La mandataria de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, en una nueva avanzada hacia los trabajadores estatales ejecutó ayer descuentos a unos 65 mil auxiliares de la Educación afiliados a ATE y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), que vienen realizando un plan de lucha en rechazo al irrisorio aumento de 12,1% otorgado unilateralmente por la administración provincial, afectando así hasta el 80% de sus haberes.

De esta manera un trabajador auxiliar que ganaba en bruto 13.000 pesos ahora cobraría 7.000. La resolución afecta los sueldos de trabajadores, que se encuentran en el último lugar del escalafón provincial, con salarios de  8000 pesos.

De esa manera, el gobierno que encabeza Vidal no acepta el fallo del juez Luis Arias, quién ordenó reabrir la paritaria estatal ante el cúmulo de irregularidades cometidas desde la Dirección General de Cultura y Educación que dirige Alejandro Finocchiaro.

En declaraciones al Diario Hoy, el l titular del SOEME, el ingeniero Marcelo Balcedo, calificó como “muy grave” la medida adoptada, ya que “no solo afecta a quienes vienen llevando adelante un legítimo plan de lucha contra un aumento salarial que los condena al hambre y a la pobreza, sino que también impacta en compañeras que están con carpeta médica por graves problemas de salud. Tenemos casos de personas que tienen cáncer que, por obvias razones, no están en condiciones de trabajar ni de participar en ningún tipo de medida de fuerza”.

“En una evidente actitud persecutoria y antisindical, el gobierno intervino el sistema de liquidación de haberes de la Dirección General de Cultura y Educación individualizando a los trabajadores que poseen código de descuento que lo identifica como afiliado del SOEME, luego procedió a aplicarles un código de descuento desconocido hasta la fecha, Nº 1085 “Ret., SIN AP.”, por montos equivalentes a $ 5000, $6000, $7000 que significan, en muchos casos el equivalente al 70% del salario neto del trabajador”, denunció Balcedo.

Por su parte, los gremios del sector indican que detrás de esta medida se esconderían los negocios que tienen que ver con la tercerización del servicio de limpieza de los establecimientos educativos, que Finocchiaro intenta privatizar con empresas por demás cuestionadas.

La medida tomada por el gobierno bonaerense fue tan arbitraria como inequitativa, sin analizar siquiera los casos en particular de los trabajadores que por situaciones personales, se encuentran bajo licencias por maternidad o tratamientos oncológicos y que, por tales motivos, no han participado activamente de las acciones gremiales.

Los funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires no podrán designar a familiares en plantas permanentes o transitorias en la jurisdicción en la que cumplan funciones, según un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense.

Se trata del proyecto de “Ética y Transparencia para el ejercicio de la función pública” que presentó hoy el diputado del Frente Renovador, Lisandro Bonelli.

La iniciativa es un Código que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

“Planteamos que aquellas personas que están en la función pública no van a poder nombrar a familiares en planta permanente o transitoria, porque después termina el mandato o el trabajo de ese funcionario, y deja a toda su familia dentro del sistema”, explicó el legislador.

La iniciativa dispone además que ninguna persona “podrá desempeñarse en más de un empleo, cargo o función pública remunerada, cualquiera sea su categoría o característica, dentro del ámbito de cualquier administración estatal provincial o municipal”, a excepción del cargo docente.

Además establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes a los funcionarios, tal como lo dispuso la gobernador María Eugenia Vidal por decreto, aunque incluye a los legisladores y funcionarios del Poder Judicial.

La diputada provincial Karina Nazabal (FpV), solicitó al gobierno provincial la reglamentación de la ley 14.783, de Cupo Laboral para las persons trans "Diana Sacayan".

La solicitud de la cámara baja provincial, solicito saber si ya fue constituida una autoridad de aplicación destinada a implementar y garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental para que la población trans pueda acceder a un puesto de trabajo en las reparticiones públicas en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal.

Los diputados dejron expresamente aclarada la necesidad de “comunicar la existencia de programas de gobierno que tengan como finalidad la promoción de ciudadanía plena (acceso a la vivienda, trabajo y salud) hacia las personas travestis transexuales y transgénero”.

