Legisladores del Frente para la Victoria criticaron los altos niveles de endeudamiento que contempla el proyecto de presupuesto que presentó el PRO para que sea discutido en la legislatura bonaerense.

Senadores y diputados del FPV-PJ criticaron el nivel de endeudamiento que pidió la gobernadora María Eugenia Vidal en el proyecto del Presupuesto 2017 que fue enviado al legislativo para su aprobación.

En un comunicado, el espacio FPV-PJ, expresó "profunda preocupación por las características del endeudamiento" .

Por otra parte, sostuvieron que se encuentran a la espera de la devolución del ministro de economía bonaerense Hernan Lacunza sobre las observaciones y requerimientos de los senadores del mismo espacio político.

Quienes concurrieron al encuentro fueron : Magdalena Sierra y Juan Manuel Pignocco (FPV); Daniel Barrera y Darío Díaz Pérez (Bloque Partido Justicialista) y María Fernanda Campos (PJ Néstor Kirchner); los diputados provinciales Juan Debandi, Juan Manuel Cheppi, Anibal Regueiro y Juan José Mussi (FPV); Valeria Amendolara, Walter Abarca y Liliana Pintos (FPV PJ) y Liliana Rego (Peronismo para la Victoria).

El diputado nacional del Frente Renovador (FR) Felipe Solá dijo hoy que "no es cierto" su alejamiento del massismo, como trascendió en las últimas horas, aunque admitió un acercamiento estratégico al peronismo con el consentimiento del líder de ese espacio Sergio Massa.

“No es cierto que me quiero ir del Frente Renovador,” aseguró hoy el ex gobernador bonaerense y atribuyó la versión a “una discusión” que mantuvo con Massa hace unos días sobre distintas visiones de temas puntuales.

“Hace tiempo que vengo planteando acercamientos con el peronismo, pero tengo el visto bueno de Sergio", aseguró en declaraciones a radio Belgrano.

“En un momento dado, hace una semana tuvimos una discusión ríspida y algún vivo publicó que yo me iba. Es una forma tramposa de hacer que uno tenga que desmentir que se va”, se quejó.

Dijo también que “alguien sospechó que yo me podía ir y se lo contó a un periodista que exageró la cosa y así se replicó” y agregó: "No hay nada, porque si además cada vez que yo discuto con Massa o la jefa del bloque se va a hacer un bolonqui, entonces no se puede discutir nada”.

Ante una consulta respecto de las elecciones de 2017, Solá consideró que sería una dificultad para la unidad del peronismo una candidatura en la provincia de Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner para constituir un frente ciudadano como ella misma plantea.

Admitió que la ex presidenta le complicaría la vida al peronismo y lo atribuyó a que “la acorralan tanto, la acusan tanto, que es posible que decida ser candidata igual”.

“Lo ideal sería que fuera candidata por Santa Cruz, que no se presente por la provincia de Buenos Aires y que nos dieran interna, pero Massa por ahora se niega a eso y yo sigo siendo massista,” remarcó el ex gobernador bonaerense, cuyo mandato en la Cámara baja finaliza el año próximo.

Según el diputado del Frente Renovador, "Cristina tiene un piso alto pero un techo bajo. Para que exista un frente ciudadano como plantea Cristina, ella tiene que hacer el sacrificio de no ser candidata en la provincia de Buenos Aires”.

No obstante, sostuvo que la ex jefa de Estado “puede llegar a no ser candidata pero no va a dejar de intervenir, porque tiene votos más firmes (que Massa) y ella polariza”.

En este contexto y en declaraciones a radio Nacional, Solá cuestionó duramente la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, al sostener que “derrumbó el trabajo de cuatro años en materia de reforma policial”, en alusión a su propio gobierno.

Para Solá, Scioli “dejó mal a la provincia” en casi todos los rubros y destacó su capacidad para aguantar “las maldades de los Kirchner y de promocionarse a pesar de su mala gestión”.

Por último, el legislador massista estimó hoy que para ganar las elecciones de medio término de 2017 “necesitamos algunos votos de (Mauricio) Macri que Cristina ahuyenta".

La decisión fue anunciada en la misma jornada en que ATE cumplió con un nuevo paro de actividades. Vidal no ofrecerá un bono y propondrá a cambio un 4% de incremento. Desde los gremios pedirán aumento adicional de 22%.

En medio del nuevo paro nacional que cumplió ayer ATE bonaerense, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció la decisión de reabrir la paritaria que involucra al personal de la administración pública provincial, a los que propondrá un incremento salarial adicional para compensar la inflación en torno al 4% en lugar del pago de un bono de fin de año.

