La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la Federación Económica (FEBA) y la Asociación de Industriales Bonaerenses (Adiba) se sumaron a la preocupación manifestada por la Unión Industrial Argentina (UIA) por el impacto de la suba tarifas para el sector.

"Estamos preocupados por el impacto del incremento de tarifas. Esta noche se reúnen los 69 miembros de la junta. Y mañana, junto con Adiba y FEBA lanzamos una encuesta sobre la base de la metodología desarrollada por nuestro centro de estudios económicos", manifestó el titular de Uipba, Pablo Reale.

"Toda la cadena de proveedores del circuito automotor está complicada. Y esta sí que es una cadena larga. La obra pública fue detenida y detrás de ella todas las industrias proveedores de la construcción también tienen serias dificultades", agregó el representante gremial de los industriales bonaerenses.

Por su parte la  UIA señaló que estimaban 7.00 pymes con dificultades que ponían en riesgo hasta 200.000 puestos de trabajo, y agregó que estimaban 7.000 empresas pymes con dificultades que ponían en riesgo hasta 200.000 puestos de trabajo.

Pablo Reale, añadió que "nuestra intención es pasar de esta primera instancia de percepción cualitativa de malestar y preocupación, a tener precisiones de las razones del malestar y a generar un diagnóstico sobre datos cuantitativos. No queremos ser bombardistas ni alarmistas, pero sí estamos preocupados y queremos acercarnos a las autoridades provinciales con propuestas concretas para el sector".

"Desde el punto de vista de la industria es importante flexibilizar el ingreso de insumos que no se producen en el país, pero no la apertura ingenua. En un contexto en el que el mundo no está demandante sino que, por el contrario, varios países de la región están con necesidad de colocación de excedentes, la apertura puede atentar contra la continuidad de las fuentes de trabajo", explicó Reale.

Con la tasa de interés de base en el 40%, financiarse para pagar los aumentos o los salarios es prohibitivo. Ya los empresarios no se manejan con descubiertos en el banco porque las tasas no baja del 70% anual. Y el mercado interno está recortando gastos, por lo que las ventas también caen y contribuyen a complicar el contexto para los industriales.

A estas problemáticas que señalaron los industriales de Uipba, FEBA y Adiba, se sumaron el alto peso fiscal sobre la actividad y "las restricciones en los planes de pago de AFIP que limitan y restringen el financiamiento de nuestras empresas" en el marco de “la caída de la actividad industrial” que preocupa a los empresarios.

A su vez, en un comunicado de prensa los industriales advirtieron sobre “la amenaza de una apertura importadora que perjudique a la industria nacional". Temen que para controlar los precios, el Gobierno opte por una apertura indiscriminada de las importaciones que atente contra el sistema productivo.

Las entidades coincidieron en la necesidad de "trabajar en forma conjunta en defensa de los intereses del sector industrial bonaerense", a la vez que expresaron su preocupación por "los aumentos de las tarifas eléctricas que afectan la supervivencia de las industrias pymes de la provincia de Buenos Aires".

A casi dos meses de la mudanza de María Eugenia Vidal a la Base Aérea de Morón y a semanas del blanqueo de su separación, el Gobierno bonaerense publicó hoy en el Boletín Oficial un pedido de ampliación de la vivienda de la primera mandataria por 660 mil pesos.

La obra para la residencia de "Mariu", incluye un “embellecimiento” de la vivienda y se publicó en el Boletín en momentos en los que hay una fuerte polémica por el parate de la obra pública a nivel nacional y provincial.

La disposición es la número 30 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia y lleva la firma del director de Arquitectura de la cartera, Joaquín Gándara. El proyecto, aprobado el 1º de abril, tiene un costo total de 660.810,94 pesos, y un plazo de ejecución de “70 días corridos”.

Vidal decidió dejar su vivienda en Castelar y mudarse al barrio militar de la Base Aérea en febrero pasado por cuestiones de seguridad, según explicaron en ese momento desde la Gobernación. El traslado incluyó a toda la familia: la mandataria, su esposo e intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y los tres hijos de ambos. Pero semanas atrás, la pareja confirmó su separación, lo que significaría que ya no viven bajo el mismo techo.

El Ministerio de Infraestructura, que conduce Edgardo Cenzón, aprobó “la documentación técnica y legal confeccionada para el llamado y ejecución de la obra `Ampliación Casa en Base Aérea´” y autorizó a la Dirección de Compras y Contrataciones a “efectuar un llamado a Concurso de Precios para la ejecución de la obra”. El presupuesto oficial es de $629.343,75, a lo que se suman $6.293,44 para pago de proyecto, dirección e inspección; $18.880,31 por gastos legales y $6.293,44 “para embellecimiento”.

