra. El 81,8% considera que sus ingresos pierden frente a la inflación y los jóvenes aparecen entre los más afectados: el 60,9% se endeudó en los últimos seis meses y el 72% agota sus ingresos antes del día 20. La crisis ya no se expresa solamente en la caída del consumo, sino también en la creciente dificultad de los hogares para sostener sus compromisos financieros.

Los números exponen una realidad que contradice cualquier celebración anticipada de la estabilización económica: cada vez más argentinos necesitan endeudarse para comer, pagar la luz o afrontar gastos de salud. Y cuando el crédito se convierte en una condición para sobrevivir, la morosidad deja de ser un problema aislado y se transforma en una alarma social.

El alineamiento de Javier Milei con Donald Trump enfrenta una contradicción cada vez más evidente: mientras el Gobierno proclama la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Estados Unidos presiona para que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no perjudique a sus empresas vinculadas con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Washington busca frenar la iniciativa o modificarla para evitar que las sanciones alcancen a compañías estadounidenses, sus filiales, accionistas, proveedores e intermediarios financieros. La preocupación norteamericana no pasa por fortalecer el reclamo argentino frente al Reino Unido, sino por proteger sus intereses comerciales y garantizar condiciones favorables para sus inversiones.

La presión expone los límites del alineamiento incondicional que Milei sostiene con la Casa Blanca. El Presidente apuesta a obtener inversiones, respaldo financiero y apoyo político de Trump, pero esa cercanía no garantiza un acompañamiento estadounidense a la reivindicación argentina sobre Malvinas. Por el contrario, Washington mantiene su posición de neutralidad en la disputa y deja en claro que sus intereses económicos tienen un peso determinante en la relación bilateral.

La contradicción es significativa: mientras la Argentina necesita fortalecer sus herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para defender sus derechos soberanos, el Gobierno queda expuesto a las exigencias de una potencia que busca evitar que sus empresas sufran consecuencias por operar en territorios cuya soberanía reclama nuestro país.

La situación plantea una pregunta central: ¿qué margen de autonomía conserva la política exterior argentina si, ante la presión de Washington, la defensa de Malvinas puede quedar subordinada a los intereses de las empresas estadounidenses?

La soberanía no se defiende únicamente con declaraciones ni con gestos discursivos. Requiere una estrategia exterior autónoma, capacidad de negociación y decisiones sostenidas en el interés nacional. Cuando la relación privilegiada con Estados Unidos se convierte en una prioridad que condiciona esas decisiones, el alineamiento deja de ser una garantía y puede transformarse en un límite para la defensa de los derechos argentinos sobre las Malvinas.

El Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron el ministro de Economía y el titular del Banco Central, participó de las operaciones financieras con las reservas de oro que terminaron en una pérdida millonaria para el país. Mientras el Estado afronta el agujero, el Gobierno se niega a entregar los contratos a la Auditoría General de la Nación.

El escándalo por el manejo de las reservas de oro argentinas suma un dato explosivo: el Deutsche Bank, antiguo empleador de Luis Caputo y Santiago Bausili, fue una de las entidades financieras que participaron de las operaciones que dejaron un resultado negativo de US$ 1.023 millones para el Banco Central durante 2025. La información, publicada por Página/12 a partir de una fuente del propio organismo, profundiza las sospechas sobre posibles conflictos de intereses y pone bajo la lupa las decisiones de los funcionarios responsables de administrar los activos estratégicos del país.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que el Gobierno haya realizado una operatoria que perjudicó las cuentas públicas y que, al mismo tiempo, involucró a una entidad financiera para la cual trabajaron sus principales responsables económicos?

Luis Caputo llegó a presidir el Deutsche Bank en Argentina en 2008, mientras que Santiago Bausili también desarrolló parte de su carrera profesional en esa institución. Hoy, ambos ocupan puestos centrales en la conducción económica del país: uno dirige el Ministerio de Economía y el otro conduce el Banco Central. El banco de sus antecedentes profesionales aparece ahora entre las contrapartes de una operación financiera que comprometió recursos de todos los argentinos.

La coincidencia no demuestra por sí sola la existencia de corrupción, pero configura un serio interrogante ético y exige explicaciones públicas. Más aún cuando están en juego las reservas nacionales y cuando las autoridades se resisten a transparentar las condiciones de los contratos que originaron las pérdidas.

