En declaraciones ofrecidas a Radio del Plata el creador intelectual de Fútbol para Todos y ex vicemandatario de la provincia de Buenos Aires, expresó estar muy preocupado con el proyecto que se está estudiando en la AFA en conjunto con el gobierno nacional de terminar con la gratuidad del fútbol y su difusión. Además se diferenció del presidente de Banfield, Eduardo Spinosa.

En los primero tramos de la entrevista, Mariotto indicó: “Me duele mucho que se este pensando en privatizar otra vez el fútbol. Vamos a volver a ver las tribunas en este retroceso. Esto va a traer un mal humor social muy grande"

"Yo, humildemente, fui el mentor intelectual de Fútbol para Todos. Vimos que el Estado podía hacer una oferta y aportó 600 millones de pesos para el derecho de los ciudadanos a acceder a la información", destacó Mariotto, para luego señalar que "ya el nacional B se ve por cable. Cientos de miles de hinchas tienen que recurrir al cable para ver a su equipo".

A la hora de realizar comparaciones el ex vicemandatario bonaerense contrastó: "Poder haber terminado con eso de que la gente vaya a la estación de servicio y que ahora vaya a la casa del abuelo o que vengan a casa es formidable. Y ahora estos tipos nos quieren sacar de un plumazo esos derechos. Es como que nos quieran sacar el aguinaldo o las 8 horas de trabajo".

Acerca de la gratuidad del fútbol, la semana el presidente de Banfield, Eduardo Spinoza, declaró: “tenemos que explicarle a la gente que el fútbol no puede seguir siendo gratis”, a lo que Mariotto respondió: "No coincido con Eduardo. Me parece que es una búsqueda muy sencilla a un problema mayor, no estoy de acuerdo con esa argumentación. Está haciendo una declaración política y no como dirigente".

"Si los dirigentes apoyan la privatización del fútbol están en estrecha complicidad con lo que quiere el gobierno. Y que se haga a costa de la gente, está mal". "Se puede discutir el financiamiento con publicidad privada en el marco de no afectar el derecho de los ciudadanos a verlo por televisión abierta y gratuita", finalizó el parlamentario del Parlasur.

Con fuertes críticas al macrismo y con el llamamiento a "participar activamente" del 13 de Abril frente a los tribunales de Comodoro Py, más de cien concejales provinciales del Frente Para la Victoria (FPV) se reunieron en el salón principal de SADOP para abordar la realidad de sus territorios, la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos ante los tarifazos, asuntos de gestión y de comunicación.

Los cientos de ediles y los diputados nacionales Carlos Castagneto, Fernanda Raverta y Adrián Grana junto al diputado provincial Lauro Grande, coincidieron que el 13 de abril próximo, “Tenemos que estar todos. Será nuestro 17 de octubre”.

Además trataron la necesidad de construir una agenda como oposición y fortalecer el rol de los concejales, fundamentales en la tarea territorial y el contacto con los vecinos.

En el comunicado allí redactado, los concejales del FPV señalaron: “A partir del 10 de diciembre, con el nuevo gobierno, se configuró un escenario de ajuste, tarifazos, despidos, recesión económica, represión y presos políticos, como el caso emblemático de Milagros Sala, coronado por la rendición de los Fondos buitre”.

“El Partido Judicial pretende endilgarle a Cristina la insólita causa de ´venta de dólar a futuro´, lo que equivale a culpar al gobierno anterior por lo que hizo el actual, que es devaluar y trasferir a un puñado de corporaciones económicas el resultado del trabajo de millones de compatriotas”, asegura el comunicado.

Para finalizar, el texto indica: “El verdadero objetivo consiste en quebrar el vinculo directo con el pueblo. Se equivocan, los argentinos convertirán el show mediático y judicial en una inmensa movilización de acompañamiento a Cristina”.

El PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, anunció que mantendrá la cobertura del 100 por ciento sólo en algunos medicamentos, mientras que otros que “no resultarían suficientes para determinar beneficios clínicos” mantendrán la cobertura, pero en un 50 o en un 80 por ciento de su costo en el mercado. La medida, que atenta contra el bolsillo de la clase pasiva, fue presentada, por las autoridades de la obra social, como “un primer paso hacia un PAMI ordenado, transparente e innovador”. A pesar de la mala nueva, afirman que la política futura “significará una mejora concreta en la calidad de vida de 5 millones de argentinos”. La disposición fue cuestionada por los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que el lunes no atenderán recetas del PAMI porque “no es clara” la medida adoptada por la obra social.