El ex oficial Nicolás Massi, titular de Sipoba, explicó que "vamos a manifestar el día 14 a las 10 en la plaza San Martín, ubicada en frente a la Gobernación", pero aclaró que "no se suspenderán los servicios de seguridad ni la atención a la gente".

"El desencadenante es el tema salarial. Hay una actitud prepotente y mentirosa del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que dijo una cosa e hizo otra porque el aumento salarial que nos dio es la nada misma", precisó y añadió que "es menor que el de los maestros".

La semana pasada el gobierno bonaerense anunció un aumento salarial para los efectivos policiales que, en promedio, llega al 25% anual y el ministro de Seguridad anticipó un sueldo mínimo "de alrededor de 15.500 pesos".

No obstante, Massi dijo que los efectivos que participarán de la protesta analizaron que "el anuncio oficial no se condice con las escalas salariales que se difundieron" y agregó que "nuestro sueldo queda en 14.300 pesos mientras que un policía de la la Policía Metropolitana era de 17.300 pesos en julio de 2015; y a ellos les darán ahora un 20 o 25 de aumento, con lo cual quedaríamos un 50 o 70 por ciento abajo".

"Los policías de la Metropolitana trabajan menos horas, corren menos peligro y trabajan sobre un radio menor de acción. La cantidad de muertos que tiene la provincia anualmente es el 60% del total de oficiales fallecidos en servicio país", concluyó.

En declaraciones ofrecidas a Radio del Plata el creador intelectual de Fútbol para Todos y ex vicemandatario de la provincia de Buenos Aires, expresó estar muy preocupado con el proyecto que se está estudiando en la AFA en conjunto con el gobierno nacional de terminar con la gratuidad del fútbol y su difusión. Además se diferenció del presidente de Banfield, Eduardo Spinosa.

En los primero tramos de la entrevista, Mariotto indicó: “Me duele mucho que se este pensando en privatizar otra vez el fútbol. Vamos a volver a ver las tribunas en este retroceso. Esto va a traer un mal humor social muy grande"

"Yo, humildemente, fui el mentor intelectual de Fútbol para Todos. Vimos que el Estado podía hacer una oferta y aportó 600 millones de pesos para el derecho de los ciudadanos a acceder a la información", destacó Mariotto, para luego señalar que "ya el nacional B se ve por cable. Cientos de miles de hinchas tienen que recurrir al cable para ver a su equipo".

A la hora de realizar comparaciones el ex vicemandatario bonaerense contrastó: "Poder haber terminado con eso de que la gente vaya a la estación de servicio y que ahora vaya a la casa del abuelo o que vengan a casa es formidable. Y ahora estos tipos nos quieren sacar de un plumazo esos derechos. Es como que nos quieran sacar el aguinaldo o las 8 horas de trabajo".

Acerca de la gratuidad del fútbol, la semana el presidente de Banfield, Eduardo Spinoza, declaró: “tenemos que explicarle a la gente que el fútbol no puede seguir siendo gratis”, a lo que Mariotto respondió: "No coincido con Eduardo. Me parece que es una búsqueda muy sencilla a un problema mayor, no estoy de acuerdo con esa argumentación. Está haciendo una declaración política y no como dirigente".

"Si los dirigentes apoyan la privatización del fútbol están en estrecha complicidad con lo que quiere el gobierno. Y que se haga a costa de la gente, está mal". "Se puede discutir el financiamiento con publicidad privada en el marco de no afectar el derecho de los ciudadanos a verlo por televisión abierta y gratuita", finalizó el parlamentario del Parlasur.

Con fuertes críticas al macrismo y con el llamamiento a "participar activamente" del 13 de Abril frente a los tribunales de Comodoro Py, más de cien concejales provinciales del Frente Para la Victoria (FPV) se reunieron en el salón principal de SADOP para abordar la realidad de sus territorios, la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos ante los tarifazos, asuntos de gestión y de comunicación.

Los cientos de ediles y los diputados nacionales Carlos Castagneto, Fernanda Raverta y Adrián Grana junto al diputado provincial Lauro Grande, coincidieron que el 13 de abril próximo, “Tenemos que estar todos. Será nuestro 17 de octubre”.

Además trataron la necesidad de construir una agenda como oposición y fortalecer el rol de los concejales, fundamentales en la tarea territorial y el contacto con los vecinos.

