El panorama sindical aparece cada vez más espeso en el futuro de la gestión de María Eugenia Vidal. Es que a las amenazas latentes de confictividad con docentes, estatales y profesionales para la salud, se le suman los trabajadores de la justicia.

Es que imacientes, desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) recordaron el "incumplido compromiso asumido por la gobernadora María Eugenia Vidal en una reunión mantenida el pasado diciembre, cuando nos anunció reuniones con las mesas técnicas en enero para iniciar luego las negociaciones en febrero".

La AJB presentó el 26 de enero una nota al ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, solicitando al gobierno el urgente llamado a las mesas técnicas del salario.

Los judiciales reclaman un aumento salarial de entre 45 y 50 por ciento y la sanción de la ley de paritarias y de la ley que restituye el 3 por ciento de antigüedad y el pase a planta permanente de contratados, pasantes y tercerizados de limpieza.

La semana próxima realizarán asambleas para decidir los pasos a seguir si la relación con la gestión no mejora y no son convocados a debatir la pauta salarial para la actividad.

Tras el tarifazo nacional, el gobierno de María Eugenia Vidal decidió avanzar en una autorización de aumento para las distribuidoras y cooperativas que prestan el servicio en la capital provincial y el interior provincial, una medida que se conocerá en los próximos días, cuando termine de resolverse el monto que tendrá ese incremento.

Aunque el monto es un secreto que se guarda bajo siete llaves, se sabe que se optaría por aplicar un aumento uniforme para todo el amplio territorio cubierto por las distribuidoras provinciales y las cooperativas. También, que el nivel de actualización tarifario allí es superior a que existía en Capital y el Conurbano, por lo que el aumento sería inferior al que dispuso Aranguren.

En ese punto, desde el gobierno de Vidal le informaron a algunos intendentes que el aumento está decidido y pusieron como ejemplo un caso hipotético. “Un usuario que ahora paga 100 pesos, pasará a pagar 360 pesos”, dijeron. Si finalmente ese es el criterio que se adopta, el aumento sería del 260%, aunque desde el Ejecutivo insistieron, ante la consulta de la agencia platense DIB, en que no hay confirmaciones al respecto.

El gobierno bonaerense aceleró el estudio de la actualización del cuadro tarifario luego de que el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, dispusiera primero una suba en las tarifas que las distribuidoras pagan a la transportadora Camesa y, luego, un incremento en los precios que pagan los usuarios particulares, que va del 300 al 700 por ciento, según los casos.

Pero en términos bonaerenses ese incremento afecta solo a los usuarios del Conurbano, cuyos servicios son prestados por Edenor y Edesur, las dos distribuidoras cuyo funcionamiento está regulado a nivel nacional. No afectó, por lo tanto, a los habitantes de La Plata y de todo el interior, que reciben el servicio a través de las distribuidoras Edelap, Edes, Edea, Eden, y también a través de las cooperativas que sirven a más de 80 localidades.

Es justamente sobre ese último grupo que recaerá el incremento, que según la agencia de noticias DIB, la gobernadora ya decidió que se va a aplicar. La cuestión, incluso, formó parte de las charlas entre funcionarios locales y provinciales en la reunión de gabinete que realizó Vidal en la ciudad de Magdalena, como prolongación de la modalidad de “itinerante” que viene dando a esos encuentros.

Desde hace días, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Edgardo Cenzon, avanza en un estudio sobre el nivel de las tarifas en la provincia y cuál debe ser el porcentaje y la modalidad de aumento que elevará con formato de propuesta a Vidal, para que sea la gobernadora quien tome la decisión final al respecto, un trámite que ocurrirá en los próximos días.

“El FpV y el peronismo no son cosas diferentes”. Así lo expresaron los veintiún intendentes bonaerenses del FPV reunidos en el municipio de Berazategui junto con los diputados nacionales Máximo Kirchner, Andrés Larroque, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el diputado provincial, Juan José Mussi.

En el encuentro llevado a cabo en el municipio del intendente Juan Patricio Mussi, el conjunto de dirigentes se encargó de resaltar que “no queremos el fracaso de ningún gobierno, pero no debe ser el pueblo el que pague por la repetición de las mismas políticas que ya destruyeron nuestro país en otra oportunidad”.

En la actividad presentada como “un espacio de sana discusión”,  sus organizadores se comprometieron a “convocar a más intendentes de la provincia y del resto del país, para que todos puedan acercar ideas que se traduzcan en políticas concretas para construir una patria justa y soberana”.

