Florencio sigue cambiando. Es que tras sugestivas fotos con dirigentes del PRO y la versión de que los amarillos impulsan su candidatura en 2017 para fragmentar al peronismo, colocó un hombre de su confianza en el Banco Provincia.

En las últimas horas, con los votos del senado bonaerense, se aprobaron los pliegos del randazzista Eduardo Di Rocco y de Andrea García -cercana a Domínguez- para su incorporación al directorio del Bapro, en reemplazo del contador de Daniel Scioli, Rafael Perelmiter, y de Omar Galdurralde, un hombre vinculado a Aníbal Fernández.

El senador Daniel Barreda -quien responde a Fernando Espinoza- salió a denunciar que la maniobra se trató de un “negociado” entre Randazzo y Domínguez con el oficialismo.

El dirigente sostuvo que los dos asientos en el banco correspondían al Partido Justicialista bonaerense. Según hizo saber, la estrategia legislativa llevada adelante no tuvo en cuenta acuerdos con el PJ y, por el contrario, “se buscó un negocio chiquito para tres o cuatro”.

Semanas atrás, la discusión por estos mismos pliegos generó un fuerte cimbronazo dentro del peronismo y partió el bloque. La bronca estalló cuando todo estaba listo para que Di Rocco y García reemplacen a Perelmiter y Galdurralde, pero un llamado de Daniel Scioli a Barreda hizo caer la sesión.

“Nos llevan a los empujones a resolver y acompañar un negociado político entre dos sectores”, dijo Barrera y agregó: “A lo mejor eran dos lugares para los amigos”.

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció hoy un nuevo plan de capacitación y formación para la Policía de la provincia de Buenos Aires, que extenderá el plazo de instrucción para los nuevos efectivos e incorporará tecnología para prácticas de tiro en las que se invertirán más de 50 millones de pesos.

“Esta es la medida es la más importante porque tiene que ver con lo que no se ve. Es una nueva capacitación para toda la Policía y es acompañar a quienes ingresan a la fuerza”, dijo Vidal durante un acto que se realizó esta tarde en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en la localidad bonaerense de Berazategui.

Precisó que el otro eje “es el de formación continua porque un policía no deja de aprender nunca” y detalló que “acá se acabó la improvisación y por eso habrá mayor capacitación”.

En ese punto anunció que se invertirán más de 50 millones de pesos en polígonos de tiro y en mejorar la formación “porque el estado quiere cuidar a la policía para que de lo mejor y para que nos cuide bien”.

“Nuestro compromiso fue enfrentarnos a las mafias y al delito y por eso primero multiplicamos los recursos para inversión en tecnología y equipamiento así por ejemplo cada policía pudiera tener su chaleco antibalas”, expresó.

Afirmó que su objetivo es que “la policía sea más profesional y por eso los exámenes de ingreso son más específicos y rigurosos y de los 24.000 postulantes que se presentaron este año sólo 1.700 pasaron esas pruebas”, detalló.

Puntualizó que el plazo mínimo de capacitación pasará de seis a nueve meses “porque un policía no puede salir a la calle sin una formación de tiro necesaria”.

En tanto, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo aseguró que el objetivo es que los nuevos 1.700 cadetes “sepan de que se trata el nuevo entrenamiento” y precisó que a la par se trabaja con la DEA y el FBI estadounidenses “para capacitar a los efectivos policiales”.

El nuevo esquema de entrenamiento y capacitación prevé que unos 500 policías por semana estén en polígonos de tiro para lo que el ministerio de Seguridad adquirió sistemas virtuales.

También se sumarán simuladores de manejo con el objeto de reforzar la capacidad de conducción mientras se acude al llamado de una emergencia.

Además se resolvió que la edad límite para el ingreso a la fuerza policial establecida hoy en 29 años se reduzca a 25 a partir del año próximo.

El tarifazo parece encontrar su barrera de contención en el conurbano. Es que tras conocerse la decisión de La Matanza que logró frenar los aumentos en su distrito comenzó un efecto contagio que amenaza con llegar a todos los rincones de la Provincia de Buenos Aires.

Ya los municipios de Almirante Brown, San Martín y Merlo imitarán a Verponica Magario y accionarán en la Justicia para frenar el tarifazo en los servicios públicos.

