El personal enrolado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará el miércoles una jornada de protesta en la provincia de Buenos Aires en reclamo de una oferta de aumento salarial, luego de la postergación para la semana próxima de la reunión paritaria que debía realizarse ayer.

El secretario general del gremio, Oscar De Isasi, aseguró que existe "malestar y preocupación por la postergación de la paritaria para el martes 16" y afirmó que el gobierno carga "el mayor voltaje de la negociación salarial sobre el inicio de las clases", a la vez que aseveró que "parece que el Ejecutivo estuviera trabajando para que el 29 de febrero no comience el ciclo lectivo".

"No se cumple el compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien al reunirse con los gremios de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) señaló que las negociaciones comenzarían en enero. Eso no ocurrió. Empezaron el 3 de febrero. En esa convocatoria no hubo propuesta salarial y, ahora, se pospuso la reunión", afirmó.

La jornada de lucha incluirá paros, asambleas y movilizaciones en los 135 distritos bonaerenses.

A la protesta se sumarán los médicos de los hospitales, según la decisión del Congreso de Delegados de los médicos y profesionales de la salud bonaerense (CICOP).

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se reunirá el próximo lunes con representantes de los bloques políticos de la Legislatura, para comenzar el debate para intentar acordar un proyecto de ley que regule, o eventualmente prohíba, la actividad de los trapitos en la provincia.

La idea es que cada uno de los bloques políticos de la legislatura envíe uno o dos representantes a la reunión con Ritondo, para comenzar una ronda de consultas para avanzar en un proyecto de consenso que facilite su tratamiento en ambas cámaras, de modo de avanzar “rápido” con la cuestión.

La actividad de los trapitos quedó nuevamente en medio de la escena luego de que se difundiera el caso de un joven brutalmente agredido en San Martín por un empleado de ese municipio, que luego fue echado, y que intervino de esa forma violenta a raíz de una discusión de la víctima con una mujer que quería cobrarle para estacionar su auto.

En ese contexto, el gobierno provincial ratificó su intención de avanzar contra la actividad y ahora el principal interrogante en el Ejecutivo y la Legislatura es si los trapitos deben ser regulados o si directamente debe prohibirse desarrollar esa tarea.

Una dificultad adicional es el variado mapa de situaciones locales en la provincia, lo que hace que regular la actividad sea particularmente dificultoso.

(DIB)

Desde el Frente para la Victoria solicitaron a la justicia que frene el aumento de las tarifas implementado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Por un lado, un grupo de diputados bonaerenses del FpV presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Energía de la Nación por los incrementos.En el mismo piden la nulidad de esas medidas y reclaman la realización de audiencias públicas.

La acción fue presentada ante el Juzgado Federal 2 de La Plata por los legisladores del FpV por la provincia de Buenos Aires, encabezada por Walter Abarca y Eva Ramírez lleva además las firmas de Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos y Marcelo Feliú, Manuel Elias, Mauricio Barrientos y Alicia Sánchez.

Los legisladores provinciales solicitan la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y consideraron que la modificación “debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional”.

El escrito sostiene que “han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias que se verán afectados por la modificación”

“Entendiendo que el gobierno de Macri vulneró, entre otras cosas los atículos 74, 46 y 48 de la ley 24065 y siendo esta una medida arbitraria, infundada e inconsulta que afecta y perjudica a millones de Bonaerenses es que presentamos el amparo,” afirmó el diputado Walter Abarca.

Los legisladores presentaron además un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el que repudian el aumento y adelantaron que iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a la realización de la audiencia pública correspondiente.

En tanto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también acudió a la justicia contra los aumentos. El jefe comunal de Avellaneda presentó un recurso en el Juzgado Federal número 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo Claudia Rodríguez Vidal.

Ferraresi sostuvo que hizo el planteo ante el nuevo régimen tarifario eléctrico "por la falta de audiencia pública" y cuestionó que el aumento "llevará a un desfasaje económico".

En el documento, el intendente solicitó que las tarifas energéticas se retrotraigan a los niveles previos al incremento anunciado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que implica subas de 500% promedio.

