En medio de la negociación salarial con los estatales, la gobernadora María Eugenia Vidal derogó el decreto 1916 firmado en su momento por Daniel Scioli que permitía ampliar los descuentos en los salarios de los trabajadores.

“Que existe interés público, en mantener el régimen establecido en el Decreto N° 754/00, ya que la elevación del tope del 20% al 30% cercena el principio protectorio consagrado en el inciso 1° del artículo 39 de la Constitución Nacional”, se sostiene entre los fundamentos explicitados en la derogación.

Este gesto era esperado por los estatales ya que el decreto ampliaba del 20 al 30 por ciento el tope de descuentos en los sueldos de los trabajadores y abría la puerta al ingreso de financieras para realizar préstamos.

De este modo, la gobernadora desaceleró un foco de conflicto que amenazaba con detonar medidas de fuerza por parte de UPCN y Fegeppba. En ese sentido, la gobernadora había acordado tiempo atrás con los gremios “trabajar en conjunto para armar un nuevo proyecto regulatorio”.

En los sindicatos aseguraban que el polémico decreto abría “la posibilidad de que intervengan bancos privados en operatorias que llevan a cabo los gremios y mutuales” y, a modo de ejemplo, afirmaban que esta norma gravaba con el 1° por ciento los procesos administrativos de solicitud de créditos, algo que no hasta ahora no se cobraba.

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Roberto Baradel, líder del gremio mayoritario docente bonaerense, sostuvo que la propuesta de mejora salarial del gobierno bonaerense "son 234 pesos en enero retroactivo más 203 pesos en marzo".

"Cualquier boleta que venga con aumento de tarifas es más alto que lo que pretenden dar”, graficó el dirigente en declaraciones a Radio Provincia.

El sindicalista sostuvo que el Ejecutivo provincial "debe reflexionar y hacer una propuesta digna; y tienen que cumplir el compromiso que asumieron con la ciudadanía de que iban a priorizar la educación pública”.

Respecto a la paritaria docente a nivel nacional, Baradel destacó que "el gobierno (nacional) hizo esta propuesta, le planteamos que es insuficiente y han mostrado predisposición para seguir discutiendo y mejorarla".

"En la provincia (de Buenos Aires) estamos lejos por el porcentaje pero además por la forma que intentan pagarlo. Es insostenible (el monte ofrecido)", remarcó.

La semana pasada los gremios docentes bonaerenses rechazaron la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires de otorgar un aumento salarial del 24,1 por ciento y un adelanto de suma fija de 50 pesos por considerarla "insuficiente", y acordaron volver a reunirse el próximo miércoles para continuar con la discusión paritaria.

El Frente Gremial Docente -que integran AMET, FEB, Sadop, Suteba y UDA- explicó en un comunicado que el rechazo a la propuesta formulada por el gobierno bonaerense no es sólo por "insuficiente" sino también por considerar que "no contempla el recupero del poder adquisitivo del salario del trabajador de la educación, deteriorado por el proceso inflacionario y las recientes medidas económicas nacionales".

"El desglose en tres etapas impide una paritaria abierta para corregir futuros impactos sobre el salario docente", remarcó el Frente Gremial en su comunicado.

Los gremios volvieron a exigir "un salario inicial para todos los docentes que supere los 10.000 pesos; un aumento significativo en el básico para que impacte en la recomposición de todo el escalafón salarial y lo perciban los docentes jubilados; y una paritaria abierta".

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó ante legisladores bonaerenses que analiza la posibilidad de transferir las Policías Locales a los municipios, al tiempo que sondeó la posibilidad de redactar un nuevo Código Contravencional que contemple la situación de los “trapitos” y la administración de multas.

La reunión, en la que se esbozó también la posibilidad de avanzar en un esquema de desfederalización de las causas por narcotráfico, tuvo lugar en la sede del Centro de Coordinación Estratégica de la Policía, ubicada en La Matanza, y curiosamente no contó con presencias del Frente para la Victoria.