También en Avellaneda, Lanús, Hurlingham y Lomas de Zamora estudian cómo llevar adelante sus reclamos para sumarse a la ola judicial

Según consignó el portal La Política On Line desde el interior, la última novedad llegó del departamento judicial de Azul, donde se elevó una medida cautelar colectiva que permite que sean alcanzadas todas las personas del mismo, a instanciaas de la diputada nacional olavarriense Liliana Schwindt, del Frente Renovador.

Los intendentes se aventuran a la vía judicial porque cuentan con los precedentes de los fallos del juez federal Arias de La Plata y el de la jueza federal de San Martín Martina Forns, que tomó varias medidas para proteger instituciones del conurbano. Puntualmente, la última resolución benefició a seis clubes tradicionales de San Martín.

Diferentes notas de prensa y rumores proveniente de la Casa de Gobierno platense aseguran que el sábado pasado se celebró un almuerzo entre el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y la mandataria provincial, María Eugenia Vidal. Allí, la gobernadora le ofreció al jefe comunal un cargo en el gabinete provincial.

En un principio se pensó ofrecerle a De la Torre la Asesoría General de Gobierno, tras la salida de Gustavo Ferrari para asumir en el ministerio de Justicia. Sin embargo, Vidal no habría mencionado ese lugar en la conversación del sábado con el jefe comunal. El ofrecimiento tiene rango de ministerio y se encuadra en una movida que podría incluir más de una cartera, y nuevas negociaciones con el radicalismo, publicó hoy La Tecla.

Un posible destino para De la Torre es el ministerio de la Producción. Hay enojo en el gabinete con el radical Jorge Elustondo, y la situación se habría agravado tras un reciente paro de portuarios por una resolución del ministerio.

¿El radicalismo perdería entonces el único lugar que tiene en el gabinete? No. La compensación llegaría con otra cartera, incluso de mayor rango. Vuelve a estar en la cresta de la ola la versión del alejamiento de la ministra de Salud, Zulma Ortíz. La cartera sanitaria es un anhelo de la UCR desde el primer día post triunfo de María Eugenia Vidal, cuando aspiraba a más espacios en el equipo de gobierno.

Con todo, la decisión del Ejecutivo sería vestir con más política los cargos que queden vacantes, y en esa lógica entran a jugar los intendentes. De la Torre no sería el único a tentar con un espacio en la estructura de Gobierno. En la mira también hay jefes comunales que ganaron el año pasado bajo el sello del Frente para la Victoria.

Uno de ellos es Martín Insaurralde, aunque la tentación por parte del PRO llegaría para ocupar una silla de relevancia en el gobierno nacional. Los contactos están aceitados desde un despacho muy cercano a Macri que no está precisamente en la Casa Rosada.

El decreto 647/16 de la gobernadora María Eugenia Vidal estableció que las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses tuvieran una versión “extendida”, con carácter “reservado”, y otra “sintética”, a la que se podría acceder de forma pública.

La misma disposición, publicada en el Boletín Oficial para modificar el decreto 116/16, contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones “reservadas” de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario, y también para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

La versión “sintética” restringía “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Tampoco hacía públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.

Por otro lado, el decreto de Vidal prorrogó por 60 días la presentación de las declaraciones juradas, que alcanza a un total de 55.000 funcionarios, entre ellos la propia gobernadora, su vice, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.

Asimismo, incluyó a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.

Tras conocerse la medida del Gobierno bonaerense, distintos sectores opositores plantearon su rechazo al entender que este decreto vulneraba el derecho a la información.

La senadora del FpV, Mónica Macha, explicó que “las políticas de transparencia son un derecho de los y las bonaerenses y no depende de la voluntad ni los decretos de Vidal”.

“El gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras, ahora hacen lo mismo con las declaraciones juradas, ocultan”, agregó la legisladora Mónica Sierra, titular del bloque kirchnerista en el Senado.

Desde el Frente Renovador, Sebastián Galmarini, también manifestó su repudio: “No tiene ni pies ni cabeza”, dijo y calificó la medida como “una barbaridad”.

Este decreto era similar al artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales.