En esa línea, la diputada Nazabal añadió que "nos parece urgente que el Poder Ejecutivo implemente esta ley que fue aprobada por mayoría en ambas cámaras, teniendo en cuenta que la población trans históricamente fue gravemente vulnerada y excluida”.

El pedido de informes fue confeccionado a raíz de la preocupación de las organizaciones LGBTTTI, entre ellas Conurbanos por la Diversidad, ALITT, ABOSEX, MAL y Futuro Transgenérico, que acompañaron a la mentora de dicha ley, Amancay Diana Sacayán.

El pedido de la cámara se enmarca en la campaña de visibilización que están llevando adelante las organizaciones del colectivo LGBTTTI que, a cinco meses de su sanción, están exigiendo la aplicación dicha normativa.

Diana Sacayán fue una persona trans reconocido por haber sido prte de la elaboración de vrias leyes, entre ella la de Matrimonio Igualitario y la ley por el Cupo Laboral Trans.

Horas antes del debate de la ley, ella tomó el tren a La Plata y fue insultada por un hombre por su condición de travesti. Denunció que no solo no la defendieron, sino que fue golpeada y detenida por agentes de la Policía Metropolitana.

Dijo en su Twitter el 26 de agosto: “Una senadora me mandó a callar la boca. Es como pedir milanesas de faizan. Cupo laboral trans ya".

Diana Sacayan fue victima de violencia de género.

Los profesionales de la salud, agremiados en la CICOP, decidieron realizar un paro de 48 horas a partir del jueves y de 72 horas a partir del martes de la semana que viene.

En un extenso comunicado la gremial sostiene que "se profundizan los signos de crisis en el sistema (de salud) en los aspectos de insumos, infraestructura y personal, con guardias descubiertas y servicios cerrados como expresiones más crudas de ello".

En cuanto a la propuesta salarial que les hizo el gobierno de María Eugenia Vidal, el sindicato detalló que "la propuesta fue por seis meses, con un 5,10 % sobre básicos del mes de diciembre 2015 para los meses de enero y febrero, y un 15,06 % sobre el mismo básico de diciembre a partir del mes de marzo. Esto da un 11,6 % de incremento mensual real. El salario en mano para el ingresante de planta de 36 horas a marzo de 2016 alcanzaría la cifra de $ 13.757,40. La propuesta para los residentes es de 5,07 % a partir de enero, y 15,16 % a partir de marzo, siempre sobre los valores de diciembre 2015. Un residente de primer año, soltero, cobraría en mano en marzo 2016 $ 12.617,68". El gremio decidió rechazar la oferta.

En este sentido, la vicepresidenta de la Cicop, Marta Marquéz, comentó que “la oferta es insuficiente e irrespetuosa, casi que no llega a un 11% sobre el básico del mes de diciembre”, y agregó que “no sólo estamos reclamando por los sueldos, sino también por infraestructura, falta de recursos materiales y humanos”.

"Respecto a las condiciones de trabajo, en función del pliego presentado, no hubo tampoco propuesta alguna", asegura la CICOP en el comunicado.

Según Márquez, la paritaria que venían reclamando desde enero, llegó recién en marzo y con una propuesta precaria, y explicó:

“Un profesional de 36 horas semanales, cobra en mano 12 mil pesos, nosotros no queremos un piso menor al 40% de aumento, porque venimos retrasados en el salario, luego vino el ajuste y la inflación de fin de año”.

Asimismo, la sindicalista sostuvo que "el problema se ve claramente en la enorme dificultad que tenemos de lograr que ingresen al sistema los que recién se reciben, no es atractivo el salario por el trabajo que hay que realizar”.

Finalmente, la vicepresidenta de la CICOP explicó que “las situaciones de violencia en el Hospital se producen porque los médicos no dan abasto y la gente- que viene con problemas de salud- reacciona”.

En el marco del escándalo que tiene repercusión mundial, por la investigación conocida como Panama Papers, que detalla la participación del presidente Mauricio Macri en empresas offshore que operan en paraísos fiscales, todo el arco político se expresó ante la crisis institucional que vive el país.

Hoy fue el turno del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente Renovador, Felipe Solá, quien aseguró que el presidente "puede eludir problemas legales" pero “lo que no va a poder eludir son problemas éticos".

