(por Andrés Fidanza) Tanto en el presupuesto nacional como en el bonaerense, la política social se salvó del ajuste. Al contrario, ambos proyectos prevén un importante aumento de fondos para planes, asistencia y comedores: un 31% de suba en Nación, y más de un 50% en provincia. Esa decisión encierra un guiño a las organizaciones populares, en especial para la CTEP, a la que el macrismo le encomendó un relevamiento en villas y asentamientos. La inversión, sin embargo, no alcanza para compensar la calidad del deterioro que causó (y sigue causando) la política económica, con énfasis en el conurbano.
Si el gobierno se jactó de la apuesta social y federal del presupuesto, la oposición puso la lupa sobre el enorme endeudamiento privado para el 2017. Ambos puntos no son del todo excluyentes. En el proyecto aprobado por amplio margen en Diputados, se prevé un endeudamiento de 44.000 millones de dólares, que se sumará al acumulado de este año. “Cuando Macri asume, la deuda con privados en moneda extranjera era de 43.000 millones de dólares. En 2016 la hicieron crecer en un 90 por ciento: la duplicaron. Este endeudamiento está por encima del blindaje y el megacanje”, definió Axel Kicillof. Para el oficialismo, en cambio, el nivel de deuda todavía es manejable.
Más cerca de Kicillof que del PRO, un informe reciente de la BBC señaló que el endeudamiento “puede convertirse en el talón de Aquiles” de Macri. Según la cadena inglesa, “los préstamos que ha recibido el gobierno no se están gastando en planes a largo plazo que puedan generar el dinero para cancelar esa deuda, sino en pagos de caja menor, reducción del déficit fiscal y aumento de las reservas internacionales”.
El otro aspecto más criticado por la oposición fue el recorte en Ciencia y Técnica y Derechos Humanos: un ajuste de entre el 10 y 15 por ciento respecto al 2016, obviando la inflación.
En la misma ruta ideológica, el gobierno de María Eugenia Vidal planea un endeudamiento de 60.000 millones de pesos para 2017, y por estas horas negocia con el massismo la letra chica del presupuesto.
Ambos proyectos, tanto el nacional como el de Vidal, coinciden en otro eje: el aumento de la inversión social. De ser aprobado en el Senado, el ministerio de Desarrollo Social tendrá un presupuesto de $ 130.000 millones para 2017. O sea, un 46% más que el presupuesto original de 2016, y un 31% más que el ampliado actual.
El gobierno bonaerense aumentará la inversión en Desarrollo Social un 55% para el 2017. Casi la mitad de los 13.000 millones de pesos proyectados se convertirá en alimentos: $ 4700 millones para los comedores escolares donde asisten a 1,6 millones de niños y otros $ 1500 millones para la tarjetas alimentarias de las manzaneras. A esos dos rubros le siguen las copas de leche en los merenderos y el plan nacional de primera infancia.
Esa inversión social intenta una carambola doble: compensar el congelamiento de la economía y garantizar la paz social, a un mes para que lleguen diciembre y sus fantasmas. Con el objetivo de evitar el conflicto callejero, el Gobierno profundizó la tercerización de su política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por la CTEP. Tras haberlas habilitado para manejar los fondos destinados a insumos del plan Argentina Trabaja, ahora el macrismo las subcontrató para que concreten un relevamiento en cuatro mil villas y asentamientos del país, donde viven alrededor de un millón de familias. Unos cinco mil militantes de esos movimientos (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) ya empezaron una especie de censo popular, a cambio de $ 55 por encuesta.
Un millón de encuestas a ese precio suman en total unos $ 55 millones que desembolsará el Estado. A través de este acuerdo de bajo costo para el Estado, el macrismo confirmó su decisión de utilizar el know-how de las organizaciones (con la excepción de las kirchneristas, como La Cámpora o Kolina), en reemplazo parcial del despliegue estatal.
Pese a los esfuerzos del macrismo, esos dos deseos no se le cumplirán integralmente. Al menos no lo harán en el corto plazo. La asistencia social siempre va a la zaga del deterioro económico, la caída de las changas y el consumo. En realidad ni siquiera se trata de velocidades distintas: la política social no corre en el mismo andarivel que el de la economía. Son dos dinámicas cualitativamente diferentes.
El guiño político tampoco alcanzará para domesticar a las organizaciones sociales. A pocos días de haberles concedido el relevamiento (una forma de empoderarlas), el oficialismo ya tiene un nuevo foco de conflicto. Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita exigieron a la ministra Carolina Stanley que el bono de fin de año se pague por beneficiario de la AUH y no por hogar, tal como dispuso el gobierno. Ante el rechazo PRO, esos movimientos anunciaron una marcha conjunta con la CGT para el 18 de noviembre al Congreso.