Los tiempos de crisis y de fugas en garrocha quedaron atrás para Sergio Massa, que ahora avanza en dos direcciones en simultáneo. Por un lado, se posiciona como garantista de los gobiernos de Cambiemos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal; por el otro, se acerca a los intendentes del Frente para la Victoria. Y los movimientos recientes hicieron confluir ambos caminos en una foto impensada meses atrás.

Con la entrega de chalecos antibalas como excusa, Massa juntó en un mismo acto a referentes del FR, el FpV y el PRO. Allí posaron los hombres propios, Julio Zamora (Tigre) y Joaquín De la Torre (San Miguel), como también los kirchneristas del denominado sector "dialoguista", Leo Nardini (Malvinas) y Ariel Sujarchuk (Hurglingham). En tanto, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, fue la pata Cambiemos del evento.

Un dato llamativo es que Nardini y Sujarchuk fueron los encargados de destronar en las elecciones pasadas a los renovadores, Jesús Cariglino y Luis Acuña, respectivamente. El enfrentamiento parece haber quedado atrás para el tigrense, que ahora se acerca a los ganadores distritos.

Otro factor a tener en cuenta es que la foto llega en medio de la fuerte interna que atraviesa al PJ en la Provincia. En este momento, el peronismo se tironea entre los que apuestan a bajar banderas e ir al diálogo con el gobierno de Vidal y los que quieren mantener una oposición férrea, con Cristina como máxima referente. Es en ese río revuelto que Massa salió a la pesca.

Sin embargo, desde kirchernismo le restaron importancia a la foto de Tigre y continuaron. Sin ir más lejos, el Diputado del FpV y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, visitó a Sujarchuk este viernes para demostrar que no hubo rencores.

Mientras el peronismo no termina de definir el rumbo, Massa juega en las dos puntas de la ancha avenida. Más aliado que nunca al gobierno de Vidal, no se priva de aceitar vínculos con los intendentes peronistas, sin distinguir sector político.

El secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi confirmó: “Vamos a ir a la justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra este artículo en particular, ya que genera vacíos legales y recorta derechos a los trabajadores”.

Dicho artículo, votado en la Legislatura provincial junto al Presupuesto 2016, suspende la parte supletoria de la Ley N° 14.656 de Paritarias Municipales que entraba en vigencia a partir del 6 de enero.

La misma, tras años de disputa, garantizaba la implementación de una serie de derechos superadores a los de la Ley derogada (11.757), independientemente a la concreción o no de un convenio colectivo para los trabajadores del sector en cada distrito.

Esta situación, al entender de la entidad gremial, cercena derechos y propicia la precariedad laboral, violentando mandatos constitucionales tanto en el orden nacional como provincial.

En este sentido, de Isasi expresó que: "La lucha de los trabajadores encabezada por ATE, impidió que se borre de un plumazo la nueva Ley de Paritarias (14.656) y que se viole groseramente la Constitución Provincial y Nacional, al sacar por decreto una ley”.

Además aclaró y denunció que el gobierno provincial cambió de estrategia y “persistió en  su decisión de  arrebatarle los derechos a los trabajadores municipales, una vez derrotado en su intento de borrar de un plumazo la ley paritaria en toda su extensión por medio de un decretazo. Por esto, el ejecutivo provincial, con la complicidad de un número significativo de diputados y senadores, incorporó el artículo 69 en la ley de presupuesto, que si bien habilita la negociación paritaria en toda su extensión en los distritos, tiene como objetivo que no se pongan en vigencia una series de derechos que dignifican la tarea del trabajador municipal".

En tal sentido, de Isasi indicó que: “con el artículo 69 se intenta desestimar derechos tan importantes como la licencia por violencia de género, la reducción de la precariedad laboral a tan solo el 20 %, la licencia por fertilización asistida, entre otros derechos”.

“Llevaremos este reclamo a la justicia, pero también, al paro y movilización convocado por ate del día 24 de febrero. La plena vigencia de la Ley 14.656 de paritarias municipal junto los reclamos salariales, de reincorporación de los despedidos, entre otros reclamos se haran sentir a lo largo de dicha jornada", señaló.

La paritaria docente parece ir irremediablemente al conflicto. Es que las posturas no pueden encontrar puntos de acuerdo y las señales que envía la gobernadora a la mesa de negociaciones son todas negativas.