La determinación del Ejecutivo bonaerense fue confirmada por voceros del Ministerio de Trabajo, que encabeza Marcelo Villegas, que –además– citó para la próxima semana a los gremios de ATE, Upcn y Fegepba que representan a unos 150 estatales de la provincia nucleados en la Ley 10.430.

El encuentro paritario se concretará entre el martes y miércoles próximo y, según anticiparon fuentes oficiales la propuesta de la administración Vidal contemplará un aumento adicional de entre 3,5% y 4% para el trimestre octubre-diciembre. Para la gobernación bonaerense, con esa suba y el incremento del 31% acordado en marzo pasado se alcanzará una mejora anual del 35% que, sostienen, compensará la pérdida del poder de compra de los salarios frente a la inflación.

Con ese esquema, Vidal espera saldar la discusión salarial de este año con los estatales y cerrar la puerta a cualquier reclamo gremial por el pago de un bono de fin de año, una alternativa que la gobernadora rechazó insistentemente en las últimas semanas.

La decisión de anunciar la reapertura de la paritaria en la misma jornada en que los trabajadores públicos bonaerenses cumplieron con un nuevo paro de actividades fue considerada desde la conducción de ATE como un triunfo del plan de lucha dispuesto por el sindicato.

"Esperemos que se instrumente la negociación porque la movilización de los trabajadores ha sido masiva y si hoy el gobierno está hablando de reabrir la paritaria es por eso", enfatizó el titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi. El dirigente remarcó que, según las estimaciones del gremio, el deterioro del salario de los estatales se ubica en el orden del 22%, por lo que adelantó que ese será el parámetro del planteo que llevarán a la reunión con los funcionarios de la administración de Vidal.

Si bien evitó cualquier comentario sobre la propuesta de aumento que prepara la provincia, De Isasi insistió en que "los funcionarios dicen que nos dieron el 31%, pero como fue escalonado en dos cuotas, en realidad nos dieron mucho menos y ahora pedimos que se compense lo perdido por la inflación". Actualmente el salario mínimo en la administración pública bonaerense alcanza a $ 9600 y los sueldos de la mayor parte de los trabajadores del sector se ubica entre ese mínimo y los $ 11.900, según datos relevados por los gremios.

Por otra parte, de cara a la reunión paritaria, desde ATE ratificaron que también reclamarán por la estabilidad laboral de unos 15.000 contratados provinciales que desempeñan como becarios de salud y auxiliares de la educación y cuyos contratos vencen el próximo 31 de diciembre.

A su vez, el gobierno bonaerense pretende llevar a la discusión con los gremios una propuesta de pago de un suplemento salarial por presentismo con el objetivo de disminuir los niveles de ausentismo en la administración provincial.

Tras conocerse las reuniones entre la Gobernadora provincial y Massa para negociar diferentes cargos en la Cámara de Diputados, la UCR puso el grito en el cielo y exige un encuentro con la mandataria bonaerense para que se escuchen sus reclamos y propuestas en la votación del Presupuesto.

Los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires como el vicegobernador Daniel Salvador, el senador Carlos Fernández, y el diputado Maximiliano Abad, se reunirían con la gobernadora María Eugenia Vidal con el objetivo de ser escuchados por su principal aliado (el PRO), rascar algún cargo y expresar sus reclamos.

Uno de los temas que esperan hablar los radicales es por más y mejores cargos en la administración pública de la Provincia de Buenos Aires.

“Todo lo que se negocia con los demás espacios es en detrimento de nosotros, nos tenemos que conformar con medio ministerio (en referencia a la cartera de Ciencia que conduce Jorge Elustondo, el único ministro radical) y encima cuando se habla de un espacio para negociar el presupuesto con otras fuerzas políticas es un lugar en el que hay un radical”, se quejó un legislador boina blanca, sin ser de los más críticos ni rupturista, en declaraciones reproducidas por La Tecla.

Se refiere a la Defensoría del Pueblo. Esa silla el oficialismo está decidido a entregarla a la oposición. La pide con insistencia Sergio Massa, pero el PRO la tiene reservada como zanahoria para atraer voluntades peronistas que permitan aprobar el presupuesto, que por tener endeudamiento necesita el visto bueno de los dos tercios.