En el encuentro, previsto originalmente para abordar un posible encuadramiento legal para los cuidacoches, Ritondo trazó ante los legisladores los lineamientos de su política de seguridad, que incluyen una profunda reforma policial que pretende achicar la cúpula de la Bonaerense, simplificar las estructuras territoriales, unificar las jefaturas, habilitar auditorías civiles en la fuerza y mejorar la capacitación de los nuevos oficiales, extremando los controles psicofísicos y socioambientales para los aspirantes.

Además, ratificó las intenciones del Gobierno de transferir las Policías Locales a los municipios. La idea, que según las fuentes es aún “una hipótesis de trabajo”, consistiría en darle a los intendentes el control total sobre la fuerza, aunque la Provincia se seguirá haciendo cargo de los sueldos y los gastos operativos de la misma.

De este modo, las policías de prevención se municipalizarían, siguiendo el esquema original que había planteado el massismo en 2013, aunque mantendrían un patrón común en cuanto a operatividad y uniformes y serían sujetas a una auditoría provincial.

Por el momento, Ritondo no especificó cómo será el mecanismo de las reformas, aunque se espera que algunas modificaciones estructurales de la fuerza se realicen vía resolución ministerial –la ley lo habilita para ello- mientras que otros cambios podrían pasar por el filtro legislativo, como reclama el massismo.

En tanto, Ritondo abordó también con los legisladores la posibilidad de regular la actividad de los cuidacoches en territorio bonaerense, y para ello se comprometió a gestionar un encuentro con su par de Justicia, Carlos Mahiques, con el objetivo de avanzar en un nuevo Código Contravencional que incluya el control o la prohibición de la actividad.

En el encuentro estuvieron presentes los senadores Roberto Costa y Walter Lanaro (Cambiemos); Daniel Barrera y Patricio García (PJ); José Luis Pallares y Jorge D'Onofrio (FR); y Omar Foglia (GEN). También participaron los diputados Manuel Mosca y Orlando Yans (Cambiemos); Juan José Amondarain y Rubén Eslaiman (FR); Marcelo Díaz (FAP); y Mario Giacobbe y Hugo Oroño (Justicialismo Bonaerense).

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La coparticipacion federal es uno de los temas centrales que debe afrontar el gobierno nacional. Sobretodo luego de que Mauricio a través de un Decreto de Necesidad de Urgencia, amplió el porcentaje que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, que pasó de 1,40% al 3,75%.

En este contexto, intendentes peronistas le reclamaron al gobierno una nueva Ley de Coparticipacion argumentando que "los municipios recuperen lo que se fue perdiendo a lo largo de los años", no solo en función de los fondos sino además por "obras paralizadas".

Los jefes municipales se reunieron con el ministro de Interior y Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, en la Casa Rosada.

En este sentido, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde,  planteo que los fondos coparticipables "se vienen desacelerando años tras año".

El intendente enfatizó que se le planteó al gobierno la necesidad de continuar con las obras paralizadas en los municipios.

En tanto, el intendente de General San Martín, Gabriel Katopodis, argumentó que "hay un fallo de la Corte Suprema que insta a una nueva ley de coparticipación"  y acordó con Insaurralde en la necesidad de recuperar lo que se fue perdiendo a los largo de los años.

Estuvieron presentes en la reunión Verónica Magario (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham),  Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Ariel Sujarchuk (Escobar), Alberto Descalzo (Ituzaingo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Eduardo Bucca (Bolívar), y Julio Pereyra (Florencio Varela).

"Empezamos a mostrar que se puede gobernar esta provincia, garantizando las fiestas en paz, dialogando con todos, declarando emergencias y dando las batallas donde hay que darlas: en el Servicio Penitenciario, en la policía de la provincia, empezando a tomar decisiones difíciles", sostuvo María Eugenia Vidal.