Una apuesta financiera que terminó en un agujero de US$ 1.023 millones

El mecanismo utilizado involucró contratos de opciones financieras sobre el oro. En términos sencillos, el Banco Central concedió a entidades financieras el derecho a comprar el metal a un precio pactado de algo más de US$ 3.000 por onza. Cuando la cotización internacional superó los US$ 4.000, la operación terminó jugando en contra de la Argentina.

Según la reconstrucción publicada por Página/12, el resultado negativo incluyó aproximadamente US$ 960 millones vinculados con esas operaciones y otros US$ 63 millones correspondientes a una cobertura contratada para protegerse frente a una eventual caída del precio del oro.

En otras palabras, mientras el metal precioso aumentaba su cotización internacional, la estrategia financiera del Gobierno reducía los beneficios que el país podría haber obtenido de sus propias reservas. El balance terminó registrando una pérdida de US$ 1.023 millones, cubierta con divisas de las reservas del Banco Central.

El contraste es brutal: una administración que justifica el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos en nombre de la escasez de recursos terminó afrontando una pérdida de semejante magnitud en operaciones financieras cuyo detalle todavía no se conoce por completo.

El Deutsche Bank ganó, pero el Gobierno oculta los contratos

Uno de los aspectos más graves del caso es la falta de transparencia. Según la investigación periodística, el Banco Central mantiene bajo reserva la identidad completa de las contrapartes, las condiciones de las operaciones y los contratos correspondientes. La AGN reclama esa documentación para evaluar qué se hizo con el oro argentino, quiénes autorizaron las operaciones y cuáles fueron sus resultados.

La participación del Deutsche Bank fue identificada por una fuente del BCRA citada por Página/12. Sin embargo, todavía no se conoce públicamente cuánto obtuvo esa entidad, qué proporción del negocio representó su participación ni si intervinieron otros bancos. Sin los contratos, resulta imposible reconstruir de manera independiente el reparto de los beneficios y establecer todas las responsabilidades.

La negativa a facilitar esa documentación agrava las sospechas. Si la operatoria fue conveniente, legal y correctamente ejecutada, ¿por qué no exhibir los contratos ante el organismo encargado de auditar la gestión? ¿Qué información se pretende mantener fuera del alcance de los controles públicos?

La opacidad no reemplaza una prueba judicial de corrupción, pero sí constituye un problema institucional de primer orden cuando se trata de activos soberanos y pérdidas millonarias.

Caputo y Bausili, bajo la lupa por sus vínculos con la banca privada

Los antecedentes profesionales de ambos funcionarios vuelven especialmente sensible el episodio. Caputo y Bausili trabajaron en el Deutsche Bank y, durante la gestión de Mauricio Macri, la entidad también intervino en operaciones de colocación de deuda soberana argentina en los mercados internacionales.

La relación entre los funcionarios y el sistema financiero privado no es, por sí misma, una irregularidad. El problema es determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de intereses o decisiones que favorecieron indebidamente a entidades con las que mantenían vínculos profesionales previos.

Por eso, la cuestión no puede resolverse con declaraciones políticas ni con explicaciones generales sobre la evolución del precio del oro. Hace falta conocer quién negoció, quién autorizó, qué condiciones se pactaron, qué entidades cobraron y por qué se eligió una estrategia que terminó generando semejante perjuicio.

La responsabilidad política de Caputo y Bausili es ineludible: ambos deben explicar cómo se diseñó y aprobó la operación, qué controles se aplicaron y qué medidas se tomaron para proteger el patrimonio público.

La AGN exige respuestas mientras crece el escándalo

La Auditoría General de la Nación reclama los contratos, las fechas de las operaciones, las firmas de los responsables y la identificación de todas las entidades participantes. La documentación es indispensable para determinar si las decisiones se ajustaron a las normas, si existieron fallas de gestión y si corresponde establecer responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.

El caso también vuelve a poner en discusión el traslado de oro argentino al exterior y la falta de información pública suficiente sobre su trazabilidad y destino. El Gobierno debe aclarar tanto el propósito de esos movimientos como su relación con las operaciones financieras realizadas sobre las reservas.