La Defensoría es ocupada actualmente por Enrique Honores, radical, quien quedó a cargo desde la salida por vencimiento de mandato de Carlos Bonicatto. El radicalismo quiere conservar el lugar, incluso con la continuidad de Honores. “No sólo no nos dan sino que nos quitan lo que tenemos”, trinan en la UCR.

Mientras se habla mucho de los acuerdos extrapartidarios para tener lo antes posible la Ley de Leyes y la Ley Impositiva, en Cambiemos comienza a sentirse un ruido interno, que hasta ahora había quedado silenciado, y se expresará en esa reunión a concretarse en breve.

No deja de ser una situación incómoda para el vicegobernador Daniel Salvador, quien debe hacer equilibrio entre la institucionalidad y su pertenencia al Ejecutivo, y los reclamos cada vez más fuertes desde el seno del partido centenario.

El titular de ATE y de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, justificó la medida de fuerza en que "la crisis la siguen descargando sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.

La filial bonaerense del sindicato de ATE realizará hoy un nuevo paro en reclamo de la reapertura de paritarias, mientras que la CTA Autónoma provincial adherirá con una movilización al Juzgado Penal, a la Legislatura y la Casa de Gobierno de la provincia.

El secretario general de ATE bonaerense y de la CTA Autónoma de la provincia, Oscar de Isasi, justificó la medida de fuerza al considerar que "la crisis la siguen descargando sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables, como lo demuestra el presupuesto para el año que viene, que disminuye las partidas en las áreas más sensibles y pone techo a la discusión paritaria".

"Asimismo, los despidos crecen en el país, por lo que le pedimos al ministerio de trabajo que intervenga a favor de los trabajadores en lo inmediato", agregó el gremialista en un comunicado.

La semana pasada, De Isasi se quejó de que "hubo un compromiso de reapertura (de la paritaria) por parte del gobierno provincial que no se cumplió" y sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal debería "cumplir con su palabra y no decir que no hay plata".

El reclamo de los estatales se centra en la reapertura de la discusión salarial para recuperar poder adquisitivo, pero incluya otras demandas como "la continuidad de los más de 15 mil trabajadores que desarrollan tareas en el Estado de manera precarizada y se les vence su continuidad el 31 de diciembre".

ATE bonaerense exigió además que la Provincia "pida la coparticipación que le corresponde y que reclame el descongelamiento del Fondo del Conurbano lo que daría más fondos para resolver los problemas de las mayorías".

Con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares impulsado por Desarrollo Social y una serie de organizaciones sociales, el Gobierno busca evitar cualquier tipo de conflictividad social de envergadura para diciembre próximo; por ello Stanley como el Ministro de Trabajo, están estudiando la propuesta de un “aguinaldo social”.

Otro acuerdo entre el Gobierno y diferentes movimientos sociales se encuentra en plena marcha: un bono de fin de año para evitar conflictos se encuentra en etapa de estudio y reuniones. Un asunto que no pasa desapercibido por la Casa Rosada frente a la crítica situación social y económica en todo el país y el simbolismo que tiene un mes como diciembre.

De forma separada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, estudian la propuesta de un “aguinaldo social” para diciembre, que consiste en la ampliación del bono con una suma fija por cada hijo, aunque la idea del Ejecutivo es pagar por grupo familiar.

Tema sensible y de prioridad absoluta para la Casa Rosada y que incluye un monitoreo constante de la situación en las zonas más marginadas del país.

Principio del formulario

El pasado 12 de octubre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció un bono de mil pesos para jubilados que cobren la mínima y para los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

Pero los movimientos sociales exigen aumentar la suma y para eso negocian en simultáneo con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Al ministerio de Trabajo, en tanto, acudieron los beneficiarios del Programa Trabajo Autogestionado y del Programa Construir Empleo, que cobran alrededor de 3100 pesos por mes.

El Gobierno ofreció actualizar el monto que perciben estos beneficiarios, pero los movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita reclaman que además de actualizarles los planes les paguen un bono navideño.

La respuesta del Ejecutivo, por el momento, es que estos beneficiarios ya van a cobrar el bono mediante el pago que se va a hacer a través de la AUH.

De todo esto hablarán mañana Stanley con el Presidente Mauricio Macri al mediodía en el Salón Norte de Casa Rosada.

La mandataria provincial y el referente del Frente Renovador se verán las caras una vez más para intentar sellar un pacto para el presupuesto del año que viene y el reparto de cargos institucionales. El acuerdo depende de otras fuerzas políticas las que ponen en jaque lo pactado.