Según la mandataria, "lo que hicimos en estos 66 días lo hicimos diciendo que no cuando había que decir que no, trabajando sin descanso, a cualquier hora, todos los días, en cada crisis, mostrando que cuando venían los momentos difíciles estábamos juntos, cerca de la gente, sin abandonar nunca este vínculo que construimos uno a uno".

"Lo hicimos con diálogo, poniéndonos en el lugar del otro, escuchando sobre todo a los que no piensan como nosotros. Ésa es la manera en la que quiero que lo sigamos haciendo", le manifestó Vidal a sus colaboradores.

La gobernadora resaltó además el apoyo del presidente Macri al precisar que "nada de lo difícil de lo que pasó en la provincia lo pasamos solos" y agregó que "no sólo nos acompaña un Presidente sino toda la gente que tiene esperanzas y nos va a bancar si nosotros no le fallamos".

"También empezamos un camino con la Ciudad, estamos empezando a mostrar que hay una diferencia, que estamos juntos de un lado y del otro de la General Paz", prosiguió y aseguró que "empezamos a ordenar las cuentas de a poco, a decidir prioridades: triplicar la inversión, bajar a la mitad la publicidad y reducir un treinta por ciento los cargos políticos".

Y continuó: "Empezamos a marcar un camino por el que queremos ir" y dijo que, a lo largo de sus ocho años de trabajo junto a Macri, aprendió que "él siempre está dispuesto a hacer lo correcto, aunque cueste; a elegir el camino difícil, aunque no siempre sea el más conveniente".

En ese sentido, subrayó que el Presidente, "cuando tiene que decidir entre intereses complejos, piensa en esa enorme mayoría que tiene esperanza y cree en nosotros, que se levanta todos los días para trabajar y quiere un futuro mejor para sus hijos, que cree en los valores y es honesta y confía y tiene una enorme expectativa en lo que vamos a hacer".

"Si pensás en esa gente, enseguida sabés lo que tenés que hacer. Mauricio nunca le falló a su equipo en los ocho años que me tocó estar al lado de él. No estamos solos. Durante todas las dificultades que atravesamos en estos 66 días, estuvimos con el gobierno nacional al lado", concluyó.

"Hoy hay una buena oportunidad porque el presidente Mauricio Macri se ha acercado al gabinete bonaerense, para la ayuda nacional en la paritaria docente", señaló el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel.

Baradel agregó que es necesaria "la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores", y aclaró que quieren que "las clases comiencen el 29 de febrero sin conflictos".

"Nosotros tenemos que hacerle honor a la expectativa que tiene la sociedad, y el gobierno debe hacer lo mismo con la palabra empeñada que era priorizar la educación pública y a los docentes en particular", resaltó el titular del gremio docente bonaerense mayoritario.

"Preferimos apostar al tema de la negociación porque tenemos predisposición al diálogo y entendemos que la cartera de Educación tanto provincial como nacional también la tienen", relató Baradel, pero aclaró que "desde el Ministerio de Economía Nacional intentan imponer un techo a las paritarias que torna muy complejo el tema de la discusión".

En la conferencia de prensa, que tuvo lugar esta mañana en la sede de Suteba, también estuvieron presentes Sonia Alesso, secretaria General de Ctera, y Eduardo López, secretario General de UTE.

"Si se escucha o no a la UCR es responsabilidad del partido. Si creemos eso hay que hacérselo saber al gobierno", disparó Ricardo Alfonsín demostrando que se siente ningunueado como miembro de Cambiemos desde el desembarco de Mauricio Macri en La Rsada.

"La diversidad es un activo de Cambiemos. Aportamos desde la existencia del espacio hasta en términos cualitativos", afirmó Alfonsín en declaraciones a Radio 10.

"No somos el tres por ciento, representamos más que esto. Eso no depende del PRO sino de lo que hagamos para mostrar nuestra representatividad. Hay que aportar desde la UCR con ideas no yendo por detrás. Me gustaría que el partido se hiciera escuchar más", agregó en lo que pareció un pase de facturas internas para quieren impulsaron la alianza y luego se recluyeron.