Sorprendió entre los intendentes del territorio bonaerense la presencia del jefe comunal fueguino Walter Vuoto, de Ushuaia. Vuoto metió el batacazo en las elecciones pasadas cuando ganó la intendencia de la capital patagónica de manos de La Cámpora. Su presencia también fue parte de un mensaje: en medio de la división que atraviesa el peronismo,  el armado camporista trasciende las fronteras de la Provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro se indicó que los referentes creen “la gran mayoría del FpV tiene la voluntad decidida de seguir siendo consecuentes con las banderas del peronismo, las que enarbolaron Néstor y Cristina Kirchner”.

Asimismo, durante la reunión se destacó la importancia de “tomar una postura clara” ante las medidas “de corte neoliberal que implementa este gobierno”, y de abrir la convocatoria a la suma de voluntades.

En este marco, acordaron la necesidad de “ser claros al rechazar las medidas que está tomando el gobierno nacional como los despidos, la parálisis de las obras públicas y el aumento de las tarifas de la electricidad y los transportes, entre otras decisiones que se enmarcan en políticas de ajuste, concentración de la riqueza y ataque al poder adquisitivo de nuestro pueblo”.

Los jefes comunales bonaerenses reunidos en el conclave en Berazategui fueron además del anfitrión, Alfredo Fisher, de Laprida; Osvaldo Cáffaro, de Zárate; Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez; Pablo Zurro, de Pehuajó; Gustavo Cocconi, de Tapalqué; Hernan Ralinqueo, de 25 de Mayo; Aníbal Regueiro, de Presidente Perón; Juan Ustarroz , de Mercedes; Alberto Conocchiari, de Leandro N. Alem; Walter Festa, de Moreno; Ricardo Curutchet, de Marcos Paz; Hugo Corvatta, de Saavedra; Alexis Guerrera, de General Pinto; Mario Secco, de Ensenada; Juan Carlos Veramendi, de General Paz; Santiago Maggiotti, de Navarro; Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Francisco Echarren, de Castelli.

La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, afirmó hoy que "ningún docente de la provincia de Buenos Aires tiene que estar cobrando menos de 10.000", al justificar el rechazo a la oferta que realizó ayer la Provincia de un aumento salarial del 23,6 por ciento en tres tramos.

"Nos hicieron una propuesta en tres tramos, enero, marzo y agosto. A partir de enero 234 pesos al sueldo básico, a partir de marzo 200 y partir de agosto 300, más una serie de plus en bonificaciones", comentó la dirigente y precisó que la suma de montos significa "un 23,6 por ciento recién en el mes de agosto para cobrarlo en septiembre”.

Torre, quien participó del encuentro en la Plata, indicó que un maestro de grado que recién comienza cobra 7.280 pesos, cuando Suteba plantea que "ningún docente de la provincia de Buenos Aires tiene que estar cobrando menos de 10.000".

"Aparte con los impactos de precios que sufrimos en la canasta alimentaria, la devaluación, sumados a los últimos anuncios de aumentos de la luz, el gas y el transporte, con lo que ayer nos plantearon íbamos a pérdida”, añadió en declaraciones a Radio Nacional.

“Más de 360 mil docentes y 45.000 alumnos están esperando una respuesta de esta negociación. Estoy convencida que se puede llegar a una solución”, manifestó.

Un grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires manifestó hoy su preocupación frente a la ruptura del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara de Diputados y afirmó que "hay que trabajar para buscar los consensos respetando los matices, pero privilegiando la unidad en la diversidad para defender a los trabajadores".

En un documento, los jefes comunales expresaron: "Tenemos que ser responsables y cumplir el mandato popular de representar al 49 por ciento que nos votó".

“El Peronismo tiene la responsabilidad de reconstruirse en unidad para defender los intereses de la gente”, concluyeron.

Los intendentes firmantes fueron: Gabriel Katopodis (San Martin) Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa) y Eduardo Bucca (Bolívar).

El vicegobernador Daniel Salvador se reunió con el dirigente radical Ernesto Sanz, y confirmó que avanzarán en la conformación de un foro de intendentes de Cambiemos, que nucleará a los jefes comunales del radicalismo y del PRO.

“Hoy en Argentina está gobernando una Coalición de la que mi partido, el radicalismo, es parte y nos sentimos profundamente orgullosos de haber logrado esto, que es un cambio de alternancia política en nuestro país”, dijo Sanz tras el encuentro.