Tras la última reunión celebrada la semana pasada entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el diputado nacional Sergio Massa, para abrir un diálogo para el presupuesto de 2017 y diferentes temas de seguridad, ambos dejaron para más adelante el reparto de las autoridades en la Cámara de Diputados.

Vidal propuso a Manuel Mosca para reemplazar en la presidencia al massista Jorge Sarghini. Massa retrucó que, ante la insistencia de Sarghini de volver a la banca sin un cargo, su candidato para la vicepresidencia es Rubén Eslaiman.

El nombre que barajaban en Cambiemos como posible era otro y la propuesta del tigrense no dejó de sorprender. Eslaiman es un as  en las luchas legislativas que los oficialistas no ven con buenos ojos.

En el encuentro de esta semana, la Gobernadora y el diputado nacional tratarán de cerrar el acuerdo por la votación del Presupuesto, además de comenzar a conversar sobre otros lugares libres que el massismo apetece.

Además intentarán sellar el recambio legislativo que vuelve a dejar en tercer lugar al peronismo, aunque éste podría ejercer la primera minoría si se propusiera llegar a la unidad.

Pero cambiar las autoridades de Cámara es una decisión que excede a Vidal y Massa, ya que necesitarán de un acuerdo más amplio para concretarlo. El tema es así: las autoridades fueron elegidas por dos años y no hubo cambio de reglamento interno, por lo tanto el enroque necesita de renuncias.

Si Sarghini renuncia a la presidencia, Mosca ascendería derecho a la ese lugar y subirían al cargo inmediato superior los subsiguientes vicepresidentes; por lo cual el massismo se quedaría sin nada. Para concretar el acuerdo de palabra del año pasado se debe, entonces, requerir la renuncia de todas las autoridades y que, ante la acefalía, asuman nuevas.

Es decir que no sólo Sarghini y Mosca deben demitir del cargo, sino también el vice primero Marcelo Feliú (FpV-PJ), el vice segundo Leonardo Santiago (FAP), y la vice tercera Patricia Cubría (Peronismo para la Victoria) Es efecto, no es para nada fácil la imposición del acuerdo preestablecido entre Cambiemos y el Frente Renovador. Habrá que negociar un poco más.

El accionar de la Policía Local todavía sigue muy cuestionado en los distritos. Ahora detuvieron a dos "pitufos" de Avellaneda por liderar una banda que vendía y distribuía drogas.

Dos integrantes de la Policía Local de Avellaneda fueron detenidos acusados de liderar una banda que vendía y distribuía drogas en distintos barrios del sur bonaerense. Además, detuvieron a la pareja de uno de ellos y un cuarto implicado.

Las detenciones se realizaron ayer a la tarde en cinco allanamientos a cargo de la misma Policía Local tras una denuncia anónima realizada en la Fiscalía de Estupefacientes 2 de Avellaneda, a cargo de Mario Prieto, y luego de realizar escuchas telefónicas, filmaciones y seguimiento en varios domicilios entre los de los propios policías.

Los agentes, identificados como Jerónimo Manuel Menéndez y su compañero Ramón Casasola, fueron detenidos en una estación de servicio de la calle 9 de Julio y Bartomé Mitre de Avellaneda a bordo de un móvil policial en el que, al ser requisado, se encontraron bolsas de cocaína y 1600 pesos producto de la venta en la vía pública.

El senador por la provincia de Buenos Aires y cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini, inició una demanda civil por un millón de pesos contra Elisa Carrió por "daño moral", luego de que ésta lo acusó de tener vínculos con el fiscal Julio Novo, procesado por encubrir al narcotráfico, y avivó aún más la disputa política con tintes electoralistas que mantienen el massismo y la diputada, una de las líderes de Cambiemos.

Meses atrás, Carrió acusó a Galmarini de tener, junto a Massa y el kirchnerista Aníbal Fernández, una "íntima vinculación" con el fiscal Novo de San Isidro, recientemente procesado por encubrimiento al narcotráfico, en una causa en la que la diputada de Cambiemos declaró como testigo.

La demanda, que el propio Galmarini difundió el viernes en un tuit, fue presentada en el Juzgado Civil 87 de Capital Federal, Secretaría 97, el 2 de septiembre último, luego de que fracasó una mediación en agosto entre el senador y Carrió, en la cual, según dijeron desde el massismo, la diputada se escudó en sus fueros diciendo que sus dichos se realizaron en el marco de su función legislativa.