La defensa oficial basada en la suba internacional del oro no resuelve el problema. Que las reservas hayan aumentado de valor por la cotización del metal no elimina la pérdida provocada por las operaciones financieras: son resultados distintos y deben analizarse por separado.

La Argentina no puede aceptar que se invoque la austeridad para justificar recortes sociales mientras se comprometen reservas estratégicas en operaciones cuyos contratos se mantienen fuera del escrutinio público. Si Caputo y Bausili sostienen que no hubo irregularidades, tienen la obligación política e institucional de demostrarlo con documentación verificable.

El oro pertenece al país, no a los funcionarios ni a las entidades financieras. Y cada dólar perdido exige una explicación. La transparencia debe ser inmediata, las responsabilidades deben investigarse hasta el final y cualquier eventual delito deberá determinarse con pruebas y garantías judiciales.

La diplomacia libertaria volvió a claudicar en los organismos multilaterales al negarse a votar una resolución clave que exige el fin de las ocupaciones coloniales. La maniobra dinamita la histórica estrategia argentina sobre el archipiélago y deja al descubierto la falsedad del discurso soberanista impulsado por el Poder Ejecutivo.

El mentado “plan” de la gestión libertaria para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas quedó reducido a una puesta en escena grotesca y sin sustento diplomático. En una nueva muestra de sumisión internacional, la delegación argentina en las Naciones Unidas se abstuvo de votar una resolución fundamental en la Comisión de Descolonización que reafirma la vigencia del principio de integridad territorial y condena las formas contemporáneas de colonialismo. La decisión de Balcarce 50 echa por tierra décadas de doctrina diplomática con el único fin de subordinarse a los intereses geopolíticos de Washington.

La abstención argentina en el fuero internacional representa una traición directa a los fundamentos legales que sostienen el reclamo sobre el archipiélago atlántico. La resolución ignorada por la Cancillería retoma la histórica Resolución 1514 de la ONU, que establece de forma taxativa que ningún proceso de descolonización puede quebrantar la unidad nacional ni la soberanía de los países. Sobre esa norma se erige la Resolución 2065, el pilar jurídico sobre el cual Argentina exige al Reino Unido sentarse a negociar. Al negarse a respaldarla para no agriar su relación con Donald Trump, el Gobierno pisoteó la arquitectura legal que ampara el derecho nacional.

Este bochorno diplomático pone al desnudo la hipocresía de la retórica presidencial. Mientras en el ámbito doméstico el mandatario apela a discursos “soberanistas” de ocasión e intenta impulsar proyectos de ley de seguridad alineados con las exigencias de Estados Unidos, en la arena internacional vota en contra de los países del Sur Global que históricamente acompañaron la causa Malvinas. La estrategia de arrodillarse ante la agenda exterior norteamericana terminó aislando a la Argentina de sus aliados regionales y debilitando la posición del país en el concierto de naciones.

Analistas y diplomáticos coinciden en que la política exterior libertaria prioriza el sometimiento ideological por encima del interés patriótico. Las sistemáticas abstenciones y votos en soledad en la ONU —que incluyeron el rechazo a la condena de la esclavitud o la negativa a repudiar abusos de derechos humanos— demuestran que para la Casa Rosada la diplomacia es un mero instrumento de propaganda para complacer a las potencias occidentales, aun a costa de entregar la causa nacional de mayor consenso en el país.

El desenlace en la ONU ratifica que el anunciado “regreso de Malvinas” pregonado por el oficialismo jamás fue más que una cáscara vacía. Quien dijo admirar abiertamente a Margaret Thatcher y reivindicó la autodeterminación de los kelpers vuelve a demostrar que su patriotismo es impostado. Al subordinar el reclamo por las islas a los dictados de la Casa Blanca, la gestión de Milei confirma que su única política hacia el Atlántico Sur es la rendición incondicional y el remate de la soberanía argentina.

Un estudio nacional de la consultora Analogías desmorona la narrativa oficialista. A pesar de la persecución política y judicial, la expresidenta encabeza las preferencias populares con el 45,1%, relegando al Presidente a un cómodo cuarto lugar. El 55% advierte que no votaría por el ajuste del Gobierno en un eventual balotaje.