En el comunicado, se dijo que la cobertura del ciento por ciento se mantendrá sobre una lista de medicamentos que surgiría del análisis realizado en conjunto con una agencia acreditada en la evaluación de tecnologías sanitarias y en el contexto de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este lunes, las farmacias bonaerenses no atenderán pacientes del PAMI por la falta de un listado que explique cuáles son los medicamentos gratuitos que dejarán de serlo. “Todo es muy poco claro y las autoridades deberían explicarle a los jubilados cuáles son los remedios que ya no recibirán gratis y por qué; algo que no nos informaron ni a nosotros”, sostuvo María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

Explicó que el PAMI les informó que “algunos medicamentos que antes tenían una cobertura total, en los próximos días pasarán a tener sólo el 50 por ciento y se habla de un listado probable de 160 o 180 medicamentos, pero hasta ahora sin más aclaraciones”. Reinoso sostuvo que la obra social “debe explicar y hacer público cuáles son los remedios que ya no serán gratis para que el afiliado no piense que le queremos cobrar algo que no corresponde”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos resaltó que “por no contar con el listado de los medicamentos que ya no serán gratis, los farmacéuticos deberán esperar a ingresar los datos en el sistema para ver cuál es el porcentaje de cobertura”. Puntualizó, en ese sentido, que “va a suceder que los jubilados vendrán a las farmacias con una receta autorizada al ciento por ciento y en el momento les vamos a informar qué cobertura tienen, y ahí tal vez sospechen que los farmacéuticos les queremos cobrar por nuestra cuenta”.

Reinoso dijo a Página12 que la medida que se tomará el lunes “obedecen a que el PAMI nos ha informado que hasta diciembre regirá para nosotros el mismo convenio que tenemos desde 2010, cuando la realidad del país era diferente”. Ellos reclaman “un nuevo convenio porque el gran aporte que le hacemos los farmacéuticos al sistema, más el atraso crónico en los pagos nos genera un problema que para muchos ya es insostenible”.

Críticas y pedido de explicaciones desde el FPV y el Frente Renovador

La diputada nacional entrerriana del Frente Para la Victoria (FPV) y Presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Gaillard, cuestionó la decisión de Regazzoni, que vinculó la medida con “los tarifazos en los servicios de luz, gas, agua y transporte”.

“Es falso que esta decisión sea para mejorar las prácticas profesionales y los controles para hacer más eficiente y transparente el sistema, tal lo dijo Regazzoni, director del PAMI. “Esta decisión es un ajuste perverso que sobrecarga y empobrece a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nuestros jubilados y pensionados”, señaló, por lo cual anunció que se citará a Regazzoni a dar explicaciones.

En el mismo sentido se expresó la massista Mirta Tundis, que denunció que se está “jugando con la plata de los jubilados”. “Es un error del gobierno nacional reducir la lista de medicamentos, proponemos aumentarla porque la plata está", agregó.

Por último, la diputada señaló: “El PAMI tiene que hacer un cambio sustancial y esencial, debe ser ordenado transparente e innovador pero esta medida perjudica terriblemente el bolsillo y la salud de los adultos mayores. Para un jubilado que hoy gana $4900, ahorrarse cincuenta, cien, doscientos pesos es mucho. Es un sector muy vulnerable a las medidas que toman siempre los gobiernos de turno y siento que se está jugando con la angustia de los más necesitados”.

El gobierno bonaerense, decidió recortar más del 30% de alimentos para los comedores escolares que alimentan a cientos de miles de niños y adolescentes en toda la provincia de Buenos Aires.

Vidal, impuso un "menú de emergencia" que sólo contempla fideos y arroz y se suprimió, la carne, el pollo, la fruta y la leche. Esta nueva política de ajuste fue implementada por el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de López Medrano.