Desde el entorno de Carrió, a su vez, confirmaron a esta agencia que la diputada "no se va a retractar de nada", recordaron que el año pasado fue sobreseída por la Justicia tras una denuncia que realizó Massa, y pidieron "que expliquen en el Frente Renovador la vinculación con Novo, quien tiene decenas de fotos con Massa", algo que según Galmarini se debe a que "todas las fotos que se muestran remiten a actos oficiales".

En diálogo con Télam, Galmarini fustigó a Carrió, al afirmar que "está preocupada por lograr cargos en el Gobierno, mientras que Massa está preocupado por temas centrales para la Argentina y la gobernabilidad". Así aludió a la reservada reunión que Massa mantuvo días atrás con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, para analizar el presupuesto provincial y temas de seguridad.

No fue casual que después de esa reunión, donde también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el massismo haya dado una parcial marcha atrás en su negativa a darle apoyo a la iniciativa de contratos de participación público-privada (que incluso hizo peligrar la reunión del jueves con Vidal) y planteado una serie de "ejes de transparencia", que consensuó con Cambiemos, para que el proyecto oficialista salga finalmente adelante en el Congreso.

En el Parlamento, Cambiemos necesita del Frente Renovador para aprobar leyes vitales para el Gobierno, debido a que el oficialismo no cuenta con mayoría automática.

En cualquier caso, el rol de Massa como opositor es algo que preocupa al presidente Mauricio Macri, ya que lo visibiliza como un rival de cuidado, especialmente mientras el peronismo no logre reagruparse para presentar una sola opción sólida de cara a las elecciones legislativas de 2017.

Según conjeturan en el massismo, Macri hizo un acuerdo político con Carrió para que la diputada logre quebrar -al menos mediáticamente- a Massa, endilgándole alguna denuncia que remita a su breve paso por la gestión kirchnerista.

"Cuando Massa sube en las encuestas, Carrió sale a pegarle", deducen desde el Frente Renovador, rememorando el día que la diputada dio a conocer fotografías del líder del Frente Renovador con familiares del ex prófugo Ibal Pérez Corradi, una situación de la que el diputado logró zafar sin despeinarse.

"Massa está alto en las encuestas porque todavía no se enfrentó a Carrió", explicaron a esta agencia fuentes del PRO, que si bien no reconocieron pacto político alguno entre ella y Macri para descabezar al líder del FR, dejaron entrever que uno de los objetivos de la chaqueña, fiel a su estilo denunciante, es justamente el ex intendente de Tigre.

Este año también, Lilita solicitó que fueran indagados todos los jefes de Gabinete que ha tenido el gobierno kirchnerista entre 2003 y 2015 -incluido Massa-, por las supuestas maniobras para favorecer al empresario, hoy preso, Lázaro Báez.

La denuncia a Carrió fue dada a conocer por Galmarini en el medio de una embestida tuitera de segundas y terceras líneas massistas contra la diputada chaqueña, luego de que ésta cometió "un error", al decir que el Frente Renovador y el kirchnerismo pactaron para "mantener el fraude electoral", mediante la eliminación del chip previsto para las boletas electrónicas en el texto de Reforma Electoral presentado en el Congreso por el Gobierno.

Los docentes nucleados en el Frente Gremial graficaron el impacto del recorte presupuestario que la gobernadora Vidal envió a la legislatura. Los maestros sostienen que equivale a 1764 jardines o a 998 escuelas secundarias.

El recorte del presupuesto que propuso la nueva gestión de gobierno a cargo de la mandataria bonaerense Maria Eugenia Vidal, afecta principalmente el área de educación.

La baja del presupuesto es de 16.533 millones de pesos para el año entrante, lo que repercutirá además en las paritarias docentes y de la comunidad educativa en general.

En términos porcentuales la baja representa el 3,2% respecto a lo aprobado para el año 2016.

Ante esta situación, los maestros decidieron graficar el impacto sobre la educación que tendría de aprobarse la baja presupuestaria.

“Esta diferencia significa 16.533 millones de pesos menos destinados a Educación, monto que representa la construcción de 998 escuelas secundarias o 1764 jardines de infantes”, advirtieron desde el Frente gremial que componen los agrupamientos FEB, SUTEBA, AMET, SADOP y UDA.

En el mismo sentido, señalaron que “no da respuestas a las demandas ni al planteo de debate de los nuevos paradigmas y desafíos de la educación”.

Por otra parte, adelantaron que la reducción impactará en la negociación salarial, en la cobertura de cargos y en la calidad de la educación.