En el comunicado allí redactado, los concejales del FPV señalaron: “A partir del 10 de diciembre, con el nuevo gobierno, se configuró un escenario de ajuste, tarifazos, despidos, recesión económica, represión y presos políticos, como el caso emblemático de Milagros Sala, coronado por la rendición de los Fondos buitre”.

“El Partido Judicial pretende endilgarle a Cristina la insólita causa de ´venta de dólar a futuro´, lo que equivale a culpar al gobierno anterior por lo que hizo el actual, que es devaluar y trasferir a un puñado de corporaciones económicas el resultado del trabajo de millones de compatriotas”, asegura el comunicado.

Para finalizar, el texto indica: “El verdadero objetivo consiste en quebrar el vinculo directo con el pueblo. Se equivocan, los argentinos convertirán el show mediático y judicial en una inmensa movilización de acompañamiento a Cristina”.

El PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, anunció que mantendrá la cobertura del 100 por ciento sólo en algunos medicamentos, mientras que otros que “no resultarían suficientes para determinar beneficios clínicos” mantendrán la cobertura, pero en un 50 o en un 80 por ciento de su costo en el mercado. La medida, que atenta contra el bolsillo de la clase pasiva, fue presentada, por las autoridades de la obra social, como “un primer paso hacia un PAMI ordenado, transparente e innovador”. A pesar de la mala nueva, afirman que la política futura “significará una mejora concreta en la calidad de vida de 5 millones de argentinos”. La disposición fue cuestionada por los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que el lunes no atenderán recetas del PAMI porque “no es clara” la medida adoptada por la obra social.

En el comunicado, se dijo que la cobertura del ciento por ciento se mantendrá sobre una lista de medicamentos que surgiría del análisis realizado en conjunto con una agencia acreditada en la evaluación de tecnologías sanitarias y en el contexto de un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Este lunes, las farmacias bonaerenses no atenderán pacientes del PAMI por la falta de un listado que explique cuáles son los medicamentos gratuitos que dejarán de serlo. “Todo es muy poco claro y las autoridades deberían explicarle a los jubilados cuáles son los remedios que ya no recibirán gratis y por qué; algo que no nos informaron ni a nosotros”, sostuvo María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

Explicó que el PAMI les informó que “algunos medicamentos que antes tenían una cobertura total, en los próximos días pasarán a tener sólo el 50 por ciento y se habla de un listado probable de 160 o 180 medicamentos, pero hasta ahora sin más aclaraciones”. Reinoso sostuvo que la obra social “debe explicar y hacer público cuáles son los remedios que ya no serán gratis para que el afiliado no piense que le queremos cobrar algo que no corresponde”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos resaltó que “por no contar con el listado de los medicamentos que ya no serán gratis, los farmacéuticos deberán esperar a ingresar los datos en el sistema para ver cuál es el porcentaje de cobertura”. Puntualizó, en ese sentido, que “va a suceder que los jubilados vendrán a las farmacias con una receta autorizada al ciento por ciento y en el momento les vamos a informar qué cobertura tienen, y ahí tal vez sospechen que los farmacéuticos les queremos cobrar por nuestra cuenta”.

Reinoso dijo a Página12 que la medida que se tomará el lunes “obedecen a que el PAMI nos ha informado que hasta diciembre regirá para nosotros el mismo convenio que tenemos desde 2010, cuando la realidad del país era diferente”. Ellos reclaman “un nuevo convenio porque el gran aporte que le hacemos los farmacéuticos al sistema, más el atraso crónico en los pagos nos genera un problema que para muchos ya es insostenible”.

Críticas y pedido de explicaciones desde el FPV y el Frente Renovador

La diputada nacional entrerriana del Frente Para la Victoria (FPV) y Presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Gaillard, cuestionó la decisión de Regazzoni, que vinculó la medida con “los tarifazos en los servicios de luz, gas, agua y transporte”.

“Es falso que esta decisión sea para mejorar las prácticas profesionales y los controles para hacer más eficiente y transparente el sistema, tal lo dijo Regazzoni, director del PAMI. “Esta decisión es un ajuste perverso que sobrecarga y empobrece a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nuestros jubilados y pensionados”, señaló, por lo cual anunció que se citará a Regazzoni a dar explicaciones.

En el mismo sentido se expresó la massista Mirta Tundis, que denunció que se está “jugando con la plata de los jubilados”. “Es un error del gobierno nacional reducir la lista de medicamentos, proponemos aumentarla porque la plata está", agregó.