Norberto Senior, integrante de la comisión administrativa de ATE Lomas de Zamora en declaraciones públicas aseguró que “en Lomas de Zamora, prácticamente en todas las escuelas con comedores desde el gobierno plantearon un menú de emergencia, que se lo llevaron impreso a las directoras".

"Ese menú de emergencia está argumentado en las estampidas de precios de los últimos meses, y por el otro lado, sustentado fundamentalmente en el ajuste provincial que garantiza alto negocio para los proveedores pero ningún tipo ajuste tipo de ajuste sobre las ganancias de ellos, entonces para sostener el nivel de ganancias de ellos que es gigantesco recortan calidad y cantidad”, denunció el dirigente gremial.

A la vez, sostuvo que “además de recortar cupos y de no darle a todos los chicos de los comedores la comida, suprimieron la carne, el pollo, la fruta y la leche”, lo que calificó como “una vergüenza” ya que Argentina “es un país productor de alimentos para que los comedores escolares brinde un menú de esas características”.

El “menú de emergencia” de Vidal se hizo público y está conformado de la siguiente manera:

• Lunes: fideos al fileto

• Martes: arroz con lenteja

• Miércoles: fideos con huevo

• Jueves: arroz con paleta

• Viernes: fideos con manteca o arroz con queso

El ajuste no sólo llega los comedores escolares, también a los comedores barriales.

El recorte, también se da en el contexto de la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Adriana Perdriel, luego de su lamentable declaración en la que afirmó que “el que tiene hambre de verdad come cualquier cosa”, para justificar los recortes en los comedores en desayunos y meriendas que ordenó el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

El conflicto que puso en jaque la normalidad del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, entró en un período de tregua por 15 días.

"Están dadas las condiciones para que continúen las clases con normalidad", plantearon desde la cartera laboral.

En principio, se fijó un plazo de 15 días para que el sindicato y la Dirección General de Escuelas resuelvan las diferencias, en tanto la organización gremial aceptó levantar las medidas de fuerza que realizaban.

El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, explicó que "la conciliación es por 15 días, plazo en el que se deberá normalizar el funcionamiento de las escuelas en conflicto y regularizar los descuentos conforme a los procesos de rigor en estos casos".

"Igualmente las partes consensuarán estos aspectos en futuras reuniones", agregó.

Según el funcionario, "con este acuerdo más del 95 por ciento de la planta de los trabajadores del Estado se encuentra dentro de la paritaria con las parámetros que hemos estipulado. Seguiremos trabajando en base al diálogo y el consenso para alcanzar los acuerdos que restan", prometió.

De esta manera el gobierno de la provincia deberá volver a convocar al diálogo en el marco de las paritarias, es decir, se se reabre la paritaria con los auxiliares de la educación.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, seguró que el gobierno bonaerense restituirá los descuentos sufridos por los auxiliares de la educación.

La conciliación se concretó, tras una mediación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo de Enrique Honores, quien acercó a las partes en pos de que se respete el derecho a huelga de los trabajadores que reclaman legítimamente por mejorar sus magros haberes, y el derecho que tienen los chicos a tener clases en las escuelas públicas de la provincia.

La firma de la conciliación obligatoria implica dar marcha atrás con los descuentos arbitrarios aplicados a más de 65 mil auxiliares, dando cumplimiento al fallo que dictó ayer el juez Luis Federico Arias, y además establecer una mesa de diálogo entre las partes para intentar dar respuestas a la angustiante situación salarial que atraviesan los auxiliares.

El secretario General del Soeme, Marcelo Balcedo le manifestóque "se firmó el acta de conciliación obligatoria, en la cual obviamente se les va a devolver las retenciones indebidas que sufrieron todos los trabajadores"

"A partir de la instancia de conciliación obligatoria se abre una mesa de diálogo, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, donde principalmente se tratará el principal tema del conflicto que es el salarial".

"A partir de un diálogo fructífero que es lo que siempre buscamos, esperemos llegar a una solución y esperamos encontrar en la otra parte – el gobierno provincial – la sensibilidad suficiente para darse cuenta que los magros salarios que están cobrando los trabajadores o el aumento que se otorgó no es suficiente", remarcó Balcedo.