Esa señal de unidad al interior de la alianza gobernante fue ratificada por el vicegobernador, que aseguró que “el próximo paso es la constitución del frente o foro de intendentes de Cambiemos”.

“El desafío de gobernar no es de un solo partido, es para una conjunción de esfuerzos y esa coalición tiene la apertura mental para ir a buscar acuerdos parlamentarios, tanto en Nación como en Provincia, con otros partidos que no formaban parte de Cambiemos”, agregó Sanz.

Consultado sobre su rol en esta nueva etapa política de la Argentina, Sanz resaltó que “su tarea es ayudar, ofrecer apoyo logístico intelectual de lo que uno ha aprendido en estos años, para que a la gestión le vaya lo mejor posible”.

Por otra parte, el vicegobernador bonaerense  se mostró confiado en avanzar rápidamente, una vez que se reinicie el período de sesiones ordinarias en la legislatura, en dos proyectos clave para el Ejecutivo: el nuevo endeudamiento para el Banco Provincia y la ley de emergencia en materia de infraestructura.

Para sorpresa de los delegados gremiales que participaron del encuentro, el gobierno provincial generó aun más incertidumbre al no presentar ninguna oferta salarial en un contexto de conflicto con el sector público.

La Gremial se retiró con la promesa de reunirse nuevamente el próximo viernes 12.

En la reunión que se prolongó por más de dos horas no se pudo abordar la problemática de los despidos en las diferentes reas ministeriales.

Jorge Baldovinos, del gremio de ARBA y el Ministerio de Economía (AERI), admitió que existía "la expectativa de escuchar una propuesta salarial, pero a diferencia de lo que sucedió con los docentes, el gobierno no la formuló. Solo se limitó a realizar un diagnóstico de la crisis de la provincia y pidió a las organizaciones gremiales que ofrezcan precisiones, pero realmente esperábamos escuchar una oferta salarial".

También agregó que "por otro lado, no tuvimos ninguna precisión de lo que planteamos en la previa sobre la situación de incertidumbre por la que atraviesan los empleados estatales. La gobernadora dijo que defendería a la gente y le recordamos que los trabajadores son gente".

Baldovinos informó que "se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 12, cuando insistiremos con los reclamos para solucionar la situación de una vez por todas, ya que genera mucha incertidumbre en los compañeros por la precariedad laboral", a la vez que señaló su "esperanza" de que el gobierno realice una propuesta formal desde el punto de vista salarial en ese nuevo encuentro.

En ese sentido enfatizó que los estatales anunciarán que una propuesta similar a la ofrecida a los docentes (21%)  "ni siquiera será analizada sino rechazada inmediatamente".

Al referirse a los despidos producidos hasta ahora,  añadió que "se trabaja a ciegas porque no hay información del Estado, pero la ATE ya dijo que no defenderá a los "ñoquis" ni los cargos políticos sino a los trabajadores".

"Se han producido injusticias pero, en algunos lados, han sido reincorporados, y sería vital que en cada Ministerio intervengan los gremios y que, después, nos sentarnos a charlar", agregó.

Baldovinos afirmó además que "existe una situación de conflictividad por esta situación, que es complicada, ya que a esa realidad se sumó hoy que no hubo una propuesta salarial oficial".

También explicó sobre la reunión de esta tarde en Economía que "cada organización gremial hizo catarsis y planteó sus temas. Sucede que en muchos Ministerios sus titulares no reciben a los sindicatos, y hay que aprovechar la paritaria para plantear problemas sectoriales y específicos, porque es el ámbito".

Del mismo modo, se lamentó que en la reunión participaran funcionarios de segundo orden y "ninguno que pudiese resolver algo".

“Fue la primera reunión, empezamos a intercambiar números, escuchamos cuáles eran sus expectativas, le dijimos cuales eran nuestras posibilidades. Me parece que para ser una primera reunión fue muy saludable”, afirmó el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza con una lectura que está lejos del clima que mostraron los gremios al salir.

“Empezamos a recorrer el camino de encontrar un acuerdo, un intermedio, una diagonal entre las expectativas y las posibilidades, seguiremos la próxima semana para ver si estamos más cerca”, aseguró el funcionario, tras participar de una actividad protocolar en la Casa de Gobierno, en La Plata.

“Nuestra propuesta estuvo en sintonía con lo que se espera a nivel nacional, estuvimos viendo los números, la propuesta depende del cargo pero ronda el 23 por ciento y es lo que pusimos sobre la mesa”, aseguró.

