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Gremios responsabilizan a Vidal por los despedidos
Los gremios que nuclean a los trabajadores bancarios realizaron hoy una jornada de protesta por los trabajadores despedidos por las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El dirigente de la asociación Bancaria Eduardo Berrospe, culpó a la gobernadora por los cesanteados en el banco.
“Hacemos responsable a Vidal por los despidos, fueron mal despedidos, no hay causa justificada” arremetió el delegado y aseguró que “ la señora Vidal tiene que solucionar el problema de los despidos del Banco Provincia , tienen que reincorporarlos” .
Por su parte, el dirigente de la Comisión Interna Fernando Verón declaró en un comunicado que "durante los últimos días de enero y mientras se abría la discusión paritaria entre nuestro sindicato, la Asociación Bancaria, y las cámaras patronales del sector, la nueva dirección del Banco encabezada por Juan Curutchet despidió sin motivo ni causa alguna a siete empleados que venían desarrollando de manera regular sus actividades."
Además, respecto de la condición de los trabajadores cesantiados, Verón sostuvo que "se trata de compañeros que contaban con evaluaciones favorables de parte de sus superiores y que fueron despedidos sin siquiera abrirles una instancia sumarial en la que pudieran defenderse, como bien lo indica la reglamentación que regula las relaciones laborales al interior del Banco."
"La perspectiva es profundizar las medidas de lucha porque no puede haber trabajadores despedidos sin ninguna causa" remarcó el delegado de la Comisión Gremial que a la vez denunció que " hay saña con los trabajadores. Hay una interpretación de que son puestos políticos".
En cuanto al estado actual del conflicto el delgado destacó " que la CGI esta en estado de asamblea y movilización permanente hasta que tengamos respuesta del Ministerio de Trabajo y de las autoridades del Banco".
Por otra parte, Verón se refirió a los 45 trabajadores despedidos del Banco Central e hizo referencia el contexto nacional al señalar que "día a día se despiden trabajadores del sector público y del sector privado".
Los médicos apuran a Vidal
Los médicos bonaerenses, agremiados en la CICOP, parecen poner punto final a su paciencia con la gestión de María Eugenia Vidal. Es que ante la falta de respuestas a sus reclamos salariales, ya resolvieron su primera jornada de protesta. Será el 17 de febrero y esperan presionar al gobierno provincial para acelerar los plazos paritarios.
"Los profesionales del equipo de salud manifestamos la preocupación que recorre hospitales y centros de salud, provinciales y municipales, por las políticas implementadas desde el Gobierno nacional y en nuestra provincia", dijeron los profesionales de la salud en un comunicado de prensa.
"Sin lugar a dudas, somos conscientes que la crisis sanitaria viene de la anterior gestión de gobierno; se debe resaltar que nuestro sindicato ha desplegado múltiples y sostenidos planes de lucha en defensa de nuestros derechos y la salud de la comunidad. Pero la situación en curso representa una profundización con elementos de calidad", añadieron.
Y dijeron que estos primeros 50 días de Cambiemos representan "Un escenario muy diferente al que imaginaron quienes votaron pensando en un cambio positivo".
"Las sucesivas medidas emanadas del gobierno nacional – muchas apelando a decretos – son, a todas luces, para satisfacer exigencias de las corporaciones y los grupos concentrados de la economía. La presencia argentina en el foro de Davos y el TPP, la devaluación, la supresión de retenciones y otras cargas tributarias, la persistencia de la inflación sin medida paliativa alguna, los presupuestos con partidas sociales a la baja, la oleada de despidos, las paritarias con topes y el fuerte tarifazo en curso, son algunas de las medidas que generan un verdadero ataque a los derechos de los trabajadores y los sectores más necesitados, justamente a quienes destinamos nuestra atención cotidiana en el sector salud", agregaron.
Respecto de la situación de la provincia, los médicos mostraron su descontento "por los despidos en municipios, el cercenamiento a la nueva ley marco municipal, la postergación de paritarias, el endeudamiento récord, los planteos incipientes de impulsar vías de financiamiento alternativas que pudieran implicar alguna forma de arancelamiento cuando el presupuesto sanitario sigue en un bajísimo 6,36 %, la persistencia de expresiones múltiples de la crisis sanitaria (servicios cerrados, nombramientos trabados, falta de insumos, situaciones de violencia recurrentes, obras paralizadas, aparatología obsoleta, etc.), la posibilidad de retrocesos en el terreno de la salud mental, el abordaje en materia de violencia de género y de aborto no punible, entre otros, son datos que grafican un marco de grave crisis".
El Congreso de la CICOP, entonces, le pidió a Vidal la inmediata convocatoria a paritarias general, un aumento salarial de un 40% , con cláusula de actualización según costo de vida. Conflicto en puerta.