El relato de la Casa Rosada según el cual Javier Milei “compite contra sí mismo” en un escenario sin oposición se derrumbó ruidosamente tras la publicación de los últimos datos de la consultora Analogías. Frente al discurso triunfalista que intenta instalar el Gabinete libertario, el estudio de opinión pública nacional reveló que Cristina Fernández de Kirchner encabeza las preferencias de imagen positiva en el país con un 45,1%, superando por más de seis puntos al propio Presidente, quien quedó relegado a un lejano cuarto puesto con apenas el 38,9%.

El trabajo de campo, realizado sobre más de 2.800 casos en todo el territorio nacional, refleja un contundente rechazo de la sociedad al programa de ajuste y recesión que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Con un rechazo a la gestión que supera el 56% y un 54,8% de los consultados afirmando que su economía familiar se encuentra en un estado sensiblemente peor que el año pasado, la figura presidencial muestra un desgaste acelerado e irreversible que perforó la base del piso electoral con el que llegó a Balcarce 50.

La permanencia de la expresidenta en la cima de las preferencias populares cobra un significado político fulminante para la estrategia de la ultraderecha. A pesar del encarnizado hostigamiento mediático, las causas judiciales armadas y la constante campaña de estigmatización que pesa sobre su figura, la dirigencia del movimiento nacional no solo mantiene su liderazgo histórico, sino que registra un crecimiento sostenido que contrasta con el desplome de las métricas oficiales. Detrás de Cristina Kirchner se ubican la senadora Patricia Bullrich (44%) y el gobernador Axel Kicillof (43,3%), configurando un pelotón de dirimentes que supera al libertario en el respaldo popular.

Los datos desglosados del informe exponen además el colapso ideológico del programa oficial en temas neurálgicos de la gestión. Más del 67% de la población rechaza la entrega de tierras a capitales extranjeros impulsada en el mega DNU, casi un 63% desaprueba el estrangulamiento presupuestario sobre las universidades públicas y un 60% diagnostica niveles alarmantes de corrupción dentro de la propia estructura del Gobierno. Asimismo, casi el 62% de los encuestados denuncia que las prometidas “bajas de impuestos” no son más que una farsa publicitaria que jamás se sintió en la economía cotidiana.

El estudio consolida un cambio de época en las aspiraciones mayoritarias de la Argentina. El reclamo por una alternativa que ponga fin a la austeridad punitiva le saca más de veinte puntos de ventaja a la continuidad del experimento ultraliberal. Sin crédito social, acorralado por el deterioro de las condiciones de vida y con el mito de su invencibilidad destruido por las encuestas, Milei comprueba que el ajuste permanente y el maltrato a la población tienen un límite democrático infranqueable.

La productividad por hora en Argentina bajó un 6% comparado con el nivel que tenía hace diez años, según las cuentas nacionales del INDEC. A pesar de ello, entre 2016 y 2025, las horas trabajadas aumentaron 11% y los servicios de capital, 14%. Esto implica que, por más que se incrementaron el trabajo y el capital, no hubo un crecimiento en la producción.

Según Fundación Mediterránea, cada hora de trabajo cuenta hoy con algo más de capital que en 2016 (+3%) y, aun así, produce menos. La brecha se explica por la productividad total de los factores (PTF), que retrocedió 7% en el período. En Argentina, la PTF muestra una tendencia descendente desde 2016: “Tomando ese año como base 100, el indicador cayó hasta 90 en 2024 y se recuperó parcialmente a 93 en 2025, sin revertir el retroceso acumulado. El resultado muestra que sumar recursos no alcanza. También importa cómo se combinan el trabajo y el capital”.

Es decir, que durante el cuestionado kirchnerismo, siempre señalado por la derecha como “anti-empresario”, creció notablemente la productividad y luego cayó cuando gobernaron primero Mauricio Macri y ahora Javier Milei. La derecha hizo retroceder la productividad.

Mientras el riesgo país de JP Morgan llegó a los 640 puntos, Javier Milei aseguró que el indicador de su propia administración está por debajo de los 100. En un nuevo ejercicio de interpretación a medida, el Presidente volvió a mostrar su distancia con los datos del mercado y buscó refugio en una cifra favorable para sostener su relato económico.