Además, el referente del sector agregó, "entendemos que la situación de la provincia es delicada, pero ellos deben entender que los trabajadores están cobrando un sueldo que no alcanza. Ya no alcanzaba al momento del aumento, mucho menos alcanzará ahora con todos la inflación y el incremento de tarifas."

Por último, Balcedo resaltó que "lo que estamos tratando de decirles que los sectores que representamos, los auxiliares docentes siempre han tenido un trato especial. Creo que la gobernadora Vidal es una persona sensible, es una mamá tiene tres hijos, viene de una familia trabajadora, va a entender que una personas con 8.300 pesos no puede sobrevivir. Estoy confiado en que dialogando se resuelven los problemas".

El apoderado de Soeme, el abogado Guillermo Chávez le manifestó a Hoy que "en la semana entrante, entre miércoles y viernes, les van a ser restituidos totalmente los injustos descuentos".

"Hay que transmitirles a nuestros compañeros que hay que seguir luchando, es la única manera de hacer valer nuestros derechos", agregó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas afirmó "estamos muy conformes con cumplir nuestro objetivo principal que era que los chicos de las escuelas afectadas pudieran volver a las aulas con normalidad. Agradecemos la predisposición de las partes y al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ya que entre todos han colaborado en el proceso”

Villegas explicó que “la conciliación es por 15 días, plazo en el que se deberá normalizar el funcionamiento de las escuelas en conflicto y regularizar los descuentos conforme a los procesos de rigor en estos casos” y agregó que “igualmente las partes concensuarán estos aspectos en futuras reuniones.”

“Hemos declarado la emergencia lechera, desde el punto de vista gremial, frente a la muy grave situación que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa”, señaló ayer Horacio Salaverri, Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

“En diciembre de 2014 la leche se pagaba en tranquera, es decir al productor, $3.70, y en góndola a $9.10. Hoy se le paga al productor $2.80 y en la góndola está entre $15 y $17”, remarcó el productor en declaraciones a Radio La Plata.

“La cadena de valor acopia más que el productor y eso produce una crisis, sumado al incremento de costos que se sufrió en estos últimos meses, el costo del tambero es de entre $4 y $5 por litro de leche. En porcentajes estamos hablando de un 30% menos de ganancias, es decir pierde entre un peso y 1.50 por litro de leche”, agregó Salaverri.

Respecto del impacto de la crisis en la productividad, el referente del sector confirmó: “Se ha perdido un 7% de la producción lechera en general y en el país hay 10 mil tambos. En primer lugar está la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, comparte el segundo sector productivo”.

“En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires ha caído 15% la elaboración. El sector mayorista se apropia de una renta mayor, que la del productor o incluso la parte industrial, que está 12 por ciento más abajo de lo que fue normalmente”, expresó el tambero.

Sobre las medidas de apoyo que ha tomado el Gobierno Nacional, remarcó: “Las medidas compensatorias son un adelanto. El Ministro Buryaile ha entendido bien la situación, ha hecho un esfuerzo, pero es insuficiente. Por otro lado, vemos que las empresas que manufacturan la leche, han hecho una apropiación del subsidio, los 50 centavos que da el Estado los toma como propios y entonces estamos en la misma situación”.

Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) cumplieron ayer con la primer jornada de un paro de 48 horas que continúa hoy, dispuesto en reclamo de un aumento salarial para el sector.

El titular de la Cicop, Fernando Corsiglia explicó que “comenzamos esta medida de fuerza en sintonía con nuestra federación nacional FESPROSA y en conmemoración del Día Mundial de la Salud”.

“Vidal (Marìa Eugenia) nos ofreció un 5% para enero y febrero y un 6 por ciento de marzo a junio, y desde CICOP creemos que por el índice de inflación por todos conocido, el piso de negociación es del 40 por ciento", graficó.

Los médicos ratificaron además una nueva medida de fuerza pero por 72 horas que se iniciará el próximo martes.

El gobierno había ofrecido además a los médicos reabrir la paritaria salarial en julio próximo.

Los intendentes del Frente para la Victoria (FPV), se reunieron ayer en Roque Pérez y acordaron en la necesidad que la sociedad se movilice y acompañe a  la ex mandataria Cristina Fernandez de Kirchner.