En Italia hablan del Pacto de Padua y del rol del Papa en la política nacional
Hace unos días PRIMEREANDO había adelantado el rol ascendente de Jorge Bergoglio en la política nacional, en especial su lugar en el populoso conurbano bonaerense, donde parece cada vez más instalado. Ahora, desde la prensa italiana, ponen la lupa sobre el mismo punto.
El reconocido diario "La Stampa" habló del compromiso público firmado por nueve intendentes del conurbano para aplicar en sus respectivos distritos políticas inspiradas en las batallas del Papa: Lucha contra el narcotráfico, cuidado del medio ambiente y protección de la niñez, entre otros.
“¿Viste que todo el mundo quiere hablar con el Papa? Nosotros pensamos que hay que escucharlo más que hablar con él”, aseguró al Vatican Insider Gustavo Menéndez, uno de los artífices del Pacto de San Antonio de Padua e intendente de Merlo, distrito de la Provincia de Buenos Aires.
Para el medio italiano el Pacto "Se trata de un documento político, que no esconde un sustrato religioso. Un documento nacido de una corriente de pensamiento clara, el peronismo, pero que pretende superar las barreras del partido al cual pertenecen los primeros firmantes: el Frente para la Victoria".
“Queremos gobernar muy cerquita de Dios, y siguiendo los llamados del Papa Francisco”, aseguró Menéndez al medio del Vaticano.
El impulsor del documento fue el pastor de Merlo-Moreno Fernando Maletti, uno de los primeros obispos argentinos elegidos personalmente por Jorge Mario Bergoglio, apenas dos meses después de su elección pontificia, en mayo de 2013.
De hecho Maletti estuvo presente al momento de la firma del Pacto en la iglesia de San Antonio y se comprometió entregar una copia del mismo al Papa en Roma.
“Hoy es el líder espiritual número uno del mundo, alguien que está alumbrando con mucha sabiduría a la humanidad y nosotros no queremos dejarlo solo, él siempre pide que recemos por él. Queremos hacer algo más que rezar por él y acompañarlo en esta lucha, no sólo escucharlo sino militar por los contenidos que él maneja, sobre todo en su encíclica Laudato Si”, explicó Menéndez al medio Vaticano.
Y efectivamente, en el primer párrafo del Pacto se nombró a quienes parecen ser sus dos pilares: Francisco y Perón. Para Menéndez fue Perón el “primer ambientalista argentino”, cuando ya en 1972 advertía sobre los riesgos del uso indiscriminado de los recursos naturales del mundo. También para él, el Papa “se puso al hombro los males del mundo contra los cuales está luchando”, por eso –insistió- “no queremos dejarlo solo”.
Los 10 compromisos concretos que sellaron los 9 jefes comunales son: “continuar la lucha al narcotráfico”, “prevenir la drogadependencia”, “erradicar el hambre y la desnutrición”, “combatir la violencia de género y familiar”, “proteger la familia como célula básica de la sociedad y la vida humana desde la concepción”, “alentar el uso de energías bajas en carbono”, “combatir la pobreza”, “impulsar el acceso universal a la salud”, “erradicar el trabajo y abuso infantil” y “crear observatorios para un cambio de paradigma”.
Todos estos puntos fueron incluidos en el texto firmado por los intendentes de Merlo, La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín, Hurlingham, Esteban Echeverría, Bolívar, Malvinas Argentinas y Escobar.
La iniciativa se extendió rápidamente. Poco después de la firma inicial, 40 intendentes de diversas partes del país levantaron la mano. No sólo gobernantes peronistas, también de otros partidos. Por eso, en las próximas semanas se sumarán más adhesiones.
Sólo 11 municipios firmaron convenios colectivos de trabajo
“Hasta el viernes pasado firmaron los convenios con nuestros sindicatos sólo once intendentes de 135”, afirmó hoy el titular del Fesimubo, que representa al 90 por ciento de los sindicatos del sector en la provincia.
Se trata de los partidos de Campana, Coronel Rosales, Ituzaingó, General Rodríguez, Junín, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Saavedra, San Isidro y Suipacha.
En diálogo con la prensa, García aclaró hoy que “ahora hay una prórroga de seis meses más para firmar los convenios, que rige a partir del 14 de enero pasado cuando se realizó la sesión extraordinaria en la Legislatura provincial en que se aprobó el Presupuesto y ahí estaba en el articulado”.
“El 6 de enero último empezaba a funcionar lo que se llama el tercer párrafo de la ley, que es la supletoria de carácter obligatorio para aquellos que no habían firmado”, explicó.
Tras destacar que la Ley 14.656 se encuentra vigente, el dirigente sindical precisó que la nueva norma comenzó a regir el 6 de julio de 2015 y le daba 180 días a los intendentes para armar convenios”.