Javier Milei volvió a exhibir su particular manera de interpretar la realidad económica. Durante una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde fue distinguido como «campeón mundial de la libre empresa», el Presidente aseguró que el riesgo país de su administración se encuentra por debajo de los 100 puntos. Lo hizo, paradójicamente, cuando el indicador de referencia de JP Morgan trepaba hasta los 640 puntos básicos.

«Vamos a honrar nuestras deudas a todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país», afirmó Milei mientras el índice subía casi 30 puntos respecto de la jornada anterior. La contradicción entre sus declaraciones y la cotización del mercado quedó expuesta en tiempo real.

Para justificar la diferencia, el mandatario sostuvo que el indicador tradicional mide el «viejo modelo» y defendió una medición propia, enfocada en el riesgo correspondiente al año próximo. Sin embargo, comparar indicadores con horizontes y metodologías diferentes no equivale a demostrar que el riesgo país convencional está bajando. La referencia de JP Morgan continúa reflejando la percepción de los inversores sobre el riesgo de la deuda soberana argentina.

No es la primera vez que Milei recurre a interpretaciones selectivas para presentar cifras más favorables. Días atrás, planteó que, si se excluían alimentos y combustibles del cálculo de la inflación, el resultado quedaba en apenas el 0,6%. Ahora, frente a un riesgo país que supera los 600 puntos, vuelve a poner el foco en una medición alternativa para destacar un supuesto éxito económico.

El indicador de JP Morgan llegó a los 640 puntos durante la jornada y luego retrocedió hasta los 623. Su máximo del año había sido de 655 puntos, registrado el 2 de octubre. La caída del valor de los bonos soberanos presionó al índice y volvió a poner en cuestión el optimismo que el Gobierno intenta transmitir sobre la evolución financiera.

Pero Milei no se limitó a defender su propia estadística. También anticipó que conseguirá la reelección y afirmó que «el 70% de los argentinos ha decidido que no quiere volver atrás», una declaración política que presentó como respaldo a su proyecto sin aportar, en ese discurso, datos que permitieran verificar esa afirmación.

La escena vuelve a poner en evidencia la distancia entre el relato presidencial y las señales concretas de los mercados. Cuando los números no acompañan el discurso oficial, Milei parece dispuesto a cambiar el foco de la discusión y destacar la medición que mejor se ajusta a sus argumentos.

El problema es que los inversores no toman decisiones en función de los indicadores que el Presidente elige celebrar. El costo del financiamiento, el precio de los bonos y la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos siguen dependiendo de variables concretas. Presentar una cifra alternativa puede servir para alimentar el optimismo político, pero no alcanza para despejar las dudas financieras.

En definitiva, mientras Milei proclama que el riesgo país de su administración está por debajo de los 100 puntos, el indicador de referencia continúa muy por encima de los 600. Una brecha que deja planteado un interrogante incómodo para la Casa Rosada: ¿está mejorando la realidad económica o el Gobierno está cada vez más ocupado en encontrar números que le permitan decir que todo marcha bien?

El INDEC reveló que las fábricas utilizaron apenas el 58,5% de su capacidad instalada en agosto, el segundo registro más bajo para ese mes en la última década, solo por encima de 2020. La utilización de maquinaria acumula un retroceso de 8,8 puntos respecto de 2023, mientras el empleo industrial cayó 3,8% interanual y los salarios pierden participación frente a las ganancias empresarias.

La industria argentina sigue sin encontrar piso. Los últimos datos del INDEC exponen la profundidad de la recesión: en agosto, las fábricas trabajaron muy por debajo de su capacidad, con máquinas ociosas, producción debilitada y un deterioro creciente del empleo registrado. El indicador alcanzó el 58,5%, una caída de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025 y un nivel que solo encuentra un antecedente inferior en agosto de 2020, durante la etapa más dura de la pandemia.

El panorama resulta todavía más preocupante al observar la evolución de los últimos años. Entre enero y agosto de 2026, la utilización de la capacidad instalada promedió apenas el 57,8%, el mismo nivel de un 2025 que ya había mostrado un desempeño muy flojo. En comparación con 2023, cuando el promedio alcanzaba el 66,6%, el retroceso llega a 8,8 puntos porcentuales. La industria opera con una enorme porción de su estructura productiva sin utilizar, una señal del freno que atraviesa la economía real y que confirma la tendencia hacia un escenario recesivo.