En otro encuentro con los gremios, María Eugenia Vidal volvió a enviar funcionarios de tercera línea, no dio orden de que los reciba ningún ministro y presentó una oferta que fue casi una provocación. Es que sólo supera en 0,5 por ciento la rechazada hace una semana por todas las organizaciones sindicales.

Los docentes bonaerenses rechazaron al unísono la propuesta de aumento del 24,1 por ciento en tres tramos presentada por parte del gobierno provincial, por considerarla "insuficiente".

Así, en definitiva se perdió una semana para un encuentro en el que se llevó una propuesta casi calcada a la realizada hace siete días.

Las partes acordaron volver a reunirse el próximo miércoles para continuar con la discusión paritaria que hoy se encuentra estancada.

Los docentes ratificaron sus reclamos que van del 35 al 40% y ya comienza a sentirse el aroma del no inicio de clases en territorio bonaerense.

"Un básico de 12.000 pesos y que el total esté blanqueado", reclamó Alejandro Salcedo, secretario adjunto de Udocba, por lo que las partes están todavía muy lejos.

En off representantes docentes indicaron al salir de la reunión: "en estas condiciones no inician las clases".

El vicepresidente de la Unión General de Tamberos (UGT), Guillermo Draletti, denunció  el cierre de "un tambo por día" y la "falta transparencia de mercado", al tiempo que afirmó que "la diferencia" del precio que recibe el productor y el que paga el consumidor "se la queda el supermercadismo".

"Si un grupo de empresas, cinco o siete, pueden bajarle los precios a once mil tamberos, esto marca que no hay una transparencia", apuntó. En tanto, consideró que "tenemos entre productor y consumidor la brecha más grande del planeta", y precisó que "está desapareciendo un tambo por día".

En declaraciones a Radio 10, Draletti detalló: "Nos pagan 2.20 pesos el litro de leche y hace un año cobrábamos 3.80, pero los insumos subieron. No conozco otro precio en la economía que baje y baje en un contexto inflacionario".

Draletti indicó que el gobierno de Mauricio Macri "implementó un subsidio, que todavía no se ha pagado, durante 3 meses", aunque consideró que "no es lo que sirve" porque "cambiar una situación de mercado cuesta mucho, y hay que tener una decisión".

"Es verdad que el gobierno anterior (de Cristina Fernández) cuando teníamos la leche en polvo a cinco mil dólares prácticamente frenaba las exportaciones, y ahora que tenemos a mil ochocientos es difícil volver a ganar rápidamente un mercado, por más de que se haya devaluado", agregó.

Por último, opinó que "tenemos la suerte de que el 30 por ciento de la producción que se exportaba se volcó al mercado interno, porque los precios internacionales se fueron derrumbando, viene salvando la situación".

Ayer el gobierno bonaerense le prometió a los referentes de las principales entidades rurales de la provincia lanzar en los “próximos días” una línea de créditos para productores lecheros afectados por la gran crisis que vive el sector, al tiempo que buscará definir el financiamiento y plazos de licitación para la cuarta etapa de las obras del Río Salado.

Estos fueron los datos salientes anunciados durante la segunda reunión del año de la Mesa Agropecuaria bonaerense que preside el ministro de Agroindustria Leonardo Sarquís y que también integran dirigentes de Carbap, Federación Agraria Argentina, Sociedad Ruiral y Coninagro.

La situación de la lechería fue el primer tema planteado por los ruralistas y luego se citó para el próximo martes con carácter de “urgente” a la Mesa Lechera provincial. Entre otros temas, las entidades pidieron precisiones sobre una línea de créditos blandos para el sector que había anunciado el Banco Provincia.

A la ola de despidos en le sector público se sumaron ahora los trabajadores de los Centros de Documentación Rápida.

En Olavarría los trabajadores tomaron el centro de Documentación Rápida por despidos. Los empleados decidieron tomar el edificio ante la llegada de los telegramas.

La titular de ATE, Cristina Melián, aseguró que son 10 los trabajadores despedidos de forma "injustificada".

Los empleados afirmaron que la toma continuará hasta que aparezca alguna autoridad que explique la decisión de rescindir su contrato.