Luego de las fuertes reacciones, Vidal dijo a través de su cuenta de Twitter que “si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada” y, más tarde, anunció que derogará los artículos 1, 2 y 7 de su medida para “despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

La Cámara Alta provincial tiene previsto tratar mañana un proyecto sobre las declaraciones juradas que incluye a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que es la unificación de cuatro proyectos presentados por los legisladores del massismo Rubén Eslaiman, Ramiro Gutiérrez y Lisandro Bonelli y el radical Alejandro Armendáriz, obtuvo despacho favorable esta tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto, ya contaba con despacho de Reforma Política y del Estado y de Asuntos Municipales y sería tratado en la sesión prevista para la semana próxima o a más tardar la siguiente, explicó a Télam un vocero legislativo.

El texto final consigna que el intendente, los concejales, consejeros escolares, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

Establece también que si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período.

Además prevé que los mandatos actuales de los Intendentes, concejales y legisladores se les computará como primer período por lo que si se sanciona la ley este año podrán proponerse sólo por un mandato más.

Además establece un régimen de incompatibilidades por simultaneidad de cargos, aunque con la salvedad que se pondrá en vigencia cuando el funcionario cumpla su mandato, es decir no afectará a los que ahora estarían alcanzados por la incompatibilidad.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca, explicó que “entendemos que es importante la alternancia en el poder para fortalecer el sistema democrático”.

“Con el triunfo de la gobernadora María Eugenia Vidal, marcamos ese rumbo y mostramos que en la provincia, que fue durante muchos años gobernada por el mismo partido político, hoy podemos mostrar cambios que van a modificar para bien la vida de los vecinos”, graficó.

En tanto, el diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, aseguró que “la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca de terminar con los políticos que se eternizan en los cargos”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, decidió mediante el decreto 647, multar con penas de hasta dos años de prisión a periodistas o terceros que difundan las declaraciones juradas de los funcionarios del gobierno PRO.

Senadores bonaerenses del FPV manifestaron su enérgico repudio   ante el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La senadora bonaerense, Magdalena Sierra, afirmó que  “ya habíamos advertido sobre la intención de penalizar a los que informan y a los que investigan. Por eso en la discusión en comisiones de lo que será la ley que regule las declaraciones juradas que se debatirá en el senado de la provincia logramos eliminar el artículo que sancionaba a los periodistas”, recordó la legisladora.

En el mismo sentido, añadió “para nosotros el gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras. Ahora intentaban lo mismo con las declaraciones juradas”, advirtió.

Por su parte, la senadora Mónica Macha, destacó que "el decreto de Vidal lesiona persigue al periodismo y, otra vez, las instituciones y la democracia. Es una medida escandalosa, criminaliza la práctica periodística y blinda a la provincia de una manera inaceptable”.

“La medida implica un retroceso enorme en materia de transparencia. Esconder información es gobernar encerrado y lejos del pueblo.  Cambiemos es contradictorio, desprecia los mecanismos de la democracia y muestra serios problemas en materia de transparencia”,  cuestionó Macha.

Otro de los senadores que salió al cruce de la medida tomada por el gobierno provincial, fue Santiago Carreras, quien aseguro que  “el decreto firmado por Vidal es alarmante. Al igual que quiso hacer Macri en el ámbito nacional con los que ingresen al blanqueo, en la Provincia buscan silenciar y perseguir a quienes informen sobre el patrimonio de su gabinete”

En el mismo sentido, el legislador hizo un repaso de las decisiones del gobierno provincial que sortearon controles y se refirió a que “desde su asunción la gobernadora promovió proyectos que pasan por alto los mecanismos de control en contrataciones y obras de infraestructura, y ahora apunta a ocultar las declaraciones juradas de sus funcionarios y perseguir periodistas".

"Muy lejos del discurso de transparencia e institucionalidad que tenían en campaña”, concluyó el legislador.

Por otra parte, llovieron críticas en las redes sociales.