Y aclaró, que el dinero del incremento, no resultará de nuevos endeudamientos, “ni la asistencia de la nación ni el endeudamiento”.

“No se puede pensar en una provincia que tenga que recurrir de manera permanente a la deuda para pagar salarios, o a la asistencia de nación, que también es deuda, para pagar el gasto corriente, porque así lo que haríamos es pagar solo el gasto de tres meses, y eso no es una provincia viable en el mediano y largo plazo. Hay que hacerlo con recursos propios, con recursos genuinos, con recursos sostenibles, renovables para la recaudación provincial, y eso es lo que estamos ofreciendo”, concluyó Lacunza.

No hubo acuerdo en el primer encuentro de las paritarias técnicas salariales en la provincia de Buenos Aires y el Frente Gremial Docente rechazó la propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal, la que calificó de "insuficiente".

Luego de dos horas de negociaciones en la sede del Ministerio de Economía de la Provincia, los sindicatos rechazaron el "ofrecimiento de 21% a pagar en tres tramos" y el encuentro naufragó. Las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo 12 de febrero.

Sergio Romero, secretario general de UDA, calificó la oferta salarial como "insuficiente" porque está "lejísimo" de responder a las necesidades de los maestros. "Creemos que hay que revalorizar la tarea de educar y vamos a tener que seguir trabajando para llegar a un acuerdo", aseguró el gremialista al sitio Infobae.

Antes de ingresar a la reunión, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, se había manifestado escéptico sobre este primer encuentro y anticipaba que no iban a convalidar un techo del 25%, como se intentó plantar desde las autoridades gubernamentales, tanto de Provincia como de Nación.

Baradel ratificó que el reclamo salarial "ronda el 40 por ciento". Ayer, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, tuvo que salir a asegurar que el Gobierno "no" busca poner un techo a las paritarias, y, tras afirmar que son "libres", dijo que el objetivo es "cuidar el salario de los trabajadores".

El ciclo lectivo 2016 debería comenzar el próximo lunes 29 de febrero, en lo que refiere a la Educación Primaria, pero la dilación de un acuerdo por el aumento salarial podría poner en peligro el normal inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires, y millones de chicos se quedarían sin clases.

La diputada quilmeña Eva Ramírez, del Frente para la Victoria, presentó en la Legislatura bonaerense una iniciativa que tiene como objetivos “visibilizar el valor cultural de las murgas” y “generar las herramientas necesarias para que puedan trabajar libremente”.

En este marco, la legisladora quilmeña rechazó enérgicamente la represión realizada por la Gendarmería contra la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” del Bajo Flores, el pasado viernes 29 de enero, mientras los pibes y las pibas estaban ensayando con su director.

Al respecto, Ramírez sentenció: “Repudiamos este hecho lamentable y condenamos el atropello y la persecución contra todo tipo de manifestación cultural. Desde nuestro lugar, defendemos el derecho humano a la libertad de expresión y sostenemos que la violencia nunca podrá ocultar nuestra cultura popular”.

De igual modo, exigió el pleno cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional e internacional en materia de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

En vísperas del feriado de carnaval, la diputada del Frente para la Victoria promueve en la Cámara Baja reconocer “al género artístico-cultural denominado Murga como parte del patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires en los términos establecidos por la Ley Nº 26.118”.

“Este proyecto fue elaborado conjuntamente con movimientos murgueros nacionales y provinciales, con el fin de reconocer el valor cultural y el rol social de las murgas, generando las herramientas necesarias para que puedan trabajar libremente”, precisó Ramírez.

En línea con ello, la iniciativa dispone que se declare de interés provincial su investigación, preservación, apoyo y difusión. A su vez, instituye que es competencia de la actual Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires (ex Instituto Cultural), en su calidad de autoridad de aplicación, ejecutar acciones en articulación con los municipios para su cumplimiento.

El proyecto de Ramírez también estipula la instauración de un Parlamento Murguero, que cumplirá funciones de consejo consultivo y asesor y estará compuesto por representantes de agrupaciones murgueras, quienes actuarán ad honorem, preservándose en su estructura la representatividad de todos los distritos.

Por último, la Ley reconoce “a aquellos Municipios de la Provincia de Buenos Aires que tengan establecidas como políticas de Estado la promoción y protección de las actividades murgueras y/o carnavaleras en sus respectivos Distritos”.