La dimensión del deterioro queda clara al considerar que los niveles de utilización habitualmente asociados con decisiones de ampliación de la capacidad productiva se ubican entre el 70% y el 80%. Con las fábricas trabajando muy por debajo de ese rango, los incentivos para invertir y ampliar instalaciones se debilitan, mientras la recuperación de la producción y la generación de nuevos puestos de trabajo encuentran mayores obstáculos.

Menos producción, menos empleo y más precarización

La caída de la actividad tiene su correlato directo en el mercado laboral. Según los datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026, los puestos de trabajo de la industria retrocedieron 3,8% interanual, una contracción que refleja las dificultades del sector para sostener su nivel de actividad y su demanda de trabajadores.

El deterioro también se observa en el conjunto de la economía. Los puestos asalariados disminuyeron un 0,8% interanual, mientras que los asalariados registrados cayeron un 1,4%. En contraste, crecieron un 0,5% los asalariados no registrados y un 3,9% los trabajadores por cuenta propia, una dinámica compatible con el avance de formas laborales más precarias e inestables.

Otros sectores tampoco escaparon a las dificultades: el empleo cayó un 0,2% en el agro, un 1,1% en la minería y un 1,5% en la intermediación financiera. En cambio, transporte creció un 3,1% y hoteles y restaurantes, un 1,6%.

Los trabajadores pierden participación en el ingreso

A la debilidad de la producción y el empleo se suma otro dato que expone la distribución desigual de los ingresos generados por la economía. En el segundo trimestre de 2026, la participación de los trabajadores en el valor agregado cayó al 42,9%, su nivel más bajo para un segundo trimestre desde 2022. En paralelo, la participación de las ganancias empresarias trepó al 44,7%, con un incremento de 2,8 puntos porcentuales en un año.

Los números muestran una economía en la que la actividad industrial no logra recuperar dinamismo y los trabajadores registrados pierden terreno tanto en cantidad de puestos como en participación en el ingreso. La combinación de capacidad ociosa, retroceso del empleo formal y menor peso de los salarios configura un escenario adverso para el consumo y la recuperación del mercado interno.

El investigador de la CTA Autónoma Luis Campos sintetizó la gravedad del indicador al señalar que el 58,5% de agosto constituye el segundo valor más bajo de la última década para ese mes, apenas 0,1 punto por encima de agosto de 2020. Su advertencia fue contundente: “La industria no puede mantener estos niveles de capacidad ociosa por mucho tiempo”.

El dato del INDEC deja una señal difícil de ignorar: la industria continúa funcionando muy por debajo de su potencial, sin mostrar una mejora significativa frente al año anterior y con un retroceso pronunciado respecto de 2023. Mientras las máquinas permanecen ociosas y el empleo registrado se deteriora, la posibilidad de una recuperación sostenida sigue condicionada por la capacidad de reactivar la producción y la demanda interna.

La crisis industrial no se mide solamente en porcentajes. Detrás de cada fábrica que produce menos hay riesgos para los puestos de trabajo, los ingresos familiares, las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales. Los indicadores oficiales describen una recesión que golpea al aparato productivo y deja abierta una pregunta central: cuánto tiempo podrá sostenerse este nivel de capacidad ociosa sin profundizar todavía más el daño sobre el empleo y la estructura industrial argentina.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, discutieron fuerte a bordo del avión que los llevó a Tailandia por la crisis que representó para el ministro la irrupción del economista Alberto Ades en una reunión de gabinete. Bausili sí participó de esa reunión a la que faltó Caputo muy enojado. Bausili y Caputo eran socios en una consultora.

Según reseñó La Política Online, un medio muy cercano a la derecha argentina, la pelea se desarrolló mientras hay ruidos en torno a una salida de Caputo cuya política económica fracasó. No hay indicador que le de bien a un ministro que prometió crecimiento récord con inflación cero. No hay crecimiento y la inflación es del 2% mensual (superior a todo el promedio durante el kirchnerismo).

Mientras Caputo se enoja y acusa de traidor a su socio, Milei debió salir a ratificar al ministro en las redes después de que se multiplicaran los rumores. Se sabe: la confirmación suele ser la antesala de una expulsión. Caputo también lo sabe.