Por último, el dirigente criticó los anuncios del presidente Mauricio Macri respecto a la minería: "Me preocupa que no se haya hablado de las precauciones que se tienen que tomar con el ambiente. La cuestión de la minería tiene que ser revisada".

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le puso fin al programa Qunita, mediante una resolución que le exige a todos los centros de salud de la provincia que dejen de entregar el kit de ayuda a mujeres embarazadas de bajos recursos.

La ministra de salud bonaerense, Zulema Ortiz, argumentó que esta medida se debe a que el INTI habría cuestionado la calidad de los productor que conforman el kit que garantiza no sólo la cuna para los recién nacidos, sino además, frazadas, sabanas, ropa para el bebe y la mama, productos de higiene y cuidado, entre otras cosas. 

Sin embargo, el INTI, nunca especificó las fallas o irregularidades de los kits de protección y acompañamiento a bebes en sus primeros meses. 

La resolución por la cual dejaría de entregarse la ayuda social es igualmente de imprecisa en este aspecto. 

“Esta iniciativa surge ante el cambio gubernamental en general y ministerial en particular”, informó la ministra de salud bonaerense y añadió que se han  “requerido una nueva evaluación de los mismos a fin de determinar la posibilidad de continuar o descontinuar su distribución”.

Por el momento, este plan que ayudada a las mujeres en situación de vulnerabilidad social y mejoraba la calidad de vida de los bebés en sus primeros meses de vida, por decisión de la actual gobernadora provincial, forma parte del pasado.

El personal enrolado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará el miércoles una jornada de protesta en la provincia de Buenos Aires en reclamo de una oferta de aumento salarial, luego de la postergación para la semana próxima de la reunión paritaria que debía realizarse ayer.

El secretario general del gremio, Oscar De Isasi, aseguró que existe "malestar y preocupación por la postergación de la paritaria para el martes 16" y afirmó que el gobierno carga "el mayor voltaje de la negociación salarial sobre el inicio de las clases", a la vez que aseveró que "parece que el Ejecutivo estuviera trabajando para que el 29 de febrero no comience el ciclo lectivo".

"No se cumple el compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien al reunirse con los gremios de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) señaló que las negociaciones comenzarían en enero. Eso no ocurrió. Empezaron el 3 de febrero. En esa convocatoria no hubo propuesta salarial y, ahora, se pospuso la reunión", afirmó.

La jornada de lucha incluirá paros, asambleas y movilizaciones en los 135 distritos bonaerenses.

A la protesta se sumarán los médicos de los hospitales, según la decisión del Congreso de Delegados de los médicos y profesionales de la salud bonaerense (CICOP).

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se reunirá el próximo lunes con representantes de los bloques políticos de la Legislatura, para comenzar el debate para intentar acordar un proyecto de ley que regule, o eventualmente prohíba, la actividad de los trapitos en la provincia.

La idea es que cada uno de los bloques políticos de la legislatura envíe uno o dos representantes a la reunión con Ritondo, para comenzar una ronda de consultas para avanzar en un proyecto de consenso que facilite su tratamiento en ambas cámaras, de modo de avanzar “rápido” con la cuestión.

La actividad de los trapitos quedó nuevamente en medio de la escena luego de que se difundiera el caso de un joven brutalmente agredido en San Martín por un empleado de ese municipio, que luego fue echado, y que intervino de esa forma violenta a raíz de una discusión de la víctima con una mujer que quería cobrarle para estacionar su auto.

En ese contexto, el gobierno provincial ratificó su intención de avanzar contra la actividad y ahora el principal interrogante en el Ejecutivo y la Legislatura es si los trapitos deben ser regulados o si directamente debe prohibirse desarrollar esa tarea.

Una dificultad adicional es el variado mapa de situaciones locales en la provincia, lo que hace que regular la actividad sea particularmente dificultoso.

(DIB)