“La ley fue promulgada en enero 2015 por el ex gobernador Daniel Scioli y le daba 180 días de plazo a los intendentes a partir del 6 de julio para establecer los convenios con los sindicatos, pero cuando habían asumido los nuevos intendentes no había firmado casi nadie”, subrayó.
Ante una consulta en este sentido, García fue tajante: “Ésta es la ley que no querían los barones del Conurbano”, aunque advirtió que en seis meses ”todos los intendentes de la provincia tienen que firmar los convenios colectivos de trabajo, ya no hay vuelta atrás”.
Admitió que los gremios concedieron una prórroga de otros seis meses para firmar los convenios, principalmente porque si en los seis meses anteriores los viejos intendentes no lo había firmado casi nadie es razonable que los nuevos intendentes no iban a poder concretarlo”.
En este marco, el secretario general del Fesimubo resaltó hoy la actitud de los intendentes Gustavo Posse de San Isidro (Cambiemos) y Walter Festa de Moreno (Frente para la Victoria), quienes representan a distintas fuerzas políticas, al afirmar que "no especularon con la firma de los convenios" colectivos de trabajo de sus empleados.
En el caso de Posse se trata de un intendente que es reelegido en forma consecutiva desde 1999, sucediendo en el cargo a su padre Melchor, mientras que Festa es un intendente de La Cámpora elegido por primera vez después de destronar en las elecciones PASO de 2015 a un histórico referente de la zona, Mariano West.
Posse firmó el convenio en los primeros 180 días de sancionada la ley y Festa lo hizo al asumir su gestión el 10 de diciembre sin especular con la nueva prórroga del tercer párrafo de la Ley 14.656.
Esta ley señala en su artículo primero que las relaciones del empleo público de los trabajadores de las 135 municipalidades de la provincia de Buenos Aires se rigen por las ordenanzas dictadas por los respectivos concejos deliberantes y los convenios colectivos de trabajo.
Entre otros puntos fundamentales, establece que los empleados públicos de los municipios obtendrán la estabilidad laboral al cumplir 12 meses en sus puestos de trabajo, fija como máximo un 20 por ciento de empleados contratados y obliga a respetar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
"Antes de esta ley, los empleados públicos de la Provincia estábamos atados a la voluntad de cada intendente", dijo por último García.
(Télam)
Cierran centros de Acceso a la Justicia por despidos
El gobierno nacional sigue con la ola de despidos en los centros de Acceso a la Justicia, una de las políticas claves que había impulsado la gestión anterior y que buscaba acercar derechos a los más necesitados.
A partir del próximo lunes y tras los nuevos despidos dispuestos este último mes por la cartera que conduce Germán Garavano no abrirán los CAJs de Tigre, San Miguel, Avellaneda, Berazategui, Pilar, Tres de Febrero, San Fernando y La Ferrere (La Matanza).
Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.
La antigua gestión del Ministerio de Justicia había logrado conformar una red federal de centros que alcanzó 30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.
La nueva política de despidos de Macri también afectó a los Cajs de Usuahía (Tierra del Fuego), Castelli (Chaco) y Maimara (Jujuy).
Salvador: “Tenemos que aprender a convivir”
Tras encabezar una reunión con una veintena de jefes comunales radicales en Tandil, 389 km al sur de La Plata, el mandatario manifestó su satisfacción por la decisión "productiva e importante" marchar a una integración en el Foro de Cambiemos.
"Es un orgullo y una gran satisfacción. Escuchamos el desarrollo de cada intendencia y analizamos el gobierno provincial. La decisión muy importante que se tomó es la de tener una integración en el Foro de Cambiemos" sostuvo Daniel Salvador en diálogo con los periodista que cubrieron el encuentro.
Al describir los problemas que enfrentan los intendentes de los 135 distritos bonaerenses para gobernar dijo que "son comunes", pero al indicar que los vecinos quieren que se resuelvan los temas de salud, educación y seguridad aseguró "Cambiemos es una unidad absoluta gobernar".
Al hablar en forma específica de la convivencia entre el PRO y la UCR, a la que calificó de "realmente correcta", agregó que los intendentes radicales tienen reuniones, en el marco de un foro, desde siempre y con la identidad partidaria, pero, remarcó "con la claridad que llevamos adelante la campaña y gobernamos desde Cambiemos las próximas reuniones se van a hacer desde el Foro de Cambiemos".
Por otro lado, puso de relieve la voluntad política de Cambiemos de llevar adelante "un gobierno de diálogo y de participación" y resaltó que apenas asumió convocó a los 130 intendentes "es un gobierno que tiene claro que la única forma de recuperar la provincia es con todos".
Además, alertó sobre "cómo se encontraron la mayoría de las comunas y la provincia al momento de tomar el gobierno con un importantísimo endeudamiento y dificultades financieras", pero remató: "Transcurridos apenas 40 días estamos más optimistas y mejor y con la esperanza de trabajando bien, estar mejor".