"El presidente actúa como un empresario que siente que tiene derecho a todo", arremetió Solá con dureza.

A la vez, el diputado nacional remarcó que "la gente no quiere tener un Presidente que figura en un paraíso fiscal porque en un paraíso fiscal, están allí los que tienen que esconder algo", advirtió y sostuvo la importancia de que el presidente de la nación realice una conferencia de prensa sobre la situación.

En el mismo sentido, el legislador, adelantó que se van a presentar pedidos de informe sobre las sociedades offshore en las que tiene participación el presidente de la nación.

En la misma línea, Felipe Solá, acusó a Laura Alonso, de transformar la Oficina Anticorrupción “en la oficina de defensa al Presidente", por lo que afirmó que la funcionaria "actuó como una política del PRO y no está capacidad para estar en ese puesto".

"El Presidente ha querido mostrar siempre que lo que vino, lo que llegó con él es lo distinto, lo diferente al anterior gobierno, sobre todo en el tema ético, para eso hay que mostrarlo todo", enfatizó Solá.

“El Presidente ya no es más un empresario, hace tiempo, y sigue teniendo la actitud de un empresario que siente que tiene derecho a todo, al igual que lo que pasa con los políticos corruptos, gente que quiere sacar plata, abre empresas en un paraíso fiscal", disparó con dureza el referente de la política bonaerense.

Y añadió: “Con los amigos que tiene, con el pasado empresario, con los firuletes que ha hecho el padre (Franco Macri), Macri va a volver a tener problemas", por lo que le aconsejaría que antes que ocurran, haga una conferencia de prensa y muestre quién es y qué opina y que diga todos los movimientos (económicos) que ha tenido".

Observando que el mandatario "ha quedado mundialmente expuesto", el ex gobernador bonaerense subrayó que Macri "otra vez la pone a la Argentina en un plano de visibilidad muy grande y se ve totalmente perjudicada por aparecer" en los Panama Papers.

"(Macri) dice que tuvo una empresa por años pero nunca tuvo plata, movimiento, entonces, para qué tuvo la empresa", cuestionó Solá y agregó que "el Presidente puede eludir problemas legales, pero lo que no va a poder eludir son problemas éticos", concluyó.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, anunció un paro en el banco provincia para mañana y una huelga a nivel nacional para el jueves 14, y además denunció que el banco Citi se va de la Argentina.

Las medidas de fuerza se deben principalmente a a un reclamo de "reincorporación de despedidos" y "salarios justos". Palazzo además alertó que el banco Citi "decidió irse de la Argentina y 2.300 personas se quedarán sin trabajo".

Con relación al nivel de salario pretendido, aseguró: "Pedimos un acuerdo de enero a enero por encima del 30%", mientras se quejó: "El Gobierno da rápida respuesta sólo a los sectores poderosos de la economía".

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró hoy que el presidente Mauricio Macri, mencionado en la investigación conocida como Panamá Papers , "debe dar todas las explicaciones del caso" por "cadena nacional".

"Mauricio deberá dar las explicaciones correspondientes, es decir tiene que explicar lo de sus cuentas en Panamá y esto, creo que debería hacerlo por cadena nacional y ante todos los argentinos", afirmó Massa desde Catamarca, donde participó junto a la gobernadora Lucía Corpacci, el intendente de la capital, Raúl Jalil, y el secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, de la inauguración de la nueva sede de la Unión de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Luego se refirió a los tarifazos y expresó su preocupación ya que consideró que "cuando la gente pierde su capacidad de compra, la economía toda se perjudica y por ello es muy importante que se cuide la capacidad de compra de todos los trabajadores".

"También, creo que se deberían enfocar las tarifas sociales en los sectores que menos tienen, para no perjudicar a los más pobres", manifestó Massa, y reconoció que "hoy la Argentina tiene problemas y los tenemos que resolver".

Con respecto al presente que atraviesa el país, dijo que "inexorablemente hay que conseguir inversiones, porque la falta de inversiones está generando falta de trabajo e inflación, entonces es muy importante que tengamos la inteligencia para trabajar juntos y conseguir inversiones que nos permitan seguir adelante".