La movilización será el 13 de abril, día que Cristina Fernández fue llamada a declarar por la causa dólar futuro.

Los intendentes remarcaron la importancia de que la gente acompañe a la ex presidenta a los tribunales de Comodoro Py.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó la necesidad de que todos los intendentes convoquen masivamente a apoyar a la conductora política del FpV.

Por su parte, Gustavo Sobrero, ex Intendente de Lobos defendió la necesidad de  movilizar a Comodoro Py y enfatizó la importancia de salir a "defender a Cristina". Además, criticó el comportamiento de Diputados y Senadores que apoyaron el pago a los fondos buitres y la derogación de leyes que limitaban su accionar.

El intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, planteó la necesidad de llamar a un masiva movilización para el día 13 de abril para respaldar al Cristina Fernández ante la citación judicial.

Por su parte, Juan José Mussi, remarcó la necesidad de hacer un llamado a la militancia, "cómo fue siempre, a cambio de nada", en referencia a quienes buscan vincular las movilizaciones con la existencia de recursos.

Del encuentro participaron Mario Secco, Ensenada; Juan Carlos Gasparini, Roque Perez; Ricardo Casi, Colón; Germán Lago, Alberti; Néstor Álvarez, Guamini; Marcelo Santillán, González Chávez; Hugo Corvatta, Saavedra; Roberto Alvarez, Tres Lomas; Francisco Durañona, San Antonio de Areco; Juan Patricio Mussi, Berazategui; Santiago Maggiotti, Navarro; Gustavo Menéndez, Merlo; Eduardo Bucca, Bolívar; Alejandro Acerbo, Daireaux; Gustavo Cocconi, Tapalqué; Osvaldo Caffaro, Zarate; Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo; Hernán Bertellys, Azul; Juan Carlos Veramendi, General Paz; Juan Ustarroz, Mercedes.

Además estuvieron presentes el diputado nacional Gustavo Arrieta, los referentes locales: Daniel Di Sabatino, de San Vicente, y Gastón Arias, de Brandsen y los diputados provinciales Juan José Mussi, Cesar Valicenti, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Walter Abarca y el senador provincial, Daniel Barrera, y los referentes regionales: Enrique Slezack, Berisso; Gustavo Sobrero, Lobos; Ariel Notta, Luján; Raúl Basualdo, San Miguel del Monte; Juan Pablo Anghileri, Gral Rodriguez; Antonio Delfino, Suipacha; Marta Susana Medici, Alberti; Guillermo Santillán, Olavarría; Jorge Eijo, Gral. Belgrano; Diego Yason, Saladillo; Gerardo Zarandono, Guillermo Gallardo.

El llamado de los intendentes a que la sociedad se movilice y respalde a la ex presidenta de la nación se da en el marco de la crisis institucional que implica la imputación del presidente, Mauricio Macri, por ser parte de empresas que operan en paraísos fiscales, según pudo ser demostrado por la investigación periodística conocida como Panamá Papers.

Los auxiliares de la Educación nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) tomaron hoy pacíficamente los 135 consejos escolares del territorio bonaerense en rechazo al aumento del 15% y en repudio a los descuentos salariales aplicados por los paros.

“Buscamos que se devuelta la plata de los trabajadores porque estamos reclamando por un sueldo digno. Estamos dispuesto al diálogo, por eso pedimos la reapertura de paritaria y que se revea ese 15% irrisorio de aumento, porque a la policía se le consiguió un 30%”, explico una delegada gremial, que no se identificó, en declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires.

Los más de 65 mil auxiliares de la Educación llevan adelante una medida de fuerza desde hace un mes, por lo que la Dirección General de Cultura y Educación provincial resolvió aplicar descuentos en sus sueldos, que en algunos casos, según denunció el gremio, llegaron a quitas de hasta el 80%.

"Se decidió la toma de los Consejos Escolares por la retención de los sueldos de los compañeros afiliados a SOEME, ATE y algunos de UPCN. Estamos solicitando al ministro de Educación (Alejandro) Finocchiaro, que nos convoque y vea la situación”, reclamó la delegada.