Según consignaron los trabajadores, no habían recibido información al respecto hasta que este miércoles por la mañana. Fue en ese momento cuando les llegaron los telegramas de despido, dándoles de baja los contratos a 9 de las 12 personas que cumplen funciones grupales en dos turnos, de 6 horas cada uno. Por ello concurrieron al lugar de trabajo y lo tomaron.

El Centro de Documentación Rápida de Olavarría funciona desde octubre de 2014 y, hasta el día de hoy, se realizaron unos 40 mil trámites, ya que esta dependencia oficia además como centro regional, hacia donde acuden ciudadanos de diferentes localidades de la región.

En la ciudad de Mar del Plata y La Plata la situación fue la misma.

Según el gremio ATE, se trata de la primera etapa que concluirá con 1000 expulsiones en total.

En todas las ciudades, los trabajadores mantienen tomadas las oficinas a la espera de una notificación oficial.

Se trata de contratados que en muchos casos tienen hasta 8 años de antigüedad.

Tanto ATE como UPCN pidieron de “modo urgente” reuniones con las autoridades competentes para informarse de la situación.

El Gobierno sigue aprovechando su capacidad de facilitar obra pública en el conurbano para profundizar la grieta, cada vez más palpable, entre los intendentes de la oposición. Este miércoles, mientras parte de los alcaldes peronistas del conurbano mantenían un encuentro clave en tierras de Jorge Capitanich, funcionarios del gobierno Nacional y Bonaerense recibieron a los que prefirieron quedarse.

En Casa Rosada, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, recibió al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde para acordar la resolución de importantes obras pluviales en el distrito. El marido de Cirio ya se había juntado con el ministro Dietrich y fue el primer peronista en recibir a Mauricio Macri como presidente en su distrito.

En paralelo, el ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, junto a una comitiva de funcionario provinciales, recibieron al jefe de San Martín, Gabriel Katopodis. En ese caso para reforzar un programa educativo, que dependerá de presupuesto Nacional.

El alcalde de San Martin metió un raid de reuniones amarillas. Ese mismo día fue recibido por Marcos Peña con el que dialogó cordialmente. Insaurralde y Katopodis forman parte del sector “acuerdista” que estrecha lazos con la gobernadora María Eugenia Vidal.

Y a nivel municipal, el intendente de Cambiemos que sigue actuando como nexo es Néstor Grindetti. A las visitas que había realizado a los municpios vecinos de Lomas y Almirante Brown, metió foto con otro dialoguista del sur y promotor del pacto de Padua: Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

Un dato a tener en cuenta del sector dialoguista, es que Gustavo Menéndez -uno de los máximos referentes del grupo de Padua- sí viajó a Resistencia para firmar el documento que plantó fuertes críticas a la gestión de Macri. Aparentemente, mientras los intendentes colaboren con la gestión de Vidal, ciertos gestos de oposición acérrima no incomodan al ingeniero.

El diputado nacional y presidente del Comité provincia de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín, sorprendió saliendo a respaldar las cesantías masivas de Cambiemos. El jefe de los boina blanca bonaerenses consideró que no era posible convalidar las designaciones masivas de último momento en la gestión kirchnerista, pero reconoció que "en algunas dependencias primero se despidió y después se averiguó. Y eso está mal", dijo.

Además, en declaraciones radiales pidió "darle tiempo" al gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que “la primera cosa que había que hacer era resolver la situación macroeconómica y me parece que a esto están orientadas las primeras medidas. Hay que esperar a que se implementen medidas que han sido anunciadas”.

Sobre los miles de despidos desde la llegada de Cambiemos al poder, Alfonsín indicó que quizá “la forma” no fue la mejor, y afirmó que hay que hacer las correcciones que hagan falta.

Además sostuvo que “si no hubo abusos en las designaciones y son personas que trabajan, no pueden ser desplazadas, eso es lo que hay que tener en cuenta”.

El radical expresó también que "si el Estado pudiera emplear a todos los desocupados y pagarles el mejor salario, sería inmoral que no lo hiciera, pero lamentablemente no puede hacerlo y hay que atenerse a las restricciones que al realidad impone".