Vidal “debe atenuar el impacto de las subas”, aseveró Albisu
A pesar de las recientes declaraciones del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, donde sostuvo que el sistema eléctrico argentino está "al borde del colapso", el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores, Hernán Albisu, pidió la eliminación de impuestos vinculados a esos servicios.
La solicitud se le dirigió directamente a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal para atenuar el impacto de las subas en las tarifas eléctricas que anunció el Gobierno nacional, mediante la eliminación de impuestos provinciales sobre el sector.
Más temprano, el senador del Frente Renovador había advertido sobre la situación variable de la carga tributaria sobre el consumo eléctrico que puede oscilar entre un 51% y un 110%. Es decir, cada $100 que se pagan de energía, se pueden llegar a abonar entre $51 o $110 de impuestos, explicaba el senador.
"Tranquilamente el gobierno provincial puede eliminar impuestos vinculados al sector " añadió el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Senadores.
Una familia debe ganar $15677 como mínimo
Según datos aportados por la Junta Interna gremial de ATE-Indec el salario mínimo de una familia tipo debería ser de 15.677 pesos a diciembre de 2015.
El delegado general de Ate Raúl Lleza consideró que lo elaborado por la Comisión Técnica es un como un aporte a la discusión paritaria.
Raúl Lleza agregó que “es algo que venimos haciendo desde 2011 y tiene que ver con la discusión paritaria, en especial de los estatales, porque aporta la valoración de consumos mínimos para una familia tipo en el Gran Buenos Aires"
"Este cálculo es una herramienta para que los trabajadores lleven a la discusión paritaria. Desde 2011 definimos cuál es la Canasta de Consumos Mínimos y, a partir de ahí, la fuimos actualizando con los datos disponibles, que hoy por hoy siguen siendo los IPC de las provincias", señalo Lleza.
Según la estimación realizada por la Comisión Técnica de ATE-Indec, un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores debe contar con ingresos mínimos de $15.677,40 pesos a diciembre de 2015.
Este valor se compone de 5008,1 pesos que corresponden a la "Canasta alimentaria mínima" y 10.669,30 pesos destinados a "Otros bienes y consumos mínimos", estimación que significa un aumento del 28,2% con respecto al mismo cálculo para diciembre de 2014.
En cuanto a las canastas utilizadas para este ejercicio, el delegado gremial explicó que "son las llamadas Canastas de Consumos Mínimos", y en consecuencia se refieren "a valores de mínima y no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable".
Estos datos que son de referencia válida para la discusión salarial circulan en el marco de las ya iniciadas discusiones por los aumentos salariales entre el gobierno de Mauricio Macri y los diferentes gremios.
Durante esta semana funcionarios macristas plantearon que la perspectiva inflacionaria no superaría el 25% de, por lo que los aumentos de sueldos sería considerado dentro de esos parámetros.
Sin embargo, diferentes sindicatos, como lo es el caso del gremio docente consideran que las paritarias no deben cerrar por debajo del 40% de aumento.
Fuertes críticas del massismo por aumento de tarifas
En declaraciones públicas el senador provincial Hernan Albisu arremetió en contra del aumento de tarifas que representan un 350% de aumento par los consumidores de energía eléctrica.
"Este tipo de medidas va en contra de la seguridad jurídica de los usuarios. El aumento no tiene ningún tipo de gradualismo y no deja bien en claro quienes van ser los beneficiarios de las tarifas sociales", sostuvo el senador.
Por su parte, declaró la necesidad de que se realice la audiencia pública para que se expongan las razones por las cuales se definen los aumentos "el llamado de audiencia pública no es un formalidad porque el marco regulatorio de energía eléctrico establece que para modificar tarifas hay que llamar audiencia pública".
En el mismo sentido sostuvo que " el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que tiene que haber participación de los usuarios y control de los servicios públicos que en este caso no estamos observando", al mostrarse preocupado por el cumplimiento constitucional.
"Hay un seguridad jurídica del usuario que no se está respetando" explicó el diputado massista al ejemplificar que "un consumidor de la Ciudad de La Plata o de la provincia de Bs. As. hoy no tiene información concreta de como va a afrontar el mes de marzo en materia económica porque desconoce el costo de la tarifa".
En ese sentido, sostuvo que el Frente Renovador que lidera Sergio Massa está de acuerdo con la rapidez que el gobierno de Mauricio Macri tomó medidas a favor de los sectores más importantes del país como el agro y la industria, pero que están preocupados porque no se considera la misma prioridad para los trabajadores , "no aplicaron el mínimo no imponible y aún no rediscutieron el 82% para los jubilados como habían dicho", concluyó el senador.