Por último, la diputada señaló: “El PAMI tiene que hacer un cambio sustancial y esencial, debe ser ordenado transparente e innovador pero esta medida perjudica terriblemente el bolsillo y la salud de los adultos mayores. Para un jubilado que hoy gana $4900, ahorrarse cincuenta, cien, doscientos pesos es mucho. Es un sector muy vulnerable a las medidas que toman siempre los gobiernos de turno y siento que se está jugando con la angustia de los más necesitados”.

El gobierno bonaerense, decidió recortar más del 30% de alimentos para los comedores escolares que alimentan a cientos de miles de niños y adolescentes en toda la provincia de Buenos Aires.

Vidal, impuso un "menú de emergencia" que sólo contempla fideos y arroz y se suprimió, la carne, el pollo, la fruta y la leche. Esta nueva política de ajuste fue implementada por el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de López Medrano.

Norberto Senior, integrante de la comisión administrativa de ATE Lomas de Zamora en declaraciones públicas aseguró que “en Lomas de Zamora, prácticamente en todas las escuelas con comedores desde el gobierno plantearon un menú de emergencia, que se lo llevaron impreso a las directoras".

"Ese menú de emergencia está argumentado en las estampidas de precios de los últimos meses, y por el otro lado, sustentado fundamentalmente en el ajuste provincial que garantiza alto negocio para los proveedores pero ningún tipo ajuste tipo de ajuste sobre las ganancias de ellos, entonces para sostener el nivel de ganancias de ellos que es gigantesco recortan calidad y cantidad”, denunció el dirigente gremial.

A la vez, sostuvo que “además de recortar cupos y de no darle a todos los chicos de los comedores la comida, suprimieron la carne, el pollo, la fruta y la leche”, lo que calificó como “una vergüenza” ya que Argentina “es un país productor de alimentos para que los comedores escolares brinde un menú de esas características”.

El “menú de emergencia” de Vidal se hizo público y está conformado de la siguiente manera:

• Lunes: fideos al fileto

• Martes: arroz con lenteja

• Miércoles: fideos con huevo

• Jueves: arroz con paleta

• Viernes: fideos con manteca o arroz con queso

El ajuste no sólo llega los comedores escolares, también a los comedores barriales.

El recorte, también se da en el contexto de la renuncia de la vicepresidenta del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Adriana Perdriel, luego de su lamentable declaración en la que afirmó que “el que tiene hambre de verdad come cualquier cosa”, para justificar los recortes en los comedores en desayunos y meriendas que ordenó el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

El conflicto que puso en jaque la normalidad del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, entró en un período de tregua por 15 días.

"Están dadas las condiciones para que continúen las clases con normalidad", plantearon desde la cartera laboral.

En principio, se fijó un plazo de 15 días para que el sindicato y la Dirección General de Escuelas resuelvan las diferencias, en tanto la organización gremial aceptó levantar las medidas de fuerza que realizaban.

El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, explicó que "la conciliación es por 15 días, plazo en el que se deberá normalizar el funcionamiento de las escuelas en conflicto y regularizar los descuentos conforme a los procesos de rigor en estos casos".

"Igualmente las partes consensuarán estos aspectos en futuras reuniones", agregó.

Según el funcionario, "con este acuerdo más del 95 por ciento de la planta de los trabajadores del Estado se encuentra dentro de la paritaria con las parámetros que hemos estipulado. Seguiremos trabajando en base al diálogo y el consenso para alcanzar los acuerdos que restan", prometió.

De esta manera el gobierno de la provincia deberá volver a convocar al diálogo en el marco de las paritarias, es decir, se se reabre la paritaria con los auxiliares de la educación.

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, seguró que el gobierno bonaerense restituirá los descuentos sufridos por los auxiliares de la educación.

La conciliación se concretó, tras una mediación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo de Enrique Honores, quien acercó a las partes en pos de que se respete el derecho a huelga de los trabajadores que reclaman legítimamente por mejorar sus magros haberes, y el derecho que tienen los chicos a tener clases en las escuelas públicas de la provincia.

La firma de la conciliación obligatoria implica dar marcha atrás con los descuentos arbitrarios aplicados a más de 65 mil auxiliares, dando cumplimiento al fallo que dictó ayer el juez Luis Federico Arias, y además establecer una mesa de diálogo entre las partes para intentar dar respuestas a la angustiante situación salarial que atraviesan los auxiliares.

El secretario General del Soeme, Marcelo Balcedo le manifestóque "se firmó el acta de conciliación obligatoria, en la cual obviamente se les va a devolver las retenciones indebidas que sufrieron todos los trabajadores"

"A partir de la instancia de conciliación obligatoria se abre una mesa de diálogo, que era lo que nosotros estábamos pidiendo, donde principalmente se tratará el principal tema del conflicto que es el salarial".