Enrique M Martinez ‏@em_martinez 1 hHace 1 hora

Vidal se retractara sobre un decreto que firmo hoy. El nivel de precariedad e improvisacion del gobierno es asombroso

Cristina PerezCuenta verificada ‏@Cris_telefe 1 hHace 1 hora

#Gravisimo Decreto d M Eugenia Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio d sus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Dante Augusto Palma ‏@palmadante 1 hHace 1 hora

Feliz día del periodista http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

Mariana Moyano ‏@mmlamoyano 2 hHace 2 horas

La libertad al palo Un decreto d Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio dsus funcionarios http://www.lanacion.com.ar/1906912 

Nancy Pazos ‏@NANCYPAZOS 2 hHace 2 horas

En qué quedamos????Vidal y un polémico decreto: enviará a prisión a quienes revelen datos patrimoniales de sus func http://goo.gl/PaUNZq 

mariano obarrio ‏@marianoobarrio 3 hHace 3 horasCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Este decreto de MEV atenta contra la libertad d prensa, derecho a la información y normas d transparencia oficiales http://www.lanacion.com.ar/1906912-un-decreto-de-maria-eugenia-vidal-sanciona-con-prision-a-quienes-revelen-datos-del-patrimonio-de-sus-funcionarios …

La justicia en lo contencioso administrativa de La Plata intimó hoy a la gobernadora María Eugenia Vidal a que en cinco días convoque a reanudar las negociaciones paritarias a los estatales enrolados en la Ley 10.430 y que designe en conjunto con los gremios la autoridad imparcial que debería intervenir ante conflictos entre las partes.

La medida la adoptó hoy el juez Luis Federico Arias, quien aclaró que la orden de reabrir la paritaria estatal que resolvió el pasado 29 de abril si bien fue apelada por la Fiscalía de Estado, “el recurso fue concedido con efecto no suspensivo, por lo que la misma se encuentra plenamente vigente”.

En el fallo, el magistrado dispuso que para el caso de incumplimiento “los respectivos encuentros paritarios de negociación se realizarán en el ámbito de éste Juzgado, a cuyos efectos se fija audiencia para el día 21 de junio del corriente año, a las 10 horas en la sede de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata”.

La decisión de Arias se basa en un planteo que habían presentado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y los médicos nucleados en la Cicop.

Si bien, los médicos acordaron la semana pasada un aumento del 25 por ciento hasta agosto y la reapertura de la paritaria ese mes y el gobierno también acordó con el resto de los gremios estatales un aumento salarial para el primer semestre y la reapertura paritaria el 1 de julio, ATE y Soeme rechazaron el acuerdo y recurrieron a la justicia que dio lugar al reclamo de los trabajadores.

Luego de promesas de transparencia, en un controversial decreto que coarta el derecho de la Libertad de prensa, María Eugenia Vidal decretó que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas que presenten los funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a "terceros". En otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación.

A principios de la gestión, la gobernadora a través del decreto 116 había obligado a sus funcionarios y a sí misma, a publicar declaraciones juradas de bienes.

El decreto 647 anunciado hoy por el Boletín oficial, anuló la propia iniciativa basada en el discurso de la "transparencia" de la gobernadora.

De esta manera, el gobierno bonaerense decidió que se aplique una sanción de hasta dos años de prisión a quienes den a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas en su formato integral.

En el primer decreto de principios de la gestión se establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.

El texto agregado hoy por el nuevo decreto 647 detalla que "la Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente".

Entre los periodístas ya estalló la polémica.

Miembros de clubes de barrio de todo el país, acompañados de organizaciones sociales, se manifestaron ayer en Plaza de Mayo contra lo que consideraron “un tarifazo que amenaza con el cierre” de esos espacios.

Pasadas las 19, las canchas de fútbol improvisadas rodearon la Pirámide de Mayo. Sobre la reja que circunda el monumento, clubes porteños, del conurbano y del interior del país colgaron las banderas que los representan y las pancartas que exigieron “tarifa social para todos” y recordaron: “un club de barrio menos, muchos pibes más en la calle”.

Más tarde, una gran columna ingresó por Irigoyen para sumarse a la actividad.

Detrás de la bandera que agrupa a todos los clubes a nivel nacional se mezclaron los colores de los clubes de todos los barrios, incluyendo delegaciones que llegaron del interior.

“De los clubes, la plaza es de los clubes”, entonó el grupo de chicos, padres y profesores mientras se acercaba a la Casa Rosada tan cerca como las vallas, a la altura de la calle Defensa, lo permitieron.

Allí se montó un escenario desde el que se leyeron las consignas de la convocatoria y sentenciaron: “No vamos a permitir que desaparezcan los clubes”.

Reclamo de los clubes de barrio por el tarifazo

Imágenes de la movilización