En el marco del escándalo internacional que involucra al actual presidente de la nación, Mauricio Macri, por figurar en el directorio de empresas que participan en paraísos fiscales , su anterior rival política y ahora defensora de la primera hora, Margarita Stolbizer, buscó desviar la atención presentando denuncias contra la familia Kirchner.

La diputada nacional se dirigió a los  Tribunales Federales de Comodoro Py,  y denunció a la  ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La denuncia, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, es por la sociedad Los Sauces, constituida en noviembre de 2006 con Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner como socios fundadores.

De esta forma, el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional número 11 volverá a investigar por presunto lavado de dinero a la familia Kirchner, dado que fue el magistrado que inicialmente estuvo a cargo del expediente de Hotesur, también merced a una denuncia de la diputada nacional del GEN.

En declaraciones que formuló ayer en el programa televisivo La Cornisa, la diputada Stolbizer había anticipado que realizaría la denuncia y cargó duramente contra la familia Kirchner.

"En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López. La hipótesis que hemos trabajado a partir de estudiar los negocios inmobiliarios, es que Néstor Kirchner decide buscar un mecanismo para pagar menos comisiones y era tan avaro que armó su propia empresa lavadora", aseguró.

En este sentido, la legisladora afirmó que "el dinero ilegal” supuestamente era obtenido a través de “diferentes negocios que tenían con el Estado”, y sostuvo que “los negocios inmobiliarios se realizan entonces para poder blanquear".

Ahora será el juez Bonadio –que tramita la causa por el dólar futuro, el expediente por el Plan Qunita, entre otros- quien deberá determinar si, a partir de la denuncia de Stolbizer, da impulso o no a la investigación.

En su denuncia, Stolbizer acusa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos a la ex mandataria, al diputado nacional Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner.

La diputada nacional, que se plantó en campaña como la abanderada del progresismo y la lucha contra la corrupción, dejó a las claras que su "lucha" es selectiva, en el peor momento de crisis política de Mauricio Macri, para Stolbizer su principal enemigo sigue siendo el gobierno anterior.

El gobierno provincial de María Eugenia Vidal, se alista para el arreglo de la ruta 6 y para ese emprendimiento seleccionó a la empresa estatal Aubasa, quien se comprometió a los trabajos para sanear dicho trayecto y la ubicación de peajes en diferentes tramos.

Aubasa, es la única empresa superavitaria del Estado bonaerense y además es la que administra Autopista Buenos Aires-La Plata.

La ruta 6 tiene 180 kilómetros y atraviesa el cuarto anillo de circunvalación del Conurbano uniendo 12 distritos: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata, con un tránsito mayoritariamente pesado y se calcula que por allí pasan unos 6.000 vehículos por hora.

Desde el Ejecutivo bonaerense aseguran que “en muchos puntos de la ruta ya se ven roturas, producto de que no se controla el peso de los camiones” y que es necesario la pronta reparación de la ruta 6 con arreglos en los puntos donde ya se observan roturas en la capaasfáltica y colocar balanzas para camiones y peajes.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, afirmó hoy que es "muy alto" el acatamiento al paro nacional docente que los gremios realizan este lunes en todo el país en demanda del cumplimiento de acuerdos paritarios, en contra de que el crimen del maestro Carlos Fuentealba quede impune y en rechazo de la criminalización de la protesta.

En diálogo con Radio 10, la dirigente sindical habló de un "acatamiento muy alto" a la medida, tomando como referencia su distrito, la provincia de Buenos Aires.

Consultada por los motivos del paro, a poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo, Torre sostuvo que "no se cumplieron los acuerdos paritarios a nivel nacional".

"Parte de las provincias no terminaron de cerrar sus acuerdos porque Nación no ha girado los fondos", agregó, y citó también entre las razones de la huelga "los despidos masivos en programas nacionales", entre ellos, "el más emblemático, el de Conectar Igualdad", que dijo fue "desmantelado".

Por estos reclamos, los educadores nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se concentrarán hoy a las 12 frente a la Casa de Mendoza, ubicada en Callao y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, para luego marchar al Ministerio de Educación de la Nación en el pasaje Pizzurno 935.