"A partir de un diálogo fructífero que es lo que siempre buscamos, esperemos llegar a una solución y esperamos encontrar en la otra parte – el gobierno provincial – la sensibilidad suficiente para darse cuenta que los magros salarios que están cobrando los trabajadores o el aumento que se otorgó no es suficiente", remarcó Balcedo.

Además, el referente del sector agregó, "entendemos que la situación de la provincia es delicada, pero ellos deben entender que los trabajadores están cobrando un sueldo que no alcanza. Ya no alcanzaba al momento del aumento, mucho menos alcanzará ahora con todos la inflación y el incremento de tarifas."

Por último, Balcedo resaltó que "lo que estamos tratando de decirles que los sectores que representamos, los auxiliares docentes siempre han tenido un trato especial. Creo que la gobernadora Vidal es una persona sensible, es una mamá tiene tres hijos, viene de una familia trabajadora, va a entender que una personas con 8.300 pesos no puede sobrevivir. Estoy confiado en que dialogando se resuelven los problemas".

El apoderado de Soeme, el abogado Guillermo Chávez le manifestó a Hoy que "en la semana entrante, entre miércoles y viernes, les van a ser restituidos totalmente los injustos descuentos".

"Hay que transmitirles a nuestros compañeros que hay que seguir luchando, es la única manera de hacer valer nuestros derechos", agregó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas afirmó "estamos muy conformes con cumplir nuestro objetivo principal que era que los chicos de las escuelas afectadas pudieran volver a las aulas con normalidad. Agradecemos la predisposición de las partes y al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires ya que entre todos han colaborado en el proceso”

Villegas explicó que “la conciliación es por 15 días, plazo en el que se deberá normalizar el funcionamiento de las escuelas en conflicto y regularizar los descuentos conforme a los procesos de rigor en estos casos” y agregó que “igualmente las partes concensuarán estos aspectos en futuras reuniones.”

“Hemos declarado la emergencia lechera, desde el punto de vista gremial, frente a la muy grave situación que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa”, señaló ayer Horacio Salaverri, Presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

“En diciembre de 2014 la leche se pagaba en tranquera, es decir al productor, $3.70, y en góndola a $9.10. Hoy se le paga al productor $2.80 y en la góndola está entre $15 y $17”, remarcó el productor en declaraciones a Radio La Plata.

“La cadena de valor acopia más que el productor y eso produce una crisis, sumado al incremento de costos que se sufrió en estos últimos meses, el costo del tambero es de entre $4 y $5 por litro de leche. En porcentajes estamos hablando de un 30% menos de ganancias, es decir pierde entre un peso y 1.50 por litro de leche”, agregó Salaverri.

Respecto del impacto de la crisis en la productividad, el referente del sector confirmó: “Se ha perdido un 7% de la producción lechera en general y en el país hay 10 mil tambos. En primer lugar está la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, comparte el segundo sector productivo”.

“En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires ha caído 15% la elaboración. El sector mayorista se apropia de una renta mayor, que la del productor o incluso la parte industrial, que está 12 por ciento más abajo de lo que fue normalmente”, expresó el tambero.

Sobre las medidas de apoyo que ha tomado el Gobierno Nacional, remarcó: “Las medidas compensatorias son un adelanto. El Ministro Buryaile ha entendido bien la situación, ha hecho un esfuerzo, pero es insuficiente. Por otro lado, vemos que las empresas que manufacturan la leche, han hecho una apropiación del subsidio, los 50 centavos que da el Estado los toma como propios y entonces estamos en la misma situación”.

Los médicos nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) cumplieron ayer con la primer jornada de un paro de 48 horas que continúa hoy, dispuesto en reclamo de un aumento salarial para el sector.

El titular de la Cicop, Fernando Corsiglia explicó que “comenzamos esta medida de fuerza en sintonía con nuestra federación nacional FESPROSA y en conmemoración del Día Mundial de la Salud”.

“Vidal (Marìa Eugenia) nos ofreció un 5% para enero y febrero y un 6 por ciento de marzo a junio, y desde CICOP creemos que por el índice de inflación por todos conocido, el piso de negociación es del 40 por ciento", graficó.

Los médicos ratificaron además una nueva medida de fuerza pero por 72 horas que se iniciará el próximo martes.

El gobierno había ofrecido además a los médicos reabrir la paritaria salarial en julio próximo.