La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto que habilita a los ministros y secretarios bonaerenses a “disponer ceses de personal” y avanzar con medidas de flexibilización. Tras los despidos masivos en el Estado nacional, la medida –que ya fue publicada en el Boletín Oficial– preanuncia la llegada de la ola de cesantías a la provincia. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, unos 10 mil empleados públicos quedaron bajo amenaza de perder su trabajo. El sindicato realizará hoy y mañana un paro de 48 horas.

El decreto lleva el número 230/2106 y da poder a los funcionarios de la primera línea del gabinete también para contratar nuevo personal, disponer el traslado del existente y ampliar “suspensiones preventivas”. Fue firmado el 28 de marzo, aunque entró en vigencia ayer, tras su publicación.

La semana pasada, el gobierno nacional dio por terminada la “primera etapa” de la “revisión” de los estatales contratados en la administración pública, proceso en el que casi 11 mil personas quedaron en la calle. La mayoría eran trabajadores con sede en la Capital Federal. Aunque en las intendencias del resto del país y en las gobernaciones también hubo cesantías, su intensidad se había frenado. Ahora parece ser el turno de la provincia de Buenos Aires.

Los estatales bonaerenses de ATE vienen juntando tensión porque el aumento otorgado por Vidal fue de un 15 por ciento. Ese porcentaje fue establecido sin una reunión paritaria previa con todos los gremios, como ordena la ley, y si bien abarca sólo a los primeros seis meses del año, fue rechazado por el gremio, que lo consideró por debajo de la inflación aún antes de que se definieran los últimos aumentos del gas y las tarifas del transporte público. Sin embargo, otros sindicatos estatales que conformaron una mayoría numérica lo validaron. Los días de paro que hicieron los de ATE en el marco del conflicto salarial les fueron descontados. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida precautelar en la que exigió a la gobernación que no cierre la paritaria, pero quedó hasta ahora en la nada.

El gremio viene denunciando a un paquete de leyes enviadas por Vidal a la Legislatura bonaerense que, combinadas con el decreto 230, hacen una suerte de combo. “Abren la puerta para despedir masivamente, desguazar el Estado y contratar empresas con mínimos controles”, aseguró Oscar de Isasi, titular del ATE provincial.

Esos proyectos de ley están planteados como de “modernización del Estado” y bajo declaración de la “emergencia administrativa y tecnológica”. Según alertó De Isasi, “en nombre de la eficiencia del Estado, permitirán el ingreso masivo del sector privado al Estado, restringiendo la actuación de los organismos de control. Habilita, por ejemplo, a que hagan negocios con el Estado empresas que no están inscriptas como sus proveedoras”.

“Otro aspecto es que crea una nueva forma de contratar trabajadores, bajo la denominación de autónomos, y quieren pasar automáticamente a ese contrato de autónomos a los trabajadores de planta temporaria que hoy están contratados bajo la ley 10.430. A partir de pasar al contrato de autónomos, carecerán de los derechos que les da la ley 10.430, flexibilizando sus condiciones laborales. Esto significará una pérdida de derechos para miles de compañeros”, agregó.

La redacción del decreto es de a tramos enrevesada. El artículo sobre los despidos faculta a los ministros y secretarios a “disponer los ceses de personal excluidos los de personal de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario”. Para los abogados gremiales, esto permitirá despedir masivamente sin justificación y sin pagar indemnizaciones.

En el articulado también se otorga a los funcionarios la prerrogativa de fijar el valor de las horas extras, lo que debería hacerse en la discusión paritaria.

En este mismo sentido, agravó el alerta que no se menciona ningún criterio para decidir una eventual cesantía. “Echar personal va a ser un simple trámite”. Otro de los motivos de la huelga es el malestar porque la Dirección General de Escuelas, ante las medidas de fuerza de un sector de los auxiliares de la Educación, que se declararon en paro, autorizó a los Consejos Escolares a reemplazar a los trabajadores en huelga con empresas de limpieza privadas.

El paro de 48 horas que comienza hoy será acompañado de acciones regionales y asambleas en los lugares de trabajo. Por otra parte, los abogados de ATE analizan llevar a la Justicia una presentación para que el decreto sea declarado inconstitucional.